De Nisman a Maldonado

 

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, a cargo de Leopoldo Moreau, ya acumula información vinculada directamente al caso Maldonado y a las operaciones de inteligencia ilegal realizadas por la Gendarmería Nacional durante el macrismo, que será analizada una vez concluido el capítulo AFI.

Se trata de un conjunto de informes elaborados por la misma fuerza que debía ser investigada por la desaparición (forzada) seguida de muerte del joven artesano. Los informes eran enviados a los altos mandos (Gerardo Otero, ex Director Nacional de GNA), quienes reportaban directamente a Bullrich.

Según entienden en la Bicameral, esos documentos habrían sido escamoteados a las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad, pero pudieron ser recuperados con el transcurso de los meses. Son esos mismos papeles los que comenzaron a engrosar los legajos que está armando la Bicameral guardados en su correspondiente caja fuerte; sumado a algunas preguntas puntuales que fueron formulándole a los ex espías que pasaron por la Comisión.

A partir de esos datos e informes podrían reconstruirse las operaciones ilegales que llevaron adelante desde el Ministerio, especialmente con la injerencia de Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Bullrich y luego secretario de Coordinación con los Poderes Constitucionales, para construir la hipótesis de un enemigo interno mapuche. La hipótesis luego le sirvió a Bullrich para realizar inteligencia ilegal con la Gendarmería, al menos desde enero de 2017 hasta mediados de 2018. Esas maniobras fueron claves para garantizarle al gobierno de Cambiemos la impunidad en el caso Maldonado.

El otro punto sobre el que trabajará la Bicameral es el rol que tuvo el comandante Jorge “El Potro” Domínguez, ex director de Inteligencia Criminal de GNA, quien obtuvo su pase a la AFI en julio del año pasado para recaer en el área 95 (contrainteligencia), el mismo lugar que ocupó Alan Ruiz. Es decir, un protegido de Bullrich.

 

 

Mascarón de PRO(A)

En marzo de 2016, el macrismo envió al Congreso un conjunto de leyes enmarcadas en el decreto de Emergencia de Seguridad Pública (228/2016), que le sirvió a Bullrich para avanzar en las tareas de inteligencia criminal y la persecución a las comunidades mapuches de la Patagonia (vía las modificaciones a la ley de flagrancia) para abonar así la hipótesis de un conflicto a la seguridad nacional, incluidos algunos ribetes internacionales de la mano de Carabineros chilenos.

Todos los informes que se produjeron sobre la RAM (uno de los primeros fue incluido dentro del expediente por la desaparición forzada de Maldonado a la semana de su desaparición), sumados los que eran enviados por la inteligencia de Carabineros, fueron remitidos directamente por Bullrich a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia, a cargo de Fulvio Pompeo, quien a partir de marzo de 2018 quedó frente a la denominada Mesa de Seguridad Nacional creada por el decreto 174/2018.

Desde esa área clave se coordinaba todo lo referido a la “seguridad nacional”, un concepto que fue utilizado para, en algunos casos, demoler el Estado de derecho en línea con las hipótesis de las “nuevas amenazas” de la agenda de Estados Unidos que incluyó al “indigenismo”.

Todo tenía un propósito político, y Bullrich fue el mascarón de PRO(A).

 

 

Pucheta

El 8 de agosto de 2017, cuando Maldonado llevaba desaparecido siete días, la Gendarmería elaboró un primer informe sobre la RAM que fue incorporado dentro del expediente por la desaparición forzada del joven artesano. Las 36 fojas de ese documento revelaban que todo lo que hacía esa fuerza vinculado a los pueblos originarios se sustentaba en una hipótesis de conflicto a la seguridad nacional, vía la RAM. Incluido el operativo del 1° de agosto que marcó la suerte de Maldonado.

La Gendarmería hizo inteligencia ilegal a través de dos vías: con la colaboración del Centro de Reunión de Información (CRI) de Neuquén, cuyo jefe era por entonces el comandante Darío Fernando Corbalán y el segundo comandante Oscar Luis Pucheta oficiaba de jefe del Equipo Investigativo del CRI. La otra vía de espionaje fue a través del involucramiento directo del “Potro” Domínguez.

Los agentes del CRI Neuquén viajaron a Esquel el mismo 1° de agosto; su rol fue seguir a la familiar de Santiago, adelantarle medidas de prueba a los jefes de los Escuadrones de El Bolsón y Esquel y hacer seguimiento de algunos organismos de derechos humanos, como la APDH de la Comarca Andina.

A su vez, la GNA había comenzado a confeccionar fichas de “personas vinculadas a la causa mapuche” al menos desde enero de 2017, luego de que esa fuerza reprimiera en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, el mismo territorio que sería escenario de la desaparición y muerte de Maldonado.

Cuando Santiago llevaba desaparecido seis días, el por entonces jefe del CRI Neuquén le envió un mensaje de WhatsApp a Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, con la siguiente información: “Mateo Oviedo. Este muchachito escapó de Leleque el 10 de enero pasado”. Lo tenían fichado. Este material forma parte de la causa por espionaje en el caso Maldonado radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.

El otro integrante del CRI Neuquén involucrado en maniobras de inteligencia ilegal durante este período fue Pucheta, la persona responsable de haber confeccionado, hace menos de dos meses, un informe secreto con un supuesto seguimiento a los trabajadores mineros de Trident Southern Explorations que luego fue filtrado a un escriba del diario Clarín.

