Cuestión de decisión política

 

Frente al recrudecimiento del hostigamiento contra Milagro Sala, que se agravó aún más esta semana con la condena anunciada por el juez federal Mario Héctor Juárez Almaraz en la causa de los huevos –que anticipamos en este medio el pasado domingo– y con la difusión de un audio que se obtuvo de manera ilegal y que utilizó el Poder Judicial para armar una nueva causa contra la dirigente social y exponerla públicamente esposada, como si fuera una poderosa líder narco, a dos semanas de las elecciones en Jujuy, la Tupac Amaru anunció que realizará un acampe en Plaza de Mayo entre el 6 y el 11 de julio para que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sienta el respaldo de quienes lo votaron y tome las medidas necesarias para restituir el Estado de Derecho en la provincia que gobierna Gerardo Morales. Además, el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini, le envió una carta a lxs diputadxs del Frente de Todxs para reclamarles que “levanten su voz” y aseguró: “La democracia se defiende peleando, jamás administrando silencios”. El senador Guillermo Snopek afirmó que están trabajando para volver a presentar el proyecto de intervención del Poder Judicial en Jujuy, que perdió estado parlamentario en marzo de este año.

De los casi 2.000 días que lleva en prisión Milagro, 558 transcurrieron en la gestión de Alberto Fernández. En ese contexto y en medio de la nueva embestida en su contra, la dirigente social reclamó: “No hay nadie que le pare la locura al gobernador Morales, que además me usa a mí como títere de su campaña electoral. Pareciera ser que Jujuy no es territorio argentino”. En ese sentido desde la Tupac Amaru sostienen que a más de un año y medio de la nueva gestión es inadmisible que siga habiendo presos políticos en el país.

Desde la organización social aseguran que están dadas las condiciones, ante la falta de Estado de Derecho en Jujuy, de avanzar ya sea en la intervención del Poder Judicial o de la provincia, así como en modificar la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hasta ahora ha convalidado por acción u omisión los procesos irregulares que se impulsaron en contra de la líder de la Tupac Amaru.

Desde el gobierno nacional distintas voces se expresaron esta semana respecto al recrudecimiento de la persecución que sufrió Sala en Jujuy en el contexto de las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 27 de junio. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló en declaraciones radiales que “es un hostigamiento permanente el que se le hace a Milagro Sala. No lo caracterizo de otro modo que no sea ese. Hay un hostigamiento y una utilización de la figura de Milagro Sala que se hace permanentemente en la provincia de Jujuy por parte del gobernador. Yo considero lo que venimos sosteniendo desde nuestro espacio, que fue invariable. Entendemos que hubo muchísimas arbitrariedades en todo el procedimiento judicial, por eso está con un recurso extraordinario ante la Corte y esperamos que la Corte pueda resolver en algún momento cuál es la situación de Milagro Sala”.

Elizabeth Gómez Alcorta, ex abogada de Milagro y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, criticó la condena en la causa de los huevos. El viernes por la mañana twitteó: “Ayer el Tribunal Oral Federal de Jujuy le dictó una nueva condena a Milagro Sala porque un grupo de personas le tiró huevos a Morales en el 2009. Se condenó sobre hechos que están prescriptos según toda la jurisprudencia de la Corte Suprema y toda la doctrina nacional. Lamentablemente, no me sorprende ni me permite esperar otra cosa. Este es el mismo tribunal que en el año 2016 me denunció por usurpación de títulos cuando asumí la defensa de Milagro para defenderla en el juicio por esta causa”. Y en el mismo sentido que el Jefe de Gabinete, señaló que es el Poder Judicial el que debe resolver las irregularidades de los procesos que se llevaron adelante en contra de la dirigente social: “Milagro Sala es una presa política del gobierno de Jujuy. La intromisión del poder político en causas judiciales hace mucho daño y lo diremos siempre, por convicción y en defensa de la democracia. Jamás por ventajas de ocasión”.

