Curso acelerado de autodefensa legal

 

Con fecha 10 de septiembre de 2021, la Procuración General de la Nación resolvió iniciar un sumario administrativo al doctor Carlos Stornelli, titular de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4. ¿El motivo? Lo señala la propia resolución MPF 245/21: “Esa investigación tendrá por finalidad establecer si la intervención del doctor Carlos Ernesto Stornelli en las causas CFP 10456/2014 y 12255/2016 con los alcances descriptos, involucró un interés personal y si de alguna manera se puso en duda su objetividad y ajenidad respecto de los hechos objeto de los expedientes indicados y de las personas involucradas en ellos".

"De comprobarse esa hipótesis, podría configurar una violación al deber genérico de observar buena conducta (art. 62, último párrafo, de la Ley 27148, art. 13 de la Ley 24946 y art. 2 del reglamento disciplinario aprobado por Res. PGN 2627/15), y las faltas graves de 'ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia (...) la obstaculización del trámite o del servicio de justicia' y de 'no excusarse dentro del tiempo que corresponda a sabiendas de que existen motivos para su apartamiento' (art. 68, incis. g y h, de la Ley 27148, respectivamente)”.

Básicamente el sumario investiga si el fiscal Stornelli intentó apropiarse de un tramo de la causa de Dolores, en la que era imputado y hoy está procesado. Específicamente se trató del tramo que refería a la causa “Gas Licuado”.

Veamos cómo empieza esta historia. En la causa de Dolores se detuvo e investigó a un presunto espía, llamado Marcelo D’Alessio. Dentro de la documentación que se encontró en su poder había documentación que refería a la causa “Gas Licuado”. Causa en la que, como testigo espontáneo, D’Alessio se había presentado ante Stornelli a declarar, aportando además mucha documentación obtenida ilegalmente. El fiscal de la causa GNL era precisamente Carlos Stornelli. Esa declaración de D’Alessio era importante para resucitar la causa, que a esa altura ya contaba con un perito acusado de falso testimonio –David Cohen—, y ello había determinado la nulidad de los procesamientos dictados.

¿Y por qué querían resucitar la causa “Gas Licuado”? Porque Stornelli y Bonadío querían usarla para hacer el forum shopping que les permitió quedarse con la causa Cuadernos sin pasar por sorteo.

Cuando el juez de Dolores le pidió la causa “Gas Licuado”, Bonadío no se la envió y finalmente dictó una inhibitoria, para que la causa y el tramo referido a la participación de Marcelo D’Alessio quedasen en Comodoro Py. Pero resulta que, al momento de que Bonadío dictó la inhibitoria, Stornelli ya estaba declarado como rebelde por el juez de Dolores e imputado de delitos varios, por los que finalmente sería procesado y hoy está al borde del juicio oral.

¿Puede un fiscal ser acusador y acusado en causas vinculadas? No, no puede. Ya lo señaló el Consejo Asesor que analizó la cuestión del sumario a Stornelli y que consignó al respecto la resolución que lo ordena. Se solicitó opinión al Consejo Evaluador, cuyos integrantes entendieron que "la integridad de la actuación del Ministerio Público Fiscal pudo haberse visto comprometida si, en el momento en el que el fiscal Stornelli participó en las discusiones sobre la competencia de distintos hechos, tuvo conocimiento de que se le atribuían éstos, parte de éstos u otros conexos que eran investigados en una de las jurisdicciones en disputa”.

Asimismo afirmaron que en términos de mesura y a los fines de evitar perjuicios en la tramitación del expediente, hubiese sido recomendable la excusación del fiscal.

Ante ello, convinieron en la necesidad de “llevar a cabo una investigación sumarial en la que se determine con exactitud todo lo relativo a las circunstancias temporales y de conocimiento por parte del fiscal de ambos expedientes, especialmente de aquel en que se encuentra imputado”.

Verán que Stornelli, en lugar de apartarse de la causa Gas Licuado, consintió el pedido de inhibitoria de Bonadío, cuyo resultado sería que el tramo que se investigaba en Dolores sobre la participación de D’Alessio en esa causa quedara bajo su control como fiscal. Y fuese trasladada la investigación a Comodoro Py. Y coincidente con los también coincidentes pedidos como acusados de D’Alessio y Stornelli para que la causa sobre maniobras de espionaje ilegal pasara de Dolores a Comodoro Py. Y eso es precisamente lo que funda el sumario disciplinario a Stornelli.

