Decisiones sobre las tarifas

 

Entre el martes y el jueves pasado se llevaron a cabo las audiencias no vinculantes para discutir las tarifas del gas en redes y de la energía eléctrica. No obstante, como trascendió por medios periodísticos, el Presidente Alberto Fernández aseveró desde su gira en Europa que el valor de las tarifas “es una decisión que ya tomamos”. “Es una decisión política. Quien no puede tomarla, no puede seguir en el gobierno. En esto decido yo”, sentenció.

Los encuentros se desarrollaron en modalidad virtual y fueron presididos por subsecretarios del área. En el caso del gas, tuvo lugar el martes 10, coordinado por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) –es decir, de un 21,3%– y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio –por ende, del orden del 42,7%–, teniendo en cuenta que el CVS fue del 53,4% en 2021.

Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, “no correspondería, en el caso de los beneficiarios de la tarifa social, hacer ninguna corrección”. En referencia a quienes no cuentan con ese beneficio, los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%. La subsecretaria señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés). De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar (en el año 2020, el precio del millón del BTU era de 2,40 dólares). El Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural, con porcentajes mayores en los meses de invierno.

Previo a la audiencia del miércoles 11 sobre las tarifas eléctricas, el gobierno fijó nuevas tarifas medias de Edenor y Edesur. Se estableció para el trimestre mayo-julio una tarifa media para Edenor de $7,070 por kilovatio/hora y para Edesur de $7,093 kw/h, lo que representa un incremento del 29,67% y del 32,28% de los niveles vigentes desde el 1° de febrero último, respectivamente. Y en la audiencia del 11 de mayo, el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, informó que el incremento de la factura final del servicio de energía eléctrica para todo el 2022 será de 42,72% para los usuarios que no tengan tarifa social y de 21,27% para aquellos que dispongan de ese beneficio.

Más allá de lo discutible de los guarismos y porcentajes que anunciaron los funcionarios, lo cierto es que –como lo plantearon la mayoría de los expositores– antes del ajuste de las tarifas se debería revisar y publicar el costo de extracción y distribución del gas en redes y de la energía eléctrica, que no tiene razón alguna para que no se sepa. Todo se basa en precios internacionales que, obviamente, no son equivalentes al costo en nuestro país. No se subsidia al usuario, sino a las empresas energéticas que fijan el precio.

 

 

 

Precios, subsidios, tarifas

En el caso del gas en redes, a partir de 1992 –cuando se sancionó la ley 24.076–, la industria del gas natural se divide en tres segmentos: producción, transporte y distribución.

Las empresas que participan en la etapa de extracción de gas son: YPF, Total Austral (Multinacional de origen francés), Pan American Energy (del grupo Bulgheroni y de la British Petroleum [1]), Petrobras (Brasil), Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol (del grupo Techint), Apache y Chevron (las dos últimas, de Estados Unidos). El transporte y la distribución de gas por redes son servicios públicos que están concesionados a empresas privadas. El que las “controla” es el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS). El transporte es llevado a cabo por Transportadora General del Norte (TGN), de Techint y Eduardo Eurnekián, y por Transportadora General del Sur (TGS), de Pampa Energía (BlackRock, Marcelo Mindlin, Joseph Lewis y participación de las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país [2]. Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA, las cuales se encargan de distribuir el gas a lo largo del país.

Tras la crisis de 2001, a partir de la ley de emergencia económica (enero de 2002), se pesificaron las tarifas de transporte y distribución y del gas en boca de pozo. Primero Eduardo Duhalde y luego Néstor Kirchner no ajustaron las tarifas para intentar evitar una escalada inflacionaria post-devaluación de 2002, a pesar de lo pactado en los convenios de privatización. Durante la década pasada, las empresas petroleras y gasíferas aumentaron la extracción, reduciendo la inversión en exploración y el mantenimiento de pozos. Esto generó baja de la producción y de la exportación. El gobierno de los Kirchner les concedió programas como “Petróleo Plus”, “Refinación Plus” y “Gas Plus” para incentivar la exploración, la explotación y aumentar la producción de combustibles.

Un informe de la consultora KPMG estima que la producción de gas natural se desplomó desde 51.000 millones de metros cúbicos en 2005 a 38.000 millones en 2015, una caída del 26%. En 2011, el consumo interno superaba la producción en aproximadamente 600 millones de metros cúbicos, monto que fue subiendo hasta alcanzar en 2015 un déficit de 8.000 millones.

Los subsidios se canalizaban a través de Enarsa, que se encargaba de comprar el gas importado para abastecer el mercado interno. Según datos de KPMG, el 29% de las transferencias se destinaba a esto. En 2015, con un país en crecimiento, se importó energía por un valor aproximado de 6.000 millones de dólares y el déficit comercial se estimó en 3.000 millones de dólares. La importación de energía significó el 15% de las importaciones totales nacionales.

Ni bien asumió, el gobierno de Mauricio Macri aplicó una política de shock y aumentó exponencialmente las tarifas, por lo que en la Argentina se abonaba uno de los precios de gas en boca de pozo más caros del planeta (sino el más caro). El gobierno de Cambiemos aceptó revisar los aumentos de tarifas, aunque limitándolo solamente al gas, cuyo pico de consumo de invierno podría pagarse en dos o tres trimestres, con intereses que llegaron a ser hasta una tasa del 89% anual.