Otra de las voces que se manifestó en las redes sociales fue la del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria: “La persecución política y judicial contra Milagro Sala está motorizada por la misoginia y el racismo. El fallo de ayer del TOF de Jujuy no fue aislado: (Mariano) Borinsky y (Gustavo) Hornos ordenaron ampliar la condena en 2017, pleno auge de sus reuniones secretas con Macri en Olivos y Casa Rosada. No hay excusas para que la CSJN siga avalando estas arbitrariedades. El Poder Judicial debe cumplir con lo que disponen organismos internacionales de derechos humanos”.

Este viernes, Franco Mizrahi reveló en El Destape que en el marco de la causa de los huevos “el 4 octubre de 2016, el Centro de Información Judicial (CIJ) informó que los mismos tres jueces habían ordenado continuar la investigación contra Milagro Sala por amenazas. (…) Hornos, Borinsky y (Juan Carlos) Gemignani a pedido de Morales habían revocado 'la extinción de la acción por prescripción'. Coincidencias en tiempos del lawfare: dos semanas antes de esta resolución y tres días después, Borinsky visitó la Quinta de Olivos, tal como reveló este medio en la saga de notas que integran la Operación Olivos. Un mes después del fallo, Hornos también ingresaría a la casa del Presidente. ¿Ambos camaristas habrán dialogado con sus anfitriones sobre estas resoluciones que beneficiaban a un socio estratégico de Macri?”, cuestionó el periodista.

La pregunta que cabe realizarse es si alcanza con expresiones en algunos medios de comunicación o en redes sociales para resolver la situación. O si se puede esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la actual composición, la misma que en un principio avaló que dos de sus integrantes sean designados por decreto presidencial sin acuerdo del Senado, la misma del 2x1 a los genocidas, la misma que rechazó revisar a pedido de la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el sobreseimiento del juez Claudio Bonadío por su actuación en el caso Dólar Futuro –una de las causas emblemáticas del lawfare–, la misma que mientras sostiene que en plena pandemia los tribunales deben funcionar de manera remota avala que los niños, niñas y adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en medio del brote de la segunda ola del Covid-19 asistan a clases presenciales ante el capricho del jefe de Gobierno porteño, sea la que vaya a restituir el Estado de Derecho y revertir las irregularidades que pesan sobre los procesos judiciales contra Milagro Sala.

Fuentes cercanas al ministro de Justicia sostienen que es necesario avanzar en transformaciones estructurales pero que en este momento no están dadas las condiciones. “Fijate lo que está costando conseguir los consensos para avanzar con el Ministerio Público Fiscal”, señalaron a este medio. Y explicaron que está en contra de estas transformaciones no sólo la oposición sino “el poder real”, en referencia a los grupos mediáticos hegemónicos, algunos sectores empresariales y a la propia corporación judicial.

Mientras tanto, el senador Guillermo Snopek explicó que producto de la pandemia no fue posible el año pasado avanzar en el tratamiento del proyecto que presentó para intervenir el Poder Judicial de Jujuy y que en marzo de este año perdió estado parlamentario, pero que están trabajando en una nueva presentación.

Sin embargo, fuentes del Senado, en el mismo sentido que las del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coinciden en que en este momento no estarían dadas las condiciones para avanzar en el tratamiento de ese proyecto, pero no descartan que pueda hacerse en el futuro. En ese sentido, analizan que las próximas elecciones son una oportunidad para modificar la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional. Sostienen que no sólo se debe abordar lo que sucede en Jujuy sino que la gravedad de la situación es más profunda. En ese contexto explican que hoy el Poder Judicial es un obstáculo para la democracia real y que es necesario avanzar en transformaciones profundas. “Necesitamos constituir una mejor correlación de fuerzas y más organización popular, porque es la única manera en la que podemos transformar este Poder Judicial, que es el reaseguro de los poderes fácticos. Lo que no pueden hacer a través de los votos porque no ganan una elección lo hacen a través del Poder Judicial”, afirmaron.

