Deconstruir el montaje judicial

 

Un eslabón judicial articulado en favor del grupo Benetton y contra la Pu Lof Resistencia Cushamen en el noroeste de Chubut –objetivo estratégico en la criminalización del pueblo mapuche-tehuelche en la Argentina– ha quedado muy debilitado. La última semana, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia inició el juicio contra seis personas por lesiones graves y leves recibidas por cuatro efectivos de Gendarmería Nacional durante un allanamiento hecho en enero de 2017, así como por los daños sufridos por una yegua de la unidad montada del Escuadrón Esquel, utilizada durante el operativo. En las primeras tres jornadas, ninguna de las víctimas ni los testigos pudieron identificar a los autores materiales de las agresiones, ni comprobar el origen de todas las lesiones sufridas por Enana, la yegua que quedó fuera de servicio.

En cambio, del conjunto de testimonios se desprendió que el 10 de enero de 2017 se usó como pantalla una orden judicial de allanamiento para garantizar el paso del tren de trocha angosta. El objetivo real era desalojar la lof Resistencia Cushamen de un sector de la Estancia Leleque, propiedad de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. En las semanas previas, Gendarmería montó un destacamento especial en El Maitén, hizo un relevamiento propio de disponibilidad de camas hospitalarias en la zona y montó una suerte de hospital de campaña para recibir heridos, reveló una testigo en la audiencia del viernes.

El operativo de enero debía remover y secuestrar los obstáculos materiales que hubiera sobre las vías del tren en el sector que ocupa la comunidad, así como identificar a la gente mapuche que ocupaba las rukas del lugar. Para notificarlos de las actuaciones del juez federal Guido Otranto de Esquel, Gendarmería ingresó por la fuerza, persiguió a caballo a campo traviesa al menos a dos personas, hizo detenciones, golpeó a mujeres y aterrorizó a lxs niñxs.

Sin embargo, no se investiga la legalidad del dispositivo represivo que se mantuvo durante tres días; mucho menos, el derecho al territorio de esa comunidad. Lxs mapuche Mirta Curuhuinca, Vanesa Millañanco, Ailinco Pilquimán, Nicolás Hernández Huala y Ricardo Antihual, así como Ariel Mariotto Garzi, integrante de la Campaña por la Absolución a lxs Presxs Mapuche, están acusados por las lesiones sufridas por lxs gendarmes y la yegua, así como por el entorpecimiento de servicios públicos en el caso de tres de los imputados. La resistencia a la autoridad y otros cargos originales ya prescribieron. Los jefes operativos del ataque continúan sus carreras profesionales y brindaron su versión de los hechos en forma online, transmisión a la que pudo acceder la prensa.

En 2016, la comunidad reclamó que La Trochita –antiguo Expreso Patagónico, que une El Maitén y Esquel– pasa en forma inconsulta por el territorio en conflicto, a pocos metros de las ruka. Se inició una mesa de diálogo. Ese año hubo distintos episodios vinculados a su funcionamiento, que se profundizaron tras el acuerdo del gobierno provincial con Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, y Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

El juicio se reanudará la semana próxima con la exhibición de documentos realizados por la fuerza federal, la prueba que ofrece la fiscalía y los alegatos finales de las partes.

 

Mucho humo

El 22 de diciembre de 2016, Otranto pidió al Ministerio de Seguridad que coordine para el 5 de enero un operativo conjunto entre Gendarmería y la policía de Chubut para que intervenga personal con capacidad operativa suficiente en el cuadro La Herradura de la estancia Leleque, ubicado en cercanías del empalme de la ruta nacional 40 y la ruta vieja hacia El Maitén, según consta en la orden de allanamiento. A primera hora del 10 de enero se hizo el operativo a cargo del comandante mayor Dante Ignacio Zabala, en ese momento jefe de la Agrupación XII Comahue con asiento en la ciudad de Neuquén. Declaró que, sobre el alambrado, primero habló con cinco ocupantes que no se identificaron, los que le dijeron que “no iban a permitir el ingreso porque era territorio mapuche”. Luego habló por teléfono satelital con Otranto, quien dio la orden verbal de ingresar, agregó Zabala. Mientras parte del dispositivo permanecía en la ruta, grupos antidisturbios ingresaron al territorio en conflicto para cercar a los ocupantes. Ya estaba interrumpida la señal de comunicación por celulares que usa la población civil y desplegados los drones sobre el lugar.

El grupo de la comunidad era chico en ese momento, ya que otrxs estaban ocupándose de los animales en el campo, relató Naomi Díaz Curuhuinca, de 11 años en ese momento, que en vano corrió para protegerse de la represión. Hija de Mirta, procesada en este juicio, recibió un golpe en una mano protegiendo a un niño de 8 años, le tiraron de los pelos, la mantuvieron arrodillada. “Me dieron un garrotazo en la cabeza. A mi mamá la tenían casi desnuda en el piso (…) Nos tiraron una cosa que nos hacía vomitar. Yo tapé al nene”.

