CUESTA ARRIBA

 

Los bloques de Vamos Juntos y UCR/Evolución presentaron un proyecto que fue votado por la mayoría automática del oficialismo en la Legislatura porteña. En la previa, la oposición del Frente de Todos expuso su opinión contraria y solicitó algunos cambios que tuvieron suerte diversa. Fue 30 a favor y 20 abstenciones (FdT) con 4 votos en contra. Una ley que en lo central (la desvinculación de los trabajadores de las empresas) quedó como quería el oficialismo y repudiaban los trabajadores.

 

 

Defender la relación laboral

Debimos haber defendido con uñas y dientes la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo y evitar que se votara una ley que desconoce las características, propiamente laborales, del trabajo de plataformas. El oficialismo de Rodríguez Larreta convalida con esta ley el modelo de negocio de las transnacionales basado en la precarización laboral. Aunque formalmente no pretende regular en materia laboral, de hecho consagra la falsa relación de autonomía entre los trabajadores y las plataformas, contradiciendo el fallo preexistente del juez Roberto Gallardo.

 

 

Debimos votar en contra

La Ley que pretende regular la actividad de los mensajeros y deliveries obliga a tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y contar con un seguro, entre otros puntos que apuntan a ocultar la verdadera relación de las empresas con los trabajadores. Habrá un registro de las operadoras y de los repartidores y mensajeros, a los que obliga a estar inscriptos en la AFIP y la AGIP. Tendrán que contar con una habilitación y hacer cursos de capacitación de seguridad vial. Todo como si fueran “responsables” de su propia actividad laboral.

Las “plataformas de reparto o delivery” (digamos de paso que todas son de origen extranjero) tienen formas de explotación y precarización de los trabajadores, que niegan cualquier tipo de regulación en materia laboral. Emplean cerca de medio millón de trabajadores que realizan su tarea a pie, en bicicleta, moto, con auto e inclusive en patines o skateboard.

Nadie se confunde con que las relaciones laborales no son las tradicionales por la variedad de turnos de servicio y el empleo de algoritmos dibujados. Ya lo hacían los capangas con el peso de los canastos pagado a los cosecheros: los pagos se prestan a confusión para quien no cuenta las equivalencias en necesidades. Los celulares, el transporte y hasta las cajas con el logo de la empresa te las tenés pagar vos .

De ese modo las empresas podrían ser sancionadas y la autoridad administrativa local –la Subsecretaría de Trabajo de la CABA– debería inspeccionar y sumariar a los incumplidores. La ley aprobada, en cambio, no sólo no dota de instrumentos de garantía adecuada para defenderse a los propios trabajadores, sino que instala una suerte de territorio franco para que las empresas continúen con su condición de precarización del empleo, legitimando de este modo su accionar y limitando a la autoridad pública en sus obligaciones de fiscalización.

 

 

En todo el mundo la lucha es la misma

En la mayoría de los reclamos y luchas que se están llevando adelante por los trabajadores en muchos otros países se está reconociendo la relación de dependencia entre los repartidores y las plataformas. El sentido común así lo indica, pero los legisladores de Horacio Rodríguez Larreta en CABA permiten que las Apps (Glovo, Pedidos Ya y Rappi, principalmente) se laven las manos y ensucien el mercado laboral de precarización y quita de derechos. La regulación de la actividad de las “plataformas de reparto” trasladó el debate de la protección de los derechos laborales a la persecución a trabajadores.

Nuestras vidas valen. En los últimos años, las plataformas y aplicaciones orientadas a conectar directamente ofertas y demandas de bienes y servicios, ya sea a través de la centralización de elementos hasta ahora dispersos (como la cadetería y la distribución), o de la puesta en valor de fragmentos de tiempo y recursos no monetizados, se han multiplicado en el mundo. Uber, Cabify, Glovo, AirBnb, Rappi, PedidosYa, Amazon o Mercado Libre son presencias habituales en la mayoría de las ciudades. Pero con el avance del Covid-19 y la implementación del aislamiento social, el sector se posicionó como un “servicio esencial” y las empresas del rubro aumentaron sus ganancias de manera sideral.

Por lo tanto, y confirmado ya que no es desde el PRO que los trabajadores de plataformas, en el ámbito de la CABA, vayan a encontrar un Estado que garantice sus derechos, hay que ir por una ley nacional que ratifique la vigencia de la norma laboral general, en la que obviamente están reconocidos, y a la vez les provea de otros derechos, oportunos y eficaces, mientras se obligue a las empresas a cumplir en cada caso con la vigencia de dicha protección general.

 

 

 

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