De frente, march

 

Ni el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, ni el de Seguridad, Aníbal Fernández fueron consultados antes de que el Presidente Alberto Fernández anunciara el envío del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a Rosario, para participar en la urbanización de barrios en los que la demanda de seguridad llevó al saqueo e incendio de la casa de uno de los acusados por el asesinato de un nene de 11 años.

Con la discreción que hace de él una personalidad con pocos pares en la política argentina, Taiana se limitó a recordar el estrecho marco jurídico en el que cabe el desplazamiento de los zapadores castrenses a la ciudad que ostenta el récord de homicidios del país. Se trata de las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, promulgadas por los sucesivos Presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa, en 1988, 1992 y 2001, y de la Directiva Política de Defensa Nacional, que consta en el Decreto 457/2021, del actual Presidente Alberto Fernández. Las tres leyes codifican la separación estricta entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, y el decreto establece las misiones principal y complementarias del instrumento militar. Como explicó Taiana, la labor en los barrios rosarinos está contemplada como una de las misiones complementarias, que el artículo 2, inciso III de la Directiva de Política de Defensa Nacional define como “brindar apoyo a la comunidad nacional y/o de otros países”.

El Ejército ya está realizando tareas similares de urbanización en el barrio de ex planeadores de Los Hornos, por un convenio firmado con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio corre con el costo total de los trabajos, cuya dirección técnica ejerce y provee los materiales. El Ejército se hace cargo de la demarcación de 4.800 metros lineales de calles y ejecuta lo que se denomina

• el paquete estructural de 40 cm;
• la subrasante mejorada con 3% de cal de 15 cm de espesor;
• el estabilizado granular;
• la capa de rodamiento de piedra partida 10-30, recuperado asfáltico o de hormigón;
• las cunetas laterales para el escurrimiento de las aguas superficiales, y
• las banquinas de 2 metros de ancho.

 

El Ministerio debe proveer las maquinarias, el transporte, un grupo electrógeno, oficinas móviles para ser usadas como comedor, dormitorio, oficina técnica y baños para 40 operarios, a los que además suministra el almuerzo y tres baños químicos. Pero además se compromete a “garantizar la seguridad física y patrimonial de personal y medios”, algo simple en Hornos y muy problemático en Rosario.

 

 

 

Derrotas

Derrotado no sólo por el narco sino también por la velocidad de su palabra, Aníbal Fernández reveló ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados que no había participado en la decisión y que no la compartía, aunque su argumento fue confuso. Dijo que estaba más cerca de la posición del diputado del Partido Republicano Unido a sí mismo Ricardo López Murphy, quien como ministro de Defensa de la Primera Alianza fue el pionero en plantear el empleo del instrumento militar contra las denominadas nuevas amenazas, es decir aquello que el Presidente Fernández rechaza en su decreto y que el propio Aníbal cuestiona. Lo que Ricardo López Murphy objetó no fue el envío del cuerpo de ingenieros a Rosario, sino que sus integrantes fueran desarmados, “en un lugar tan peligroso”. Añadió que “el propio jefe del Estado Mayor Conjunto hizo una publicación para explicar la dificultad de utilizar las Fuerzas Armadas en esta tarea, cosa que comparto. Las Fuerzas Armadas solo tienen que intervenir cuando las fuerzas de seguridad sean desbordadas”. Ese "estado de beligerancia, que tuvimos en el año 1975 y que dio lugar a las expresiones del ex Presidente Juan Domingo Perón, en cuanto a aniquilar el accionar subversivo, y que dio lugar a los decretos del Presidente Lúder, no es la situación actual; yo no veo esas circunstancias y creo que usted tampoco. Me parece un tremendo error hacer la convocatoria sin planes y sin reglas de empeñamiento de uno de los cuerpos de combate; no están convocando a la sanidad, sino a un cuerpo de combate. En mi opinión, eso va contra las leyes, carece de planeamiento y básicamente los tomó por sorpresa. Eso no puede ser, no resiste el menor análisis”. A su turno, Aníbal respondió que “respecto de lo que plantea el diputado López Murphy en cuanto al Ejército, no tengo que ver con ese tema, y estoy más cerca de pensar como él que otra cosa. Con lo cual, veremos cómo sigue ese tema. No he participado de ese tema”. Fernández dejó sin respuesta una consulta sobre su posición: ¿no quiere que vayan o se opone a que lo hagan sin armas?

