De presos a muertos

 

Mauricio Castillo apareció muerto el 16 de abril en una celda de la Comisaría 8 de Villa Insuperable, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La versión oficial asegura que se ahorcó con el cordón de la campera que llevaba puesta cuando lo detuvieron, que decidió quitarse la vida en uno de los calabozos donde funcionó durante la última dictadura cívico-militar el centro clandestino Sheraton. Su familia, sus vecinos y organismos de Derechos Humanos cuestionan que se haya tratado de un suicidio y apuntan contra los agentes de seguridad. Afirman que al momento de su detención Mauricio ya había recibido una golpiza y señalan una particularidad: el cuerpo fue encontrado sentado en una silla, posición inusual para un ahorcamiento.

El plomero de 41 años había sido demorado en la Comisaría Distrital Noroeste 2 durante la mañana del domingo, a priori ante la sospecha de estar vinculado a un robo en el barrio Santos Vega, donde vivía. Su familia asevera que no tenía nada que ver con el asalto, que había salido a comprar facturas y lo confundieron con uno de los delincuentes. Mauricio llegó a contárselo a su hermana Noelia en la puerta del destacamento minutos antes de que lo subieran a un patrullero y lo trasladaran a la Comisaría 8. “Peleá ‘Negra’, porque el oficial se confunde por mi vestimenta. Yo no fui, soy inocente”, fueron sus palabras, que Noelia relató a El Cohete a la Luna. La hermana le hizo caso, rastreó ese día a los verdaderos culpables, fue con sus nombres a la comisaría, pero el esfuerzo fue en vano porque cerca de las 23 llamaron a la esposa de Mauricio para comunicarle que había fallecido.

“Supuestamente se ahorcó con su campera. Cuando llegamos el cuerpo ya no estaba, su celda estaba vacía. Se encargaron de llevárselo, sacarle fotos, llamar a la Gendarmería. No vimos nada. La autopsia dijo que le encontraron un golpe en la cabeza pero que es de cuando trasladaron el cuerpo. A nosotros aún no nos lo dieron”, detalla Noelia, quien descree del relato de los policías. Tres días antes de su muerte Mauricio había estado lamentando el suicidio de un vecino, recuerda. “No lo podía creer. Insistía con que ‘para todo hay arreglo, ¿cómo te vas a pegar un corchazo?’ Parece mentira, días después me dijeron que se había ahorcado. Él estaba muy bien con su mujer y sus hijos, no se mató”, asegura.

 

 

En los últimos tres años, más de la mitad de las muertes a manos del aparato estatal ocurrieron bajo custodia, es decir en condiciones de privación de la libertad. El dato surge de la última actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que realiza Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que incorpora 436 casos ocurridos en 2022, de los cuales 319 fueron bajo custodia.

Históricamente, las dos modalidades represivas de mayor incidencia en el relevamiento de la CORREPI son el gatillo fácil y las muertes de personas detenidas bajo custodia de funcionarios de fuerzas de seguridad en cárceles, comisarías u otros lugares, que crecieron hasta triplicar a los fusilamientos en la calle. En últimos tres años hubo 1.066 muertes bajo custodia contra 300 por gatillo fácil. En 2022, la proporción es de 319 a 80.

La titular de la CORREPI, María del Carmen Verdú, explica el enorme aumento de muertes bajo custodia a partir del exponencial incremento de encarcelamientos de las últimas dos décadas. “Entre 2001 y 2021 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad a más de 100.000, a las que hay que sumar alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos”, puntualizó.

Para explicar este fenómeno no puede pasarse por alto el endurecimiento de las penas y los procesos judiciales más punitivos inaugurados con la sanción de las “Leyes Blumberg” en 2004, que además de aumentar las penas ampliaron el plazo para la libertad condicional en caso de perpetuas de 25 a 35 años y la prohibieron para los homicidios criminis causae. Subieron también de 25 a 50 años el máximo de la pena de prisión. Otras dos leyes profundizaron este camino: la Ley de Flagrancia, que entró en vigencia en 2016 y consagró el “derecho a la condena” al habilitar la elevación a juicio inmediata, sin período de instrucción y por ende de defensa, con las constancias policiales como única “prueba”; y la ley Petri (por el ex diputado de Juntos por el Cambio), que reformó la ley de ejecución penal, limitando el derecho de acceder a cualquier tipo de morigeración de la prisión efectiva.

