Cuestión de fe

 

Pasada la primera quinta parte del siglo XXI, la Argentina cuenta con recursos naturales cada vez más valiosos, como agua, alimentos, petróleo, gas, hierro, cobre, oro, plata, litio, minerales raros, etc. La cantidad de recursos es suficiente para autoabastecernos dignamente y ser exportadores netos. El problema es que permanentemente se cede soberanía sobre ellos, a favor del capital más concentrado, local e internacional, sobre todo a los Estados Unidos.

La injerencia de la Embassy en los asuntos internos argentinos no tiene límites, con el FMI como cabecera de playa y con la diplomacia de exigir, como hizo la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur. “El ‘triángulo del litio’ está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer”, sostuvo al visitar nuestro país. China “está jugando al ajedrez”, mientras que Rusia –que también es “prevalente” en la región– “está jugando a las damas”, añadió, y sugirió que “están para socavar a Estados Unidos, están para socavar las democracias” (sic).

La generala abordó también el trabajo de RT y Sputnik en la zona: “Honestamente, con toda la desinformación y [están] Russia Today en español y Sputnik Mundo con más de 30 millones de seguidores en redes sociales… esto es muy preocupante“. Enfatizó que “muchas elecciones importantes” se acercan o acaban de celebrarse en América Latina y que “tenemos que seguir comprometidos y preocupados por esta región”. Traducción: solamente podemos leer al gran diario argentino o a lo sumo a la tribuna de doctrina, y ver y oír sus repetidoras.

Un país soberano debe saber defender sus recursos naturales, su trabajo, su producción y su inserción en el mundo. Para ello requiere de un Estado que elabore e interactúe con toda la población y no con la minoría empresaria, que tenga un plan de gobierno y no que considere como propio al plan del FMI.

Es imprescindible, como punto central del plan, generar puestos de trabajo e impulsar el mercado interno, y para ello es necesario preservar el valor de nuestro dinero. Solamente con un plan que se base en el trabajo y la producción nacional se puede reordenar la economía del país. Para lograrlo es imprescindible que el Estado se apropie de la renta extraordinaria de nuestros recursos naturales y de la fertilidad de la tierra, y la primera medida debe ser recuperar parte de las divisas fugadas, aplicando multas y sanciones a quienes evadieron y fugaron capital y a los funcionarios que lo posibilitaron.

 

 

Sólo dos caminos

La visión que tiene el FMI, como principal acreedor y auditor de la deuda externa generada en la gestión de Cambiemos (obligaciones no investigadas para saber cuánto es deuda y cuanto no), nos obliga a realizar un fuerte ajuste fiscal y a reducir drásticamente la demanda interna para que se generen saldos superavitarios (fiscal y comercial) y, de ese modo, poder pagar los intereses primero y los intereses y el capital después, sin importarle el costo económico y social que esas medidas significan.

El modelo chileno de exclusión social y de subordinación carnal con Estados Unidos refleja fielmente lo que se pretende. El país trasandino tiene un ingreso per cápita de 25.000 dólares anuales, cuando según estimaciones de la Fundación Sol [1] el 70% de sus trabajadores perciben sueldos menores a 770 dólares por mes y 12 de los 19 millones de chilenos tienen deudas de todo tipo, que refinancian permanentemente por no poder cancelar. En resumen, una minoría rica e integrada al mundo y el grueso de la población sobreviviendo como puede.

Ese camino, ya recorrido por nuestro país en forma intermitente desde 1956, cuando el gobierno de Aramburu y Rojas hicieron que la Argentina se adhiera al FMI, solo logró extranjerizar fuertemente la economía y empobrecer a nuestra población.

La alternativa es propender a una reactivación del mercado interno y apuntalar el trabajo y la producción nacional, y exige como primera medida investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales. Tras su recupero y cumpliendo con los plazos acordados con el FMI, cancelar deuda con esos recursos sin tener que pedir un nuevo crédito al organismo internacional, como asevera la ley 27.668 de Programa de Facilidades extendidas.

