¿Cuánto uranio te tomarías?
El fallecimiento del doctor Valentín Stiglitz reactualizó una preocupación ecologista
En la última semana, el fallecimiento del doctor Valentín Stiglitz generó emotivos recuerdos e indignados reproches contra quienes durante la dictadura empezaron a contaminar las aguas de los distritos cercanos al Centro Atómica Ezeiza (CEA), una deuda que la democracia no puede saldar.
Los ambientalistas nucleados en torno a la Laguna Rocha, en Monte Grande, al sudoeste del Conurbano, recuerdan que a fines de la década de 1980 el doctor Stiglitz fue el más destacado de varios pediatras que, al detectar muchos casos de cáncer intestinal en las criaturas, sospecharon de la contaminación del agua, por lo que fundaron una Asociación Contra la Contaminación Ambiental de Esteban Echeverría y Ezeiza.
Durante aquel periodo, en el Centro Atómico de Ezeiza los militares manipularon uranio y plutonio, origen de la contaminación que Stiglitz impulsó judicializar.
La Universidad de Buenos Aires le dio la razón: la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales confirmó la astronómica contaminación pero la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) apeló con otro peritaje según el cual los valores radioactivos estaban “dentro del espectro aceptable”.
O sea que sí había contaminación radiactiva.
El problema data de cuando el Centro Atómico Ezeiza comenzó a enterrar residuos radioactivos en 1958, al comienzo del gobierno nacional de Arturo Frondizi.
Entre 1967 y 2001, miles de litros y kilos de sólidos de residuos radiactivos sobrantes de las investigaciones se depusieron sobre superficies de concreto que –se supone– no deberían haber cedido ni traspasado el suelo arcilloso.
Cuatro décadas después continuaba esa disposición bajo tierra, lo que pudo contaminar el acuífero Puelche que abastece las canillas de millones de personas en el Conurbano. Stiglitz empezó a detectar “hasta veinte enfermos de cáncer por manzana”. Así lo plasmó desde una carta de lectores en un medio porteño.
A partir de esa misiva, un fiscal federal actuó de oficio hacia abril del 2000, pero el proceso penal cayó en manos del juez Alberto Santa Marina, cuya catadura era desconocida por los vecinos que depositaron su confianza en uno de los pocos representantes del Estado que parecía oírlos. Ese voto de fe por parte de Stiglitz y los suyos se mantuvo a partir de que el magistrado mandó a hacer un análisis a la UBA.
Pronto debieron reprocharle que no adoptara medidas precautorias. “Al contrario, parece que hubiera hecho lo posible para que el estudio no se conociera”, resumió ante un medio internacional Claudio Carusso, de la Asociación ambientalista.
El secretario del juez, Guillermo González, declaró a InterPress (IPS) que sí ordenaron medidas preventivas, pero no explicó cuáles.
En tanto, hacia 2003, médicos del barrio San Ignacio comprobaron que continuaba el incremento de enfermos con cáncer. Néstor Lucatelli, patólogo del Hospital Monte Grande, señaló entonces como “muy probable la influencia del Centro Atómico Ezeiza”.
No dejaba de ser una paradoja que el CAE, a 40 kilómetros de la Capital, tuviera entre sus tareas desarrollar servicios para la medicina nuclear en pos de lograr, por ejemplo, avances en la detección del cáncer.
Qué dijo el estudio
Como el juez no demostraba mucho esmero, alguien optó por filtrar la información.
A finales de 2004, la Asociación recibió en su buzón un sobre anónimo con las 600 páginas del análisis que hiciera el geólogo Fernando Díaz (UBA): las tres cuartas partes de los 46 pozos de agua analizados tenían entre 50 y 80 microgramos de uranio por litro, en superficies de hasta 2.500 hectáreas. También tenían radón, estroncio y volúmenes de nitratos muy superiores a los aptos para consumo.
Ante el escandaloso informe debió actuar la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), desde donde sin embargo informaron que la proporción de uranio en el agua estaba dentro de los niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud.
La OMS establece 15 microgramos de uranio por litro de agua como máximo para consumo. La ley argentina de residuos peligrosos permite 100.
Luego de aquel periodo estival, los vecinos consiguieron reactivar la protesta con la adhesión de decenas de organizaciones ecologistas, a las que se sumó Greenpeace, cuyo director de campañas Juan Carlos Villalonga explicó que el tope de 100 microgramos de uranio por litro se basó en la legislación de Canadá, país que luego redujo ese límite a 20 m/L.
El juez pateó la pelota afuera… del país. Propuso un estudio internacional en España, medida que demoró el tema por años.
El laboratorio español exigió un adelanto de 90.000 euros, dinero que el Consejo de la Magistratura tardó un año en autorizar, recién en diciembre de 2007.
Pero en junio de 2009 el tema seguía en veremos, por lo que a instancia de los abogados de las víctimas, María Eugenia Talerico y Gonzalo Díaz Cantón, el juez de Lomas de Zamora admitió que la causa de 25 cuerpos estaba paralizada.
El caso llegó al Congreso cuando la diputada Ivana Bianchi (FREJULI) presentó un proyecto (expediente 3428-D-2009) en pos de manifestar la “preocupación ante la demora de nueve años para saber si hay basura radioactiva en esas napas”.
La lucha de Stiglitz y la Asamblea fue motivo de estudio para una tesis doctoral en Ciencias Sociales (UBA) por parte de Agustín Piaz, docente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), cuya Agencia dio a conocer en 2017. Piaz analizó la protesta social que cuestiona el desarrollo de la energía atómica en la Argentina: “Si bien no se trata de grupos masivos, sus promotores han sostenidos el reclamo desde 1983”, dice.
Desde la UNSAM asevera que “gracias a los estudios realizados entre marzo y abril de 2004 por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y el Laboratorio Químico del Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN) –por entonces perteneciente al Ministerio de Producción de la Nación–, en algunos pozos de agua se detectó un microgramo de uranio por litro; en otros 15; en otros 30; y, en otros más de 50. A comienzos del nuevo milenio, la OMS recomendaba un máximo de 15; la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) fijaba el límite en 30 y la legislación argentina establecía que un máximo de 100”.
A la pregunta de ¿cómo se establecen los valores de contaminación y qué entidades intervienen?, la respuesta puede sorprender: “En su primera edición, de 1993, la Guía para la calidad de agua potable de la OMS fijó los valores máximos de uranio en agua en 140 microgramos; en 1998 los bajó a 2; luego, en 2003, los llevó a 9; en 2004 los elevó a 15; y ahora están en 30, desde la quinta edición de 2011”, apuntó.
Final
El juez Santa Marina se jubiló. Después de haber prestado sus últimos servicios a la Embajada de Estados Unidos, a los servicios de inteligencia, a Alberto Nisman y al macrismo, consiguió un destino dorado en Europa como detalló una nutrida nota de El Cohete. Ahora, gracias a Mauricio Macri, es agregado en la embajada argentina en España.
Otra partida motivó a los vecinos del Conurbano a rememorar sus luchas ante El Cohete. Los ambientalistas más jóvenes retoman la bandera del pediatra que falleció el 28 de mayo a sus 93 años: “Alergista, histórico pionero en la lucha antinuclear y contra sus impactos funestos, fue mucho más que un caballero, era ‘el’ médico que atendía a quien lo buscara, aun sin un mango; el que iba adonde fuera necesario”. Así definían al doctor Stiglitz. “Era Valentín –agregaron desde la Red Nacional de Acción Ecologista RENACE–, con V de valiente”.
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