De carne somos

 

Cuando Hugo Borrel, dueño del frigorífico ubicado en la localidad bonaerense de Pérez Millán, anunció con su megáfono que “lamentablemente tengo que informarles que Arre Beef ha dejado de funcionar” y responsabilizó por su decisión a “un montón de gente que me llevó a esto”, los trabajadores que lo escuchaban no lo culparon y comenzaron a gritar “¡Luis Pérez fue!”. Ocurrió el 26 de febrero y los gritos hacían referencia al titular del Sindicato de Trabajadores de la Carne, evidenciando que la disputa principal era sindical, protagonizada por trabajadores que gozaron del aval empresarial para la toma de la sede sindical en forma ilegal y que por orden judicial debieron desalojarla el pasado jueves. Las acciones u omisiones de la actual comisión gremial que encabeza Pérez también le permitieron ganarse el desprestigio actual.

El problema recrudeció porque las elecciones sindicales se postergaron producto de la pandemia. La actual comisión, elegida en 2017, tiene su mandato prorrogado pero culmina este año. Una parte de los trabajadores pide la renuncia de Pérez con el argumento de que no los representa. Pero ese no es el mecanismo de resolución. Ante los mil empleados que tiene el frigorífico, es difícil que alguien pueda arrogarse la representatividad de todos por fuera de la vía electoral. Por eso el plenario de la Confederación General del Trabajo (CGT) delegación San Nicolás-Ramallo resolvió el 9 de marzo “defender la fuente de trabajo” y “acompañar a las autoridades electas, con apoyo irrestricto a las autoridades legítimas del Sindicato de Trabajadores de la Carne zona norte de la provincia de Buenos Aires, encabezado por su secretario general Luis Alberto Pérez, que desde el 3 de marzo ha sido despojado por intrusos usurpadores de la sede sindical de Pérez Millán donde además funciona la obra social que ampara a 1.200 afiliados”.

Los trabajadores que forman parte de la protesta exigieron que intercediera la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne presidida por Alberto Fantini. Para la intervención se necesita que renuncie más de la mitad de la actual comisión, cosa que no ocurrió aún más allá de las presiones a las que están siendo sometidos. Fantini le dijo al propio Pérez que no tenía motivos para su renuncia, aunque en su doble juego envió a otro integrante de la Federación para hacerlo renunciar. El Ministerio de Trabajo de Nación dictó la conciliación obligatoria. Los huelguistas dijeron no haber sido convocados a esa mesa porque no tienen representatividad para hacerlo y siguieron con la huelga. La Federación no avisó a la actual conducción sindical de la reunión de conciliación. Borrel, por su parte, anunció el cierre, una estrategia –según manifestó por lo bajo– para lograr que levanten la huelga. Los trabajadores lejos estuvieron de hacerlo y el cierre de la planta le daba razón para continuar.

 

 

Arre Beef es una empresa de construcción familiar de capital nacional que logró una posición en el mercado mundial, con notables ganancias. Siendo su actividad esencial, no ha dejado de funcionar durante la pandemia. Borrel, con sus 73 años, no estuvo presente en la empresa. Fue su hijo, a quien llaman Huguito para diferenciarlo, quien estuvo al frente. Hay quienes manifiestan que buscó una construcción propia de poder. Por eso, al igual que su padre, que construyó una relación con el sindicalista Luis Pérez, buscó hacerlo con quienes se desprendieron de la conducción sindical de Pérez como Marcelo Cardozo, que integraba la comisión pero fue suspendido, aunque no se concretó ese proceso debido a la pandemia. Cardozo fue quien comenzó a agitar las aguas y a señalar que el mal de los males para los trabajadores era Luis Pérez. Pudo moverse en el frigorífico con esa libertad. En un audio enviado a un trabajador se lo puede escuchar expresando que junto a dos compañeros más se reunieron con Guillermo Villa, gerente de recursos laborales de la empresa, a quien le plantearon poder salir temprano el miércoles para ir al sindicato. Ese miércoles 3 de marzo fue la toma ilegal de la sede sindical. La respuesta de la empresa fue dejarlos salir y cubrirles el día pagando garantía horaria. “Y si llegan a ganar hasta le podemos pagar el día completo”, cita Cardozo la respuesta de Villa. Lo que evidencia que la empresa apoyó el conflicto.

Que Cardozo hablara asiduamente con el gerente deja al descubierto que la patronal estaba al tanto de lo que sucedía y decidió jugar. Nadie puede imaginar que un gerente le haya ofrecido el aval en la revuelta sin que estén al tanto sus dueños. Sabían lo que estaba pasando, dejaron hacer, y quienes no tenían representación sindical encontraron un camino con aliado empresarial para presionar. Lo que nadie evaluó es que las acciones se desmadraran por falta de organicidad y por el deseo de querer todo ya, propio de trabajadores inexpertos en lucha sindical. Eso fue lo que desbordó la situación, que nadie pudo encaminar. Eso sí, no faltó el escenario de apoyo al que se subieron dirigentes de todo tipo y color. Hasta Nicolás del Caño y Raúl Castells apoyaron la revuelta en el territorio.

