De eso ni se habla

 

Esta semana se conoció que durante lo que va de su gestión, el gobierno permitió la fuga de capitales por el orden de los 60.000 millones de dólares. En el Informe sobre Evolución del mercado de cambios y Balance Cambiario del mes de diciembre, publicado por el Banco Central, el organismo regulador evitó esa cifra y apenas mencionó que durante 2018 la formación de activos externos fue de 27.000 millones de dólares. Públicamente se contentó con anunciar que la compra con fines de tenencia había caído en un 70%. Ese dato obvio es el reflejo del objetivo del gobierno en término de destrucción del salario real.

El monto fugado es semejante a la asistencia financiera que el FMI pactó con el gobierno a cambio del duro ajuste fiscal y el retroceso económico que están sufriendo la mayoría de lxs argentinxs. Quienes hoy gobiernan le hicieron creer a la población que la desregulación cambiaria era condición para el ingreso de inversiones genuinas al país. Pasaron tres años de gobierno y el resultado en término de inversión extranjera directa es tan magro, que el Banco Central también eludió hacer mención en el informe al monto de inversión extranjera directa conseguido. Sin embargo, revisando los datos del balance cambiario se puede colegir que, durante 2018, los ingresos por inversión directa fueron de 2.569 millones de dólares, mientras que las operaciones de portafolio de inversión sumaron  11.268 millones. La fuga no para y el Ministro de Economía desde Davos promueve a los fondos del exterior que vengan a radicarse en el país, tal como acaba de confirmar BlackRock mediante el anuncio de la apertura de una oficina en la Ciudad de Buenos Aires, que se dedicará a estimular la especulación financiera.

El camino de la flexibilidad cambiaria junto con la desregulación del comercio exterior está en el corazón del padecimiento económico que hoy sufre la actividad real, cuyo costado más palpable es el cierre de fábricas y el despido de trabajadores en los centros productivos del país y que los datos económicos reflejan en los guarismos récord de caída de actividad económica. El último dato del EMAE mostró una contracción del 7,5% y de 2,2% para 2018. El motivo que explica este retroceso es simple: la economía argentina no tiene chances de reactivación si los niveles de tasa de interés que viene teniendo el gobierno a lo largo de su gestión, se siguen sosteniendo en el tiempo. Son tasas confiscatorias para el ingreso de las familias argentinas y construyen un circuito permanente de transferencia de riquezas hacia las fortunas más poderosas del país y también de los fondos financieros del exterior.

En las actuales condiciones, el empleo y la producción son dos fenómenos en extinción. El problema es que detrás hay familias que se empobrecen, que pierden derechos. El volumen acumulado de fuga de capitales es el reflejo más visible de ese proceso y el Banco Central que debería servir como instrumento para el desarrollo inclusivo del país, actuando frente a la presión de salida de capitales como un vector contracíclico, no ha hecho más que estimular las condiciones que generaron este nivel de daño social y deterioro económico.

El daño social es una categoría jurídica, una subespecie derivada de la noción de daño, caracterizada por la configuración de un perjuicio. En este caso, la particularidad que adopta el perjuicio es su marcada trascendencia social, es decir su potencialidad expansiva, hacia delante pero arrastrando sus costos en el presente. Por otro lado, su generación es atribuible a las autoridades políticas y económicas que conducen el país. La afectación del daño social de las políticas económicas del gobierno comienza a hacerse palpable, no sólo en la destrucción del entramado productivo, sino también en el desfinanciamiento de políticas elementales de salud, vacunación y prevención de enfermedades.

A pesar de que sectores se las ingenien para disociar la configuración de las políticas de ajuste con el impacto social en término de pérdida de derechos, es inevitable que ambos aspectos guardan relación a través del desmantelamiento del Estado y la disolución de las políticas públicas. Mienten quienes dicen que por este camino vamos a recuperar la senda de la inversión y el crecimiento. Están jugando el partido de legitimar como algo “natural” la transferencia de riquezas a favor de unos pocos.

Debemos estar muy atentos a estos discursos porque están conduciendo al pueblo hacia el neocolonialismo, una trampa mortal y violenta para el futuro venidero. Aquí se inscribe el proceso de endeudamiento externo como el arma que utilizan en nuestra tierra para doblegar la voluntad de forjar un país emancipado y los sueños de construir una América Latina unida e integrada en un mercado común, que no dependa de la arrogancia del dólar y, que, a la vez, pueda recrear la condiciones para negociar con audacia frente al resto de las Naciones.

El presidente y sus ministros —todos subordinados a los caprichos del Norte— tienen claro que profundizar el grado de dependencia, de colonialismo y sometimiento es el camino para generar negocios a costa del sudor de nuestro pueblo. Por eso van a seguir forzando el endeudamiento y el ajuste que además es la manera que tienen de impedir cualquier proyecto destinado a sentar las bases para la industrialización. Las actuales y futuras generaciones van a estar pagando ese daño a través del aumento de la marginalidad, el delito, el exilio voluntario y el fracaso profesional que genera un país en el que la desigualdad, las políticas regresivas y de ajuste fiscal expresan el horizonte de lo que es posible esperar. Superar ese horizonte requiere de la articulación de un compromiso político que se plantee como desafío construir un vector de fuerza capaz de transformar la realidad, asumiendo nuevamente que la única condición de posibilidad para hacerlo, es a través del motor de la utopía y las ideas radicales. Debemos unirnos bajo un programa que nos motive a transformar nuevamente la realidad, a acabar con la desigualdad, la pobreza y la violencia que generan estas políticas.

