DAME FUEGO

Montajes de Bullrich con halcones y helicópteros sobre la Patagonia

 

La ofensiva neoliberal en esta etapa en la Argentina tiene por objetivo central los bienes de la naturaleza que necesitan los capitales más concentrados en la conducción de la carrera global por el control de energías, tecnologías y alimentos para las poblaciones elegidas por los sectores hegemónicos. Y esos bienes están en su gran mayoría en espacios que son territorios ancestrales de los Pueblos Originarios, preexistentes al Estado –con población nativa en ejercicio de la posesión real, o al menos reivindicados como territorios tradicionales indígenas–, tanto en la Argentina como en todo el Abya Yala (la denominación de América en lengua kuma, adoptada en 1977 por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas) .

A 533 años de nuestra pérdida de autonomía ante Occidente, en el continente se despliegan estrategias neocoloniales que atacan a los Pueblos Originarios en tanto sujeto político y social con identidad propia diferente a otros actores de las democracias contemporáneas. Aunque la relación entre capitalismo y democracia siempre fue conflictiva, los Pueblos Originarios complejizaron esa ecuación, ya que tienen formas organizativas, tiempos, presencia territorial y alianzas sociales diferentes a las de la lógica de la república parlamentaria, con un recorrido propio en la Argentina desde su consolidación, que se dio en forma contemporánea a la recuperación de la institucionalidad de los '80.

La crisis climática global producto de la industrialización resignificó la agenda medioambiental y, a nivel continental y local, volcó la mirada hacia las poblaciones nativas, que sostienen formas de vida en el territorio en equilibrio con/en la naturaleza. Esa mirada, desde las dirigencias y élites gobernantes, desarrolló discursos y algunas prácticas políticas que nunca rompieron con la hegemonía eurocentrista. Como mucho se reconoció a las poblaciones originarias como “objetos de políticas públicas”, pero no como ciudadanos de pleno derecho –y mucho menos como pueblo–, tomando los planteos del indio Partha Chatterjee.

En la respuesta desde abajo, en la Argentina que se presume blanca y venida de los barcos irrumpió la respuesta continental amasada en torno a los 500 años de la conquista europea y la perspectiva del pensamiento decolonial. Las trayectorias de los movimientos indígenas y las democracias en Ecuador, Bolivia y Brasil, por caso, nos enseñaron sobre los corset a los ensayos de Estados plurinacionales en países con alto porcentaje de población originaria viviendo en espacios rurales. La respuesta de distintos y sucesivos gobiernos de Chile para el conflicto en la Araucanía mostró que la estrategia de la militarización es perfectamente compatible con nuestras democracias de baja calidad.

Así es que el plan o proyecto propio de La Libertad Avanza para los Pueblos Originarios necesariamente debe entenderse y vivirse en esa trayectoria de la ofensiva neoliberal que inauguró en la Argentina la gestión del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz en diálogo con Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990) y Ronald Reagan (1981-1989). La presencia del Presidente Javier Milei en la asunción del segundo mandato del Donald Trump nos impide olvidarlo.

 

Motosierra y comando unificado

Las políticas que afectan directamente a los Pueblos Originarios son las ligadas a la vida institucional de los pobladores organizados en comunidades, la demanda de los territorios ancestrales, la militarización de los espacios de vida y producción, la matriz de desarrollo (neo)extractivista, el incumplimiento de compromisos internacionales de protección a derechos propios de Pueblos Originarios y de Derechos Humanos, la promoción de inversiones en territorios comunitarios, la judicialización de la política y la asfixia a la economía de subsistencia, entre otros.

La siguiente es una enumeración de medidas, que requieren profundizarse en otro momento:

  1. Dejó de aplicarse la ley nacional 26.737 de restricciones a la compra de tierra rural por parte de extranjeros, incluida en el macro DNU del 21 de diciembre de 2023 y judicializada.
  2. Por un DNU, el gobierno finalizó el 10 de diciembre pasado la emergencia de los territorios indígenas dispuesta en 2006.
  3. Disolución del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), organismo que cumplía con el mandato constitucional del derecho a una personería jurídica, en setiembre del año pasado.
  4. Creación del Consejo federal de políticas indígenas en setiembre, espacio político de acuerdo con los gobiernos provinciales y sin gente indígena hasta ahora.
  5. Disolución por decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) en agosto.
  6. Vaciamiento y paralización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
  7. Afianzamiento de las ONG dentro de la gestión integral de los Parques Nacionales.
  8. Desfinanciación y desmantelamiento de las brigadas contra incendios forestales y Plan Nacional del Manejo del Fuego, instrumentos fundamentales para la integridad de territorios de alto valor ambiental.
  9. Creación de un Comando Unificado de Seguridad Productiva para blindar áreas productivas, especialmente pensadas para Vaca Muerta, el triángulo del litio y puertos, que va plasmando el plan de seguridad productiva lanzado en junio a la medida de los grandes capitales.
  10. Y, por sobre cualquier minucia administrativa del Estado, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que remata no las joyas de la abuela, ya hipotecadas, sino los bienes de la naturaleza (suelo, subsuelo, mar continental, aguas superficiales y subterráneas, oxígeno, vientos).

