CUESTIÓN DE ORDEN

 

Donald Trump sugirió “retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura”. Un brusco giro desde el escueto tweet de campaña electoral con la frase: ¡Ley y orden! Esa consigna parece derrumbarse después de que el Covid-19 colapsara la economía e hiciera retroceder a los republicanos en las encuestas.

Las fuerzas federales vestidas de camuflaje atacaron nuevamente con gases y balas de goma a los activistas del movimiento Black Lives Matter. Esos agentes han secuestrado personas sin cargos y han dado lugar a la estrategia de “Wall of Moms - Pared de Madres”: señoras de todas las edades que encabezan las marchas y manifestaciones para defender con su propio cuerpo a sus hijos amenazados.

Negando el golpe, el Presidente insistió en que si el gobierno federal y sus agentes del Departamento de Seguridad Interna “no hubieran entrado a Portland hace una semana, no habría Portland... habría sido incendiada y golpeada por anarquistas y agitadores. Si hay tal caso el gobierno federal entrará y hará la tarea que la seguridad pública local debería hacer”.

Por enésima vez en dos meses, miles de manifestantes se congregaron en Portland, en una nueva protesta contra la violencia policial, y fueron reprimidas con gases lacrimógenos por agentes federales. Durante varias horas los manifestantes cantaron y lanzaron fuegos artificiales. En el pico de la protesta, los asistentes (trabajadores de la salud, docentes, abogados contra el racismo, entre otros) hicieron oír sus voces al grito de “Black Lives Matter” (Las Vidas Negras Importan) y “Feds Go Home” (Federales, Vayan a sus Casas). Los gases lacrimógenos dispersaron a los manifestantes. Con la ayuda de un soplador de hojas, varios se reagruparon en el lugar y dirigieron el gas hacia el otro sector. Los agentes federales tenían sus propios sopladores para contrarrestar. Fue un soplado que se hizo huracán en la lucha diaria contra el racismo.

 

 

Hasta ganar o subastar el litio

De acuerdo al periódico Nacional Plus, organizaciones sociales y sindicales exigieron el respeto a la fecha electoral del 6 de septiembre y rechazaron la pésima gestión de la pandemia del gobierno. Contundentes y masivas movilizaciones en diferentes puntos del país exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitar la democracia y poner fin al prorroguismo de Jeannine Áñez. La Central Obrera Boliviana (COB) declaró una huelga general como medida de presión.

Los manifestantes hicieron alarde de una notable disciplina: acataron las recomendaciones sobre el uso de materiales de bioseguridad para mitigar los riesgos de contagio del Covid-19 y respetaron el distanciamiento entre participantes como si se tratara de un desfile cívico.

Colectivos de transportistas, gremialistas, artesanos, universitarios, profesionales, fabriles, obreros, participaron de la marcha y posterior cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB). Filas interminables recorrieron las calles de la ciudad de El Alto. Los participantes, con sus banderas, wiphalas, carteles, pancartas, banners, recibieron muestras de afecto y apoyo de los vecinos durante todo el recorrido; se ha podido advertir que la ciudadanía los aplaudía, apoyaba con estribillos y los transportistas que circulaban en carriles paralelos se sumaban a esta manifestación a través de bocinazos.

 

 

 

 

La manifestación es el inicio de la lucha por la recuperación de la democracia y el estado de Derecho. Se estima que más de 800.000 participantes de la Gran Marcha y Cabildo por la Democracia participaron en El Alto. Otros miles en Cochabamba y Santa Cruz se sumaron a las convocatorias para exigir el respeto a la fecha. Un millón de personas manifestaron para que los intereses de las mineras de litio (mineral del cual depende gran parte del futuro boliviano) no posterguen todo hasta la firma de sus contratos.

De acuerdo al sitio Alerta Bolivia, “tras reunirse con la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Central Obrera Boliviana (COB) y los cocaleros del Trópico de Cochabamba ratificaron las movilizaciones para el próximo 3 de agosto. Juan Carlos Huarachi, de la COB, indicó que la convocatoria para las protestas está hecha y es decisión de un cabildo que se realizó en la ciudad de El Alto.

 

 

Un desafío presidencial

La participación el Presidente Alberto Fernández en el plenario nacional virtual de la CTA que conduce Hugo Yasky fue a todas luces un gesto reparador del destrato recibido en el acto oficial del 9 de Julio. Más allá de lo gestual, fue una caricia hacia este sector del sindicalismo, mucho más habituado a los cachetazos que al reconocimiento. La presencia de los representantes de las distintas provincias marcó una postal diferente a la habitual en el mundo sindical. Muchos de estos dirigentes protagonizaron encarnizadas luchas durante el macrismo en defensa de los puestos de trabajo, de las paritarias y de los salarios. Recordaba, en algún punto, los plenarios regionales de la CGT de Ubaldini que potenciaban los famosos 13 paros generales de la década del '80. Fueron los tiempos de la unidad que ahora se evocan. Se sabe que, sin un potente movimiento obrero unificado, el destino de la post pandemia será un camino de derrotas. Esto se vivió como desafío ante la apelación presidencial a construir un frente nacional del trabajo y la producción con las pequeñas y medianas empresas con los productores agropecuarios, las cooperativas, las empresas recuperadas y los movimientos sociales.

