De tal palo

 

Alfredo Cornejo no abandonó su casa ubicada en una barriada popular de Godoy Cruz. Y las declaraciones de bienes patrimoniales no cambiaron sustancialmente en los últimos años. Sin embargo, en la casa inmediatamente pegada a la suya su hijo de 26 años fue constituyendo una serie de empresas que hoy lo convierten en socio de uno de los directivos del grupo Cartellone, uno de los contratistas mendocinos de obra pública más importantes del país.

Encuadernada por Claudio Bonadío, Cartellone está en carrera para licitar la obra de ingeniería más importante de la historia de Mendoza, el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento. Una obra de U$S 1.023 millones que Cornejo le arrancó por decreto a Mauricio Macri antes de las PASO.

 

Vigneron

Vigneron es una voz francesa que da cuenta de un proceso cuidado en la elaboración de vino de autor. En 2014, Lautaro Cornejo, hijo del entonces intendente de Godoy Cruz, abrió un emprendimiento bajo ese nombre con otros tres jóvenes. Tenían alrededor de 20 años. Un año más tarde, inscribieron una sociedad de hamburguesas gourmet y otra de alimentos para perros. Mientras, el hijo del ya gobernador crecía en otro emprendimiento del clan familiar en ese caso como directivo de un exitoso jardín de delicias gastronómicas creado por su madre, Lucia Pannocchia, esposa del gobernador y funcionaria.

 

 

Desde fines del año pasado, los prósperos negocios del clan Cornejo comenzaron a circular a modo de denuncias en portales de periodismo independiente en una provincia donde la pauta oficial blinda los embates contra el mandatario. Y persigue a quienes los publican con denuncias. En marzo de 2019, el blindaje comenzó a quebrarse. Las sociedades de Lautaro Cornejo fueron denunciadas en voz alta por la legisladora del PJ Patricia Fadel durante el debate para aplicar a nivel provincial la Ley de extinción de dominio decretada poco antes por Macri.

A través del DNU del 22 de enero de este año, Macri autorizó el desapoderamiento de bienes de personas imputadas sin condena. El 30 de enero, Cornejo envió a la legislatura provincial un proyecto semejante. El Parlamento discutió el proyecto que finalmente fue sancionado y hoy está a punto de ser implementado por primera vez contra un conjunto de bienes de la estructura local de la Túpac Amaru.

Cuando Fadel tomó el micrófono en aquella sesión, habló de las empresas del hijo de Cornejo. Dijo que era en realidad su testaferro, que de todas maneras votaría la ley para que después no digan que protege a corruptos, pero anunció que esa Ley podía trasformarse en un problema a futuro para el gobernador.

—Esto es un bumerán que en cualquier momento puede volverse en su contra.

Explicó. Y razones no le faltan.

 

 

 

 

El eslabón

Las sociedades de Cornejo hijo nunca ocultaron la relación con el gobernador radical: todas las compañías aparecen en la declaración patrimonial de su hijo pero además utilizan como sede legal el domicilio del gobernador o la casa vecina. Aquello que hasta ahí podría leerse como una temprana vocación empresaria levantó sospechas porque resultaba extraño que un joven de 20 años contara con un capital de varios miles de pesos para empezar con las sociedades. Pero las sospechas se trasforman en conflicto de intereses al observar en la sucesión de nombres de las sociedades relaciones de parentesco con una de las mayores contratistas del Estado.

Además de Lautaro Cornejo, las sociedades siempre tuvieron tres socios: Germán Agustín Pérsico de 21 años, Juan Ignacio Casian de 23 años e Ignacio Gabriel Alcoleas Alastra de 21 años. Con ellos armó la primera empresa, Vigneron SA, el 6 de mayo de 2014 en la calle Hungría 929 de Godoy Cruz, vecina a la puerta 927 de su padre. Un año después, el 18 de febrero de 2015, crearon Plus Pet SA en la misma dirección. Y el 21 de septiembre de 2015 crearon Burmet SA el nombre comercial de las tiendas Burgery de hamburguesas gourmet.

 

 

En todas, Lautaro permaneció con 25 por ciento de participación. Y la presidencia estuvo ejercida por Germán Agustín Pérsico. Ese es nombre importante. Cuando crearon Burmet SA se sumaron otros dos socios: Franco Ariel Pérsico, de 30 años, hermano de Germán, y Roberto Ariel Pérsico, contador público, nacido en 1961, padre de ambos.

