DE LA IGUALDAD

 

 

Todos los seres humanos

Entre los diversos anuncios de Alberto Fernández hay uno que aunque no ha merecido mayores comentarios de los medios, resulta extraordinariamente relevante en su potencia de significación política, social y cultural: es el de la creación de un ministerio “de la Igualdad”. Pocos enunciados pueden conjugar en modo más potente la asociación entre política y ética. Sólo el campo “derechos humanos” puede superar su protagonismo nominal.

El Poder Judicial, si fuera candidato, alude en las democracias liberales a la dimensión procedimental de la administración de justicia pero no a la deliberación sobre una idea sustantiva que se presume ya constituida. Así, la administración de justicia supone el conflicto (la litis) entre identidades ya dadas, pero las políticas de igualdad se dirigen a la construcción y protección de aquellas identidades en la diversidad de “lo humano” (dadas o no) que definen y han de definir al sujeto individual y colectivo frente a la injusticia de las desigualdades.

Memoria e Identidad, entonces, frente a las desigualdades en “lo que debe ser”. Identidades del deber ser que es lo que establece el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Es a esa universalidad en lo diverso de la igualdad como deber ser, a la que se han de dirigir las políticas de la igualdad en su progresiva universalización del ser iguales frente a las desigualdades fácticas, para ir achicando la brecha entre las determinaciones del ser y las libertades del deber ser.

 

 

Herencia de desigualdades

La potencia semántica y pragmática que tiene el término “ministerio de la Igualdad” en este momento de la historia política argentina, reside en su significado por la identificación de desigualdades que no requieren “trabar la litis” para postular políticas públicas que las corrijan. Se trata de esas desigualdades que el gobierno actual ha multiplicado en todos los ámbitos de la vida comunitaria y que reducen, a ese solo término, la totalidad polimorfa de sus políticas. El gobierno de Cambiemos se define como un gobierno de las desigualdades. Por eso pocos términos pueden definir mejor que el de la igualdad a las políticas dirigidas a restaurar las grietas y profundizar el sentido de nuestra democracia. Sólo en la expresión más amplia de las desigualdades, que son el hambre, la indigencia y la pobreza, tenemos otros términos que por su reverso podrían definirlas.

 

 

Y es que el problema que plantea el neoliberalismo hoy, y que ha ejecutado el macrismo entre nosotros como estrategia de demolición en todos sus frentes de una democracia de derechos humanos, es un problema que opone el ser personas en la dignidad de sujetos morales y de derecho, al ser objetos anónimos en la cosificación de un vivir indigno. Es en este punto en el que la política de la última dictadura guarda semejanzas con la política del actual gobierno. Si el desaparecido es un ser humano que no está en el mundo del vivir, el excluido es un ser que está en el mundo del vivir sin la categoría de lo humano.

 

 

¿Igualdad de qué?

Muchos países en el mundo han incorporado a su estructura administrativa ministerios dirigidos a la igualdad, muy frecuentemente con especial foco en igualdad de género. España ha tenido Ministerio de Igualdad (2008-2010) y otros ministerios análogos. En el Reino Unido, la Oficina de Igualdad del Gobierno creó el cargo de Ministra para la Mujer y la Igualdad. Australia tiene Ministro de Igualdad y Ministra para la Mujer. Suecia tiene un Ministerio de Igualdad de Género. Israel un Ministerio de Igualdad Social. Corea un Ministerio de Igualdad de Género y Familia. Y la República de Mauricio, que es un estado soberano en una isla cercana a Madagascar (aunque nuestros humoristas no hayan  trabajado con este dato), tiene un Ministerio de Igualdad de Género, Desarrollo Infantil y Bienestar Familiar.

Pero si esos antecedentes políticos y administrativos son suficiente justificación para la creación de un nuevo ministerio que se oriente a promover y proteger aquello que el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, la pregunta fundamental para evitar títulos vacíos, es la que ya fue formulada por Amartya Sen en su célebre conferencia de 1979: ¿Igualdad de qué?

 

 

En su ponencia, lo que Sen discute es el concepto ético de igualdad en dos filósofos destacados —la igualdad utilitaria de Richard Hare y la igualdad de bienes primarios de John Rawls—, frente a la igualdad de capacidades básicas que propone él mismo. Pero no es esta la ocasión de debatir esas cuestiones teóricas últimas sobre la igualdad. Aunque ética y política son indisociables en la idea de justicia, si la filosofía es fuerte en la dimensión semántica, la política es fuerte en su dimensión pragmática.

