De Angelici a Lanata

 

Le dicen Área 50, casi en código de espionaje. Es el Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Pero el nombre no es una clave. Es así porque alguna vez estuvo ubicado en la calle Paso 50.

 

 

El Área 50 es la encargada de la inteligencia interna del universo de las cárceles federales, un espacio activo al que las políticas de desclasificación de archivos del periodo 2003-2015 nunca pudieron llegar. Hoy recoge entre sus principales tareas una de las prácticas más habituales del sistema penitenciario para controlar a su población. La infiltración. Según pudo saber este Cohete, uno de los nuevos objetivos son los ex funcionarios y empresarios recluidos en el Pabellón de Ezeiza. Allí, en este momento, hay destinado un pequeño grupo de agentes de inteligencia infiltrados entre los celadores. Están ahí para hacer lo que hacen los espías. Anotar. El mecanismo completamente ilegal y escandaloso está naturalizado entre guardiacárceles, directores de penales e incluso en parte de la justicia penal. Montado sobre el supuesto del paradigma de la seguridad interna, es una práctica destinada a espiar a un universo político pero también personal.

 

 

 

 

El sistema no es nuevo, pero está bajo la mira desde la explosión del caso D'Alessio. Las escuchas que salieron del pabellón del Módulo 6 donde están alojados los funcionarios del gobierno anterior desataron las primeras sospechas sobre la supervivencia de una dinámica denunciada en los '90 porque usaba a los presos comunes para robar. El problema ahora se agrava no sólo por las características de los presos. Ni por la sensibilidad del tráfico de datos que afectaría el derecho a defensa. O datos que, incluso, podrían jugar en la campaña electoral. Se agrava sobre todo porque los presos están detenidos bajo un sistema especial que presupone que esto no es una práctica aislada.

El sistema es conocido como IRIC (Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad). Se implementó el año pasado. Estableció nuevos espacios para estos presos, cambió la lógica de guardias, con selección especial de personal y rotaciones. Y diseñó mecanismos de vigilancia permanentes con cámaras de seguridad. Hasta ahí el modelo fue difundido por el gobierno como un éxito. El IRIC hoy es parte central de la agenda del ministerio de Justicia. Y del SPF. Hay guías. Manuales. Seminarios internacionales. Y el gobierno difundió su implementación como sistema modelo en todo tipo de programas de televisión. Nadie sin embargo habló del aparato de infiltrados en los espacios internos de los pabellones. El silencio no es un problema. Lo que es un problema, en realidad, es que esa inclusión parece un eje estructural del modelo. Y desarrollado sobre detenidos que provienen de espacios de la oposición, la dinámica genera una suerte de estado de legalización para el espionaje político.

Acá está Jorge Lanata en la cárcel de Ezeiza. Una visita al Pabellón de mujeres del IRIC, de agosto de 2018. En ese momento, el espacio se preparaba para alojar a Cristina Fernández. O a su hija. El propio Lanata con su programa permite saber qué decía y qué no decía el gobierno en la difusión. ¿A alguien le sorprendería que esta operación se reanudara, ahora que comenzó el juicio oral a Cristina y que Stornelli debe presentarse ante el juzgado de Dolores?

 

 

 

La cadena de mandos

El IRIC depende del Servicio Penitenciario Federal. Y el Servicio Penitenciario Federal depende del Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques. "Destacamos el trabajo y la entrega de los agentes y el profesionalismo del programa IRIC demostrando día a día su compromiso y profesionalismo", dijo JB Mahiques al diario La Nación. Ya designado Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, pese a la impugnación de organizaciones de la sociedad civil por el doble mérito de falta de preparación y de independencia, JB Mahiques es conocido como parte de una línea de parentescos cruzada con los servicios de inteligencia. Su hermano Ignacio Mahiques es uno de los fiscales que impulsó el juicio por la obra pública a CFK y a sus 33 años fue propuesto por el gobierno para el juzgado federal de Mercedes. Ambos son hijos de Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal, juez de Casación nombrado a pedido de este gobierno y vinculado al siempre enigmático universo del presidente de Boca, Daniel El Tano Angelici.

Los penitenciarios reconocen en esa estructura su cadena de mandos. El Director Nacional del SPF es el mismo desde 2014: Emiliano Blanco. Blanco fue jefe de asesores de su antecesor, Alejandro Marambio. Marambio duró seis meses en el cargo tras reemplazar a Víctor Hortel. Desde el cambio de gobierno, Blanco ejerce una dirección que sus subordinados no le reconocen. De acuerdo al diagnóstico de quienes visitan el sistema federal, en este momento las unidades penitenciarias están gobernadas directamente por cada director sin injerencia de la Dirección Nacional. Cada cárcel es un territorio autónomo. Y cada espacio tiene sus propias reglas.