Roberto Ariel Pérsico es el eslabón perdido entre el clan de Cornejo y los hermanos Cartellone. De acuerdo a su perfil público en Linkedin, lleva una larga trayectoria en Cartellone. Ingresó a la compañía como síndico en 1998, cargo que mantuvo hasta 2004. Entre 2008 y 2009 fue auditor de otra empresa del grupo: Viñas Argentinas, de unas mil hectáreas y de alta producción para vino reconocida como la productora de Resero. Entre 2010 y 2016, trabajó como Chief Financial Officer en otra empresa del grupo: A16SA, una bodega mediana ubicada en una finca de 100 hectáreas con producción de vinos de alta y mediana gama. En 2017, Pérsico pasó a integrar el directorio de la compañía madre del grupo Cartellone como director titular, según el acta de la asamblea publicada en el Boletín Oficial.

Es antes de ese último período con Pérsico en el negocio de vinos y bodegas, cuando sus hijos comenzaron a crear sociedades con el hijo de Cornejo. Vigneron comercializa, por ejemplo, la marca Panda espumante.

 

 

 

 

Los Cartellone

Cartellone es una de las compañías de obra pública civil más importantes del país. Nacida en Mendoza hace más de cien años, trabajó con todos los gobiernos, especialmente en la zona de Cuyo. Durante el mandato de Mauricio Macri, acompañaron al Presidente en viajes al exterior, se integraron a la Cámara de Minería Argentina y según la publicación especializada I-Profesional, están entre las treinta empresas de obra pública más beneficiadas de los últimos tres años.

En paralelo al ascenso de Pérsico en la compañía, consiguieron en Mendoza contratos importantes. En diciembre de 2017, Cartellone Construcciones Civiles SA obtuvo la adjudicación para construir la cárcel Almafuerte II ya inaugurada con una inversión del Estado de $1.952 millones de pesos.

 

 

En octubre de 2018, Cornejo licitó el Polo Judicial para tres edificios: la Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal y un centro de detenidos. Cartellone fue uno de los cinco oferentes. No obtuvo la licitación. Pero ingresó como subcontratada a través de Prear Pretensados Argentinos SA, especializada en estructuras premoldeadas.

Finalmente, entre otras obras, en marzo de 2018 consiguió la adjudicación de una de las obras viales más caras: 40 kilómetros de ruta en la Variante Palmira de la Ruta Nacional 7, estratégica para descargar tránsito pesado en el paso hacia Chile. Cartellone ganó la obra de Vialidad Nacional y de la Provincia al presentar una oferta con un costo de menos el treinta por ciento del valor oficial.

Pese a ese escenario la compañía no escapó de la crisis ni de los coletazos de los cuadernos. El juez Claudio Bonadío procesó a los hermanos José, María Rosa y Gerardo Cartellone como miembros de una asociación ilícita por cohecho activo en 44 ocasiones, no los detuvo y les trabó embargo por 2.000 millones de pesos. Según dijeron sus directivos públicamente, el expediente agravó las condiciones de acceso a financiamiento externo por lo que debieron suspender el comienzo de obras adjudicadas hasta conseguir créditos puentes de Nación.

 

 

La cercanía al gobierno de Cornejo puede ser importante en el futuro para disputar Portezuelo de los Vientos, la verdadera joya de la corona. Con la incipiente expansión en el lado mendocino de Vaca Muerta y la minería, es uno de los ejes de la agenda de negocios reales de la provincia. Si hasta aquel listado de licitaciones mostró un tope de 2.000 millones de pesos, los 1.023 millones de dólares previstos para Portezuelo ponen los números en otro lugar.

 

Malargüe

Portezuelo del Viento es un proyecto hidroeléctrico multipropósito ubicado en Malargüe. Con la construcción de un dique de 185 metros de altura promocionado como uno de los más altos del mundo, sobre el río Grande, en el sur de la provincia y capacidad para abastecer de energía a 130.000 usuarios, el gobierno lo anuncia como un proyecto que buscará en simultáneo proteger la cuenca media y superior del río Colorado de crecidas, aumentar la capacidad de riego y crear un nuevo polo turístico.

 

 

El 23 de julio Cornejo consiguió el Decreto 519/19 del gobierno del Presidente Mauricio Macri, que comprometió los dólares para comenzar el proceso de licitación. Hoy el decreto firmado en julio en lo que podía ser un fin de mandato embarga el futuro de varias provincias. No sólo es cuestionado por el gobierno de La Pampa que se le opuso históricamente, sino que suma rechazos de organizaciones ambientalistas de varias provincias que hablan de despojo hídrico.