En un video grabado para un encuentro de curas que trabajan en adicciones, CFK recordó durante su presidencia el desembarco en Santa Fe con fuerzas de seguridad, pero también con otras agencias como la ANSES y los Ministerios de Interior y de Desarrollo Social, porque "la recuperación del territorio es la recuperación del rol del Estado", cuya ausencia es suplida por las organizaciones criminales.

 

 

 

De Miami, con amor

Quien inició la escalada de exabruptos verbales ante el problema fue la presidenta de uno de los partidos de la coalición que integra López Murphy (su compañera en aquel gabinete de la inolvidable gestión de Fernando De la Rúa), la ahora precandidata presidencial del liberalismo neo, Patricia Bullrich, quien ha perdido la ideología pero no los modos de su pasado en Montoneros. Ya el 31 de enero había anunciado que si llegaba a la presidencia propiciaría la reforma legislativa que permitiera empeñar al Ejército en la “lucha contra el narcotráfico” y lo reiteró ahora. El viernes celebró un pacto electoral con López Murphy, que comenzó por la integración de sus equipos técnicos. Luego, emprendió viaje hacia Miami. Mañana, hablará sobre la Seguridad Jurídica en una actividad organizada por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) y la Universidad Interamericana de la Florida, dos efectores del Comando Sur.

 

 

En su visita al Congreso, Aníbal Fernández trató de que no lo corrieran por derecha. “En el narcotráfico no trabajamos solos. En primer lugar, trabajamos con las agencias europeas; en segundo lugar, trabajamos con las agencias americanas, ya sea la Homeland Security, la DEA, la Policía de Nueva York, el FBI, la CIA. Les diría que nosotros tenemos un trabajo diario con todas las agencias norteamericanas, ¿por qué razón? Porque es imposible vivir solos. En este momento estamos trabajando en la construcción del tercer GOG, que es un grupo especializado construido con el FBI y con las fuerzas de cada una de las provincias. Tenemos uno en Salta, uno en Misiones y en este momento estamos construyendo uno en San Nicolás con el FBI y las policías de las provincias de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba”, dijo.

 

 

 

Las joyitas del IID

Las principales autoridades del IID son

Carlos Sánchez Berzaín, quien fue ministro de Defensa durante el mandato del primer Presidente boliviano con subtítulos, Gonzalo Sánchez de Losada. Ambos huyeron a Estados Unidos luego de la masacre de octubre de 2003, donde fueron asesinadas 80 personas y heridas 400. En Fort Lauderdale, Florida, un jurado los condenó en 2018 en un juicio civil instado por familiares de las víctimas, que protestaban por la venta de gas a Estados Unidos embarcado en un puerto chileno.

Guillermo Lousteau Heguy, padre del senador porteño de Juntos por el Cambio, quien se deslizó sin dificultades del nacional catolicismo a la retórica del liberalismo estadounidense tal como lo predica el ex jefe de la CIA y de la Secretaría de Estado, Mike Pompeo. En 1968, la dictadura del general Juan Onganía lo designó rector de la Universidad de Neuquén, y al año siguiente recibió algunas de las principales condecoraciones de la España franquista, cuando lo hicieron caballero de las órdenes de Corpus Christi y del Cardenal Cisneros. Pero en 2012 recibió el premio Caminos de la Libertad, otorgado por la empresa propietaria del Banco y del canal de televisión Azteca, de México.

 

 

 

Armando Valladares es uno de los dos activistas cubanos más conocidos en su oposición al gobierno castrista. Valladares pasó 22 años en la cárcel, condenado por haber colocado paquetes de cigarrillos con explosivos en lugares públicos. Fue indultado con la condición de que saliera de la cárcel caminando, que avaló la posición oficial de que la parálisis que lo confinó en silla de ruedas por las torturas recibidas era una falacia. Ronald Reagan lo designó embajador.

Carlos Alberto Montaner fue condenado en Cuba por los mismos cargos de Valladares, pero logró escapar de la cárcel y asilarse, en Estados Unidos y España. Entre los 25 libros que escribió está el Manual del perfecto idiota latinoamericano, en colaboración con  el colombiano Plinio Apuleyo Mendoza y el peruano Álvaro Vargas Llosa.

