¿De dónde salieron las balas?

 

El gobierno logró dar por cerrado el conflicto que se había desatado el 24 de abril en el penal de Villa Devoto – que tenía en vilo no sólo a esa cárcel sino al resto del país. Lo que aún está pendiente de resolución es saber por qué dos internos fueron heridos con balas de plomo. Con causas en la justicia federal y en la de instrucción, la contienda ya llegó a la Corte Suprema, que ya pidió opinión de la Procuración General para resolver en los próximos días.

 

Fin del conflicto

El miércoles pasado, el Secretario de Justicia, Juan Martín Mena, volvió al penal de Devoto. No había estado en la anterior mesa de diálogo. Repitió que no habría conmutaciones de pena, un tema que estuvo siempre fuera de la agenda del gobierno, y que cada caso sería revisado individualmente por la justicia. La impronta de la última reunión y que terminó dando por terminado el conflicto no pasaba por las libertades o domiciliarias, sino por el mejoramiento de las condiciones de detención – algo que sí está en manos del Ejecutivo.

Mena les propuso continuar con las mesas de diálogo inicialmente cada dos semanas, pero la idea del Ministerio de Justicia era llevar la discusión más allá de los muros y crear una mesa a la que se sienten no sólo los actores que estuvieron en Devoto, sino otros como organizaciones de la sociedad civil y hasta la propia Iglesia – que ofreció acoger a detenidos por delitos leves que salieran de la cárcel durante la pandemia. En la cartera que dirige Marcela Losardo tienen en claro que ése es un debate extramuros.

La ministra anunció el mismo viernes que sumarían hospitales modulares y que se trabajaría en áreas de aislamiento en las unidades penales si el virus se expande. La idea era llevar tranquilidad hacia el interior de las cárceles y hacia el exterior -- donde los cacerolazos retumbaron con fuerza en los últimos días. Con su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Losardo dijo que se trabajaría en mejoras en los penales de Devoto, Marcos Paz, Ezeiza, Güemes (Salta) y Rawson (Chubut).

Mientras se conforma la mesa que anunció Mena en Devoto, van a seguir trabajando unos grupos interdisciplinarios para analizar cómo mejorar los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el seguimiento de casos concretos. Según los listados que se están analizando, unas 405 personas están en condiciones de acceder a algún tipo de libertad – condicional o asistida. De las 1597 personas que el SPF informa tener alojadas en el Complejo de la Ciudad de Buenos Aires, 805 lo están por una pena menor a la de tres años. Es decir, más de la mitad de la población de Devoto, está detenida por delitos menores (los delitos que estarían contemplados tanto en las acordadas de la Casación Federal y la Casación Nacional).

 

La pelea judicial

Las acordadas recibieron sus correspondientes estocadas judiciales al calor de los cacerolazos y de la difusión en los medios de supuestas liberaciones masivas que no fueron tales. De hecho, el SPF sigue teniendo una población que ronda el 96 por ciento, cuando los expertos dicen que debe bajar hasta un 70 u 80 por ciento para hacer manejable la pandemia si ingresa en los penales. El juez Germán Castelli declaró la inconstitucionalidad de la acordada de la Casación Federal. Su colega Jorge De Santo hizo lo propio con la acordada de la Casación Nacional. El viernes, la Sala IV de la Cámara del Crimen rechazó un recurso que presentó el Centro de Estudios Legales (CELS) para apelar el fallo de De Santo.

Lo curioso es que De Santo sí aceptó una presentación de la conservadora Usina de Justicia. En distintas actividades de esa ONG, son habitués la jueza Julia Márquez, que desperdigó datos incorrectos sobre la salida de agresores sexuales en la provincia de Buenos Aires, y el procurador bonaerense Julio Conte Grand, que acaba de oponerse ante la Corte bonaerense a que salgan personas en grupos de riesgo. También es singular que Conte Grand había firmado  el 16 de marzo la resolución 158 que ordenaba a los defensores – con asistencia de los fiscales – presentarse en las causas para lograr la morigeración de la pena de sus defendidos para ayudar a la reducción de la sobrepoblación carcelaria en la provincia. La lentitud en la resolución de los casos fue la que motivó a un grupo de defensores oficiales – que también dependen de Conte Grand – a presentar un habeas corpus por las personas que integran los grupos de riesgo, que derivó en el fallo del juez de Casación Víctor Violini – ahora recurrido ante la Suprema Corte bonaerense.

