De militares a policías

 

“El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender”

Jorge Luis Borges, 1985

 

La presentación del proyecto de ley MEN-2024-52-APN-PTE para reformar la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059 para establecer una “alternativa intermedia” que permita a los militares actuar como policías frente al “terrorismo” (léase narcotráfico y protestas sociales), realizando “patrullaje; control de personas y vehículos; operaciones de control en puestos fijos o móviles; control y vigilancia de instalaciones inmuebles y aprehensión en flagrancia” —y que es rechazada por la mayoría de los militares— nos deja una certeza, una paradoja y una angustia. La primera es que claramente el actual gobierno, en el marco del alineamiento con Estados Unidos, está abandonando el reclamo argentino por nuestras Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esto no solo se refleja en las acciones de la Cancillería, sino también en los documentos que se están trabajando en el Ministerio de Defensa. En efecto, ya circula por los pasillos un proyecto para reformar el Decreto N.º 7272/2006, reglamentario de la Ley N.º 23.554 de Defensa Nacional, que materializó el espíritu expresado por los diputados y senadores en el debate de la citada ley. Pero, además, están escribiendo la Directiva de Política de Defensa 2024 (DPDN 2024), donde la cuestión Malvinas vuelve a perder relevancia y las nuevas amenazas o amenazas emergentes o cualquier otro eufemismo inventado por el Comando Sur tendrán nuevamente el mismo peso que durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).

La paradoja es que el gobierno anuncia, al mismo tiempo, que intentará desplegar militares armados para combatir el “narcotráfico” y que el “Plan Bandera” logró bajar la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes en la ciudad de Rosario en un 60% gracias al despliegue de las Fuerzas de Seguridad federales, dependientes del Ministerio de Seguridad, en coordinación con el esfuerzo de la Policía de la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿para qué desplegar a las Fuerzas Armadas?

Finalmente, la angustia es no saber si los diputados y senadores radicales honrarán el legado de Raúl Alfonsín o se sumarán a las huestes libertarias.

Estos hechos que ocurrieron y ocurrirán, sucedieron y sucederán en una época extraña que no podemos entender.

 

Paradojas inexplicables

Es estresante el trabajo del ministro de Defensa, el mendocino abogado Luis Petri. Si quieren saber o tener una aproximación a lo afirmado precedentemente, pueden disfrutar de la película Trece días sobre la crisis de los misiles en Cuba en 1962, en alguna plataforma y, de esta manera didáctica, pueden apreciar que esas no son las tensiones que se viven en el Ministerio de Defensa de la Argentina. En cambio, sus preocupaciones pasan por complacer a Su Majestad y a la generala, cambiar de uniforme, perseguir trabajadores, docentes universitarios y ganar las elecciones en la provincia de Mendoza.

No obstante, tampoco es cuestión de soslayar el bienestar de Luis Ward y su socio Juan Philby. Por ello, es importante que puedan tener acceso a algunas amenities para sobrellevar mejor la carga de “trabajo” con tantos cambios de uniforme y arrodilladas. Por tal motivo, la Resolución N.º RESOL-2024-745-APN-MD del pasado 23 de julio dispuso “la creación de una caja chica de la Quinta Ministerial de Campo de Mayo”. De acuerdo con el Anexo I de la citada norma, se asigna un millón de pesos; más de lo asignado —en el mismo concepto— a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Asimismo, el Anexo II detalla que esos fondos serán utilizados, principalmente, para alimentos y prendas de vestir, entre otros ítems.

 

ANEXO I

ANEXO II

 

Sin embargo, esto no deja de ser un “detalle”, que muestra las prioridades del Ministerio, frente al Convenio de Confidencialidad que se firmó entre el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y Seguridad (IOSFA) y MEDIFE (IF-2024-70015947-APN-SAP#IOSFA) con el objeto de “avanzar con la redacción de un convenio prestacional”, el pasado 11 de junio. De acuerdo con la información pública, la firma del Convenio tiene por objeto privatizar/terciarizar las prestaciones que se dan actualmente en Córdoba, Santa Fe, las provincias del Litoral y del nordeste argentino, que abarcan “un universo de 600.000 afiliados en todo el país y una caja de 25.000 millones de pesos por mes”. También se supo que este “plan de tercerización —que algunas voces identifican con una privatización— no cuenta con el aval del directorio de la obra social, que integran tres representantes del Ejército, dos de la Armada, uno de la Fuerza Aérea, uno de la Gendarmería, uno de la Prefectura y dos por el personal civil de las fuerzas militares y de seguridad”. Asimismo, el Directorio ha cuestionado a la mano derecha del Ministro de Defensa, Oscar Sagás, debido a los “nombramientos de colaboradores procedentes de Mendoza en cargos gerenciales y puestos de conducción, con gastos adicionales por vuelos semanales a la provincia y desarraigo, entre otros conceptos, solventados con fondos de la obra social. Son dos millones de pesos mensuales por cada uno”, como el caso de la profesora de Historia, Vanina Borcia, nombrada jefa de Auditoría y Control de gestión. A esto se sumaría la falta de rendición de los gastos de la actual gestión.

