De extorsionado a extorsionador

 

La defensa de Maximiliano Cabaleyro (secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de la seccional San Nicolás) y de Fernando Espíndola (delegado del mismo gremio de la ciudad de San Pedro), detenidos con prisión preventiva desde el 8 de abril e imputados por turbación de la posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción, solicitó su excarcelación y cambio de calificación legal. Los abogados accedieron a audios no transcriptos en la causa y en uno de ellos se lo escucha a Gustavo Rey, propietario de la empresa Rey Distribución, expresándole a Cabaleyro “te voy a hacer ganar plata”. Le propone juntarse con él y “con gente que te puede dar soluciones”. El supuesto extorsionado ofreció dinero al supuesto extorsionador, quien no lo aceptó.

 

 

“Yo te estoy llamando constructivamente”, le dice Rey a Cabaleyro. “Olvidate de la filmación, ya pasó toda esa pelotudez”, califica. Sus expresiones son una confesión. Esa filmación que los Rey en su denuncia presentaron como prueba de la supuesta extorsión, donde se los ve colocar dinero en una caja de galletitas que luego se llevan los sindicalistas, no era más que una corroboración de que los dirigentes sindicales iban a cobrar la deuda que los Rey tenían con el gremio. Gustavo Rey reconoce en la conversación telefónica con Cabaleyro que la supuesta prueba fue una “pelotudez”.

El supuesto extorsionado no parece sentirse amenazado en ese diálogo. Le dice a Cabaleyro que “te puedo asegurar que como vos viniste como caballero yo te voy a responder como caballero”. Maximiliano Cabaleyro responde: “No te hagas problema, Gustavo”. Y Rey continúa: “No, no. Pero aparte, te voy a responder como caballero y te voy hacer ganar plata”. Cabaleyro le contesta: “Mi plata la gano laburando, Gustavo”. La intervención de los teléfonos de Cabaleyro y Espíndola, solicitada por la fiscal María del Valle Viviani y concedida por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, contó con la acción arbitraria del personal policial perteneciente a la sub DDI Baradero-San Pedro, que procedió a transcribir las conversaciones en forma sesgada.

La defensa planteó esa irregularidad al solicitar la excarcelación de los dirigentes gremiales. Dijeron que “en el marco de la presente causa fueron ordenadas las intervenciones de los teléfonos de los imputados Cabaleyro y Espíndola. Es así que a lo largo de los treinta días que duró la medida se generaron alrededor de mil audios. Pero, de esa cantidad de audios, solamente hay transcriptos algunos y sobre todo los que son perjudiciales para nuestros pupilos. No fueron transcriptas las charlas entre los denunciantes y los imputados, es decir, maliciosamente no han sido desgrabadas esas escuchas, a diferencia de las charlas entre cliente-abogado, que sí lo han sido”, sostuvieron.

En relación con esa conversación, la fiscal del Valle Viviani realizó una defensa del empresario, a quien considera como víctima. Dice que en esa charla con Cabaleyro, Rey “no hace otra cosa que tratar de salir adelante de la situación de miedo a volver a que se le paralice la empresa”. Si se escucha a Gustavo Rey, su voz no es la de alguien temeroso, sino que busca que Cabaleyro acepte su ofrecimiento de “ganar plata”. El supuesto extorsionado busca recompensar económicamente al secretario general de Camioneros San Nicolás, que no acepta la propuesta. La fiscal respondió al escrito de la defensa ante la jueza de Garantías diciendo que ahora realizará una pericia contable para ver si el dinero que le cobraban a los Rey era por la diferencia de aportes y contribución sindical de nueve trabajadores. ¿No debió ser esa la primera medida a tomar?

“Esa prueba, en el auto de prisión preventiva… habíamos dicho de que no estaban todos los audios, que no los habíamos escuchado a todos. Esto fue un mes de intervención telefónica, estuvimos tres meses para que nos las den. Nos la dieron, tuve que escuchar los casi mil audios que hubo y descubrí estos audios”, dice el abogado defensor Mauricio Gugger en diálogo con El Cohete a la Luna. Javier Moral, el otro abogado defensor, sostiene, “que es curioso que recién ahora la fiscal pida hacer una pericia contable de los más de tres millones que se adeudaban. Tiene dos personas detenidas desde el 8 de abril sin tener ese elemento importante para comprobar la figura de la extorsión. Si los Rey fueron a hacer la denuncia de que lo extorsionaban pidiéndole ese dinero, correspondía que la fiscal primero hiciera la pericia para ver si lo que decían era verdad o mentira. No. Salió a detener y ahora manda a realizar la pericia”. Moral se pregunta: “¿Y si la pericia confirma que es ese monto de dinero, tenemos dos personas detenidas sin sentido?”