En respuesta, el plenario aprobó una decena de puntos destinados a confluir en un programa que permita articular estas mayorías del mundo del trabajo y la producción. Entre otros puntos se acordó: “Participar en el Consejo Económico y Social al que el gobierno nacional está convocando. Promover la constitución de una Multisectorial Nacional por la Producción y el Trabajo. Respaldar las propuestas formuladas por las autoridades argentinas a los acreedores en la renegociación de la deuda externa".

• Avanzar con la sanción de un gravamen extraordinario a las grandes fortunas personales, que sea el punto de partida hacia una reforma del sistema tributario para que paguen más los que más tienen.
• Promover las siguientes normas legales:

Ley de trabajadores de servicio de reparto a través de plataformas.

Ley de constitución de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.

Ley de reducción de la Jornada Laboral.

Ley para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia por razones de género contra las mujeres y personas LGBTI en el ámbito laboral.

Ley para sancionar la violencia contra las mujeres en el contexto laboral.

Ley para garantizar el acceso a Internet como un derecho ciudadano y de creación de un Plan de Conectividad para que el ejercicio de este derecho sea posible en todo el territorio nacional.

Ley de reforma de las entidades financieras con el objeto de regular la actividad y las tasas de interés en función del desarrollo industrial.

• Extensión de la prohibición de despidos hasta fin de año.
• Convertir la IFE en una Renta Nacional ciudadana.
• Apoyar las políticas crediticias y toda aquella medida que tienda a favorecer a las pymes y a la producción nacional.
• Respaldar las políticas de control del sector financiero para terminar con la fuga de capitales y las prácticas recurrentes de manipulación de precios de transferencia de los grupos económicos locales y el capital extranjero.
• Reclamar una acción de las autoridades públicas a lo largo de toda la cadena de valor para impedir el aumento abusivo de los precios de los alimentos y de las tarifas energéticas.
• Aumentar las alícuotas de los impuestos sobre los activos en el exterior, fundamentalmente en las escalas de grandes contribuyentes.
• Avanzar en el proceso de industrialización de la economía argentina a partir de la producción estatal de bienes.

 

 

Armas y protocolos

Mundo Gremial informó sobre la denuncia de la muerte de un trabajador de la empresa Lácteos Vidal S.A por coronavirus, quien fuera obligado a desempeñar su tarea a punta de pistola. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) difundió imágenes de un operativo policial en el que descubrieron que el dueño de la empresa poseía un arma de fuego y obligaba a trabajar sin cumplir protocolos de prevención y seguridad a trabajadores del sector. El sindicato lechero mostró su dolor ante la pérdida de Oscar García, fallecido el pasado domingo. “Lácteos Vidal S.A. forma parte de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, un grupo de empresarios que resisten a los protocolos básicos de seguridad e higiene y a los de Covid-19”, detallaron desde la entidad gremial comandada por Héctor Ponce.

 

 

 

 

Mientras, los trabajadores de la salud siguen batiendo el récord porcentual de contagios y los que se recuperan vuelven a la trinchera. Esta semana se empiezan a conocer nuevos casos de contagios en la industria aceitera. En la planta de la empresa china Cofco de Timbúes se registraron 12 casos y la molienda está paralizada. Estas empresas nunca discontinuaron su producción, aún en la fase 1 de la pandemia.

El diario Perfil dio a conocer el podio de los contagios en lugares de trabajo: “Hay más de mil infectados en supermercados, con riesgo cotidiano y denuncias gremiales. El juez Ariel Lijo investiga una denuncia realizada por los delegados de Coto. Los supermercados apuestan por diluir el tema a golpe de indiferencia. Según los delegados, hay 508 empleados de Coto con coronavirus. La semana pasada murió la esposa de un trabajador de esa empresa. Se habría contagiado de su marido, empleado del local de Coto ubicado en Retiro, a pocos metros de la terminal de ómnibus". “Desde hace tiempo denunciamos abandono, impunidad y desidia. El compañero tenía síntomas, lo obligaban a ir a trabajar y no le querían hacer el hisopado. Se comprobó que era positivo y contagió a su mujer”, denunció Héctor Castro, delegado de la tienda de Retiro.

