Curiosidades

 

La nota apareció en el diario Clarín el 7 de enero de 2021. Cuando la leí, pensé para mi “pocas noticias judiciales”, a modo de explicación de por qué un reclamo de unas pocas personas, que en general son de perfil bajísimo, ocupaba espacio en el diario. Mi primera reacción fue leerla ligeramente y pasar a algo más relevante para mis intereses. Pero un par de horas después, se ve que algo había quedado haciendo ruido en mi cabeza y volví a buscarla y leerla nuevamente.

En la publicación se daba cuenta que “Miembros del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública pidieron a la Corte Suprema volver a depender directamente de ella y no de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO)”. A decir verdad, la nota enuncia hasta los nombres de los firmantes: Walter René Chiquiar, Pedro Rubén Iphais, Francisco Guzmán, Eloy Pablo Bona y Maximiliano Bendinelli. Y ahí entendí un poco por qué me había hecho ruido la nota. Y entonces me acordé de Carmen Argibay.

 

 

Carmen Argibay era miembro de la Corte Suprema y como tal, en el marco de la habitual división de tareas entre sus miembros, se le asignó entre otras tareas la de reorganizar los cuerpos de peritos. En función de eso, Argibay promovió un reglamento sobre cómo llevar adelante los concursos para designar peritos y la Corte llamó a los concursos para cubrir los cargos. En esos días los concursos provocaron un ligero revuelo. Ser perito de la Corte es un lugar apreciado por los especialistas de muchas áreas científicas. Y precisamente por eso se presentaron a esos concursos personas de reconocido prestigio.

Poco tiempo después, la doctora Argibay muere y entonces la designación de los peritos se ralentizó de tal modo que la mayoría de los ganadores de los concursos fueron renunciando, incluso antes de ser designados. Lo que señalaban todos era que la propia Corte ponía obstáculos burocráticos crecientes para completar la designación. Eran los tiempos en que a la conducía Ricardo Lorenzzetti. Más aun, en esos días además la Corte Suprema suspendió el reglamento de concursos y el 21 de octubre de 2014 dictó una acordada (34/2014) por la cual creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública. Además creó un sistema de selección específico para esos peritos a través de una “Comisión seleccionadora del cuerpo de Peritos (ídem)”. Yo me acuerdo cuando Lorenzetti hizo el anuncio público.

Pasaron casi dos años para la Corte empezara a cubrir los cargos de los peritos especializados en causas de corrupción. Ya era 2016. Pero antes pasó algo importante en términos institucionales: el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, que dependía de la Procuración General de la Nación, conducido entonces por Alejandra Gils Carbó, fue transferido por el decreto de necesidad y urgencia 256/2015 a la órbita de la Corte Suprema. No lo sabíamos entonces pero ahora si podemos afirmar que el plan de espionaje ilegal que llevarían a cabo funcionarios del gobierno de Mauricio Macri empezaba a ejecutarse. Y que para dicha ejecución contaban ya con la ayuda invaluable y supongo que preacordada de sectores del Poder Judicial. Incluso de algunos que tenían su silla en la cabeza misma del poder judicial.

Esta historia sigue con varios actos administrativos que no hicieron más que procurar opacidad al funcionamiento de la Oficina de Captación de Comunicaciones, ya en manos de la Corte Suprema.

Hay un hecho normativo que me parece relevante. Es la Acordada 30/2016 por la cual se crea la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación y en particular se le asignan más funciones, no solamente la interceptación de escuchas telefónicas. Para reseñar, se le asignan competencias para intervenir “en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos y en el marco de delitos complejos, crimen organizado y de carácter trasnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales. Esta verificación corresponderá a las autoridades de la Dirección”. (Art. 3, Acordada 30/2016). Lo curiosísimo del asunto es que los delitos de corrupción no se encontraban consignados dentro de los que, según la propia Corte Suprema, eran competencia específica de la nueva Dirección. No menos curioso es que, en el marco de estas cuestiones administrativas, el único cuerpo que se pone bajo la superintendencia y el control de la DAJUDECO es precisamente el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.

Así las cosas, continuaron, al mejor estilo “una familia muy normal” cantaría Sui Generis, hasta que en los últimos días de diciembre último la Comisión Bicameral de Fiscalización de las Actividades de Inteligencia le entregó a las autoridades de Congreso un informe que condensaba los resultados de una auditoría sobre la Dirección citada, donde se resaltan las múltiples fallas en la custodia de las escuchas telefónicas durante el gobierno de Mauricio Macri. Básicamente el festival de escuchas que oímos y leímos durante los cuatro años que gobernó Macri. Entre ellas hay conversaciones protegidas constitucionalmente entre un defendido y su abogado, intentos de legalización de escuchas hechas por fuera de lo ordenado judicialmente y un organismo que aparece concurrentemente en todas estas irregularidades: la Agencia Federal de Inteligencia.