No es la primera cuestión de esa naturaleza que atraviesa el fiscal. También en la causa Cuadernos, siendo fiscal en ella, Bonadío pidió el acceso a las escuchas ilegales del Penal de Ezeiza. Escuchas que Stornelli presentaría como parte de su defensa. ¿Podía Stornelli ser fiscal en una causa en la que se requería prueba que Stornelli usaría para su defensa? No, no podía. Detalles que a Comodoro Py les resultan intrascendentes… como la ley misma.

Y en el mismo lodo, todos manoseaos, dice el tango. Porque este cruce de roles entre funcionarios judiciales que deciden en causas y que luego tienen que defender por aspectos vinculados a esas mismas causas se ha vuelto moneda frecuente.

Veamos un ejemplo bastante escandaloso. En Lomas de Zamora se inició una causa donde se investiga un fenomenal plan sistemático de inteligencia ilegal. En el marco de esa causa se secuestró el celular del secretario privado de Mauricio Macri, llamado Darío Nieto. Macri, Nieto, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y los demás acusados de espiar de modo ilegal, así como la mayoría de los macristas espiados, solicitaron que la causa de Lomas de Zamora se traslade a Comodoro Py. La misma curiosa coincidencia de la causa de Dolores, donde Stornelli y D’Alessio solicitaban lo mismo: que la causa vaya a Comodoro Py.

¿Quién intervino en el pedido de traslado? El camarista Mariano Borinsky. Que entre otras cosas figura en el celular de Darío Nieto, secuestrado en esa misma causa. La nota de Nieto que está en su celular dice: “Hablar con Borinsky. Tema denuncia administrativa y penal”. Detalle no menor es que además Borinsky está denunciado por sus visitas frecuentes y no declaradas a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada. Dicen Borinsky y Macri que solo se reunían a jugar al tenis. Y tengo que señalar que, salvo que el torneo de tenis se llamase “denuncia administrativa y penal”, la anotación de Nieto da cuenta de que no solo practicaban un deporte. Pero Borinsky intervino igual y resolvió que la causa donde está el celular que lo incrimina se traslade de Lomas de Zamora a Comodoro Py. Y resolvió en dicha causa pese a la oposición expresa del Colegio Público de Abogados, entre otros.

El Colegio Publico de Abogados es parte en esa causa, porque desde el año 2019 reclama por las escuchas ilegales que se le hacían a los abogados y detenidos en el penal de Ezeiza. Detalle que no hay que pasar por alto: esas escuchas del penal son las mismas que reclamó Bonadío para tener acceso a ellas y que presentó Stornelli para defenderse de la causa de Dolores.

Trasladada que fue la causa, Darío Nieto solicitó la nulidad del secuestro de su celular. Dato de color que no hay que omitir: al momento de realizarse el secuestro, Darío Nieto se encerró en su auto y se puso frenéticamente a borrar mensajes. Actualmente el tema de la nulidad está en la Cámara Federal, Sala 1. ¿Saben quiénes tienen que resolver sobre si existe o no nulidad? Dos jueces. Uno se llama Pablo Bertuzzi. Designado a dedo por el macrismo como miembro de esa misma Cámara. ¿Adivinen si figura en el celular de Darío Nieto? ¡¡¡Sí, señores!!! Acertaron. Figura en el celular de Darío Nieto.

El otro juez que debe resolver se llama Mariano Llorens. Uno de los tantos jueces que concurrieron a visitar a Macri a la Quinta de Olivos. Y que se sepa, no destaca como tenista.

Ninguno de los dos jueces tuvo el decoro o el buen gusto de apartarse de la causa de Lomas de Zamora. Y debieron hacerlo. Ambos están impugnados.

El único juez de Comodoro Py que intentó apartarse fue Gustavo Hornos. Hoy presidente de la Cámara de Casación Penal Federal. Alegó “motivos graves de decoro o delicadeza”. Hornos fue otro de los visitantes frecuentes de Mauricio Macri, pero recién ahora se acordó de que debía apartarse. Porque resolvió muchas causas sin contarles a sus colegas de la Casación sobre sus visitas. Y cuando esas visitas tomaron estado público y sus colegas le reclamaron, señaló que tenía un trato amistoso con Macri. Sus colegas no le permitieron apartarse en la causa en la que él reclamó poder hacerlo.

Pero si ustedes creen que estas barbaridades solo ocurren en Comodoro Py, tengo que desengañarlos. La cabeza del Poder Judicial, que es la Corte de Suprema Injusticia de la Nación, tampoco tiene muy claro en qué causas debe intervenir y en qué causas no.

Hace pocos días el auto-votado vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, comunicó a sus colegas de la Corte que a partir de cierto día dejaría de excusarse en casos de clientes y personas que hubiesen requerido asistencia legal del estudio que tenía con el doctor Bouzat. Señaló Rosenkrantz que habían pasado cinco años desde que asumió como miembro de la Corte Suprema y que consideraba que ya no debía excusarse más.