En febrero de 2021, el IID realizó un foro sobre la situación de la Justicia argentina. “De la mano de Alberto Fernández se busca consolidar el poder total, cuando cae el Poder Judicial la dictadura está consolidada”, sentenció Sánchez Berzaín. Los expositores fueron la diputada por la Coalición Cívica Libertadora, Marcela Campagnoli, el abogado Daniel Sabsay, el periodista de Clarín Claudio Savoia, y María Eugenia Talerico, en representación de Será Justicia, una ONG creada como brazo político del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que reúne a los grandes estudios jurídicos y contables contratados por las mayores empresas multinacionales y locales. Muchos de ellos buscaron condenas contra la Argentina en el CIADI. Talerico reiteró la denuncia que ese sector repite sin descanso, sobre la existencia de un plan de impunidad para CFK.

 

 

La reproducción acrítica

A esas concepciones alude la Directiva de Política de Defensa Nacional, en la que Alberto sostuvo la necesidad de “evitar el problema histórico de la reproducción acrítica y descontextualizada de concepciones de empleo y doctrinas que reflejan, por un lado, los intereses y la mirada de potencias extranjeras y por el otro, realidades geopolíticas diferentes a las que imperan en América del Sur”. Específicamente menciona “las prácticas contrainsurgentes de la Doctrina de Seguridad Nacional”, las “nuevas amenazas”, y la denominada “guerra híbrida”. También afirma que “se percibe en varios países suramericanos un preocupante y creciente proceso de asignación de misiones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, tales como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, siguiendo en muchos casos los lineamientos en materia de ‘Guerra contra las Drogas’ y ‘Guerra contra el Terrorismo’. Esta asignación de funciones, cuyos resultados han demostrado ser magros en términos de control del tráfico ilegal y de la criminalidad organizada y negativos en términos de la profesionalización de las fuerzas militares involucradas, contrastan con el rol de las Fuerzas Armadas en países como la Argentina”.

El ex subsecretario de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el policía cordobés retirado Miguel Robles, quien hoy trabaja políticamente junto a la ex ministra Olga Riutort, afirma que conoció de cerca la Policía de Santa Fe, a la que caracteriza como decana de la corrupción. “Luego de cuatro ministros, tras cuatro intentos por izquierda, centro y derecha, y luego de probar con académicos que supuestamente sabían lo que hacían; duros que supuestamente sabían lo que hacían, y más duros que supuestamente sabían y saben lo que hacen, ese mismo poder político santafesino, hoy mismo, no sabe cómo hacer para sortear una crisis terminal en materia de seguridad y una posible debacle electoral ocasionada por el fenómeno de la violencia en Rosario”.

Entre los responsables enumera en primer lugar a la policía provincial, que “primero se asoció y luego extorsionó al poder político”, a los sucesivos gobiernos provinciales de los últimos veinte años, que intentaron con discursos, hacer creer que la realidad no era la que se percibía, y a un Poder Judicial, provincial y federal, absolutamente desbordados y totalmente ineficientes, sin personal ni recursos.

“También me tocó investigar alguna de las violentísimas masacres que habitualmente se producen en Rosario. Y fue desolador comprobar que la fiscal de instrucción a cargo de la causa, solo tenía una empleada y una pasante no rentada, que por la mañana le ayudaba unas horas y por la tarde cumplía tareas en un estudio jurídico privado, para ganarse unos pesos. Pero más desolador aún fue comprobar, en una escucha telefónica dispuesta por la Justicia, cómo un jefe narco insultaba de una manera brutal a un comisario de la Policía de la Provincia de Santa Fe en funciones, porque habían detenido a su hijo. Y él, el comisario —a pesar de lo que se le pagaba— aún no había hecho nada para liberarlo”.

 

 

 

¿Son 1.400?

Robles pone en duda la asignación de 1.400 gendarmes para la ciudad de Rosario anunciada por el gobierno nacional y afirma que para saber cuántos efectivos se van a sumar realmente, hay que dividir ese número por tres, contemplando el trabajo y el descanso del personal. “Diariamente se sumarían 466 gendarmes a la seguridad rosarina, sin contar carpetas médicas y/o sumarios administrativos. A eso hay que descontarle los efectivos que se desempeñan en tareas logísticas, necesarias e imprescindibles para llevar adelante la función de seguridad. Y conociendo el paño, contaría uno por uno la cantidad de efectivos anunciados, ya que tanto a la Dirección Nacional de Gendarmería como al poder político se le suele quedar alguno que otro en el camino”.