 

 

 

 

 

El armado de la causa

La detención de los gremialistas de Camioneros fue producto de la denuncia penal por extorsión que presentó en 2021 la familia Rey, propietaria en la ciudad de San Pedro de una empresa distribuidora de alimentos. Los Rey cuentan con el patrocinio legal de la abogada Florencia “entrar con metra” Arietto, que logró que la fiscalía 7 –a cargo de María del Valle Viviani– impute y pida la detención de los sindicalistas. La jueza Maiztegui convalidó la decisión. La empresa Rey Distribución tuvo dos bloqueos por parte de Camioneros. El primero fue el 15 de enero de 2021 y el segundo, el 22 de febrero de ese año, que duró hasta el 25 de ese mes. La razón fue que la empresa incumplía con el convenio laboral. Después del primer bloqueo, los Rey pasaron –como correspondía– a 12 trabajadores a Camioneros y pagaron la diferencia y deuda existente por tenerlos en otro convenio. A ese pago por lo adeudado los Rey lo llamaron extorsión, y el Poder Judicial avaló y encarceló a los dirigentes sindicales.

Pero la prueba de que se trataba de un dinero que la empresa adeudaba, y no de una extorsión, parte de la propia boca del contador de la distribuidora, Víctor Grabovieski, que declaró en la causa y reconoció la deuda de los Rey con el sindicato y la obra social de Camioneros por un monto de 805.383,03 pesos. El contador aceptó que a la obra social se le adeudaban 492.323,03 pesos; 289.601,95 pesos al aporte sindical y 23.457,76 pesos de administrativos, correspondientes al período entre septiembre de 2019 y marzo de 2021. También declaró, en audiencia del 10 de febrero de 2021 ante el Ministerio de Trabajo, que el Sindicato de Choferes de Camiones aseguró que la empresa tenía una deuda con nueve trabajadores por la suma de 3.736.119 pesos por diferencias salariales de los últimos 24 meses. Esto llevó a un acuerdo ante el Ministerio el 31 de marzo de 2021, por el cual Rey Distribución debía pagar 450.000 pesos por tal diferencia salarial. Los Rey depositaron 50.000 pesos en cada una de las cuentas sueldos de los trabajadores.

Además, declaró que dos personas del gremio fueron a su estudio con una planilla, reclamando la deuda de 500.000 pesos que tenía la empresa con el sindicato y la obra social. Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 156.529,85 pesos en efectivo fueron para el sindicato y 143.161,75 pesos para la obra social; más un cheque por 102.999,91 pesos y efectivo para el sindicato por 47.308,44 pesos. A esos pagos, la familia Rey los calificó en su denuncia como extorsivos. Aportaron registros fílmicos para dar cuenta del supuesto pago extorsivo de Camioneros, respecto a los que en ese audio que los abogados defensores descubrieron ahora, y que no estaba transcripto en el expediente, se lo escucha decir a Gustavo Rey: “Olvidate de la filmación, ya pasó toda esa pelotudez”, es decir, el deseo de incriminarlos con esa maniobra.

 

 

 

La llamada

El audio de la llamada de Gustavo Rey que termina con la farsa judicial se produjo luego de que Rey efectuara la denuncia y de que fuera notificado de la concesión de un perímetro de exclusión a su favor para que los sindicalistas no se acercasen a menos de 500 metros de su propiedad laboral o particular y para que tampoco lo contacten por algún otro medio. En ese audio de más de diez minutos, Rey, lejos de parecer que se sintiera extorsionado, habla con mucha confianza con Cabaleyro. Además de lo ya detallado, le expresa: “Quiero tener una reunión con vos, pero lejos de todo (…) Escuchame, no te vas a juntar con nadie más que conmigo y con gente que te puede dar soluciones”, dice Gustavo Rey. Acá se puede inferir que Rey buscó con el llamado que Cabaleyro acepte la coima que le ofrecía. “De verdad te digo, después de toda la pelea esa que nos desangramos, porque para mí esta fue la pelea por el título, me entendés, para mí nos desangramos, nos cagamos a trompadas, no importa, pasó, lo vamos a solucionar, Maxi, de verdad te digo, yo y vos vamos a terminar siendo amigos, porque vos te la aguantás y yo considero que también. Sos un tipo admirable, sos un tipo admirable por todo lo que hacés, hoy me saco el sombrero, me saco el sombrero, espero que vos sigas con la misma actitud, yo hoy obré como un tipo sin experiencia”, le dice. La voz de Gustavo Rey no es la de una persona asustada, amenazada, como intenta hacer creer la fiscal María del Valle Viviani. Lo que se percibe en el audio es que teje una treta para que Cabaleyro acepte sus mieles.