En el caso de la electricidad, el ENRE y los reguladores provinciales fijan las tarifas y supervisan que los agentes de transmisión y distribución regulados cumplan con las normas de seguridad, calidad, técnicas y ambientales. CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) administra el mercado eléctrico mayorista. Sus principales funciones incluyen la operación y despacho de la generación y el cálculo de precios en el mercado spot, la operación en tiempo real del sistema eléctrico y la administración de las operaciones comerciales en el mercado eléctrico.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), creado en 1960, tiene entre sus tareas asesorar a los gobiernos nacional y provinciales en asuntos relacionados con la industria de la energía, servicios de energía públicos y privados, prioridades en la ejecución de nuevos proyectos y estudios, concesiones y autorizaciones y tarifas y precios de la electricidad. También asesora sobre modificaciones en la legislación del sector energético.

La generación es producida por compañías privadas y estatales. La parte en poder público corresponde a la generación nuclear y a las dos plantas hidroeléctricas binacionales: Yacyretá (Argentina-Paraguay) y Salto Grande (Argentina-Uruguay). El sector de la generación está altamente fragmentado, con más de diez grandes compañías, todas por debajo del 15% de la capacidad total del sistema. Los generadores de electricidad la venden en el mercado mayorista, operado por CAMMESA. En transporte, desde 2012 todo el país se encuentra conectado al Sistema Interconectado Nacional (SADI), asignado a CAMMESA. Las empresas que lo realizan son Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión), que es la mayor transportadora eléctrica del país (11.355 kilómetros en líneas de 500 Kv y 220 Kv), controlada por Pampa Energía; Transnoa S.A. (4.181 kilómetros en un rango entre 132 kV y 400 kV); Transnea S.A. (1.465 kilómetros en líneas de 33 Kv, 132 Kv y 220 kV); Transpa S.A. (2.211 kilómetros en líneas de 330 Kv y 132 Kv); y Distrocuyo S.A. (1.245 kilómetros en líneas de 132 kV y 220 kV). En el sector de la distribución, Edenor (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte, vendida por Pampa Energía al grupo Vilas-Manzano-Filiberti); Edesur (Electricidad Distribuidora Sur, controlada por la estatal italiana ENEL); y Edelap (Empresa de Electricidad de La Plata, Grupo Rogelio Pagano [3]) dominan el 75% del mercado. Las empresas distribuidoras importantes a nivel provincial son:

• Provinciales públicas: SECHEEP, en la provincia del Chaco; EPE (Empresa Provincial de la Energía, de la provincia de Santa Fe); EPEC (Empresa Provincial de Energía de la provincia de Córdoba) y S.P.S.E (Servicios Públicos Sociedad del Estado), en la provincia de Santa Cruz.
• Provinciales privadas: ESJ (Energía San Juan); EDET (Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán); EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte); EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica); EDES (Empresa Distribuidora de Energía Sur); EJE S.A. (Empresa Jujeña de Energía) y EDEMSA (Empresa distribuidora de energía eléctrica mendocina sociedad anónima).

A abril de 2022, Edenor y Edesur le deben a CAMMESA –en aproximadamente, partes iguales– más de $200.000 millones (en pesos, equivalente a 1.700 millones de dólares). Recordemos que en los cuatro años de gestión de Cambiemos, el precio que más creció fue el de la energía eléctrica, que según el INDEC lo hizo en un 764,1% contra una inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de 272,8%.

Finalmente, en 2021 el total de subsidio a la energía fue de 2,9% del PIB (en pesos, equivalente a unos 12.000 millones de dólares). Se infiere que con los altos precios internacionales, y al igualarse las tarifas locales a los mismos, el subsidio debe ser mayor. Eso entra en colisión con un plan de ajuste fiscal para cumplir la meta del déficit primario acordado con el FMI, que deberá ser de 2,5% en 2022, con un gradual descenso a 1,9% (2023), 0,9% (2024) y 0% (2025).

 

 

 

En síntesis

El Estado nacional, al no determinar el costo de la producción, generación y distribución del gas en redes y de la energía eléctrica, no subsidia a la población, sino que le garantiza una renta extraordinaria a los distintos grupos económicos –nacionales y extranjeros– que han cartelizado a un sector clave para el desarrollo de un país y para el bienestar de sus habitantes.

 

 

 

 

[1] Estas tres empresas representan el 75% de la producción de gas. Recordemos que la British Petroleum explota nuestro petróleo y gas en las Islas Malvinas, autorizada por el gobierno inglés.

[2] La Argentina cuenta con diecinueve cuencas sedimentarias, de las cuales cinco (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral) producen actualmente hidrocarburos. En la totalidad de estas cuencas, hay aproximadamente 374 millones de metros cúbicos de petróleo y 315.000 millones de metros cúbicos de gas.

[3] Rogelio Pagano encabeza DESA, que controla Edesa (Provincia de Salta) y Eden, Edes, Edea y Edelap en la Provincia de Buenos Aires. Durante varias décadas, se desempeñó como ejecutivo en diferentes bancos (Deutsche Morgan Grenfell en la Argentina, Citibank y Bank of América). En 2002 fue contratado por Mindlin para desempeñarse como ejecutivo del Fondo Dol­phin. En agosto de 2014, Pagano se independizó e inscribió en el Registro Público de Comercio a la empresa Desarrolladora Energética S.A. (DESA).

 

 

 

 

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