La otra extrañeza del caso es que el recurso de Usina de Justicia lo presentó el abogado Fernando Soto, que fue funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.  Soto tuvo entre otros méritos durante la gestión cambiemita haber sido el ideólogo de la doctrina Chocobar y haber intervenido como defensor del prefecto Javier Pintos, acusado por el homicidio de Rafael Nahuel, y haber defendido a otro funcionario de Bullrich en la causa por la muerte de Santiago Maldonado. Delitos graves si los hay.

 

Balas de plomo

Todos los ojos estuvieron depositados durante casi tres semanas en Devoto. El conflicto se desató en la mañana del viernes 24 de abril ante la comprobación de que agentes del SPF habían dado positivo de coronavirus. Según la información que aportó el SPF al Juzgado Federal 1, hubo al menos 36 presos heridos y once agentes.

La protesta, de violencia intensa, duró hasta casi caída la noche, cuando se declaró una tregua hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Alrededor de las seis de la tarde, dos internos fueron heridos con balas de plomo – como reveló la semana pasada este medio.

Se trata de GB, de 29 años, que recibió un balazo en la espalda mientras se encontraba entre los pabellones seis y siete, entre las plantas 1 y 2. Al momento de ser herido, GB estaba socorriendo a otros detenidos que habían sido alcanzados por las balas de goma que disparaba el SPF. Por la gravedad de la herida, GB no siente sus miembros inferiores y es probable que no vuelva a caminar. El segundo herido de balas de plomo es CG, de 45 años. CG estaba en su pabellón. Escuchó ruidos y se asomó a una ventana que se encontraba en el entrepiso. Sintió un estampido, un fuerte dolor en el pecho y cayó hacia atrás.

Tanto GB como CG fueron trasladados al Hospital Pirovano. Cuando el SPF distribuyó la lista de heridos, no consignó que se trataba de heridos de bala. Al momento de llegar, los dos dieron negativos de COVID-19. En la semana, se los volvió a testear y esta vez sí dieron positivo. El sábado 2, declararon ante el fiscal Ignacio Mahiques – que investiga una denuncia presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) – y señalaron como uno de los tiradores a un uniformado que tenía pasamontañas.

Desde el SPF contestaron que los penitenciarios no tienen permitido el uso de armas de fuego para sofocar protestas al interior de un penal – aunque el fiscal Mahiques quiere descartar que haya habido una habilitación ante el desborde que se vivía en Devoto.

 

El culebrón judicial

El SPF presentó una denuncia por el “motín” el mismo 24 abril ante el juzgado federal que estaba de turno. Era el de María Servini, que estaba siendo subrogada por Julián Ercolini. Durante los dos primeros días se distribuyeron listas que no consignaban ningún herido de bala. Así lo confirmaron desde el juzgado a este medio.

El domingo 26, el alcaide mayor Miguel Ángel Perrota, jefe del Departamento de Asuntos Internos del SPF, le envió un correo a la secretaria del juzgado de Servini, María Inés Gambirassi, cuyo asunto era el nombre de los dos baleados. Decía que las tomografías mostraban la presencia de objetos metálicos. “Si bien ambos presentan lesiones, no sabemos cuán cercana o lejana es la data de la presencia de esos objetos”, decía Perrota.

A los tres días, Ercolini declaró la incompetencia y envió el caso a la justicia de instrucción. La causa cayó en el juzgado 7. Fuentes cercanas insisten en que el magistrado no estaba al tanto del correo ni de que hubiera heridos de bala, aunque eso no habría influido a la hora de declinar la competencia, pero sí de tomar otras medidas. La relación no quedó en los mejores términos entre Ercolini y la secretaria de Servini.