"En este momento, adentro está todo mal", señala una de estas personas. "Está mal el mantenimiento de los lugares, está mal la situación de las personas en prisión y también está mal el sistema de inteligencia". Esa lógica que antes era distinta por la presencia constante en el territorio de lo que significa para los penitenciarios la figura del Director Nacional, ahora habilita una lógica de gobierno que también es desgobierno. En ese contexto, cuando los penitenciarios hablan de las jefaturas, lo dicen claro y sencillo: Blanco está pintado y fue devorado por Los Mahiques.

 

 

Las prácticas

Como todas las fuerzas de seguridad, también el SPF tiene un área de Inteligencia. El Área 50 no es nueva. Ni tampoco los escándalos. A fines de los '90, el entonces juez de instrucción Alberto Baños investigó al SPF primero por la muerte de un cabo de la Federal en el restaurante Dolli, luego por salideras para robar y más tarde porque los presos de Devoto le contaron que los agentes de Inteligencia les daban la información de los lugares para robar. Patricia Bullrich era directora de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Alianza. En 1998, relevó a la cúpula del SPF, pasó a disponibilidad a más de 200 agentes y disolvió la entonces Dirección de Inteligencia. Dirección que ahora es Departamento, y desapareció sólo transitoriamente.

 

 

En los papeles, el Área 50 cumple las funciones de cualquier otro departamento de inteligencia. Tiene capacidad operativa para hacer intervenciones telefónicas y escuchas directas, desgrabaciones y análisis de la información. Eso significa que no sólo desgraban en un papel, sino que pueden interpretar y contextualizar lo que escuchan. También tienen gente operativa en los penales para inteligencia interna. Eso significa que pone infiltrados. Y también utiliza a detenidos como informantes. Los detenidos permanecen en los pabellones de origen o cambian de pabellón. En general, a cambio de alguna compensación. Pese a que esto es un mecanismo ilegal y extorsivo por la evidente desigualdad de condiciones, también es una de las prácticas naturalizadas entre los directores de las cárceles.

Según surge de la información recogida en estos días, todo esto funciona de modo permanente. No sólo lo hace el Área 50. Sino también los directores de los penales. O ambos articulados. En la lógica del SPF, esta arquitectura tiene un sentido: impedir fugas, motines y cualquier tipo de organización entre los presos. El problema es la zona gris. Legalmente, todo el dispositivo debería activarse con un requerimiento judicial. Pero suele ponerse en funcionamiento sin intervención de la Justicia.

"Los directores no pueden decirlo, pero usan por ejemplo las escuchas", vuelve a explicar la persona que trabaja con informantes de este espacio. "No pueden decirlo porque eso es una invasión a la intimidad de las personas. Pero las usan. Legalmente suelen cubrirse. Los directores tienen capacidad operativa para hacer las escuchas porque los jueces pueden pedirlas. Cuando los jueces la piden, escriben un papel. Dejan la orden escrita. Y al dejarla por escrito, los directores tienen un argumento. Después usan el argumento legal para otra finalidad".

 

Carrió

Cuando estaba a punto de estallar el caso D'Alessio, hubo varios movimientos en simultáneo. Un allanamiento y a continuación un tweet de la diputada Elisa Carrió. Luego El Cohete publicó la primera noticia. Y más tarde, Carrió presentó una denuncia penal con una escucha por una supuesta operación de los presos K para sacar al fiscal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos. El origen de las escuchas todavía es un misterio. Pero un sector de la Justicia tiene la sospecha de que salieron del SPF.

De febrero a ahora, otras dos personas apuntaron en esa dirección. Eduardo Valdés, uno de los espiados. Y Humberto Próspero, abogado del contador Daniel Pérez Gadín, también detenido en Ezeiza. Próspero presentó un hábeas corpus colectivo. El pedido fue desestimado por la Cámara Federal de La Plata, pero la denuncia tiene datos importantes. El abogado mencionó el Área 50, las escuchas y el circuito. Explicó que todos los pabellones del IRIC habían comenzado a recibir a detenidos de causas de narcotráfico. Que de esta manera el SPF podía obtener una cobertura para controlar las comunicaciones. Que las escuchas son entregadas al SPF, al Ministerio de Justicia, a la Agencia Federal de Inteligencia, al Poder Ejecutivo y, entre otros, al fiscal Stornelli. Y que son usadas para “realizar operaciones político-mediáticas que buscan dañar nuestra imagen, destruir nuestra autoestima y doblegarnos para convertirnos en arrepentidos”.