 

 

Pero volviendo a la Quinta de Campo de Mayo, parece que esta no es suficiente para relajar las tensiones. Por tal motivo, el secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, Juan Erardo Battaleme, firmó un contrato con el Hotel Hilton de Mendoza (provincia del Ministro) por 589.499 dólares para usarlo en una actividad oficial durante el mes de octubre. En este caso, las amenities de Buenos Aires y las instalaciones con las que cuenta el Ministerio de Defensa no son adecuadas. De acuerdo con el documento contractual 35-0003-CDI24, que no tuvo “otros oferentes para evaluar una oferta más baja”, se reservaron 41 habitaciones deluxe, “159 de categoría standard y cinco dobles” (…), [incluyendo también] el servicio de desayuno, buffet y obsequios protocolares para las distintas delegaciones, los cuales deberán priorizar”.

Finalmente, como es muy difícil sostener estos gastos, se ordenó vender terrenos del Estado, pertenecientes a las Fuerzas Armadas; lo cual afecta sensiblemente la capacidad de adiestramiento y alistamiento de estas para poder cumplir a futuro; entre ellos, terrenos en Tunuyán, provincia de Mendoza (¿otra vez?). Pero también se afectarían parte de los terrenos del Regimiento I de Patricios en la ciudad de Buenos Aires, 1.500 inmuebles del Ejército Argentino y 2.600 de la Armada Argentina, como así también otros de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina.

En esta ola recaudatoria también se vería afectada Fabricaciones Militares como han señalado los gremios. Pese a que esta y FADEA fueran excluidas del decreto privatizador, el gobierno sigue dando señales para el desembarco de empresas extranjeras. Veremos lo que sucede con FADEA y CINAR que en el pasado también fueron desguazadas en otras olas privatizadoras que afectaron la industria estratégica nacional.

 

 

Mientras tanto en las Fuerzas Armadas…

El pasado 16 de agosto se realizó la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, en la cual el Presidente de la Nación, Javier Milei, no anunció el reinició de la recategorización de los salarios de las Fuerzas Armadas, como había prometido, y lo “pateó” para el segundo semestre (¿?). Mientras las palabras resonaban entre los efectivos de las Fuerzas, sin ningunas amenities para pasar el mal trago porque la cena fue suspendida a pedido del comandante en jefe —que no come en público—, un general le manifestó a otro medio que “la cena de camaradería se transformó en un brindis de egresados, una vez más el cariño que dicen tenernos no se compadece con las actitudes”.

En efecto, al 31 de julio del corriente año, y de acuerdo a fuentes oficiales, los salarios de los militares siguen atrasados con respecto a los de las Fuerzas de Seguridad como refleja el siguiente cuadro.

 

 

Al día de la fecha, y de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Defensa, replicados también por varios oficiales a otros medios, alrededor del 50% de los efectivos del Ejército Argentino se encuentran por debajo de la línea de pobreza: “Tenemos Fuerzas Armadas en las cuales no le podés dar de comer a la gente, no tenés plata para pagar ni siquiera los servicios básicos en los cuarteles y en las bases, hablamos de servicios de luz, gas, agua, no tenés plata para comprar los uniformes o para el combustibles para los vehículos (…). Estamos sufriendo la fuga de gente muy capacitada que se va a trabajar tentada por la actividad privada como pilotos que se van a líneas aéreas o marinos que se van a la marina mercante o la pesca. Inclusive el personal de baja jerarquía (soldados o cabos) que se pasan a las fuerzas de seguridad (…). Se van porque no les alcanza la plata, hay un gran porcentaje del personal que está debajo de la línea de la pobreza”. Esta fuente agrega que es contradictorio destinar supuestamente millones de dólares para compra de sistemas de armas cuando no vamos a poder volarlos, navegarlos o mantenerlos porque “el presupuesto no alcanza ni siquiera para reparar lo poco y malo que tenemos [actualmente], para hacer las patrullas en el mar, las campañas del ejército, para volar o para hacer la campaña antártica”.

Esta última expresión con relación al presupuesto, es respaldada también por las cifras oficiales. Al día 10 de julio de 2024, se había ejecutado únicamente el 37.65% de los recursos asignados a la Función Defensa. En cuanto al FONDEF, se había devengado solamente el 35,61% del total presupuestado a la misma fecha. En definitiva, el ejecutado de la Función Defensa+FONDEF alcanzó el 37,78%.

Teniendo en cuenta que la Decisión Administrativa Nº 5/24 y el DNU Nº 594/24 autorizaron utilizar fondos del FONDEF para cualquier gasto de capital y, puntualmente, la última norma agregó que también se puede destinar el 5% para gastos de bienes de consumo, no sabemos, con la información disponible, si el presupuesto destinado al FONDEF y su devengado incluyen gastos de capital (por ejemplo, computadoras, autos, mesas, entre otros) y de uso (por ejemplo, papel, tinta, artículos de librería, entre otros); lo cual violentaría lo dispuesto en la Ley N.º 27.565. A la fecha sólo contamos con el indicio que nos brinda el gasto asignado al inciso 4 —a través del cual se destinan recursos para comprar sistemas de armas—, el cual ha disminuido con respecto al año 2023; como se observa en el siguiente gráfico.

 

Gasto de la Jurisdicción Defensa por Inciso

 

 

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