Cuando la mentira es la verdad

 

 

“Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia. ¿Qué nos falta más que decirlo? (...) Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas”.
José de San Martín, carta al Congreso de Tucumán.

 

¿Qué ves cuando me ves?

Atajando penales todos los días, Alberto Fernández aún no ha logrado desplegar ninguna de las estrategias anunciadas cuando juró y que luego fueran ratificadas en la apertura de la Asamblea Legislativa. El coronavirus le cayó como peludo de regalo y lo está sobrellevando bien en términos relativos (comparado con Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro o Jeanine Añez), aunque esos tres compiten por el podio del desastre con personajes de la talla de Boris Johnson y Donald Trump.

Pero no es sólo la pandemia lo que le impide avanzar. El impuesto a las grandes fortunas, el nombramiento del Procurador General, la Reforma Judicial, el Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte Suprema, etc., todo está estancado ante la imposibilidad de acordar nada con una oposición cerril que se debate entre una conducción política extremista con Mauricio Macri, Miguel Pichetto, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo y los mandos medios con responsabilidad institucional.

 

 

Mucha gente está esperando un gesto poderoso que deje establecido que el poder lo ejerce el gobierno que ganó las elecciones. Los últimos días tras el asesinato de Fabián Gutiérrez, los presidentes de los principales partidos de la oposición (PRO, UCR y ARI) publicaron un parte de guerra antagónico con cualquier grado de racionalidad política. El frágil equilibrio entre las suspensiones prolongadas, la asistencia oficial al pago de los salarios el pago del aguinaldo a empleados públicos y privados, las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores de actividades esenciales donde conviven estrictos protocolos con conductas patronales rayanas en el delito (prohibiendo el aislamiento de trabajadores que tuvieron contacto directo con otros con Covid positivo), ocultamiento de datos, etc. El marco político refleja una alta conflictividad laboral que lejos de amainar promete reflejarse en las calles. La virulencia con que algunos gobernadores como Rodolfo Suárez en Mendoza, Gerardo Morales en Jujuy, Juan Schiaretti en Córdoba o Mariano Arcioni en Chubut reprimen las manifestaciones callejeras denota que la principal preocupación de los apóstoles de la restauración neoliberal está en la consagración del viejo status quo.

 

 

 

La lucha por las calles y las ideas

Esta semana se conoció el informe de la Sindicatura General de la Nación sobre el caso Vicentin. “(…) Durante las tareas de auditoría realizada, no hemos sido atendidos por Gerentes ni Directores de la empresa, sino sólo por un síndico integrante de la Comisión Fiscalizadora, quien, a su vez, cumple tareas de asesoramiento contable, circunstancia que resulta incompatible, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 286 de la Ley General de Sociedades. (…) La existencia de chequeras completas firmadas (una sola firma) en blanco, la falta de cheques en talonarios completos sin usar (…), con el riesgo potencial que ello trae aparejado".

Varios kilómetros de vehículos haciendo sonar sus bocinas recorrieron la ciudad de Rosario portando banderas argentinas y de distintos sindicatos y agrupaciones apoyando al gobierno de Alberto Fernández y la expropiación de Vicentin. La convocatoria efectuada por el Sindicato Aceitero de Rosario contó con la adhesión de gran cantidad de organizaciones de trabajadores de distintas ramas de actividades estatales y privadas. La marcha culminó con un acto frente al Monumento Nacional a la Bandera. En Reconquista y Avellaneda dos manifestaciones antagónicas, los trabajadores y los sindicatos apoyados por las organizaciones de DDHH nucleados en “Norte Amplio” apoyando la intervención del gobierno y los defensores de Vicentín en contra de cualquier medida que signifique ingerencia oficial en la “propiedad privada”. Apenas un cordón policial separando cuando son minoría.

 

 

 

El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, apoyó el pedido de inhibición de bienes de Javier González Fraga y ejecutivos de Vicentin como “un muy buen paso” de la Justicia, y afirmó que la intervención de la empresa “es el camino a tomar”, ya que “necesitamos herramientas contundentes y claras para una sociedad que reclama justicia permanentemente”, dijo en declaraciones a AM 990. “Que se haya dado este paso para los que estamos a favor de la intervención es una herramienta más a lo que nosotros estamos seguros que es el camino a tomar; ojalá sepamos de una vez por todas qué pasó con el crédito a Vicentin, la estafa que le hizo al Estado y que los culpables caigan como corresponde”, agregó. “Esta es una manifestación a favor de la intervención, contra los empresarios corruptos; muchos critican a los planeros, a los pobres, nosotros salimos a reclamar en contra de los empresarios que viven del Estado hace mucho tiempo, ellos son planeros vip”.

Sin dudas la expropiación de Vicentin podría ser la señal necesaria para que los melones ocupen sus respectivos lugares en el carro de la historia. ¿Que van ganando la batalla comunicacional? Tal vez al calor del proceso judicial la opinión pública desarrolle la autodefensa necesaria para comprender la dimensión de los delitos cometidos por la familia Vicentin. Descolgar los cuadros de parte de Néstor seguramente no tenía más simpatías que expropiar a los bandidos de la firma y sin embargo ex post facto generó un rumbo que hasta hoy enloquece a la derecha. Es la eterna dialéctica entre ser y actuar. La audacia política no equivale a aventurerismo. La situación se va de madre cuando los factores de poder empiezan a correr los límites y dominan ellos mismos el territorio.

