Cuando se rompen los límites

 

La economía argentina había logrado en la gestión de los Kirchner reencauzar su camino para apuntalar el mercado interno, impulsar el consumo, proteger el trabajo y, la producción nacional. Mientras que en los años 2001 y 2002  la tasa de inversión interna bruta fija era del 11% del PIB, en el 2007 superó el 23%  y  la inversión pública creció a tasas anuales superiores al 50%. Ya en 2006 el porcentaje del PIB en inversión pública fue el más alto desde 1974.

El problema era en cómo hacer para aumentar el poder de compra de los asalariados, sin arriesgar el incremento de la competitividad logrado con la devaluación a la salida de la convertibilidad, creando una baja en el costo laboral medido en moneda dura.  Para ello, el Gobierno desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso de negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresariales en el Consejo del Salario, por un lado y, por otra parte, al aplicar altos derechos de exportación (retenciones) a los alimentos generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones el precio de los alimentos en el mercado interno.

 

Kirchner relacionaba férreamente la obtención de ingresos fiscales por los Derechos de Exportación (Retenciones) con el subsidio energético, máxime que había congelado las tarifas energéticas, de comunicaciones y de transporte (en base a lo que habían ganado las empresas prestadoras de esos servicios en los años de la convertibilidad que cobraban  tarifas abusivas en pesos pero con un dólar 1 a 1). En pleno auge del modelo kirchnerista, año 2007, los subsidios a la energía y al transporte fueron de $ 14.600 millones  (a un dólar promedio de $ 3,10 de esa época significaban  4.700 millones de dólares) y ese fue el importe obtenido por las retenciones.  La idea y disciplina de Kirchner era que se apuntalaba a los hogares y a las industrias con el total del ingreso por retenciones y ese era, a su vez, el límite del subsidio.

El merito indudable de la política económica de los Kirchner fue generar, en el marco de una economía devastada por el liberalismo más acérrimo y el capitalismo salvaje, un modelo de producción y distribución en base al mercado interno, con lo que por un lado se superó el modelo de valorización financiera del capital e integración financiera a los mercados internacionales (en desmedro del mercado y la producción interna) implantado por la dictadura militar, y por el otro, permitió concebir un patrón de crecimiento que apuntaba a profundizar medidas y planes a favor de las economías regionales, de las PYMES, y del empleo y de los salarios.

El retorno a la integración al exterior

En cambio, la lógica económica en el gobierno de Cambiemos fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquirieran las divisas y las fugaran.

El gobierno de Macri solamente podía superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y ofreciendo pingües negocios al capital más concentrado. En ese marco no pueden existir proyectos de inversión productiva,  se prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que  condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa.

Era claro el fracaso del modelo económico y social generado por el gobierno de Cambiemos, el mismo staff del FMI aseveraba en octubre de 2018: “El riesgo de la dinámica propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que, en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá”.

Asume el gobierno Alberto Fernández y se auto impuso mediante la Ley 27.541 de Emergencia Económica publicada en el Boletín Oficial del  23 de diciembre de 2019, severos limites a los derechos de exportación.  La ley fue de emergencia de todo pero no cambiaria, reproduciendo la retroalimentación entre la suba de  los precios y del dólar, de manera tal que ambos crecieron en torno al 100% desde el 10 de diciembre 2019 a la fecha  y, es más, en los memorándos de entendimiento y de políticas económicas y financieras acordados con el FMI por ley 27.668, dice expresamente que ambos deben crecer al unísono y por encima  de ellos la tasa de interés, reproduciendo la combinación del monetarismo más avieso.

De esa manera se castiga a las pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno, con créditos confiscatorios de su capital al no fijar precios, sufrir la suba persistente del dólar y de la tasa de interés, sin saber si se va a contar con los  insumos adecuados y a qué valores, por el efecto de la inflación y del precio del dólar.

Solo beneficia al sector más concentrado y relacionado con el exterior, capaz de conseguir financiamiento (incluido el capital fugado) favoreciendo un modelo de acumulación extractivista, agropecuario y exportador, con contadas industrias que pueden competir regionalmente por la baratura de nuestra mano de obra medida en moneda dura.

