De lo que no se habla

 

Toda nuestra historia esta cruzada por el ocultamiento y el oscurantismo. Desde la matanza de los pueblos originarios, los asesinatos en la Patagonia trágica, los bombardeos en Plaza de Mayo de 1955, los desaparecidos en las dictaduras, las muertes y la derrota en Las Malvinas, y siempre con el fin de preservarlos, más de una vez se pondera e idolatra a los victimarios. Incluso se le ponen sus nombres a pueblos, calles y plazas. Todo por haber beneficiado al sector social dominante.

Es el caso de la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos, que fue investigada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la administración de Alberto Fernández. El 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde indicó que de esa deuda –que supera los 100.000 millones de dólares–, la “fuga de capitales” alcanzó los 86.200 millones de dólares. En el Informe se sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores –que son empresas– adquirieron 24.679 millones de dólares y 100 personas compraron 822 millones de dólares.

Ninguna de esas 100 empresas puede demostrar en sus estados contables de dónde detrajeron los recursos para poder comprar tal cantidad de dólares entre 2016-2019. Esto supone los delitos de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes –incluida la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, que exige conocer fehacientemente el origen de los fondos en operaciones de cambio– para los bancos que le vendieron esos dólares que antes le habían comprado al BCRA y que no tomaron los debidos recaudos del origen de los fondos.

Tampoco pueden explicarlo en sus declaraciones juradas al fisco las 100 personas que compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero, que compró 29 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque, que compró 17.800.000 dólares; también los Eskenazi de YPF y del Grupo Petersen; Claudio Belocopitt de Swiss Medical; los Werthein, socios de BlackRock en Pampa Energía; o Mauricio Filiberti, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.

La deuda fue investigada, pero no se determinó con qué recursos se compraron las divisas. El manto del olvido es tal que desde el 10 de diciembre de 2019 se pagan los intereses de esa deuda tanto al FMI como a los bonistas (tenedores de títulos de deuda pública), con el presupuesto de la Administración Nacional. La misma que no ha dudado en suspender la cuarta cuota del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en diciembre de 2020, o en ajustar el gasto público, incluido el incumplimiento del exiguo plan de obras y las transferencias de capital a las provincias, como lo corrobora que dicho gasto representaba en los años de las administraciones kirchneristas (2003-2015) no menos del 11,16% del gasto total (llegando a ser del 15,98% en 2006 y del 16,85% en 2014), cuando fue del 3,92% del gasto total en 2020, del 5,96% en 2021 y base caja del 6,08% en los ocho meses de 2022.

La misma Administración Nacional que no ha dudado en disminuir año tras años el gasto en jubilaciones y pensiones, como lo demuestra que el 60% de los beneficiarios perciben de uno hasta dos veces el haber mínimo, que en el mes de agosto de 2022 fue de 37.525 pesos. Y las dos jubilaciones mínimas fueron de $75.050 [1], cuando –según el INDEC– la Canasta Básica Total de ese mes para un adulto fue de $38.756 para no ser pobre y, obviamente, el desgaste de los años y la necesidad de medicamentos implican un gasto mayor para un jubilado o pensionado.

La fijación del salario mínimo vital y móvil de $47.850 para agosto de 2022 nos exime de mayores comentarios, dado que se trabaja y se perciben haberes que no superan el gasto que determina el INDEC para una familia constituida por matrimonio y dos hijos, que fue de $119.757 para dicho mes.

Es más, en el Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2023 (Trámite Parlamentario 141/22), se estima que el gasto en intereses de la deuda será de 2,67 billones de pesos (unos 13.000 millones de dólares), que es el rubro que más crece (lo hace a una tasa del 102,7%), cuando ponderan una inflación para todo el 2023 del 60% y el gasto público total se incrementa en 71,2% con respecto al gasto de 2022. Los intereses de la deuda presupuestados superan ampliamente a todo el gasto de capital previsto (obra pública y transferencia de capital a las provincias), que para 2023 es de 2,3 billones de pesos.

En el Presupuesto 2023 no hay una sola referencia de que se va a investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales originados en la deuda contraída en la gestión de Cambiemos, a fin de recuperar una parte de la misma. Y hasta debería existir una ponderación de ese recupero, conformando una meta física de ingresos. Máxime que existe un proyecto que cuenta con la sanción del Senado de la Nación al respecto, que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional con dinero fugado al exterior de manera irregular. La norma establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI [2]. Una vez más el manto del olvido, de eso no sólo no se habla, sino que se plantea un brutal ajuste fiscal para que siga pagando la deuda el erario público y, de esa manera, se convalida la impunidad y la fuga.

Por ende, la Administración Nacional prevé realizar un sobreajuste para generar los fondos necesarios para poder comprar gran parte de los dólares destinados a pagar solamente los intereses de la deuda generada por el gobierno de Cambiemos. A los intereses se le debe sumar el déficit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda).

 

 

 

El festival del capital financiero

El BCRA queda limitado por el acuerdo con el FMI a financiar al Tesoro de la Nación en solo el 0,6% del PIB, unos $883.000 millones (actualmente –septiembre de 2022– los Adelantos al Tesoro suman $2.793.100 millones) [3], por lo cual, para hacer frente a los compromisos de la deuda, se deberán colocar títulos por más de 3,7 billones de pesos para poder cubrir el déficit que tendrán las cuentas públicas el año próximo, según prevé el proyecto de Presupuesto 2023.

