De competitivos y favoritos

 

En lo que va de octubre ya declararon tres reconocidos empresarios de la construcción en la causa Vialidad: Juan Chediack, Carlos Wagner y –el último martes– Ángelo Calcaterra. Palabras más, palabras menos, todos dijeron que las supuestas maniobras que la fiscalía le atribuye a Lázaro Báez por las rutas que construyó en Santa Cruz eran prácticas habituales de las compañías que se presentan a licitaciones para obras públicas en todo el país. Calcaterra admitió que siempre hay una “ventaja comparativa” de la empresa que está instalada en la provincia donde se levanta la obra frente a la que no lo está y aseguró que es casi imposible ejecutar obra pública sin redeterminación de precios, ni antes ni ahora. “La redeterminación es simplemente ajustar el precio a la realidad”, dijo el primo del ex Presidente Mauricio Macri y ex accionista de las constructoras IECSA y Creaurban ante el Tribunal Oral Federal 2 que lleva adelante el proceso.

Calcaterra, que tiene un tono muy similar al de su primo Mauricio, llegó a los tribunales temprano. Declaró durante una hora. “Disculpen, estoy un poco nervioso”, dijo; se notaba, por momentos se le entrecortaba la voz. Junto con Chediack y Wagner integra un grupo de empresarios que declararon como arrepentidos en la causa “Cuadernos” y quedaron imputados en dicho expediente. En esta causa, quienes pidieron su testimonio fueron los abogados de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sus declaraciones tienen límites muy precisos porque la ley vigente impide que un testigo pueda autoincriminarse. Por ese motivo, los jueces del TOF-2 –Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso– ordenaron que sus testimonios se limitaran al período 2003-2015, tiempo en el que la fiscalía señala que hubo un favoritismo hacia las empresas de Báez en los contratos de obra pública en Santa Cruz.

Calcaterra, arquitecto de profesión, contó que desde hace 20 o 30 años se presenta a licitaciones y sus empresas participaron en obras de infraestructura y viales. No trabajó en Santa Cruz porque sus compañías no estaban inscriptas en el registro de proveedores de la provincia ni en la Dirección de Vialidad. Sólo conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Austral, propiedad de Báez, para presentarse a la licitación para levantar una represa en la provincia, que no ganó. Calcaterra aclaró que dicha represa era una obra nacional, gestionada por el Ministerio de Infraestructura y no por la provincia. Los pliegos para las represas Jorge Cepernik y Néstor Kirchner fueron otorgados a una empresa china asociada a Electroingeniería.

Carlos Beraldi, abogado de CFK, quiso saber más sobre las UTEs. “¿En los procesos licitatorios sus empresas participaban solas o con otras?”, indagó. “Es muy común en el sector crear UTEs, he tenido muchísimos consorcios y UTEs”, respondió Calcaterra. Juan Villanueva, abogado de Báez, le preguntó si en alguna oportunidad conformó una UTE entre IECSA y Creaurban. A Báez lo acusan por presentarse a licitaciones con distintas empresas de su propiedad. Calcaterra dijo que no lo recordaba con precisión pero que era posible y que esto se hacía y se hace por “planificación empresarial”. “Sí, creo que pude haber hecho ofertas con las dos empresas”, respondió ante una consulta de la Oficina Anticorrupción.

El primer lunes de octubre declaró el empresario Juan Chediack, de Chediack Construcciones y ex presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Señaló que conformar UTEs “es una práctica común”. Entre las ventajas mencionó la “suma de especialización” y como desventajas “la menor amortización de los gastos generales”.

 

Redeterminaciones

–¿Tuvo que solicitar redeterminación de precios? –preguntó Villanueva a Calcaterra.

–Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios, ni antes ni ahora. Es simplemente ajustar el precio a la realidad –aseguró.

El empresario de la construcción dijo que las redeterminaciones no son beneficiosas para las empresas porque se ajustan “por una fórmula” que en ocasiones queda por debajo de los precios de mercado. Consultado sobre la redeterminación de precios, Chediack dijo que “cada vez que el índice supera el 10% hay que redeterminar”.