 

 

El supuesto extorsionado buscaba que Cabaleyro acepte su coima porque así esa grabación probaría en el expediente que el sindicalista era corrupto. Con el asesoramiento de Arietto, Gustavo Rey intentaba encubrir su maniobra expresándole a Cabaleyro que pondría el teléfono en altavoz porque estaba con sus chicos y el teléfono en la oreja le hacía transpirar. El rechazo a la oferta por parte del gremialista fue contundente.

 

 

 

 

Excarcelación y cambio de calificación legal

El pedido de excarcelación y cambio de calificación legal fue realizado por la defensa a fines de octubre. La totalidad de los audios de las conversaciones registradas recién las recibieron el 19 de septiembre. En principio, les preguntaron de qué días querían las escuchas. La defensa solicitó los días en que había sido el paro, febrero de 2021. “Nos dicen que son dos CDs donde están grabados esos días, nos los entregan y resulta que eran escuchas personales. Pido que se me otorgue la totalidad de las escuchas, los treinta días. El 19 de septiembre me lo otorgan. Tuve que comprar un disco rígido externo y es ahí cuando, al escuchar los audios, planteo la cuestión como hecho nuevo, ya que nosotros no habíamos tenido acceso a esas escuchas”, expresa el abogado defensor Mauricio Gugger.

“Entiendo que acá hay una falta de configuración del delito”, expresa el defensor de Cabaleyro y Espíndola. “Sustrae un elemento esencial del delito que se le imputa, el más grave, que es extorsión, el amedrentamiento y demás, el temor que tendría el extorsionado. Pedimos el cese inmediato de la prisión preventiva, que fue recepcionado por la señora jueza de Garantías y corrió traslado a la señora fiscal”, señala Gugger. “Lo anecdótico es que la señora fiscal, en dos horas, contestó con dos párrafos diciendo que esa prueba no aclaraba nada y la defensa no estipulaba cuál debería ser la calificación que le debería dar al proceso. La jueza de Garantías tomó esa respuesta y le dice: ‘Fíjese que la defensa plantea cuál debería ser la calificación, por lo que le pido que conteste y remítame el expediente’”.

Para el abogado, “la fiscal hace una interpretación por la que entiende que Rey llamó a Cabaleyro porque tenía mucho miedo. Es realmente irrisorio lo que ha contestado la fiscal. Ahora estamos a la espera de que la jueza de Garantías nos haga lugar al cambio de calificación y al cese de la prisión preventiva, porque entendemos que con los elementos que ahora tiene a la vista puede resolver en ese sentido. Creemos que lo que se le había presentado anteriormente fue una visión bastante sesgada y subjetiva por parte de la fiscalía, carente de objetividad”.

La doctrina del camarista Martín Irurzun, de ampliación de la prisión preventiva para ex funcionarios kirchneristas por supuesto poder residual –que en verdad es la doctrina Lorenzetti, como bien explica Irina Hauser en Rebelión en la Corte–, fue superada en el Departamento Judicial de San Nicolás. En este caso, se aplicó contra los sindicalistas de Camioneros en una causa que es un verdadero disparate y un atropello a la lucha sindical. La fiscal general interina continúa siendo Sandra Bicetti, mientras el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires sigue durmiendo y no le interesa culminar el concurso que se llevó adelante en julio de 2019 y que tuvo resultados del examen escrito en agosto de ese mismo año, pero que luego de que se presentaran impugnaciones –que fueron rechazadas–, quedó sin resolución. Es urgente tomar la decisión política de designar a un fiscal general que ponga freno a las tropelías y la naturalización de aplicar el torcido, porque hace tiempo se dejó de lado el Derecho.

 

 

 

 

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