Afirma que el Operativo Cinturón Sur, implementado en 2011 con personal de Gendarmería y Prefectura Naval, ha sido la única política de Estado que ha trascendido varias gestiones presidenciales, desde la primera de CFK hasta la actual. Arrancó con 2.500 efectivos, que se elevaron luego a 3.200. dirigidos exclusivamente a la relegada zona sur de la Capital Federal, y con los mayores índices delictivos. Cubría ocho barrios porteños de dos comunas, con unos 44 kilómetros cuadrados y 430.000 habitantes. Pero además, el decreto 864/2011 expulsó de la zona a todos los integrantes de la Policía Federal Argentina, porque se los consideraba parte del problema de inseguridad, como garantes del funcionamiento del sistema que decían combatir. Además de un responsable político de las operaciones (Aníbal envió ahora para esa función a su jefe de gabinete, Lucas Gaincerain), las organizaciones barriales de cada comuna realizaban, una o más veces por mes, asambleas vecinales donde las fuerzas federales, debían rendir examen ante sus principales destinatarios. No era fácil para integrantes de las fuerzas, habituadas a no dar cuenta a nadie, en espacios donde no había posibilidad de disimular ni de dibujar números, ni cifra negra del delito, ni excusas para no actuar, ni estadísticas que contradijeran lo que sentían los vecinos, la realidad viva de la calle. Los oficiales jefes y superiores eran conocidos y sabían que el futuro de sus carreras dependía de la aprobación de los vecinos. Por último, parte del personal de Gendarmería y de Prefectura integró grupos de inteligencia criminal que tenían por objetivo exclusivo, desbaratar bandas narcos, principalmente estructuras criminales que operaban en los barrios.

 

 

 

Política de estado vs. Improvisación

Esta política de Estado contrasta según Robles con la improvisación que advierte en Rosario, con 1.342.619 habitantes, distribuidos en 179 kilómetros cuadrados (sin incluir el Área Metropolitana Rosario, que en total asciende a casi 1,7 millones de personas). Los pocos más de 400 gendarmes diarios que se añadirán cuando todo el contingente se instale no podrán replicar la experiencia del Plan Cinturón Sur en la Capital Federal, con más del doble de efectivos distribuidos en un territorio equivalente a una cuarta parte de la ciudad de Rosario, y menos de un tercio de población. A eso Robles suma que no se han hecho anuncios sobre los recursos de movilidad del personal afectado; que la policía provincial seguirá haciendo como que cuida a los vecinos y se interesa por la seguridad, mientras administra el delito. Hasta el ministro provincial de seguridad es un gendarme retirado.

Su conclusión es que el anuncio presidencial está destinado al fracaso rotundo, que se sumará a la lista de otros operativos en Rosario anunciados con más pompa que planificación, ligados a los “hombres” que supuestamente “saben” de seguridad dentro de la coalición gobernante, como Sergio Berni. No sin ironía, agrega que sería apropiado ir consiguiendo un grupo de seguridad privada "para custodiar a toda esta pobre gente recientemente asignada a Rosario".

Robles estima que un despliegue serio que garantice una política de seguridad realista y eficiente en las zonas más violentas de Rosario, requiere entre 8.000 y 10.000 efectivos de Gendarmería y Prefectura para una primera fase, dotados con recursos de movilidad y comunicación proporcionales a los que disponían en el Operativo Unidad Cinturón Sur, y en el marco de un plan gradual, con férreo control político en lo operativo.

Pero esto es imposible sin sacar a los integrantes de la policía provincial de las zonas de la ciudad de Rosario en las que vayan ingresando las fuerzas federales, hasta lograr su retiro definitivo de la ciudad. Lo contrario “sería convivir operativamente con las estructuras delictivas que hoy azotan la ciudad. También es necesario un apoyo decidido y honesto del Poder Judicial, que debe asumir la responsabilidad que también le cabe en este desmadre. Y un sistema penitenciario provincial que intente no parecerse tanto a una asociación ilícita”.

La disyuntiva que plantea es avanzar como se hizo con aquel Operativo Cinturón Sur, o “seguir escuchando anuncios y promesas, pero sobre todo justificaciones y excusas, que son planificadas antes que los mismos operativos, simplemente porque de antemano se conoce que están destinados al fracaso".

Si este duro diagnóstico es correcto, las medidas anunciadas esta semana serán en el mejor de los casos inocuas. Pero abrirán el camino a dirigentes como Bullrich y sus presionen para que se modifiquen las leyes y decretos mencionados y se disponga el empleo de las Fuerzas Armadas con sus medios de combate. Esto ya fue propuesto durante la campaña electoral de 2015, y no por el macrismo:

 

 

 

 

 

 

 

 

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