Cuando los quiteños vienen marchando

 

La restauración neoliberal conservadora impuesta en la región durante el último lustro  exhibe su fracaso estrepitoso. A diferencia de decenios anteriores, el actual ciclo promovido por los centros financieros –abocados a garantizar la fuga de capitales hacia sus costas– parece contar con menos fortaleza que otrora y se resquebraja  en la Argentina, Ecuador y Perú, después de naufragar en México.

Lenin Moreno ganó las elecciones de 2017 en el marco de un programa de la Alianza País –conglomerado político conducido originalmente por Rafael Correa–, orientado a promover la inclusión social y propiciar la integración latinoamericana. Una vez en el gobierno, Moreno impulsó la persecución judicial contra su antecesor, encarceló a su vicepresidente electo Jorge Glas Espinel y desconoció las propuestas programáticas por las que fue electo en el balotaje por el 51 % de los votos, obtenidos con el abierto involucramiento de Correa. Luego de vencer a Guillermo Lasso –candidato de la alianza de derecha conformada por los Movimientos CREO y SUMA–, Moreno propició las medidas sugeridas por quienes habían sido derrotados, generando la implosión de la alianza que lo llevó al gobierno. Dicha desintegración de su base de apoyo generó la emergencia de un nuevo actor político, el Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), liderado por Correa, quien se ha constituido en el máximo referente de la oposición al morenismo.

 

 

 

 

Ese tour de force del actual Presidente incluyó la supresión del derecho de asilo de Julian Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, la agresión constante al gobierno de Venezuela, la concesión de una base aérea para uso de las naves del Comando Sur y el abandono de la UNASUR. Este desacople respecto a su base electoral pretendió suplantarse con una nueva coalición respaldada por los sectores económicos concentrados. A los centros financieros internacionales y a sus aliados locales les resulta más lucrativo el sometimiento de las mayorías populares que su desarrollo e inclusión en una sociedad democrática. En primer término, porque impiden potenciales derivas hacia senderos de integración regional, considerada como disfuncional para la proverbial voluntad injerencista de Washington. En segundo término, y no menos importante, porque dichos círculos viciosos logran sustentar modelos productivos y económicos ligados a la actividad extractiva y primarizada, incapaces de engendrar marcos educativos más fructíferos. Ambas prescripciones, instituidas por el poder simbólico de la cultura neoliberal y reforzadas insistentemente por los medios de comunicación hegemónicos, se consolidan como funcionales al atraso social, reforzando la vulnerabilidad estructural que el FMI requiere como justificación para condicionar la orientación política del gobierno. El modelo de condicionalidad radica, en síntesis, en impedir el desarrollo de las capacidades industriales, reducir salarios, inducir a una recaudación cada vez menor y a un endeudamiento creciente,  para que por fin –como salvadores pretendidamente neutrales— aterricen los funcionarios del FMI y se dediquen a profundizar aún más el hundimiento.[1]. 

 

 

 

 

 

Destitución en ciernes

El actual proceso de sublevación ecuatoriana incluye el estado de excepción, el toque de queda, la ocupación de espacios públicos por parte de manifestantes que exigen la renuncia de Moreno y la proliferación de evidencias sobre sectores militares que no obedecen las órdenes de represión contra el pueblo. El viernes, en 18 de las 24 provincias ecuatorianas se produjeron bloqueos de rutas, y los informes de los organismos de Derechos Humanos contabilizan más de una centena de heridos, más de 500 detenidos y cinco asesinados a manos de los organismos de seguridad. La CONAIE denunció, además, el sistemático “ocultamiento de información por parte de las autoridades y los medios de comunicación”, destinado a ocultar los modelos represivos [2].

 

 

Enfrentamiento en Quito, el último miércoles 9 de octubre, entre organismos de seguridad y Fuerzas Armadas.

 

 

La degradación del gobierno de Lenin Moreno se inició con un fuerte endeudamiento a través del mercado de bonos soberanos, idéntico al suscripto por el macrismo, y concluyó con el predecible salvataje de los organismos multilaterales de crédito, que se comprometieron a otorgar un préstamo de 4.200 millones de dólares, condicionados a la aplicación de su receta de ajuste estructural, cuya primera medida supuso la quita de subsidios a los combustibles. El resto de las pretensiones estipuladas en el acuerdo abarcó el compromiso, por parte de las autoridades ecuatorianas, de someter a la economía a menores niveles de regulación, viabilizar la apertura comercial (indiscriminada), implementar la flexibilidad laboral, la rebaja del monto de las pensiones y la reducción salarial a los funcionarios gubernamentales. Esas condicionalidades suponen la destrucción del mercado interno, el retorno al rol financiero prioritario y la subordinación a las nuevas doctrinas de seguridad continentales difundidas por el Pentágono, que se encargará de supeditar los desembolsos a cambio de darle continuidad al hostigamiento y bloqueo contra sus vecinos venezolanos.