El coordinador nacional de la Tupac Amaru tiene otra mirada. “Apenas asumió Néstor Kirchner en una situación de absoluta debilidad política, porque asumió con el 22% de los votos en un país además con una inestabilidad institucional grave, una de las primeras cosas que hizo fue intervenir la provincia de Santiago del Estero y terminar con el feudo de los Juárez. Otra cosa que hizo fue resolver el tema de la Corte Suprema de Justicia y otra fue impulsar fuertemente la política de Memoria, Verdad y Justicia. Lo que nosotros también pedimos es que el gobierno nacional impulse fuertemente el Nunca Más al lawfare en la Argentina pero como política de Estado. Estas son tres cosas que Alberto Fernández debería hacer, ya que tiene la legitimidad del voto popular para hacerlo, tiene el movimiento popular respaldándolo para hacerlo y tiene los instrumentos institucionales para hacerlo, y eso lo va a favorecer porque le va a permitir erigirse como un Presidente con autoridad, con poder y ejerciendo el poder, que es nada más y nada menos para lo que le dimos el voto”, explicó “Coco” Garfagnini en diálogo con El Cohete a la Luna.

La actividad planificada “es un acampe para respaldar al gobierno, que hacemos al propio gobierno para decirle: ‘Presidente, acá están los militantes del movimiento popular para respaldarlo, anímese, tome coraje y tome la decisión que tiene que tomar y libere a Milagro Sala’. Eso le estamos diciendo con el acampe”, explicó.

En el mismo sentido, Luis Paz, abogado defensor de Milagro Sala, aseguró: “El acampe será el respaldo social, sindical y político que necesita Alberto Fernández para tomar la decisión política más importante en lo que va del siglo XXI”.

En la carta que envió a los diputados y diputadas del Frente de Todos, Garfagnini recordó: “El Poder Judicial de la provincia de Jujuy es una parodia de sistema judicial. Miembros del Supremo Tribunal de Justicia investigados por apropiación de menores, otro por violación y una flamante incorporación que insulta cualquier idea de independencia. Ekel Meyer, el ex Ministro de Seguridad del actual gobernador, quien ingresara a la vivienda de Milagro junto a la Policía de la provincia y le colocara las esposas por orden de Morales y la familia Blaquier, hoy es miembro pleno del más alto Tribunal de la provincia”.

En ese marco, expresó: “Lo que preciso ahora es que me ayuden a levantar la voz. Hay determinados momentos de la historia en los que el silencio es cómplice del sufrimiento de los militantes. La democracia se defiende peleando, jamás administrando silencios. La democracia se hace sólida respetando la voluntad popular de la mayoría, no incorporando como propia la agenda de la minoría. Las instituciones se defienden respetando las convicciones, no acordando con los legisladores del carcelero de mis compañeros para obtener dos brazos en alto en alguna efímera votación. La democracia, en definitiva, no se traduce en sentar a Gerardo Morales en nuestra mesa. La democracia se traduce en dejar de tener presos políticos. No hay virtudes institucionales que exaltar en el feudo de Morales que justifiquen la fruición por edificar agenda compartida con el carcelero de mis compañeros”, sostuvo.

“Es necesario que el núcleo de dirigentes que toma decisiones en este gobierno deje de fantasear con maniobras electorales como las de debilitar a Cambiemos a través de Gerardo Morales, porque lo único que generan es debilidad en la propia fuerza. No se está debilitando a Cambiemos sino que nos estamos debilitando nosotros mismos”, sentenció el coordinador nacional de la Tupac Amaru.

Por lo pronto, al cumplirse 2.000 días de la detención arbitraria de Milagro Sala, la Tupac Amaru con el acompañamiento y un amplio respaldo de organizaciones sociales, sindicales y políticas volverá a instalar el debate en las puertas de la Casa Rosada, tal como lo hizo en enero de 2016 cuando ocupaba el despacho presidencial Mauricio Macri, uno de los principales responsables de la persecución política en la Argentina.

 

 

 

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