 

 

 

A 32 años del asesinato a Bulacio

El miércoles 26 de abril se cumplieron 32 años del asesinato de Walter Bulacio. El joven de 17 años fue detenido durante una razzia de la Policía Federal a la salida de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En la Seccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires fue sometido a torturas y falleció días después en el hospital Pirovano. Tenía traumatismo de cráneo. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuestionó el sistema de detenciones arbitrarias en la Argentina. En 2003 el Estado Nacional reconoció su responsabilidad por la detención arbitraria y la muerte de Bulacio. La Corte lo instó a modificar las leyes sobre facultades policiales de detención arbitraria a través de prácticas como la averiguación de antecedentes o las detenciones con fines de identificación, los arrestos preventivos en materia contravencional y las razzias, todas ellas violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica.

 

 

Veinte años después, el fallo de la Corte IDH no se cumple. Más de la mitad de las personas que mueren bajo custodia en una dependencia policial fueron detenidas de forma arbitraria. Tales fueron los casos, recientes, de Daiana Abregú en Laprida, Florencia Magalí Morales en San Luis y Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, entre otros. “Más allá de que por falta de espacio en las cárceles muchas veces los detenidos terminan cumpliendo prisiones preventivas en unidades policiales, la mayoría de las muertes en comisarías son de personas que no estaban detenidas a disposición de un juez o un fiscal, acusadas por un delito”, remarcó Verdú. En los casos de Abregú y Morales estaban detenidas por contravenciones; Martínez, por averiguación de antecedentes, facultades que continúan teniendo las fuerzas para detener personas más allá de que la Constitución Nacional y los tratados internacionales sólo avalan la detención por orden judicial o porque se encontró a la persona en el momento de cometer un delito. En los últimos diez años la población detenida en comisarías aumentó un 397% y en el curso de 2022 hubo 37 muertes iguales a la de Mauricio.

 

 

 

Siempre el “suicidio”

El suicidio se repite como método por el cual mueren oficialmente la mayoría de los detenidos tanto en comisarías como en cárceles. Por lo general hay buenas razones para sospechar que esa etiqueta encubre una muerte a manos de las fuerzas de seguridad en un contexto de encierro. En cualquier caso existe una responsabilidad estatal, aunque se trate de alguien que se quitó la vida, por el simple hecho de que la persona estaba a su cuidado.

Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y magister en Derechos Humanos, explica a El Cohete: “Presumimos que detrás de un supuesto suicidio siempre puede haber una grave violación a los derechos humanos. El Estado, desde el momento que tiene a alguien aprendido, tiene la obligación de custodiar y de resguardar la integridad física y psíquica de esa persona. Sea o no un suicidio realmente, el Estado es responsable”.

Sobre la muerte de Mauricio Castillo, apunta que “hay una situación que en principio es muy rara porque la persona aparece suicidada estando sentada. Si bien no es imposible que alguien se suicide sentado, es muy difícil. Está lejos de ser lo habitual”. Torremare remarcó que en este caso, como en varios similares, se comprobó que el hombre había recibido previamente una feroz golpiza por parte de los efectivos.

Otra característica común de las investigaciones sobre muertes en comisaría son las habituales fallas en la recolección de pruebas. “Siempre hay reticencia por parte de las autoridades policiales en exhibir las pruebas. Muchas veces las pericias forenses están plagadas de defectos. Esto tiene que ver con que los servicios forenses dependen de las fuerzas de seguridad. Es presumible la complicidad de los médicos de policía con la institución en la cual revisten”, añade Torremare. La APDH reclama desde hace varios años que los servicios forenses se independicen de la autoridad policial.

Para Torremare existe un modelo policial militarizado, autoritario, que frecuentemente utiliza métodos que implican graves violaciones a los derechos humanos. “Hay una formación de las fuerzas de seguridad en ese concepto de la seguridad impuesta por la fuerza, por la violencia. La idea de la mano dura que tributa a la seguridad es una idea que se ha generalizado y de la que muchas veces los propios gobernantes democráticos se hacen eco”.

Por su parte, desde CORREPI alertaron sobre la posibilidad de la llegada de un gobierno de derecha agrave la represión policial y aumente la cantidad de muertos bajo custodia. “La urgencia de este año atravesado por la cuestión electoral es impedir la llegada al poder de los sectores que hablan de ‘cárcel o bala’ y que tienen como eje de campaña la represión a la protesta social y la militarización de los barrios. Si hay algo que el archivo demuestra es que el período 2015-2019 fue el peor de toda nuestra historia en materia de represión y en los últimos años vemos que hay candidatos con discursos con deseo de más mano dura”.

 

 

 

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