No es que Pucheta se hubiera cortado solo o actuado de manera autónoma. Persiste la idea de que Bullrich dejó acuerdos tácitos (avalados por cierto “enraizamiento regional”) que habilitaron a que el CRI Neuquén –y Pucheta en particular— confeccionara ese informe secreto y lo filtrara. Por este hecho, fue pasado a disponibilidad, sin cargo, el pasado 26 de mayo.

 

 

"El conflicto mapuche y subversivo"

Domínguez era director de Inteligencia Criminal de la Gendarmería al comienzo de la gestión Cambiemos. A partir de enero de 2017, Bullrich lo autorizó a establecer un canal de intercambio de información con la inteligencia de Carabineros. Este comandante, junto a Rafael Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, fueron claves para desviar la investigación por la desaparición de Maldonado.

Domínguez estuvo en Esquel en el momento en que Gonzalo Cané, por entonces secretario de Coordinación con los Poderes Constitucionales, plantaba dentro del expediente la hipótesis de que Maldonado era de la RAM. Era un 15 de agosto y al día siguiente, la ministra Bullrich instalaría esa hipótesis desde el Senado.

Domínguez y Benz viajaron a Temuco para intercambiar y conseguir información con sus pares de la inteligencia chilena. El 29 de agosto de 2017, Domínguez le envió un mensaje de WhatsApp a Patricio Marín Lazo, jefe de inteligencia de Carabineros hasta que cayó preso cuando se demostró que del otro lado de la cordillera también les plantaban pruebas a los mapuches. En ese texto le preguntaba si había novedades sobre las comunicaciones de Maldonado porque tenía una reunión en el Ministerio de Seguridad con Bullrich. La Piba hacía un seguimiento minucioso de todo el intercambio.

En la Comisión Bicameral presidida por Moreau ya dan por acreditado que la Gendarmería realizó operaciones de inteligencia ilegal en el contexto de la desaparición de Maldonado, incluso con la participación de Carabineros. Y que Domínguez fue clave en ese entramado.

Los vínculos entre la inteligencia chilena y la GNA surgen de una causa judicial que tramita en Chile; el fiscal Franco Picardi, en su imputación a Bullrich por haber ideado un posible “plan sistemático” contra las comunidades mapuches –denuncia formulada por la APDH— solicitó todo el material que surge de la pesquisa chilena. La jueza Eugenia Capucchetti, puesta por Macri en el juzgado que supo ocupar Norberto Oyarbide, todavía no movió el expediente, salvo para rechazar a la APDH como querellante.

Entre la documentación judicializada en Chile y reclamada por Picardi hay un acuerdo de cooperación entre ambas fuerzas, firmado el 14 de agosto de 2017, sin rastros del mismo dentro del Ministerio de Seguridad:

“Coordinación entre Inteligencia de Gendarmería Argentina, con personal Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE Araucanía). Durante el Lunes 14 al Miércoles 16 de agosto del presente año, se mantuvo una reunión de coordinación de inteligencia con el Comandante Mayor Sr. Jorge Antonio Domínguez, Director de Inteligencia Criminal y Comandante Sr. Rafael Antonio Benz, Jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, ambos de Gendarmería Nacional Argentina, dentro de los puntos tratados se consideraron: mantener coordinación, continúa y permanente respecto al conflicto étnico mapuche; y el intercambio de blancos de investigaciones en común vinculados al conflicto mapuche y subversivo”.

Todo lo que surgió de ese intercambio era monitoreado directamente por Bullrich y probablemente remitido a la Secretaría de Asuntos Estratégicos que manejaba Pompeo.

Según relató el ex espía Allan Bogado durante una entrevista en Radio 10, tanto Noceti como Domínguez estuvieron detrás de “las causas más resonantes del macrismo, desde la pericia trucha de Nisman hasta Maldonado; esos personajes están siempre”. Los datos sobre Domínguez también se van acumulando dentro de la Bicameral.

En julio del año pasado, Domínguez mantuvo una pelea literal, “se trompearon”, con Ernesto Oscar Robino, subdirector nacional de GNA. Para protegerlo, la ex ministra mandó a Domínguez a la Base 95 de la AFI, la dirección de Operaciones Especiales de Alan Ruiz. El traslado mejoró sus condiciones de jubilación, que finalmente llegó por completo luego de retirarse de la Agencia en diciembre del año pasado.

El mascarón

Bullrich avanzó contra las comunidades mapuches luego de reunirse con los lobistas de las Sociedades Rurales de Bariloche, Neuquén y Esquel (un apéndice del directorio de la Compañía de Tierras del Sur, mejor conocida como Benetton), en febrero de 2016. Los voceros de los empresarios – que hablaban en nombre de empresas mineras (Benetton lo es) y petroleras- le pidieron expresamente sacarse de encima a los mapuches. Ante ese pedido, ella compró el paquete represivo, con inteligencia ilegal incluido, a Chile. ¿Será por eso que El Potro Domínguez, cada vez que terminaba de mensajearse con su par de la inteligencia de Carabineros, exclamaba: “¡Viva Chile!” o “¡Nosotros fieles a Carabineros!”?

 

 

 

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