Al igual que en épocas pasadas, la fuga de capitales es el medio por el que se perfecciona el vaciamiento del país. Durante la dictadura civil militar y parte de los '80 tuvo lugar a través del negocio de los seguros de cambio y la estatización de la deuda externa privada; luego, en los '90, primero bajo el esquema de privatizaciones con prorroga de jurisdicción y luego en el colapso financiero de 2001, causado por la trasferencia masiva y automática (y al amparo cómplice de la superintendencia del Banco Central) de las fortunas de las principales empresas y familias del país.

El estudio que por aquel entonces realizó la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas en la Argentina, que presidió el diputado Eduardo Di Cola, analizó un universo de 96.794 operaciones representativas del 64.5% del total de divisas que se escaparon del país en el 2001.

 

 

Ese informe, elaborado por un equipo formado por Eduardo Basualdo, puso en evidencia que un total de 213 firmas que integraban la cúpula empresarial retiraron del país la suma de 26.128 millones de dólares.

Algunas empresas del Grupo de la familia presidencial forman parte de la lista:

• SIDECO AMERICANA SACII y F, a través de 26 operaciones, fugó la suma de 27,128 millones de dólares
• YACYLEC SA, a través de 14 operaciones, giró al exterior la suma de 10,8 millones de dólares.
• MIRGOR SACIFIA, en 14 operaciones fugó 11,3 millones de dólares
• SOCMA INVERSORA SA a través de 13 operaciones, retiró del país la suma de 9 millones de dólares.
• SOCMA AMERICANA SA realizó, al menos 11 operaciones de fuga, por valor 6,4 millones de dólares.

 

 

Corrupción estructural

La fuga de capitales es una de las manifestaciones más directas de la criminalidad económica, de lo que comúnmente llamamos la corrupción de tipo estructural. A pesar de no estar legislada específicamente como una figura autónoma dentro del Código Penal, su comisión tiene lugar a través de diversos delitos que agreden la hacienda tributaria y el orden económico, como son la evasión fiscal (especialmente aquella de naturaleza agravada por el uso de sociedades interpuestas), el cobro indebido de reintegros al comercio exterior (obtenidos mediante fraudes cometidos en perjuicio de la administración pública), la comisión de infracciones al régimen cambiario (que este gobierno se encargó de derogar en su totalidad, para generar una laguna de impunidad proclive a la fuga), la manipulación de valores en mercados de capitales y la intermediación financiera no autorizada (modalidad empleada por el regadero de mesas de dinero que operan clandestinamente a lo largo y ancho del país, bajo la tolerancia del BCRA).

Estas formas de criminalidad no están presentes en el inconstitucional decreto de extinción de dominio que el gobierno lanzó como parte del inicio de una campaña política, que busca sacar de escena el grado de descomposición social causado por la obediencia a rajatabla a las recetas del FMI.

Ese decreto no es más que una norma de índole colonial, carente del menor atisbo de juridicidad y que en realidad viene a instaurar la confiscación de bienes con fines políticos, en medio del inicio de la campaña electoral en la que se juega la continuidad del modelo de saqueo económico. Por eso mismo, el gobierno se ocupó cuidadosamente de no incluir los delitos de evasión agravada, intermediación financiera no autorizada y manipulación de valores negociables dentro de los delitos admitidos para la extinción. Hacerlo habría implicado el riesgo de reconocer que las fortunas financieras realizadas en el pasado y durante estos tres años de gobierno están enraizadas con formas ilícitas de adquisición del dominio. Un razonamiento coherente con este aspecto los expondría en el mismo saco de impugnación en el que ponen a todo opositor al gobierno.

El DNU, carente de necesidad y mucho más de urgencia (puesto que el Congreso estaba tratando el tema), pretende disfrazar la regulación del decomiso como si fuese una pasajera modificación en la regulación de los derechos reales previstos al libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo es imposible eludir el costado penal de cualquier modificación sobre el decomiso de bienes, incluso en el caso de que se le asigna a este un tratamiento civil, puesto que el requisito de procedencia siempre será la existencia de elementos que conecten bienes con una actividad criminal.

¿El gobierno desconoce que la regulación vigente en el país (23 y 303 del Código Penal), permite el decomiso no penal para casos específicos (muerte, prescripción, reconocimiento del imputado)? Esta regulación permite avanzar sobre los casos de narcotráfico, contrabando, evasión tributaria, corrupción y lavado de dinero sin necesidad de esperar el resultado de la condena. Es cierto que las reglas actuales presentan ciertos límites y que es necesario avanzar en esta materia, regulando una figura civil dotada de cierta autonomía respecto de la materia penal. Sin embargo, lo que no se puede hacer es instrumentarla por decreto, mucho menos avasallando zonas de reserva constitucional, consagrando la inversión de la carga de la prueba y, por último, sin una definición de las causales regladas que habilitan la pérdida de bienes a favor del Estado. Ninguno de estos aspectos está incluido en el precario decreto, a pesar que los funcionarios del gobierno pretendan darlo por plenamente operativo.

Quienes apostamos por un país más justo tenemos el desafío de construir las políticas que requieren estos tiempos. Sin duda acabar con la corrupción mediante un programa frente a la criminalidad económica forma parte de ese desafío, que también incluye en un mismo nivel poner fin a la especulación financiera y el daño que genera la fuga de capitales.

 

 

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