El deterioro de Moreno transitó por el mismo desfiladero que el del resto de los gobiernos adscriptos a los programas neoliberales. La particularidad ecuatoriana radica en la confluencia de tres elementos sociopolíticos específicos:

• La movilización popular de las últimas décadas ha logrado la renuncia de tres presidentes: Abdalá Bucaram (en 1997), Jamil Mahuad (en 2000) y Lucio Gutiérrez (en 2005). La causalidad entre movilización y destitución de primeros mandatarios ha empoderado a las organizaciones de base –tanto a los movimientos sociales como a los sindicales— y los ha convertido en actores emergentes y decisivos en la situación de crisis política.
• La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE)  ha logrado convertirse en un actor central de las resistencias políticas a los ajustes y a las medidas viabilizadoras del extractivismo, reclamado por las corporaciones trasnacionales asociadas a la lógica primarizadora y financiarista.
• El único Presidente que en las últimas décadas obtuvo un sostén popular duradero, y que se ha opuesto en forma sistemática a las políticas de austeridad y defendido la soberanía e integración regional, ha sido Rafael Correa. Desde 2017, Mashi, como lo llaman sus seguidores, ha visto crecer su popularidad de manera directamente proporcional a las traiciones cometidas por su sucesor.

 

 

Aritmética errada

Moreno menospreció el aprendizaje social acumulado que supone haber destituido a varios gobernantes y, paralelamente, creyó que podía sustituir su base electoral por los sectores concentrados. Ambas hipótesis fueron erradas: por un lado, la movilización popular volvió a hacerse presente –la última semana— con el mismo ímpetu mostrado quince años atrás por la Rebelión de los Forajidos, quienes se sublevaron en 2005 y lograron derrocar al Presidente Lucio Gutiérrez. Por otro lado, los intentos de Moreno por conseguir el apoyo de quienes fueron vencidos en las elecciones de 2017 (Jaime Nebot y Guillermo Lasso) no fueron exitosos: ambos cuestionaron al actual Presidente y lo responsabilizaron por la crisis. La pérdida paulatina de legitimidad gubernamental quedó expresada con claridad en las últimas 48 horas, cuando la CONAIE advirtió a los uniformados que quienes “se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a la justicia indígena”. El presidente de esa Confederación agregó que impedirán a las empresas “avanzar sobre los territorios [de los pueblos originarios] con la explotación de minería, el petróleo y los bienes de la naturaleza, destruyendo entornos de vida”. La salida al probable incremento de la violencia fue sugerida el último jueves por el propio Correa, quien propuso el adelantamiento de elecciones –potestad constitucional del propio presidente o de la Asamblea Nacional— para el caso en que se registre, como sucede en la actualidad, una situación de conmoción social.

La doctrina del neoliberalismo, funcional a los intereses de la globalización transnacionalizada, es aplicada por los países centrales en los periféricos. La desconexión de esos cantos de sirena, la integración multipolar y la autonomía de las imposiciones empobrecedoras parecen ser las únicas formas de forjar senderos soberanos. Pero la única garantía de que se articulen y que logren continuidad en el tiempo es la acción colectiva. Las calles de las ciudades ecuatorianas parecen ponerlo en evidencia.

 

 

Juan Carlos Monedero habla con la gobernadora de Pichincha.

 

 

[1] Luego de 2 años y 7 meses de Gobierno de Moreno, mayo 2017 a diciembre 2019, la deuda bordeará los 21.000 millones de dólares. El gobierno de Rafael Correa, por su parte, se endeudó únicamente en 11.000 millones al cabo de 9 años y 3 meses, al pasar la deuda de 10.205,3 millones en agosto de 2007 a 22.575,2 millones en junio de 2016 (Fuente Banco Central del Ecuador). Además la capacidad de pago de Correa, durante el periodo gubernamental, se amplió. Eso explica la apelación al FMI, que avaló el endeudamiento de los dos últimos años, imprescindibles para imponer (es post) sus condicionalidades, en la actualidad.

[2].  La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), el Observatorio de Derechos y Justicia y el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos (SURKUNA), la fundación Nina Warmi y el Amazon Frontline denunciaron al gobierno por las cuantiosas víctimas. 

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