 

 

La Federación le soltó la mano

No solamente un sector de los trabajadores está convencido de que la solución es la renuncia de la comisión directiva que encabeza Pérez. También desde la Federación de la Carne parecen haber optado por el atajo, ya que el jueves fue a Pérez Millán el secretario de la carne de Salto, Miguel Tapia, quien estuvo junto a los trabajadores en huelga y le solicitó a Pérez la renuncia. Dijo estar ahí porque Fantini es persona de riesgo y habló en nombre de la Federación, donde ocupa el cargo de secretario laboral. Dijo que se debería garantizar un salario básico y no una garantía horaria de 100 horas por quincena, ya que es un frigorífico netamente exportador.

 

 

El dirigente expresó que se debían plantear premios de productividad y asistencia. “No podemos hablar en los tiempos que vivimos de destajo puro”, señaló. Piensa quitarle a la sede sindical la obra social. La disputa que tiene el propio Pérez ya deja de ser solamente con un sector de los trabajadores: la propia Federación lo acorrala y Tapia es el hombre que hace ese trabajo. Les dijo que tenían que prepararse para las elecciones aunque también advirtió sobre la vía corta, que es lograr la renuncia de tres dirigentes de la comisión sindical, ya que siete de ellos habían renunciado y con la mitad más uno se lograría la intervención de la Federación, explicó. Una integrante de la comisión sindical actual le manifestó a quien escribe que hasta el momento sus 17 integrantes seguían siendo parte de la misma y no había renuncias. Tapia también expresó que era una vergüenza el lugar donde funcionaba la sede sindical. Lo que no dijo es que se compró un terreno para crear la propia sede, que hoy es alquilada. Que se adquirió cuando el sindicato local no estaba constituido aún, por lo tanto quedó a nombre de la Federación. Si Tapia cree que el error de no contar con sede propia es solamente de Pérez, olvida que la Federación que representa también tiene su responsabilidad.

Difícil creer que la propia Federación que negocia las paritarias nacionales descubra ahora las desidias de Luis Pérez como si se tratara de una persona que recién aterriza como dirigente, ya que tiene décadas en su función, siendo parte de la Federación en lo local. Algunos puntos que señaló el dirigente de Salto tienen su razón de ser, aunque resulta difícil verlo a Borrel accediendo inmediatamente a esos planteos, más allá de que significarían chauchas y palitos a las ganancias que obtiene como frigorífico exportador. En la crisis de 2001 supo pagar las tasas municipales a través de bonos cárnicos, que eran con lo que el municipio le pagaba a la vez a sus empleados.

En enero de 2001 los trabajadores del frigorífico Arre Beef de Pérez Millán cobraban los planes trabajar, llamados Planes Barrios Bonaerenses, de 200 y 160 pesos. El frigorífico faenaba en esa época entre 14.000 y 15.000 cabezas de exportación por mes. Si bien existía el decreto 448/2001 por el cual se subsidiaba a los frigoríficos por el desfavorecimiento de la fiebre afstosa, esa norma era del 20 de abril de 2001 y los planes Barrios Bonaerenses –netamente para desocupados– los cobraban desde enero, según constaba en el recibo salarial del denunciante Raúl Barreto. Borrel sostenía el empleo con aportes del Estado, con planes para desocupados. Hasta un gerente y su sobrina lo recibían. Aunque cuando el frigorífico paraba su producción, porque su labor no era total, los trabajadores no recibían el plan de asistencia a desocupados. Borrel manifestó en mayo de 2002 que todo había sido gestionado por la Federación de la Carne y el sindicato, haciendo responsables a sus socios de siempre, que en épocas donde el riesgo empresarial debía asumirse para solventar la crisis se mantuvo oculto y así fue que se buscó y obtuvo el auxilio del Estado. Según el propio Borrel, no fue él quien se gastó en golpear esa puerta, fue la misma Federación, la que ahora busca intervenir a uno de los suyos.

El frigorífico paga en tiempo y forma por quincena. En tiempos de baja producción, lo que perciben los trabajadores disminuyó. Una fuente del Ministerio le informó al concejal Leandro Torri, del Frente de Todos, que vive en Pérez Millán y ha estado activo ante el conflicto en búsqueda de una solución, que el frigorífico en condiciones normales le inyecta cada 15 días 60 millones de pesos al circuito local. El salario promedio es de 60.000 pesos. Pero las condiciones no son normales y sobre todo con un conflicto gremial que con el correr de los días posiblemente se resolverá. Poco espacio le queda a Luis Pérez porque la Federación le soltó la mano. Si su situación con los representados era regular antes del conflicto, después de la toma de la sede, donde los trabajadores mostraron mercadería sin entregar, cajas navideñas, guardapolvos y lámparas de bajo consumo, su imagen se desgastó todavía más. Aunque lo acusaron de corrupto, ninguna denuncia fue formulada y tampoco existe una prueba para sostener esa vaga afirmación. Lo cierto es que una revuelta con apoyo patronal salió más que cara y si se siembra el antecedente de que toda disputa gremial puede resolverse por otra vía que no sea la electoral, la situación podría complicarse.

 

 

 

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