No en vano sus titulares, Gustavo Arribas y Silvia Majadalani aparecen involucrados en escuchas filtradas y tareas de espionaje que van desde los familiares de las víctimas del ARA San Juan, movimientos políticos y sociales, periodistas, dirigentes políticos e incluso ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hasta la propia ex presidenta.

Los nombres y las causas se repiten con una constancia implacable. Y como nos enseñaron, la regularidad es un signo de algo, una suerte de idioma que está diciendo algo. Para ser honesta, mi paso por las ciencias duras es bastante efímero, así que confieso que lo peculiar de la regularidad y su valor como evidencia lo entendí viendo Lost, una serie televisiva que disfruté mucho aunque odié el final.

El argumento que usan los que solicitan regresar a la superintendencia de la Corte es que los “k” “usen elementos de un informe para plantear nulidades”. El argumento se parece mucho a la precuela de las declaraciones de Carlos Stornelli cuando trataba de explicar por qué no cumplía con su obligación de concurrir a prestar declaración indagatoria en la causa de Dolores. Decía Stornelli que no lo hacía “para preservar su investigación en la Causa Cuadernos”. El nivel de paparruchada vergonzante de dicha excusa quedó demostrado cuando casi nueve meses después concurrió a brindar declaración indagatoria, resultó procesado y la causa Cuadernos siguió su curso.

A decir verdad, si los elementos del informe pueden ser usados para plantear nulidades es un hecho que no depende de quién ejerza la superintendencia del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción. Lo que están haciendo es intentar resguardarse de posibles investigaciones respecto a cómo les fueron asignadas las pericias en ciertas causas y tal vez a los resultados.

Debe resonar en su memoria reciente el caso de David Cohen, perito en la causa de “Gas Licuado”, cuya pericia determinó la prisión entre otros de Julio de Vido y Roberto Baratta. Pero se demostró judicialmente que la pericia era falsa y hoy Cohen está procesado por haberla falseado. Como la colección de curiosidades nunca termina en estos casos, la defensa de Cohen es ejercida por el doctor Luis Roberto Ares, que curiosamente es quien lo seleccionó como perito en el marco de la causa de GNL. También curiosamente “Ares es ex Secretario Letrado de la Corte Suprema de Argentina y formaba parte de la Comisión seleccionadora del cuerpo de Peritos del PJN Especializados en Casos de Corrupción contra la Administración Pública” señaló el portal El Disenso. Curiosidades não tem fim ¿no?

Ustedes se preguntarán por qué me detuve en esta noticia casi menor. Porque durante los cuatro años que gobernó el macrismo las garantías más básicas de los ciudadanos fueron sistemáticamente desconocidas, tanto por el Poder Ejecutivo de entonces como por el Poder Judicial de ahora. Denme un par de minutos más para que les cuente un caso que me ocupa en estos días de enero, en mi destino recurrente de Graciana “nunca una feria” Peñafort. Es el caso de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación.

La causa de Amado Boudou nació vinculada a los sótanos de la democracia. Su primer denunciante fue un señor que se llama Jorge Orlando Pacífico, ex carapintada. Contó en 2012 Horacio Verbitsky, “el ex sargento del Ejército Jorge Orlando Pacífico es especialista en explosivos, fue comando en la guerra de las Malvinas, participó en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, fue dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército y se constituyó en el primer hilo de la pista carapintada en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la DAIA y la AMIA. Esa mañana Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros del edificio demolido. Su explicación fue que se había citado en un bar de Corrientes y Pasteur con el apoderado del Modín, Jorge Rodríguez Day, y con otros dos dirigentes partidarios, para ir a ver un auto importado ofrecido en un aviso. Al producirse el estallido ‘estuve ayudando a las víctimas’, dijo. Pero el chofer del no tan pacífico ciudadano común, Omar Cañete, declaró en el juzgado que entonces atendía Juan José Galeano y ante la comisión legislativa de seguimiento de la causa que Pacífico visitaba la Embajada de Irán, dijo que sus funcionarios pagaron cinco millones de dólares por el atentado y que Pacífico mató a un iraní y lo sepultó en Campo de Mayo luego de discutir por el 10 por ciento de ese botín. Pero no hubo otra fuente que ese testigo ni se encontró el presunto cadáver y la causa judicial se corrompió por la siembra de pruebas falsas y las operaciones cruzadas de desinformación que terminaron con la destitución y procesamiento de Galeano”. Como verán, un viejo conocido de los sótanos de este país.

Durante el juicio oral de Boudou pasaron cosas realmente curiosas. La primera de ellas fue la sorpresiva declaración de Alejandro Vandenbroele, que no pudo ser presenciada siquiera por los acusados y muchos menos contrastada por sus abogados, ya que Vandenbroele anunció que no respondería preguntas. Los abogados de la defensa impugnaron la declaración y la mantuvieron esa impugnación a lo largo de todo el proceso. Incluso en el caso de Boudou, el propio Julio Maier se presentó como amicus curiae señalando que una condena dictada en esa condición, es decir, sin poder analizar las circunstancias del testimonio, vulneraba el derecho a defensa.