Villanueva le consultó a Calcaterra si tuvo que solicitar ampliación del plazo de obra durante el período 2003-2015 para construcciones en otras provincias. “Sí, muchas veces pedí ampliación del plazo de obra ya sea por temas de ingeniería, por falta de liberación de la traza de obra, por cuestiones legales, por falta de aprobación de presupuestos. También puede ser por asuntos climáticos, sindicales, hay millones de variables”, especificó. El ex accionista de IECSA y Creaurban, que vendió sus acciones en 2017 a Marcelo Mindlin, también afirmó que es una práctica habitual ceder, transferir o vender los certificados de obra para “fondearse”.

 

Comparaciones odiosas

–¿Qué son los contratos tipo crema? –indagó Villanueva a Calcaterra.

–Son contratos financiados por el Banco Mundial para obras básicamente de reparación y mantenimiento y se extienden por cuatro o cinco años –dijo.

La consulta por los “contratos crema” es porque la pericia oficial ordenada por el Tribunal determinó que hubo sobreprecios pero las partes aseguran que se compararon contratos “tipo crema” con “contratos para obra nueva”. Consultado por la defensa de Báez, el primo de Macri subrayó que “son dos cosas diferentes. Una es una obra pública, que es una obra nueva, donde uno tiene que hacer de cero un proyecto. Y otra es reparar y mantener. Los equipos, los aspectos técnicos y la ingeniería son distintos. No son comparables. Son costos distintos”.

En la misma línea, Juan Chediack dijo que los contratos tipo crema son de “reconstrucción y mantenimiento” y que “no hay comparación posible” con los contratos para hacer obra nueva. “Es un sistema que ideó la Dirección Nacional de Vialidad para darle al contratista la responsabilidad de mantener tramos de 200 o 300 kilómetros durante cinco años. Esto daba una serie de ventajas porque eran contratos a más largo plazo. Se hicieron muchos contratos crema y anduvieron bien”, señaló el ex presidente de la Cámara Argentina de Comercio.

 

El lugar de unx

La acusación insiste en el favoritismo para con las empresas de Báez, que según la auditoría de Vialidad ordenada por Javier Iguacel a principios de 2016 tendrían adjudicado un 78,4% del monto vigente total de obras de Santa Cruz. Chediack dijo que su empresa construye la mayoría de las obras en las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires, donde tienen obradores y son “más competitivos”. “¿Qué significa que son más competitivos?”, preguntó la defensa de Báez. “Que conocemos los yacimientos de piedras, que tenemos tecnologías que hacen que podamos desarrollarnos mejor, que conocemos a los proveedores. Y que no tenemos que hacer traslado de equipos ni tenemos fletes falsos”.

La defensa de Báez pretende explicar que sólo el transporte de asfalto, necesario para la construcción de rutas, si hay que trasladarlo desde las destilerías en Buenos Aires insume un costo enorme porque hay que llevarlo en camiones térmicos, para que no se solidifique, lo que encarece los costos.

Sin información sobre irregularidades

Chediack maneja desde hace 40 años la empresa Chediack Construcciones, que fundó su padre en 1948. Ante los jueces se presentó como licenciado en administración de empresas y antes de que le hicieran cualquier pregunta aclaró: “Amerita que todas las partes sepan que nuestra empresa no participó en ninguna licitación en Santa Cruz. Además, la Cámara Argentina de la Construcción [que presidió en 2015, con reelección en 2016] no tiene delegación en esa provincia. Austral no es socia de la Cámara Argentina de la Construcción y no hemos recibido de nuestros asociados información alguna respecto de irregularidades en la provincia de Santa Cruz”.

 

Lo que sigue

Las declaraciones de los empresarios de la construcción en el juicio Vialidad concluirían con el testimonio de Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América, que estaba previsto para este mes pero se postergó para el 1º de noviembre por razones personales. La próxima audiencia está citada para el 26 de octubre y declararán Paula Oliveto Lago y María Rosa Adorni. La intención de la fiscalía, a cargo de Diego Luciani, es que se refieran a la “estructura política y funcional en Santa Cruz en 2003”, supuestamente “trasladada a Nación cuando [CFK] asume la presidencia en 2007”.

 

 

 

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