La solución adoptada consiste en dejar flotar el tipo de cambio de manera tal que alcance un nivel que permita desactivar la demanda de dólares (algo que puede conseguirse transitoriamente) y, al mismo tiempo, implementar un ajuste fiscal que frene la economía, ralentice la actividad y, con esto, genere una oferta de dólares por la vía de la reducción de las importaciones y por el mayor saldo exportable ante el menor consumo interno.

El monitoreo de esta dinámica se da por medio de una meta sobre la tasa de inflación que, de incumplirse, lleva a una revisión del acuerdo con el FMI y en ese caso, el FMI lo primero que solicita es  una mayor flexibilidad sobre el tipo de cambio y un mayor ajuste fiscal.

Para no violar la meta fiscal, cada devaluación debe ser contrapesada con mayores quitas de subsidios, es decir, con aumentos de tarifas, sin que la dinámica del tipo de cambio ayude por el lado de la recaudación, debido a la reducción de las retenciones. Así, mientras que la devaluación empuja al alza los precios de los bienes transables (que se exportan e importan), la quita de subsidios hace lo propio con los no-transables (los servicios), generando un proceso inflacionario que termina con una economía cada vez más dual, e incumpliendo y  obligando a una revisión del acuerdo.

El acuerdo firmado con el FMI propicia un permanente ajuste comercial  (vía freno del nivel de actividad) y fiscal, con el objeto de integrar un sector beneficiado al mundo a costa de la desintegración nacional, con un sector de excluidos cada vez mayor y con menores ingresos. No existe ningún país que haya alcanzado algún grado de desarrollo con una estructura económica basada en exportación de recursos naturales, su industrialización y la especulación financiera.

Desde el gobierno de Cambiemos se genera en el país un cambio en la distribución funcional del ingreso que implica un mayor impacto sobre el producto y el empleo. Esto es resultado de una menor incidencia del consumo interno en la demanda agregada, que a su vez se profundiza por la suba de los precios  de los alimentos y demás bienes que conforma la canasta básica total, en un círculo  de pobreza y exclusión que, a su vez, trata de paliarse con políticas asistenciales cada vez menos efectivas por la suba generalizada de los precios y la mayor cantidad de personas necesitadas.

Que se produzca en la Argentina, por ejemplo, 47,7 millones de toneladas de granos de maíz como en la actual cosecha y que se permita exportar 38,4 millones de toneladas, habla por sí mismo del modelo, a lo que se suma la suba de su precio internacional (+150% en un año) y el derecho de exportación que es un porcentaje  que es menos de la mitad que en el kirchnerismo y,  su correlato sobre el precio de la carne aviar y porcina fundamentalmente y, de la polenta o del copo de ese grano.

En ese contexto, asegurar que el Gobierno tiene el objetivo cumplir con las metas fijadas en el plan económico presentado ante el FMI en materia de sendero fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas, como parte de un programa que funcione no solo para reducir la inflación sino para crecer en forma sostenida en los próximos años es inconsistente, insustentable y fuera de la realidad

Lo que menos le interesa al FMI es controlar la inflación, es más la inflación es funcional al modelo impuesto por el FMI, como lo fue durante la dictadura militar y el alfonsinismo que no bajaba del 100 % anual.

Es probable que se crezca al 4% este año, porque los sectores beneficiados del modelo van a mantener una tasa de inversión interna bruta fija del 20% del PIB (como en 2021) y dada la utilización en torno al 60% de la capacidad instalada y los niveles de productividad alcanzados (relación entre la producción y la dotación de capital que se cuenta), pero sesgado al sector exportador y el multiplicador del consumo de bienes internos de ese sector.  Y en desmedro de la mayor parte de la población que vegeta o sucumbe en la pobreza.

El solo hecho de que no se pueden ampliar los planes sociales no solo por el costo fiscal, sino porque su consumo disminuiría los saldos exportables y demandaría más energía, nos muestra claramente los límites del modelo.

Esos límites son los que siempre se rompen y obligan a un nuevo replanteo como pasó en el año 2001.

 

 

 

 

 

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