 

 

Todo fue inútil. Confirmaron la sentencia de Boudou sin dar el acceso a la documentación requerida por la defensa. Mucho tiempo después conocimos que a Vandenbroele el Ministerio de Justicia de German Garavano le había pagado por la declaración. El primer caso de pago documentado por instrumento público del que yo tenga conocimiento.

 

 

A este pago de 1.500.000 pesos deben sumarse otros que en total superan los 4.000.000. Cuando los diarios periodísticos cubrían las noticias previas a la declaración de Vandenbroele resaltaban que había pedido al Ministerio de Seguridad a cambio de su testimonio la suma de 1.000.000 de dólares.

 

 

Además, ya en los días en que el tribunal oral se aprestaba a dictar sentencia, uno de sus miembros se encontraba negociando con el Poder Ejecutivo su pase, sin concurso previo, a la Cámara Criminal y Correccional Federal. Se trataba del doctor Pablo Bertuzzi, quien pese a no contar siquiera con la conformidad de la Cámara finalmente fue promovido por el Poder Ejecutivo a ese destino. Y de nuevo una curiosidad que marcó el presidente la Nación: mucho tiempo después el traslado de Bertuzzi sería cuestionado y sobre dicho cuestionamiento la Corte Suprema abriría un recurso extraordinario y excepcional llamado per saltum, invocando la gravedad institucional de la situación. Gravedad institucional que no encontró en los recursos de Boudou, los cuales ni siquiera fueron abiertos por la Corte Suprema. Dicho sea de paso, la solución que la Corte le dio al traslado de Bertuzzi a la Cámara fue que, en efecto estaba mal trasladado y que a los fines de quedarse ahí debería rendir concurso. Estos días Bertuzzi está reclamando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su derecho a ser juez de cámara sin rendir concurso, porque seamos claros: en el fondo hay jueces en este país que piensan que la Constitución Nacional es para los giles.

Cuando defendíamos a Boudou no dejaban de llegarnos advertencias discretas sobre que tanto Amado como nosotros mismos, sus abogados, éramos objeto de tareas de inteligencia ilegal. Como el miedo es una herramienta que usan muchas veces para asustar, con Alejandro Rúa tendíamos a descartarlas, porque las advertencias nunca venían con pruebas. Las descartábamos no sin antes tomar alguna precaución. Pero hace un par de meses, en una causa que aun tramita en Lomas de Zamora, en la que se investigan las tareas de inteligencia ilegal, se encontró la prueba del espionaje ilegal tanto a Amado Boudou como a sus abogados.

Todo esto que les conté, esta suma de maniobras ilegales y arbitrariedades que pasaron durante la tramitación de la causa de Boudou, se lo fuimos acreditando a la Corte Suprema. Para ser honesta, con bastante poco éxito. En los primeros días de diciembre la Corte cerró la posibilidad de recurrir por la condena dictada contra Amado. Lo hizo además sin expresar la causa, aplicando un artículo del Código Procesal Civil y Comercial Nacional, el 280, que le permite cerrar una causa sin expresar las razones.

Se ve que los supremos jueces no encontraron gravedad institucional en el espionaje ilegal ni en el pago de testigos ni en las negociaciones de un juez con el Poder Ejecutivo cambiando condenas por ascensos. O tal vez sí las vieron. A esta altura ya los pasillos saben –y dicen– qué juez de la Corte promovió la recolección de firmas para cerrar la causa de Amado Boudou mediante la aplicación del artículo 280. Es decir, qué juez quería –o necesitaba– cerrar con urgencia esa causa y no tener que explicar nada de lo que pasó en su tramitación. Lo único que puedo asegurar es que, en el caso del juez de la Corte Suprema, el gobierno de Macri no le agradeció todos sus desvelos. Supongo que Roma finalmente sigue sin pagar traidores. Y supongo que el resto de los jueces querían evitar cuestiones incómodas para la Corte. Como las quieren evitar también los peritos cuya preocupación relató Clarín.

La regularidad de curiosidades indica que los jueces y funcionarios judiciales que aparecen involucrados en muchas de las causas que dan cuenta de un plan orquestado de persecución política y judicial, que existió y que en parte existe en nuestro país, son siempre los mismos. Los testimonios, los actos, los documentos y hasta las fotos dan cuenta de las responsabilidades. Sólo falta que el propio Poder Judicial tome la responsabilidad de corregir lo que pasó. No parece haber señales acerca de que eso esté sucediendo. Pero puedo asegurar que esta historia de curiosidades, arbitrariedades e infamias, sin duda continuará…

 

 

 

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