El escenario que describió la niña, al día siguiente del operativo, no se puede ni intuir en la versión de los hechos que hizo Teodoro Nurnberg, fiscal general ante el TOF, en la apertura del juicio. Recién en la audiencia del viernes, los alcances de la represión fueron planteados por dos testigos ofrecidos por una de las defensas. Para el fiscal, el humo denso y negro de la única vivienda de material hizo suponer que existía riesgo para la integridad física de los ocupantes, así como para los gendarmes. Así explicó la violenta irrupción de un grupo de gendarmes, por la fuerza y descargando un matafuegos desde una ventana. Pese a sus esfuerzos en el interrogatorio, Zabala no mencionó el humo como desencadenante de la irrupción violenta durante la que sufrieron las lesiones cuatro subalternos. En cambio, sí sostuvo la historia oficial José Luis Costamagna, segundo comandante de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional con asiento en Bariloche, eufemismo para identificar labor de inteligencia y espionaje.

 

 

La historia oficial hizo crisis el viernes con un testigo propuesto por la fiscalía. Luis Loncón, vecino de El Maitén, fue uno de los testigos llevados por Gendarmería desde el pueblo al área rural, especialmente para el procedimiento. Loncón aseguró que fue convocado para asistir a medidas para asegurar que el tren pase en el sector de la comunidad, lo que sería un trámite de pocos minutos. Él no sabía del allanamiento. Su relato de los hechos desdibujó la hipótesis fiscal: el fuego se apagó con un matafuegos por el caño de salida del fogón (no por la ventana) y una gendarme se quebró una pierna al caer en el umbral de la ruka (no dentro, como afirmó la víctima), entre otros detalles. Sin embargo, lo más relevante de la declaración del testigo fue su manifiesta posición contra la comunidad, a la que identificó de la RAM, tal como la doctrina Bullrich deslegitima a la demanda mapuche.

Laura Taffetani y Eduardo Soares, de la Asociación Gremial de Abogadxs de la Argentina, en representación de Curuhuinca y Millalanco, solicitaron que se inicie causa por falso testimonio contra Loncón, a la que se dio curso desde la fiscalía.

 

 

Víctimas y víctimas

En este juicio, las víctimas son los agentes públicos que ejercieron la violencia estatal y los bienes del Estado (la yegua). Sufrieron lesiones el cabo Mario Reinaldo Quintana, del grupo contradisturbios del Escuadrón 35 de El Bolsón y Gisela García, Elida Castellano y Estela Gerónimo, que ingresaron en primer lugar a la ruka para contener a mujeres y niñxs durante la captura de Ricardo Darío Antigual. También el comandante principal Carlos Ariel San Emeterio, quien no pudo ser localizado para que declare. La yegua era montada por el sargento ayudante Héctor Manuel Ulian, del escuadrón 34 de Esquel, quien declaró el jueves.

La versión de Quintana también fue llamativa. Él fue a despejar una ruta, recibió un piedrazo en el brazo izquierdo y lo derivaron. Por su parte, Castellano integraba un grupo antidisturbios enviado para evacuar la vivienda de la que se escuchaban gritos de mujeres y niño. Aseguró que recibió un golpe en la muñeca, al interceder en resguardo de otra gendarme. Al parecer, no conocía los términos ni los alcances de la orden de allanamiento. Gerónimo era de la unidad móvil 4 de General Acha, La Pampa, lo que da idea de la magnitud del dispositivo planificado para una simple notificación y allanamiento. Ella sí iba a despejar las vías, bloqueadas con ramas. Recordó que un efectivo varón abrió la puerta para que ingresaran las gendarmes a un ambiente dominado por el humo. Le sacaron el casco y recibió numerosos golpes.

 

 

La versión de los jefes tiene numerosos huecos y falsedades, las que, en retrospectiva, son sugerentes. Aseguraron que efectivos montados cruzaron el río Chubut para capturar a dos detenidos, imagen de far west que hubiera merecido mayor desarrollo. La gente de la seguridad asegura que jamás cruzaron el río, que detuvieron antes a Hernández Huala y Mariotto Garzi, en cuya persecución se lastimó la yegua. Ni Zabala ni Costamagna, los de mayor jerarquía en ese momento, mencionaron en ningún momento que debían despejar las vías. A media tarde, con tres detenidos y heridos de la comunidad sin atención médica institucional, pasó La Trochita.

 

Verdades

Sonia Ivanoff es defensora de Hernández Huala, Antigual y Mariotto Garzi. Hubo un giro el viernes con los testigos que aportó, especialmente con Fernando Radziwilowski, responsable de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública de Chubut, y Elvira Gauna, médica e integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Esquel. Radziwilowski asistió al lugar de la represión a pedido de la comunidad. Le constan las lesiones a mujeres y niñxs y la magnitud del despliegue del control territorial en un radio amplio. Gauna brindó los primeros auxilios a Mirta, su hija, y otrxs mapuche. Describió un escenario que no es parte del legajo en juicio.

La voz de Martiniano Jones Huala fue la de los mayores, aun teniendo 57 años. Nació en Mina del Indio, estepa de Cushamen, en las tierras de la vieja reserva indígena de la que se nutre la Pu Lof Resistencia. Reivindicó el derecho colectivo e irrenunciable al territorio después de narrar el itinerario del despojo. Arrancó una de las reflexiones más cálidas y oportunas del juez Enrique Guanziroli: “Este juicio es sólo por lo que pasó ese día. No se juzga la verdad histórica”, quien valoró su reflexión y sus palabras “en castellano”.

 

 

El miércoles, al iniciar el juicio, después de la presentación de una de las imputadas, pidió a su representante legal “que use el castellano, el idioma oficial del tribunal”. Sonó autoritario en el inicio, por lo que su referencia al castellano en el cierre de la primera etapa fue un guiño sutil de buen humor.

 

 

 

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