Dos detalles para marcar. El primero de ellos fue lo que dijo Rosenkrantz cuando, luego de frustrada su llegada a la Corte por decreto de Mauricio Macri, tuvo que ir a la audiencia que ordena la Constitución ante el Senado de la Nación. En esa audiencia se le preguntó específicamente sobre qué haría en esos casos  La respuesta del Rosenkrantz de esos días fue contundente: "Respecto de los clientes que hube atendido, pero traen a la Corte casos diferentes a aquellos en los que yo participé, en algunos casos dependiendo de las circunstancias ofreceré mi excusación a mis compañeros de la Corte para que tomen decisiones al respecto y en algunos otros, más concretamente en el caso Clarín, me excusaré, porque creo que hay razones de decoro que así lo indican. Aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan ante los estrados del Tribunal".

Ratificó los mismos dichos hace un año, cuando denunciaba que existía una campaña de desprestigio respecto a él. Declaró que "la promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme. Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria. Respecto de la excusación voluntaria, adopté como criterio excusarme o abstenerme de participar cuando consideré que mi participación en la causa podía generar dudas sobre mi imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte".

El Rosenkrantz de esos días tenia claritas las causales de excusación, ¿no? Al menos más claritas de lo que las tiene ahora, que decidió no excusarse más. Y esto se vincula con el segundo detalle a resaltar. La ley en ningún momento establece plazo para las causales de excusación. Ni cinco, ni diez ni 20 años. Simplemente no establece plazo. Y si el doctor Rosenkrantz relee la Constitución, entenderá que como juez, aun de la Corte Suprema –¿de pollo?— no puede dictar leyes ni inventarse plazos que la ley no dispuso.

Lo único que puedo alegar en favor de Rosenkrantz es que al menos no pidió que las causas sobre sus no excusaciones vayan a Comodoro Py.

El que sí pidió que la causa en la que declaró el 3 de noviembre se vaya a Comodoro Py es Mauricio Macri. Lo hizo antes de brindar la indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. En su primera concurrencia a indagatoria alegó no poder declarar por no haber sido relevado del Secreto de Inteligencia. En su segunda concurrencia, donde sí declaró, Macri básicamente negó los hechos y por cierto no refirió a ningún secreto de inteligencia, según los que informan las crónicas periodísticas. ¿Para que necesitaba el relevamiento, entonces? ¿Acaso para ganar tiempo y que la causa fuese remitida a Comodoro Py?

Añado que Mauricio Macri no necesitaba el relevamiento del secreto de inteligencia para declarar lo que declaró en la causa del ARA San Juan, ni tampoco lo necesitaba para tirar un micrófono de C5N a plena vista de toda la prensa. Señaló que se había tratado de un acto reflejo y le pidió disculpas… ¡al micrófono! Con el pasar de los días Macri ha ido mutando su primera versión del acto reflejo a decir que el micrófono se le vino encima. Pero voy a reiterar lo que dije en una nota anterior. El problema de Macri es con la realidad, que acostumbra desmentirlo. En este caso porque las imágenes las vimos todos, y se ve con claridad cómo se estira el ex Presidente para agarrar ese micrófono y tirarlo.

Escribí esta nota para poner evidencia algo que vengo viendo: que los imputados en diversas maniobras ilegales vinculadas a inteligencia ilegal insisten en que esas causas sean tramitadas en Comodoro Py. Y también veo que las causas que investigan espionaje ilegal en juzgados que no son los de Comodoro Py avanzan. Y también veo que en Comodoro Py las causas de espionaje, una vez que llegan allí, dejan de investigarse.  Y veo también, no sin cierto espanto, que en Comodoro Py los jueces que intervienen en las causas están directamente vinculados a esas causas y a su inmovilización.

Hay un problema severo en estas causas de Comodoro Py, y es que ponen a los zorros a custodiar el gallinero. Y a nadie parece importarle. Dice mi amigo Alejandro que el error es mío por esperar justicia de esos Tribunales. Pero yo no creo que sea un error. El espionaje ilegal es delito. Y sus responsables tienen que ser investigados y sometidos a juicio cuando corresponde. Porque no podemos acostumbrarnos a que el Estado se entrometa con nuestra intimidad, nuestra privacidad y nuestros derechos. Tampoco podemos permitir que los funcionarios judiciales ejerzan sus atribuciones legales en defensa propia y no en defensa de la ley. Porque voy a reiterarlo: el Estado de Derecho no admite la inteligencia ilegal sobre sus ciudadanos ni la búsqueda de impunidad de los funcionarios judiciales.

 

 

 

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