Por eso lo que interesa aquí es reflexionar sobre el alcance del campo operativo que recortaría un ministerio de la Igualdad. ¿Se ocuparía, por ejemplo, de desigualdades en general –como pobreza e indigencia, igualdad de trato y de oportunidades, no discriminación, violencia social, etc.— aun cuando se desplegara en desigualdades y políticas en particular (violencia contra la mujer y femicidios; violencia contra la pobreza y muerte del que roba)? ¿O se ocuparía de poner el foco en alguna de las desigualdades particulares bajo el supuesto genérico de la igualdad?

 

 

Estado, sociedad y derechos

Si la propuesta de un ministerio de la Igualdad no es más que una profundización operativa en la restauración y fortalecimiento de nuestra democracia como democracia de derechos humanos, hay que comenzar recordando la fuerte conciencia colectiva que el pueblo argentino tiene, y que ha transitado desde las Madres hasta la movilización masiva contra el fallo del 2x1. Y si hay algo que distingue a este fenómeno es que el punto de partida estuvo en la sociedad, aunque el Estado haya acompañado luego, desde algunos gobiernos, a aquellas demandas.

 

 

Y algo semejante se está observando hoy con las luchas por la igualdad de la mujer. La iniciativa y la fuerza de cambio del movimiento de las mujeres contra el patriarcado están comprometiendo al Estado y abriéndolo hacia nuevos derechos. Siendo así, cabe pensar si en otras políticas de igualdad deberíamos esperar a la “masa crítica” de la sociedad que sacuda a la voluntad del Estado, o deberíamos reclamar que el Estado adopte una iniciativa transformadora. La experiencia política y social reciente nos lleva a creer en la segunda opción.

 

 

Historia y desigualdad

Si atendemos a la evolución de la desigualdad en la Argentina medida por el coeficiente de Gini, que se utiliza especialmente para medir la desigualdad en los ingresos en una escala de 0 a 1, en la que 0 es la igualdad perfecta en la que todos tienen iguales ingresos, mientras que 1 es la desigualdad absoluta ya que una persona concentra toda la riqueza, vemos que en los últimos 45 años ese coeficiente se ha mantenido por encima, en cuanto a desigualdad, que el que teníamos en 1974 que fue de 0,367.

Sin embargo, la desigualdad en todos esos años tuvo altas y bajas. El pico más alto se alcanzó en 2002 con 0,551. Pero los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lo hicieron descender hasta 0,409 en 2015. Sin embargo, el gobierno de Macri lo llevó a 0,447 en el primer trimestre de 2019. Por eso es que aunque la desigualdad de ingresos en la Argentina no ha dejado de estar más alta que el registro de 1974, ha habido políticas que la han llevado a la baja, y políticas como la del gobierno actual que han aumentado esa desigualdad.

Podría pensarse, con razón, que las políticas de igualdad están en manos de todos los ministerios. Por tanto, no haría falta un ministerio específico. Pero una razón diferencial es que una cuestión es la creación de riqueza y la igualdad de ingresos, y otra es la igualdad de oportunidades y la igualdad de capacidades básicas, ya que una cosa es tener más ingresos y otra muy distinta es tener más capacidad de hacer más cosas, y en especial las cosas que uno quiere hacer.

 

 

Y otra razón es que pensar la integración de la complejidad no es pensar sectorialmente. Uno de los relatores especiales en salud de Naciones Unidas —Paul Hunt— señaló en su momento que a los indicadores de salud (enfermedad, mortalidad, etc.) debíamos seguirlos con indicadores del derecho a la salud dirigidos a medir el resultado de las políticas públicas en orden a la protección del derecho en cuestión. Y que esa tarea debía ser realizada por un organismo nacional distinto al ministerio de Salud que no debía proponer, ejecutar y autoevaluar a un mismo tiempo.

 

 

La síntesis de los contrarios

La experiencia con el gobierno actual ha sido una experiencia de perplejidad, dolor y sufrimiento. No es posible explicarse del todo cómo en Argentina le ha resultado posible en democracia, a una fuerza política, desarticular los supuestos más básicos de igualdad social. Esto nos hace preguntarnos por qué nuestra democracia es débil ante ese peligro y qué es lo que puede hacerse para evitarlo y crear una conciencia infranqueable de igualdad.

Vicente Ferrer tenía 70 años y robó en un supermercado medio litro de aceite de oliva, medio kilo de queso y dos chocolates, cuyos precios se han vuelto inaccesibles hasta para un ingreso medio. Dos custodios recuperaron lo robado, pero le dieron patadas y trompadas hasta que perdió el conocimiento. Luego lo arrastraron a una vereda y allí lo dejaron morir. Es la imagen más cruel de la violencia de las desigualdades. Pero es un caso paradigmático de la necesidad de un cambio social y cultural al que puede contribuir un ministerio de la Igualdad.

 

 

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