 

Federalismo sui géneris

Los primeros días de diciembre pasado, la ministra de Desarrollo Humano de Chubut, Florencia Papaiani, firmó con el presidente del INAI, Claudio Avruj, un convenio para continuar con el programa de relevamiento territorial de pueblos indígenas. El funcionario nacional estuvo en Esquel en octubre de 2017, cuando se produjo el “hallazgo” oficial del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, en su función de secretario de Derechos Humanos de la Nación. Así es que sabe bien lo que se juega en la región.

En setiembre firmó un convenio similar con Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. También lo hizo con Neuquén. Jorge Nawel Purran, coordinador de la zonal Xawvunko de la Confederación Mapuche de Neuquén, interpretó que “la caída del relevamiento que disponía la ley de emergencia obliga al Estado provincial a hacerse cargo de la obligación constitucional de regularizar la tierra (mensurar y titularizar). La ley era justamente para resolver la emergencia, sin tratar el fondo”.

La gente organizada en torno a la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro buscaría avanzar sobre las obligaciones propias de la provincia, estrategia que se discutiría por estos días en füta trawun (gran parlamento) en Wawel Niyeu (Ingeniero Jacobacci).

La Constitución de Río Negro reconoció los derechos de los pueblos indígenas en 1988 (artículo 42), la de Chubut en 1994 (artículo 34) y la de Neuquén en 2006 (artículo 53). En este federalismo, las cortes supremas de justicia locales juegan un papel fundamental armando jurisprudencia en favor de la consolidación del despojo de los territorios por parte de los capitales privados, así como por parte del propio Estado, como el caso en que se fundaron localidades enteras sobre espacios ancestrales. Villa La Angostura y Villa Pehuenia son tristes casos paradigmáticos en este sentido, como así también la localidad de El Huecú, cuyo ejido se emplazó en tierras de dos comunidades mapuche para no molestar a los propietarios de una vieja estancia. La familia propietaria de esa estancia en la cordillera es la misma de la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén.

 

Los incendios del manual de baja intensidad

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, continúa con su agenda propia respecto al pueblo mapuche. Si hay un lugar donde se siente como en su casa es en Chubut, con el gobernador Ignacio Torres. El 9 de enero se formalizó el desalojo de la Lof Paillako a pocos kilómetros del Parque Nacional Los Alerces, un escenario local preparado con tiempo, según puede reconstruirse. Como era previsible, allí no falta el fuego, tal como indica el manual del conflicto “de baja intensidad” inaugurado en La Araucanía hace mucho tiempo; además fue armado de acuerdo a los documentos de Santa Fe I, II, III y IV, impulsados por los sectores hegemónicos del complejo industrial-militar de Estados Unidos para el control hemisférico bajo las reglas de la democracia, redactados entre 1980 y 1986.

 

Cristian Larsen, titular de Parques Nacionales, también presente en el montaje en Los Alerces.

 

En Bariloche, en agosto, se realizó una capacitación y actualización sobre prevención de incendios entre las máximas autoridades de la Administración Nacional de Parques Nacionales y la embajada norteamericana. El encuentro no pudo ser más oportuno, ya que el 25 de diciembre se inició un incendio al sur de esa ciudad que lleva consumidas cerca de 6.000 hectáreas de bosque nativo y se estima que recién se aplacará hacia marzo o abril, con el descenso de la temperatura. El área afectada por el incendio Los Manzanos empezó a superponerse con las 6.400 hectáreas que consumió el fuego en 2022. Los escenarios futuros del sector del lago Martin, próximo al valle medio del río Manso, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, necesitarán un análisis detallado y bien informado, ya que podría estar íntimamente relacionado con la militarización y persecución en Villa Mascardi.

