El gobierno del Presidente Macri se ha empeñado en demoler la integración regional y transformarse así en el “líder” de una región que vuelva a subordinarse a los designios de los poderosos. Primero ha debilitado el Mercosur y denigrado al Parlasur y hoy intenta desarticular la UNASUR como modelo de integración regional.
La decisión de abandonar la UNASUR —eludiendo la participación del Congreso Nacional sobre un tratado que fuera aprobado por unanimidad por ambas Cámaras— resulta inoportuna, inconsulta, arbitraria, contraria a la normativa vigente, a la vez que profundiza una política sistemática de ataque a los principios y acuerdos alcanzados a lo largo de años en favor de una efectiva integración regional.
Los inicios de la UNASUR se remontan a la primera reunión de Presidentes y jefes de gobierno de América del Sur, realizada en Brasilia en el año 2000, y que dio por resultado el plan IRSA y la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004. En el año 2008 se crea oficialmente la UNASUR, que desde sus comienzos tuvo la virtud de ser un ámbito que facilitó el diálogo político y la solución pacífica de numerosas controversias, a la vez de cumplir el papel de visibilizar y representar la región en un mundo donde los bloques de países y las regiones toman cada vez mayor importancia.
El gobierno argentino anunció la salida de este bloque alegando su virtual parálisis, pero lo cierto es que mientras ejerció la presidencia de este organismo en 2017-2018 no desarrolló ninguna acción ni propició la puesta en marcha de una agenda en común que potencie su existencia. Por el contrario, se encargó de detener todo el funcionamiento, no lograr el consenso para la designación de un nuevo Secretario General y, en especial, detener las actividad del Consejo Sudamericano de Defensa, organismo clave en la planificación de una estrategia de defensa común y autónoma, cuyos principales objetivos son consolidar una zona de paz suramericana y cooperar regionalmente en materia de defensa. El funcionamiento del CSD es una herramienta fundamental para crear mecanismos de confianza, favorecer la interoperatividad de las fuerzas de la región y desarrollar una estrategia común de defensa de los recursos naturales, así como para propiciar la integración de las industrias de defensa suramericanas con el objetivo de reactivar, desarrollar y complementar las tecnologías e industrias de la región.
El Consejo se concibió como un sistema de defensa sudamericano que respondiera a las necesidades e intereses de los países de la región, limitando su competencia a los temas de defensa y excluyendo temáticas que hacen a la seguridad como el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico o el potencial accionar del terrorismo internacional.
La actividad del Consejo sirvió así como contrapeso a la posición de varios países de la región que, acompañando la estrategia de las “nuevas amenazas” impulsada para la región por los Estados Unidos desde hace años, proponen involucrar a las fuerzas armadas en temas de seguridad interna alejándolas de su principal función que es la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial.
Como contracara, el gobierno argentino organizó el año pasado una reunión de ejércitos sudamericanos sin Venezuela, y con la presencia estelar del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Kurt Tidd. Todo un símbolo de la época que vive nuestra región, si además sumamos que el Presidente de Brasil Jair Bolsonaro designó al Mayor General Alcides Valeriano de Faria Júnior como subcomandante de interoperabilidad del Comando Sur, quien será responsable de facilitar la comunicación entre las fuerzas armadas en la región.
En el marco de la reunión de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2018 (SOUTHDEC, según sus siglas en inglés), el Almirante Tidd se refirió a algunos de los principales temas de la agenda de los Estados Unidos para la región como el crimen trasnacional, la crisis humanitaria venezolana y la influencia de China en América Latina.
Cabe señalar que ya en el año 2011 Estados Unidos comenzó a relativizar en su Manual de Defensa que la principal amenaza para su seguridad nacional fuera el terrorismo internacional e incorporó entre los nuevos desafíos a su seguridad la creciente importancia de China y de Rusia. Es en ese contexto que Estados Unidos vuelve a asignar mayor importancia a nuestra región porque comprueba que China ha avanzado sobre su “patio trasero”, constituyéndose en el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú, el segundo de la Argentina y que las relaciones no se limitan al aspecto comercial, sino que además se ha transformado en un importante inversor y financista de obras de infraestructura y en un actor financiero de peso.
Esta búsqueda de retomar el “control” de la región es la que ha impulsado el apoyo a los movimientos y gobiernos conservadores de la región, alentado la desarticulación de los procesos de integración y un renovado impulso a la política del panamericanismo. En el plano de la defensa, se puede observar la consolidación del Comando Sur como eje directivo y coordinador de la estrategia de defensa y seguridad en toda la zona.
El último acto de subordinación es el reciente anuncio de la cancelación del acuerdo de sede y consecuente abandono del país del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEED), organismo creado en el marco de la UNASUR y del Consejo Sudamericano de Defensa que permitió a nuestro país tener un rol destacado en el intercambio, conocimiento y debates sobre el tema. Recordemos que la misión del CEED es “la generación de conocimiento y difusión de un pensamiento estratégico suramericano en materia de defensa regional e internacional. Avanzando en la definición e identificación de los intereses regionales, concebidos estos como el conjunto de los factores comunes, compatibles y/o complementarios del interés nacional de los países de UNASUR”.
A ocho meses de finalizar su mandato, el gobierno del Presidente Macri está decidido a llevar adelante una tarea de demolición de toda la institucionalidad construida a lo largo del proceso de integración. La pérdida de centralidad del Mercosur, sumado al actual intento de reemplazar la UNASUR por PROSUR y la virtual parálisis de la CELAC, sólo contribuyen a una creciente intrascendencia de la región en el escenario internacional, a la vez que agudiza la dependencia de potencias extra regionales y la pérdida de autonomía para la toma de decisiones soberanas. La desarticulación de todas las herramientas de integración significa un retroceso en el objetivo de alcanzar una región con desarrollo sustentable y justicia social.
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