A ese festival de los bonistas, debe sumarse que en su errónea estrategia de remunerar holgadamente los “encajes” [4], el BCRA le asegura una suma anual de 6 billones de pesos a los bancos por no hacer nada. Tienen la “patente de corso”, que es la autorización del BCRA para funcionar como bancos, captan depósitos del público (y del Estado nacional, provincial y municipal) y se lo prestan al mismo BCRA en Pases Pasivos, Leliqs, Notaliqs, etc. sin ningún riesgo y, desde el 15 de septiembre de 2022, perciben una tasa nominal anual del 75%. El monto inmovilizado supera los 8 billones de pesos.

 

SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO 2019- 2022
INDICADORES	30/12/2019	19/09/2022	Diferencia	Porcentaje
Base Monetaria	1.829.109	4.284.228	2.455.119	34,25%
Circulación Monetaria	1.147.080	3.156.024
Cuenta Corriente en el BCRA	682.028	1.128.204
Reservas Internacionales	45.190	38.251	-6.939	-15,36%
LELIQ y NOTALIQ	758.453	6.482.612	5.724.159	654,72%
Pases Pasivos	426.655	1.513.183
Legar y Lemin		44.508
Esterilización	1.185.108	8.040.303	6.855.195	478,45%
Adelantos al Tesoro	792.730	2.793.100	2.000.370	152,33%
Créditos al sector privado	2.476.189	6.268.911	3.792.722	53,17%
Depósito total	4.838.437	17.739.799	12.901.362	166,64%
Depósito en dólares	22.756	17.488	-5.268	-23,15%

Nota: IPC Inflación acumulada 01/01/2020 al 31/08/2022: 144%. En millones de pesos o de dólares,  según corresponda. Fuente: Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA.

 

Los depósitos totales (en pesos y en dólares) suman 17,7 billones de pesos, sin embargo, el total del crédito generado es sólo de 6,2 billones de pesos (la tercera parte) y no llega a ser el 10% del PIB. Es una de las relaciones más bajas de las que se tenga registro desde 1935, cuando se creó el BCRA [5].

 

 

 

Extractivista, agropecuario exportador

El nuestro es un país rico y con una potencialidad digna de mención. A la fertilidad de la tierra, deben sumarse los recursos minerales y energéticos, una mano de obra disciplinada que puede capacitarse más y una tasa de ganancia en las empresas que supera holgadamente la media mundial.

El problema es que esa masa de ganancia no se convierte en inversión interna bruta fija (IBIF) por la evasión y la fuga, que el gobierno no sólo no castiga, sino que avala con el manto del olvido. El modelo se orienta al exterior y por eso paga salarios de pobreza, para que el saldo exportable de alimentos sea cada vez mayor y el consumo de energía sea menor; ahora, para minimizar las importaciones y en un futuro cercano, para maximizar su exportación [6].

 

 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 2020 - agosto 2022
En millones de dólares corrientes			Acumulado
	2020	2021	8 meses 2022
Exportaciones	54.884	77.934	59.720
Productos primarios	16.216	21.828	16.680
Manufacturas de origen agropecuario	21.788	30.951	22.860
Manufacturas de origen industrial	13.313	19.940	15.005
Combustibles y energía	3.568	5.215	5.175
Importaciones	42.356	63.184	57.527
Bienes de capital	7.374	10.181	8.393
Bienes intermedios	16.765	25.758	21.146
Combustibles y Energía	2.640	5.843	10.423
Piezas y accesorios para bienes de capital	7.592	11.890	10.009
Bienes de consumo	6.015	7.236	5.799
Vehículo Automotor	1.614	1.692	1.311
Resto	356	584	445
SUPERAVIT COMERCIAL	12.528	14.750	2.193

Fuente: INDEC.

 

En 32 meses, el superávit comercial fue de 29.471 millones de dólares, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA se redujeron durante ese lapso en más de 7.000 millones de dólares, por ende, allí también existe el ocultamiento y el oscurantismo. Desaparecen 37.000 millones de dólares y no hay respuestas válidas y ciertas de dónde están. Y lo peor es que nadie pide esa explicación, violando el principio constitucional de exigir la claridad de los actos de gobierno.

 

 

 

[1] A partir de septiembre de 2022, la jubilación mínima pasará de 37.525 pesos a 50.353 pesos.

Asimismo, las dos jubilaciones mínimas pasarán de 75.050 pesos a 90.705 pesos.

[2] El autor del proyecto, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, declaró en su intervención –cuando se trató el proyecto de marras–, que algunos no apoyan la propuesta porque “tienen dudas” y otros “simplemente porque apoyan a los evasores”, y aseguró que no hay fisuras en el oficialismo sobre la idea de que el FMI “no debe gobernar” la Argentina.

[3] El tope de financiamiento del BCRA al Tesoro de la Nación se reduce de 1% del Producto Bruto de 2022 a sólo 0,6% del PIB a lo largo de 2023.

[4] Encaje o efectivo mínimo es la parte de los depósitos que captan los bancos y queda como reaseguro de retiro de los mismos. En todo el mundo no son remunerados, pero la reforma financiera de 1977 y la creación de la cuenta de regulación monetaria hizo que el BCRA le pague intereses a los bancos por una parte de ese encaje.

[5] Excepto períodos muy puntuales –a lo sumo de un mes–, pero no a lo largo de 34 meses, como sucede en la actualidad.

[6] Por eso la estratificación de las tarifas, que hace que se prevea una reducción aún mayor del subsidio estatal: Subsidio en energía 2023: 1,6% del PIB (contra 2,2% del PIB 2022). Subsidio en transporte 2023:0,4% del PIB (contra 0,5% del PIB 2022). Ese 0,7% del PIB ahorrado es en pesos, pero significa el equivalente a unos 3.500 millones de dólares, que va a pagar la población.

 

 

 

 

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