Por esos mismos días y con la Ley de Emergencia volteada por decreto, el estudio jurídico que representa al grupo Benetton en la Argentina reactivó ante la justicia local su reclamo por hacer efectivo el desalojo de la lof Santa Rosa Leleque, reafirmada como territorio tradicional por la familia de Rosa Nahuelquier y Atilio Curiñanco en 2002. En febrero, al finalizar la feria judicial de verano, seguramente el Poder Judicial mostrará la jugada, de acuerdo a lo que advirtió Liliana Curiñanco, werken de la lof, en conferencia de prensa realizada en las afueras de Tribunales en Esquel el jueves pasado.

Una cronología básica que puede servir:

  • El lunes 2 de diciembre, Torres y Bullrich junto al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, lanzaron el Comando Unificado en la ciudad.
  • El jueves 9 de enero al mediodía la ministra Bullrich llegó a Esquel en helicóptero. Se reunió con Torres y encabezaron el desfile público en el territorio que Paillako había dejado voluntariamente antes.
  • El miércoles 15 al mediodía se inició el primer foco de incendio dentro del ejido urbano de Epuyén, que dejó más de 70 familias sin vivienda y se mantiene activo en alta montaña, consumiendo al menos 3.000 hectáreas de bosque nativo y plantaciones industriales de pino exótico.
  • El sábado 18 a la madrugada se produjo un incendio intencional en la estancia Amancay, a menos de 20 kilómetros de la localidad de Trevelin. Torres fue a la Fiesta de la Cereza en Gaiman, donde el público lo abucheó por su papel en los incendios.
  • Para el domingo 19, Weretilneck le tendió una mano: la policía rionegrina, de madrugada, golpeó y encarceló en El Bolsón a Facundo Jones Huala, lonko de Resistencia Cushamen.
  • El lunes 20, Torres se reunió con gente mapuche para plantear “tolerancia cero” para los falsos mapuche y mesa de diálogo.
  • El 22, la provincia lanzó al Comando Unificado Esquel a la cacería de los presuntos autores de los ataques incendiarios de los últimos años y los “falsos mapuches”

Los Alerces, Epuyén, Trevelin: todos en un estrecho radio, siempre en la franja cordillerana cercana a Esquel. A esos puntos, Benetton sumó silenciosamente Leleque, sobre la ruta 40.

El gobierno nacional transparentó que fue el motor del desalojo dejando en un lugar decorativo a Guido Otranto, juez federal de Esquel que ordenó la medida. Días después, Avruj confirmó que las reivindicaciones territoriales son un tema de seguridad.

 

Después del atropello a Paillako, Torres buscó una foto con los indios amigos, pero de más de 200 comunidades sólo un par estuvieron presentes.

 

Qué hay de nuevo

“Antes de llegar al gobierno ya habían presentado un proyecto de derogación de la ley 26.160 de Emergencia de los Territorios, que llevaron a la práctica por decreto en diciembre del 2024, interrumpiendo los relevamientos que estaban en marcha. Dejó el tema en mano de las provincias, con menor capacidad de maniobra ante los capitales en caso que tuvieran vocación de poner algún freno”, recordó Magdalena Odarda, titular del INAI entre enero de 2020 y agosto 2022, durante la gestión de Alberto Fernández. Victoria Villarruel, al asumir la presidencia del Senado, cerró la única comisión parlamentaria nacional que analizaba temas de interés de los pueblos originarios, añadió.

Más que las políticas concretas, Gabriel Jofré, werken de la organización Malalweche, que agrupa a 26 comunidades mapuche del sur de la provincia de Mendoza, está alerta sobre la ideología de fondo de Milei, sobre las nuevas formas del neofascismo “aunque parezca antiguo”, advirtió. En un tono parecido se expresó Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento rionegrino, que este fin de semana deja ese rol a otro lamngen: “Dirigentes indígenas de Perú ya caracterizan como dictadura al régimen que viven”.

“La vida está en riesgo. En la calle miramos a los policías y vemos a gente mapuche. Somos mayores, sufrimos las consecuencias del despojo. No queremos que una multinacional imponga a toda la sociedad su forma de vida. La mapu juntará sus fuerzas y hablará”, planteó Benito Cumilao, al acompañar a Santa Rosa en la conferencia de prensa. “Esto va más allá de un desalojo. Recordemos lo que fue (el pacto) Repsol (YPF). Tenemos que juntarnos todo para decir no”.

 

 

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