Ese mismo día, la Procuración Penitenciaria presentó una denuncia por lo sucedido a GB y CG en la justicia de instrucción. La causa cayó en el juzgado de Fernando Caunedo, que la delegó en la fiscalía de Mahiques porque aun no hay posibles autores identificados.

Después de que Ercolini declarara la incompetencia del fuero federal y cuando la PPN ya había presentado una denuncia por los baleados, Perrota -- por expresa instrucción del director del SPF, Emiliano Blanco – presentó otra denuncia en Comodoro Py.  Esa causa quedó en manos del juez Sebastián Ramos. La denuncia estaba centrada en el caso de GB y CG por heridas compatibles con arma de fuego.  Perrota incluyó los partes médicos de los dos hombres heridos y el mail de la discordia. En su presentación, el SPF decía que estaba expresamente prohibido el uso de armas y le pedía al juez que lo aceptara como querellante.

Ramos respondió, basándose en el correo, que la causa debía investigarse en el juzgado de Servini – que la semana pasado estuvo en manos de Ariel Lijo. Lijo no estuvo de acuerdo y le devolvió la causa. Lo mismo hizo con el juzgado de instrucción que le había mandado su investigación. La contienda final se dirimirá en la Corte Suprema. El jueves, su presidente, Carlos Rosenkrantz, pidió opinión a la Procuración General antes de decidir la competencia. En Py apuestan a que la causa siga su curso en instrucción.

El correo puede ser clave por varios motivos. En primer lugar, porque señala que el SPF sabía, al menos, desde el domingo 26 que había dos hombres con balas de plomo. En segundo lugar, para determinar si el SPF minimizó la situación. La secretaria de Servini hizo un descargo antes de que Lijo le devolviera la causa a Ramos.

“Interrogué al Dr. Perrota sobre las determinaciones de esa conclusión, a lo que me respondió dada su experiencia en materia penitenciaria que en ocasiones los internos – sin referirse a los nombrados en específico – se introducían objetos de metal para egresar extramuros desde el HPC (Hospital Penitenciario Central) o que podrían ser impactos de armas de fuego, y que la antigüedad de la presencia de tales objetos podía aproximarnos a criterios ciertos sobre lo acaecido pero que a ese momento no se contaba con los recursos médicos necesarios para determinarlo”, escribió Gambirassi.

 

La investigación

La presentación del SPF ante la justicia federal estaría motivada por el hecho de que tendría algunos agentes identificados que estuvieron disparando con armas de fuego. Al juzgado de Ramos aportaron videos y, al menos, el nombre de un agente.

Pero la investigación por las heridas contra GB y CG está actualmente en manos de Mahiques, que ya pidió la documentación al juzgado de Ramos y tiene que determinar si esos agentes penitenciarios– por su ubicación – podrían haber sido los que dispararon contra los dos internos. Las personas que se ven en el video tienen barbijos, pero no pasamontañas como declararon los dos heridos.

La Procuración Penitenciaria hizo una serie de pedidos para avanzar con la investigación, que encontraron, en su mayoría, eco en la fiscalía. Mahiques está trabajando con la Gendarmería, a la que le ordenó secuestrar información de Devoto. También les pidió a Sabina Frederic (Ministerio de Seguridad de la Nación) y a Diego Santilli (Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad) que aporten los listados de personal que intervino en el operativo del 24 de marzo, qué armas usaron y si las dispararon. Un primer paso es ver en qué fuerza centrar la investigación. Todo apunta al SPF, pero hay que descartar a las policías que intervinieron en la represión. Al juez Caunedo le solicitó que autorice una inspección ocular al lugar donde fueron baleados GB y CG – que es la misma área desde donde se desplomó el otro interno que cayó desde el techo. Esa zona entre los pabellones seis y siete fue un área caliente de la represión.

La clave, para la investigación, sigue siendo saber si hubo una orden para disparar.

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