Esto es, el acuerdo del FMI con la Argentina reemplaza un stand-by por un crédito de facilidades extendidas, y se va pagando cada refinanciación de capital con la plata que nos concede el organismo internacional de crédito en un nuevo préstamo a diez años. Al principio ingresan más recursos que los que se cancelan. Por ejemplo, en diciembre 2022 ingresan 6.257 millones de dólares y se debe pagar el vencimiento del capital por 3.850 millones de dólares, pero después se revierte e ingresan menos fondos y se debe pagar más capital. La propuesta se realiza de este modo porque la Argentina en 2025 va a ser un exportador neto de energía y, con eso, se paga la deuda hasta 2034 (el último vencimiento del stand-by de Macri es septiembre 2024 y se refinancia cada vencimiento a una nueva deuda a diez años). El problema es quién va a ser el dueño tanto de la energía como de los recursos naturales.

La situación es crítica, pero es proporcionalmente más un problema de liquidez que de solvencia. La Argentina cuenta con sólidos recursos patrimoniales y puede garantizar flujos de fondos, esencialmente por la explotación de Vaca Muerta, porque somos el tercer exportador mundial de soja y el cuarto de maíz, existe el litio y minerales raros y hay una importante capacidad para producir bienes industriales, que en principio permite sustituir importaciones pero que de desarrollarse son competitivos internacionalmente.

El problema y el condicionamiento está en una deuda externa que durante la gestión del gobierno de Cambiemos creció aceleradamente en divisas y en capital en más de 100.000 millones de dólares, a los que deben sumarse los intereses que la deuda devenga, para beneficiar a una minoría de la población que la fugó y solo reingresará parte de esa fuga si compra el trabajo nacional y sus activos a precio vil.

Cómo se soluciona el problema de la deuda es la pregunta que genera siempre dos escenarios diametralmente distintos, con beneficiados y perjudicados antagónicos, y esa es la verdadera brecha del país.

Las soluciones generan:

• Dos inflaciones: una por dólar y otra por consumo.
• Dos modelos: uno de dolarización y renta, otro de producción y consumo
• Dos alternativas: extranjerización o nacionalización de la economía.

Al elegir el camino de subordinarnos al FMI, se opta por depreciar nuestra moneda para que el extranjero y el gran capital fugado compren a mitad de precio. En ese escenario el poder adquisitivo de nuestro dinero es cada vez menor porque la devaluación se traslada a los precios, que es el mecanismo para transferir nuestros ingresos (que percibimos en la moneda local) a favor de los que están relacionados con el sector externo comercial y financieramente.

En cambio, si se impulsa la demanda agregada interna (consumo e inversión) seguramente va haber un corrimiento de precios por mayor demanda, pero impulsada por el mayor nivel de actividad y producción, que se espiraliza en un circuito virtuoso de mayor participación de los asalariados en el ingreso.

El modelo propuesto por el FMI es en beneficio de una minoría rentista y parásita, dependiente del exterior, que “dolariza” la ganancia en forma permanente, desligándose del costo interno, que ajusta hacía abajo con cada devaluación. En cambio, si se impulsa la producción y el consumo, cuando somos superavitarios comercialmente como lo fuimos en todo lo que va del siglo XXI (desde el 1º de enero de 2000 hasta el 31 de octubre 2022 las exportaciones superan a las importaciones en 268.675 millones de dólares, ver detalle en Comercio Exterior Argentino 2000- 2022), se pone en marcha la rueda del circuito productivo (mayor producción, mayor redistribución del ingreso, mayor consumo, mayor inversión, etc.) y se cuenta con recursos harto suficientes para realizar las necesarias mayores importaciones.