Si bien el sindicato de Comercio no cuenta con un registro oficial, en el gremio llevan una cuenta informal: a los más de 500 casos de Coto se le suman 237 de Disco, 182 en Carrefour y unos 100 en supermercados mayoristas. “Día no nos informa sus infectados. Walmart, tampoco. Diarco tiene nuevos formatos de market y tiene casos, pero no los informan. La cadena El Puente tiene muchas sucursales y tampoco los cuenta. Y después tenemos la problemática de los súper chinos: hay muchos compañeros que además no están en blanco y trabajan sin ninguna protección”, reveló un integrante de la conducción de Comercio.

Hace tres semanas, el cuerpo de delegados de Coto hizo una denuncia contra la empresa. La investigación está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Recordemos que Ramón Muerza (el protegido de Coto) tiene línea política con el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli. Los Autoconvocados reniegan tanto del oficialismo de Armando Cavalieri como de la fracción alternativa liderada por Muerza.

 

 

 

Un sindicalismo que no fue

 

 

El histórico dirigente gremial Omar Viviani metió violín en bolsa este martes luego de 37 años a la secretaría general de los taxistas. El dirigentealegó “cansancio” y “decepción” ante la realidad de su gremio y “el seguro avance de una ley que legalizará las aplicaciones Uber y Cabify, lo que menguará aún más los puestos de trabajo en el sector”, entre otras razones, según informó Télam. Se la vio venir y huyó. Dinero hizo para el resto de su vida.

Viviani, un histórico del movimiento obrero organizado, integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y cofundador del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), presentó manera formal su renuncia, que seráanalizada y aprobada por la conducción de la entidad, a cuyo frente quedará Jorge García.

Mientras tanto la pandemia sigue en ascenso y la esperada curva no pasa. El pico no asoma y los precarios acuerdos de pagos de suspensiones en el sector privado crujen a partir de la actitud miserable de las grandes patronales que no quieren desembolsar recursos propios para sostener el empleo. Techint pretende bajar al 50% los porcentajes de remuneraciones desde agosto hasta fin de año, aprovechando así la pandemia para financiar la brutal recesión que trajo consigo el coronavirus. Rechazó las ATP por los condicionantes que implicaban en términos de remitir dólares al exterior y otros y ahora descarga las pérdidas sobre sus propios trabajadores. Por otro lado, son cada vez más las empresas pequeñas y medianas de la rama metalúrgica que tienen el convenio colectivo con la UOM que sólo están pagando la ayuda que da el gobierno y su parte correspondiente la registran como deuda hacia adelante. Tal el caso de varias autopartistas de Córdoba que al decir de Rubén Urbano, secretario seccional de la UOM, “son empresas la mayoría autopartistas. Las grandes fábricas no están armando ni vendiendo vehículos y no les dan laburo. Son las que terminada la Pandemia seguramente van a cerrar y lamentablemente no se vislumbran en el horizonte cercano políticas ni anuncios que reactiven la industria en general ni la metalúrgica”. “A la UOM Nacional no le debe interesar mucho el tema, al igual que el sector empresarial, ya que, según Caló, son amigos, debe saber fielmente lo que sucede en todo el país o debería. Va siempre atrás de nosotros, ya ven que pide un bono que acá ya se está cobrando”.

Antonio Caló sigue paralizado, mirando el curso de los acontecimientos mientras los trabajadores que representa le temen más a perder el trabajo que al coronavirus. Los metalúrgicos piensan en Caló tras la salida de Viviani. El sindicalismo empresario que inventó el menemismo merece llegar a su fin con la pandemia.

La nueva “anormalidad” ya está en marcha. Todo volverá a su cauce si no media la urgente acción política del gobierno para torcer el rumbo. La AEA lo sabe, también los otros sectores económicos. La gran mayoría de la sociedad con los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, los sindicatos, las cooperativas y los movimientos sociales no alcanzan a conformar un escenario de acuerdos y menos aún un programa de salida. Se espera un paquete de medidas para reactivar la economía, tal vez sea esta semana, y uno será finalmente el camino. O los grupos concentrados y sus voceros imponen su orden o el resto de la sociedad a través de sus dirigentes y sus representantes lo hacen en sentido contrario.

Justo cuando el gobernador Omar Perotti ordena la retirada de su propuesta de fideicomiso en el caso Vicentin, la Policía Federal está allanando las oficinas de la firma y Macri huyó al exterior; se anuncia la reforma judicial para desmantelar Comodoro Py, la política entra en modo acelerado y los desafíos golpean en la cara. El movimiento obrero debe estar en la mesa de negociación de las grandes políticas, pero hay un lugar donde no puede estar ausente y es en cada una de las luchas donde los trabajadores se juegan el empleo, el salario y las condiciones de vida. Solo con la potencia que brinda la unidad se puede hablar de renovación de democracia y de participación.

 

 

 

 

 

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