Pues bien, ¿qué pasó con esas escuchas? Hasta ahora las investigaciones fueron en dos vías. Unas rastrearon el supuesto complot. Y otras el origen. La denuncia de Carrió quedó en el juzgado de Bonadío. Bonadío pidió al juez federal de Lomas de Zamora los CD para chequearlo.

La desgrabación está presentada en un formato extraño. Dice información secreta. Menciona una referencia. Y el nombre de la operación: Aguape III.

 

A diferencia de los informes oficiales de la AFI —con membrete—, los papeles no tienen referencia del organismo que hizo la desgrabación. En el primer párrafo hay una indicación de las supuestas razones legales en las que se habrían realizado. Hablan de una intervención pedida por el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, sobre Mario Segovia, el denominado rey de la efedrina. Hoy se sabe que esa investigación efectivamente existía. Villena tenía intervenido los teléfonos desde hacía dos años. En la escucha dio intervención a otras dos áreas: en la parte operativa intervino la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) de la Corte Suprema en la que trabaja el hijo de Stornelli. Y la AFI en la desgrabación. También se sabe que de ese circuito no salieron las escuchas. Al menos no salieron legalmente porque ni Villena, ni la Corte, ni la AFI las reconocen.

Cuando el juez Claudio Bonadío pidió el CD, Villena le dijo que no lo tenía porque lo había destruido. Según dijo, la Corte había pasado el CD sellado con código de barras a la AFI. La AFI recibió el sobre. Lo desgrabó. Y luego le mandó a Villena, sobre y CD. Villena usó lo que necesitaba. Y luego destruyó el CD. Un procedimiento que hace habitualmente. Si alguno de los organismos se quedaron con copia del CD, es un delito porque no podrían haberlo hecho.

Todo esto muestra entonces que hoy no habría CD. El original está destruido. Sin embargo, de algún lugar salieron las escuchas. Valdés por ejemplo está convencido de que quien las entregó pudo haber sido el propio D'Alessio. Una revisión de los primeros mensajes de Carrió, sin embargo, parece descartarlo.

• El miércoles 6 de febrero, el juez Alejo Ramos Padilla allanó por primera vez la casa de Marcelo D'Alessio en el country Saint Thomas. La noticia todavía no se conocía.
• El jueves 7 de febrero, Carrió difundió el primer tweet. Allí alertó sobre una campaña contra Stornelli con eje en el juzgado de Dolores. Pero no hizo una sola mención al presunto complot de los presos de Ezeiza.
  

  El Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al Fiscal Stornelli. Vamos a poner en conocimiento mañana al Juez de la causa.

  — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 8, 2019

   

• El 8 de febrero a la madrugada El Cohete a la Luna hizo la primera publicación del caso, incluido el allanamiento.
• Recién el 12 de febrero, Carrió habló del complot en un programa de radio. El dato fue retwitteado por Mariana Zuvic.

“Si tienen este poder desde la cárcel, imaginen lo que aún maneja el resto de esta mafia y CFK estando libres” #OperetaKContraStornelli
Les comparto la entrevista con Fernando Bravo en @Continental590 https://t.co/FoxVfFkgCp

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) February 12, 2019

 

Si esta línea es correcta, Carrió recibió las escuchas después de 8 de febrero y antes del 12. De lo contrario, las hubiese usado antes. El día 12 de febrero, D'Alessio envió a Paula Oliveto aquellos mensajes difundidos por Ramos Padilla durante la declaración en el Congreso. D'Alessio decía que sabía de dónde venía todo, que todo venía de la interna de la interna, y que tenía 164 megas de información para darle con todos los datos.

—No, es tremendo lo que descubrí hoy —dijo—. Lo hice solito, negra, sin nada, pero, bueno, vale la pena por cómo dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos, pero vale la pena. Son 164 megas. Decime qué carajo hago con eso, lo mando en un pendrive en un sobre con alguien a nombre de Martín Catalano para que te lo den, no sé, hay que desgrabarlo, no sé.

Eso es lo que habilita las sospechas de quienes creen que D'Alessio les dio parte de toda esta información a su equipo de mujeres denunciantes. Pero, nuevamente, el cotejo de fechas abre una duda. Hoy se sabe que las escuchas difundidas por la diputada son ilegales. No hay juez que diga haberlas solicitado. Ni organismos de inteligencia que digan haber participado. En ese contexto, todavía no se sabe qué pasó con el Área 50. Si es cierto que en ocasiones el SPF acude a una orden judicial para justificar una intervención con otros fines, significa que también esto pudo ser posible. Tal vez, la interna de la interna, como dijo D'Alessio. O una línea Angelici pura en medio de la operación.

 

 

 

 

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