Finalmente, si se cumple con el plan del FMI vamos a tener cada vez mayor dependencia del capital extranjero, al que se le ceden a precio vil nuestros recursos naturales y se le delegan facultades propias del Estado. En cambio, al impulsarse el modelo de desarrollo del mercado interno y del capital nacional, se recupera la soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros puertos y sobre la comercialización interna y externa, hoy liderada por grandes grupos monopólicos nacionales y extranjeros.

En su nota Deuda y recursos estratégicos, publicada por El Cohete el 13 de noviembre, la profesora Mónica Peralta Ramos nos dice: “Una delegación de embajadores de la Unión Europea visitó la semana pasada la región de Vaca Muerta buscando proveedores de gas licuado natural para los próximos 25 años. Fueron recibidos por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien recordó que mientras otras cuencas están declinando, la Argentina ofrece una oportunidad única de desarrollo. Para ello se necesitan permisos de ‘carácter no interrumpibles’, definidos en un memorándum de entendimiento que ya se está elaborando en Bruselas. Asombra, pues, que esta visita a Vaca Muerta y los trámites en torno al futuro de estos recursos no hayan dejado huella alguna en el escenario político local. Sin embargo, estos temas son de importancia crucial: los recursos naturales que el país posee brindan la oportunidad única de desdolarizar la economía e independizarse del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

“La invisibilidad política de este tema no es casual. Es coherente con un Estado bobo que admite puertos y balanzas privadas para sus exportaciones, que no controla la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, la contabilidad ‘creativa’ en cuestiones impositivas, y así sucesivamente. Es también coherente con una dirigencia política que no cuestiona los deberes que le impone el FMI, ni intenta modificar una matriz productiva dominada por monopolios con poder para desatar corridas cambiarias e inflación a piacere. Así, mientras la desglobalización abre oportunidades no vistas en décadas de historia argentina, la dirigencia perpetúa un modelo extractivista agroindustrial que nos ata a los caprichos de las multinacionales y de los grandes importadores y exportadoras”.

 

 

Un camino no exento de riesgos

Observamos atónitos cómo el gobierno devalúa nuestra moneda en general y sobre-devalúa (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja para –en forma paralela– vender dólares más baratos a algunos importadores. Desde el 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre el Tesoro de la Nación completa el importe de 230 pesos por dólar por la soja exportada y el Banco Central se lo vende a 170 pesos a los importadores. Es más, el ministro Sergio Massa se comprometió con la Unión Industrial Argentina (léase Pagani-ARCOR, Rocca-Techint, Blaquier-Ledesma, Magnetto-Clarín, etc.) a que habrá más dólares a precio oficial para importar y a moderar el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a 4% mensual hasta marzo 2023, cuando teóricamente comienza la liquidación de la cosecha gruesa.

Paralelamente, el Tesoro de la Nación sale a colocar títulos de deuda en pesos y pide, ante la reticencia cada vez mayor de los bancos y fondos de inversión a adquirir títulos de deuda local, que se lo compren las provincias y el BCRA. Las primeras con sus excedentes de “caja” (las que tienen excedentes) y el BCRA neutralizando la emisión monetaria (por la compra de títulos del Tesoro) colocando Leliqs y otros encajes remunerados a los bancos, sobrealimentando un pasivo contingente que supera los 9,5 billones de pesos (cifra que a su vez supera en más de dos veces a la emisión monetaria–Base Monetaria y 1,5 veces al total del crédito dado por el conjunto de entidades), configurando la peor serie de toda la historia monetaria del país.

 

 

 

Qué va a pasar con los 9,5 billones de pesos inmovilizados, depende de los grandes bancos privados que son sus tenedores. Es menos peligroso y más confiable agarrar una yarará hambrienta con la mano que los diez grandes bancos privados que hegemonizan la operatoria. Es cuestión de fe.

 

 

 

 

 

[1] Decana en investigación independiente, realiza trabajos sobre distribución de ingresos y mundo laboral. Tiene su sede en Miraflores 113, oficina 48, Santiago de Chile.

 

 

 

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