Pese a eso, el acuerdo entre Nación y Cornejo no parece extraño. El año pasado, el gobernador de Mendoza le devolvió al Presidente vía decreto un yacimiento de la empresa del grupo Macri Minera, Geometales. El yacimiento de cobre que lleva el nombre de su sobrina Francesca, hija de Gianfranco, es uno de los cinco que Geomentales explora en Malargüe en búsqueda de oro y cobre. Tal vez el decreto de Macri deba leerse como devolución de favores.

 

 

Además, Geometales es una de las empresas Macri asociadas con Odebrecht en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (Socma). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión y uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo, cuya historia reveló el director del Cohete a la Luna poco antes de que el diario Página/12 decidiera censurarlo por las amenazas del gobierno.

 

 

 

Sí, se puede

Mauricio Macrí recorrió parte de las obras construidas por Cartellone el fin de semana pasada, durante una de sus giras del tour de campaña. Estuvo en el polo judicial de Mendoza. Ahí habló, hizo su acto y se sacó fotos con tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia local.

En las imágenes aparecen el presidente de la Corte Jorge Horacio Nanclares y dos de los magistrados nombrados por Cornejo: el ex ministro de gobierno y hoy magistrado Dalmiro Garay y el ex diputado radical y hoy magistrado José Valerio, impugnado por más de 600 presentaciones para asumir el cargo.

 

 

Esa composición explica las razones por las que uno de los empresarios que cuestiona el sistema de negocios de Cornejo recurrió a Comodoro Py. Se trata de Horacio Ricardo Creus. Presentó una denuncia contra el gobernador, funcionarios locales y nacionales por la manipulación en la selección de oferentes en este caso para el servicio de verificación técnica vehicular, un negocio aparentemente pequeño pero usualmente apetecible como caja del sistema político.

Mendoza es una de las tres provincias que no tiene sistema de verificación obligatoria, con San Luis y Entre Ríos. En 2014, el gobierno peronista de Francisco Perez abrió una licitación para encaminar el proceso. La licitación la ganó Horacio Ricardo Creus. Pero los abogados de sus competidores impugnaron el proceso. Hoy aquellos abogados, según explica, son funcionarios de la administración de Cornejo. Y la provincia estableció un mecanismo para adjudicar el Servicio sin licitación a través de un Registro de Inscripción. Aún no se conocen los nombres de los beneficiarios pero se saben dos cosas: que el servicio comenzaría a funcionar el 1° de enero. Y que uno de las personas que preparó una sociedad para acceder a un Registro también aquí es el hijo de Cornejo.

En 2018 Lautaro Cornejo creó una Sociedad por Acciones Simplificada cuya razón social es Clar S.A.S. En ese caso cambió de socios, se quedó con la mayoría accionaria, pero volvió a usar la dirección de Hungría 927 en Godoy Cruz. Entre los objetos comerciales CLAR SAS se habilitó para hacer prestación de servicios de mantenimiento de rodados de todo tipo (ciclomotores, automóviles, camionetas) tales como: cambio de aceites de motores, filtros de aceites y revisión técnica en general.

Es decir, verificación técnica vehicular. El parque automotor de Mendoza tiene unos 800 mil autos. A un costo de entre 750 y 1000 pesos por verificación, si sólo se revisan la mitad, el negocio auspicia un número de 400 millones de pesos.

 

 

Caradura

Cornejo demonizó a la Túpac Amaru con la bandera de la lucha contra la corrupción, en sintonía con su conmilitón Gerardo Morales. La persecución a la organización dirigida a nivel local por Nélida Rojas encontró un freno en los tres jueces de la Octava Cámara del Crimen, que decidieron liberar a los integrantes de la organización y anular los procesamientos y denunciar a fiscales y jueces por usar la figura de la asociación ilícita con el único propósito de justificar detenciones ilegítimas. Los tres jueces fueron fustigados por el gobernador, que impulsó a través de los querellantes un jury de enjuiciamiento como castigo.

 

 

El 8 de marzo de 2018 Cornejo publicó en su cuenta oficial de Twitter:

“Ahora resulta que Nélida Rojas, de la Túpac, pide que le devuelvan sus 18 vehículos, sus dos terrenos y su cuenta millonaria. Este acto de caradurez e impunidad se lo debemos a la 8va Cámara del Crimen.”

Nélida Rojas no era propietaria de nada, ni había solicitado ninguna devolución, explicaron sus abogados en una presentación ante la CIDH. Pero las declaraciones de Cornejo se daban en el marco del juicio político que el oficialismo abrió a los jueces de la Octava Cámara del Crimen.

Cornejo habló de caradurez por esa justicia.  Provincia generosa.

 

 

 

 

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