De la canción al juicio

 

El lunes 11 de marzo se celebró la audiencia preliminar previa al juicio elevado al Tribunal Oral Federal 5 de la ciudad de Buenos Aires, que definirá la responsabilidad penal de un grupo penitenciarios en las muertes de 65 presos comunes en Devoto hace 46 años. Esta semana, en tanto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dio por terminadas las instancias de queja para la defensa de policías acusados por su rol en la muerte de cuatro menores durante el incendio de un calabozo en la Comisaría 1ª de Quilmes hacia 2004.

 

Celdas

Respecto de la masacre en la cárcel donde, además de los 65 muertos, otros 89 presos fueron objeto de cruentos tormentos, El Cohete ya se refirió en varias notas a sus detalles tanto como al devenir histórico de la causa (ver El fuego). En la audiencia de este mes, presidida por el juez Nicolás Toselli, estuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal y el fiscal de juicio Abel Córdoba; en su rol de querellantes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, junto con Natalia D’Alessandro y Claudia Cesaroni, abogadas de víctimas y sobrevivientes.

 

 

 

A la vez, asistió la defensa oficial del ex penitenciario Gregorio Zerda, uno de los imputados; por vía remota participaron los abogados de Juan Carlos Ruiz, ex director de la cárcel, y de Horacio Galíndez, ex jefe de seguridad interna. El cuarto acusado, Carlos Sauvage, murió hace un par de años.

También los testigos fueron partiendo a lo largo de esta década. La fiscalía había presentado un listado extenso, del que informó el fallecimiento de 105, a partir de lo cual debió elaborar para el día siguiente otro escrito con un orden de prioridad.

Luego de la novedad, Cesaroni le dijo a El Cohete: “Muchas de las cosas que debatiremos ya están dichas en el expediente original, de 11 cuerpos. A diferencia de la mayoría de las causas de lesa, que no tenían expedientes, acá hay una causa iniciada el día de la masacre, aunque nunca se investigó lo que había pasado en verdad porque se la trató como un motín. Eso cambió en 2013, con el juez Daniel Rafecas, cuando nuestra querella se presentó junto con Hugo Cardozo, al que luego se sumaron otros sobrevivientes. Así logramos que el 14 de agosto de 2014 la Sala 1 de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires aceptara que, como habíamos planteado, se trataba de un delito de lesa humanidad y de ese modo debía investigarse. Después de diez años, esperamos que el juicio sea en el segundo semestre de este año”. Los penitenciarios fueron procesados con prisión preventiva por Rafecas hacia diciembre de 2018.

 

 

Cesaroni es autora del libro Masacre en el Pabellón Séptimo (2013), donde también cita la masacre de la comisaría quilmeña. En sus páginas critica la actitud de una parte de la sociedad bienpensante que desmerece a los presos comunes. Como ejemplo, compartió el relato del psicólogo social Daniel Barberis: “Cuando estaba por llegar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (setiembre de 1979), Alba Castillo, que era mi vieja y una histórica militante de la resistencia peronista, juntó más de 300 denuncias de torturas aplicadas a presos comunes y las llevó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), pero Graciela Fernández Meijide le dijo que esos presos eran la escoria de la sociedad. Mi vieja le dijo que se vaya a la puta madre que la parió, y se fue con sus denuncias”.

La CIDH visitó por fin esa cárcel de donde habían salido los presos y las presas políticas tras la asunción presidencial de Héctor Cámpora sólo seis años antes.

A pesar del ninguneo de una parte importante de la sociedad, hay sectores sensibles que con distintas miradas elevan su voz, como lo hicieron Barberis y Elías Neuman en un par de libros, o el Indio Solari desde dos canciones como Toxi Taxi o la que toma el nombre de la masacre.

 

 

 

 

¿Un desaparecido entre los muertos?

Cesaroni relató en primera persona un hallazgo casi fortuito:

“El 15 de marzo de 1978, Crónica publicó en tapa la foto de una víctima, en calzoncillos, conducido por un enfermero. La mamá y el papá de Jorge Hernández Rodríguez, un joven delegado de Sasetru secuestrado de su domicilio el 23 de agosto de 1977, vieron esa foto y reconocieron a su hijo. Fueron a decírselo a la justicia federal, mediante un habeas corpus. Allí Olga, la mamá de Jorge, contó que días antes de su detención, su hijo había sido despedido de Sasetru por participar en una asamblea. Que ‘sólo habló, no era gremialista’, y que nunca más lo habían visto, hasta la tapa de Crónica.

“Intervino el fiscal Julio César Strassera, preguntó en Devoto si había un tal Jorge Hernández Rodríguez, le respondieron que no; entonces dictaminó por rechazar el hábeas corpus, y que la ‘posible’ privación ilegal de la libertad la investigara la justicia ordinaria".

“No sabíamos nada sobre Jorge. Cuando Emiliano Diez, un trabajador de una fiscalía, leyó una nota sobre nuestro caso, me llamó y me contó que había un Legajo 1230 de la Conadep, en la causa Plan Cóndor, que podía interesarme. Lo pedimos en la Secretaría de Derechos Humanos. Allí estaba la historia de Jorge, pero la foto era muy borrosa, así que fui a Crónica el exacto día en que estaban por trasladar el archivo. Le conté al archivista lo que buscaba. Me dijo que era imposible. Insistí. Me dijo que esperase. Al rato, volvió con el ejemplar. Creo que se llamaba Sergio, y es un junto con Emiliano una de las personas que hicieron mucho por lograr justicia.

“El caso de Jorge y su necesaria investigación –no está en la lista de muertos, ni ha aparecido– es uno de los elementos que consideró la Sala I de la Cámara Federal en su resolución del 2014 en la que declaró a la masacre del pabellón como delito de lesa humanidad”.

 

Calabozos

A la falta de Justicia le sigue la reincidencia. En la noche del 20 de octubre de 2004, los policías de la Seccional 1ª en Quilmes ingresaron a dos celdas que retenían a 17 adolescentes, a quienes sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los pibes allí demorados contestaron con un motín que derivó en un incendio del que no pudieron escapar Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

Durante el juicio se puso énfasis en lo que pasa en las comisarías, donde los chicos estaban a la espera de un lugar para ser internados en pos de recuperarse de las adicciones; uno de ellos, además, por equivocación.

Hacia 2015 fueron sentenciados a penas de entre tres y 16 años diez funcionarios policiales: el ex comisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo Hugo Daniel D’Elía, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano, Elizabeth Fernanda Grosso; los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.

Durante ese debate, la oficial Elda Marina Guaquinchay Bogado fue señalada por testigos entre quienes apalearon a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas. Fue a juicio oral y en diciembre de 2022 terminó condenada a cuatro años de prisión por el delito de “omisión de denuncia de torturas”.

El ex cabo D’Elía, condenado a nueve años, tuvo al menos dos roturas de tobillera electrónica durante su arresto domiciliario, que violó –según informó el Servicio Penitenciario– “en más de cien eventos”.

No obstante, la defensa recurrió a todas las instancias para aligerar la situación de los policías. Luego de que se le denegara el recurso extraordinario de nulidad en favor de Altamirano, Grosso y Góngora, presentó otro de arbitrariedad, que es lo que acaba de rechazar la máxima instancia judicial bonaerense.

 

 

Quienes confían en los procesos judiciales, a pesar de sus demoras, sostienen que “el trato a los presos en Santa Fe, humillados para la foto, puede servir para que algunos hagan política hoy, pero devendrá en castigos a sus responsables en algún momento”.

 

 

 

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