 

“Operadores, carneros y mentirosos”

Una verdadera convulsión se vive en el gremio periodístico a partir del efectivo conocimiento del espionaje y la persecución ideológica realizado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri a más de 400 periodistas antes de las cumbres de la OMC y G20. El seguimiento a los periodistas puso la lupa en su participación sindical (más de 100 espiados son afiliados a SiPreBA y Cispren/ Fatpren), en los reclamos de la paritaria o en la defensa de los medios públicos, en particular la cerrada defensa del gremio por los despedidos de Télam. Numerosas organizaciones gremiales y sociales, organismos de derechos humanos y personalidades firmaron una primera solicitada denunciando el hecho.

 

 

Un plenario del SiPreBA porteño resolvió encarar un Plan de Lucha con asambleas y medidas de fuerza en los medios de prensa de todos los soportes —tras una paritaria en 2019 del 15% y cero en 2020—, exigir la presencia en las negociaciones del gremio mayoritario y llegar a todo el país a través de la Fatpren. Se hizo eco de un fuerte reclamo de las compañeras por la práctica de exclusión que se repite en distintos medios con las trabajadoras. Reafirmaron el compromiso con la libertad de expresión al cumplirse cuatro años del ataque a Tiempo Argentino y Radio América, y recordó que les trabajadores se defendieron ante ese hecho, así como de los 4.500 despidos sufridos desde 2016, con 28 detenidos y más de 50 baleadxs por las fuerzas policiales en movilizaciones.

Mucho más de dos mil trabajadorxs de prensa firmaron y otro tanto protestó por no llegar a tiempo para estampar su nombre en una solicitada en respuesta a quienes sostienen que en la Argentina se vive una persecución judicial a la prensa y un “ataque a la libertad de expresión” (hicieron causa común con motivo de la aparición de seres como “Pirincho” en las maniobras delictivas de la AFI). Esos millares son los periodistas que no se comercializan por un plato de lentejas. Mientras, 100 empleados de los grupos hegemónicos que arman el relato para favorecer a sus empleadores millonarios firmaron una solicitada para defender al vocero de las corporaciones Luis Majul.

“Periodistas de medios privados, públicos, autogestivos y comunitarios, desocupadas y desocupados, así como también analistas de los medios de comunicación e integrantes de entidades vinculadas al estudio y la agremiación, creemos que las y los periodistas, como toda la ciudadanía, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. (…) Creemos que el periodismo debe ejercerse con profesionalidad, libertad y dignidad. Y que, en el necesario vínculo con el poder y las fuentes, tenemos reglas por cumplir. No vale todo. (…) Y entendemos a esa libertad de expresión como una conquista colectiva, no desde posiciones individuales ni sectarias. No es nuestra libertad, es de la sociedad. Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, atravesados por la angustia de una pandemia.”

Mariano Martín, lúcido especialista en temas gremiales, estampó en Twitter un lúcido resumen del porqué de las firmas que recorrieron sin pausa las oficinas de todos los medios: “Firmé. Porque me harté de que se roben el periodismo los operadores, los carneros, los mentirosos, los chiveros y los apretadores. Y porque me pudrí de que encima se rodeen de foros y premios para bañar de prestigio su roña”.

 

 

Riesgos, violencia y estafas

El 9 de julio se cruzó la barrera de 800 casos positivos en las grandes cadenas de supermercados. Coto, Carrefour, WalMart, Cencosud, Makro, Vital, los disimulan. Los medios hegemónicos, que venden las páginas de publicidad en sus diarios, hacen silencio y Armando Oriente Cavalieri hace como si nada pasara. Los trabajadores reclaman como pueden desde sus nuevas y viejas agrupaciones disidentes, los dueños y sus gerentes apuran al poder político. El fiscal Franco Picardi tomó una denuncia penal contra Coto, de que “las distintas sucursales y la casa central habrían continuado con la atención al público, y no se habrían realizado los aislamientos obligatorios, incrementándose el riesgo de contagio”. La apretada de Búfalo, el matón de Coto, a las autoridades municipales de Lanús, quedó filmada como testimonio ineludible de que no les importa la vida ni la salud de nadie, trabajadores y clientes incluidos. El Ministerio de Trabajo y el de Salud Pública no logran articular una respuesta.

Ante el silencio paritario, el titular del gremio de Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, pidió negociar salarios por rama y descolgar a los empleados de supermercados del resto. Infogremiales publicó en su sitio una foto del histórico referente de Empleados de Comercio de La Matanza y ladero del “Ruso” Carlos Gdansky cuando unificaba el movimiento sindical en la CGT matancera en plena diáspora menemista. Los reclamos de negociaciones paritarias de los sindicatos cuestionando los acuerdos de cúpulas de la mesa chica de oficinas centrales se están transformando en muecas de rebeldía aquí y allá. La seccional Santa Fe de la UOM conducida por José “Bife e’ Tigre” Ortiz siguió el camino de los metalúrgicos de La Matanza y de Córdoba exigiendo sumas a cuenta de futuros aumentos para calmar el reclamo de las bases.

 

 

 

El abierto apoyo de Pablo Moyano, que intervino igual que en el conflicto del SOMU con los pesqueros a través de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), sirve de soporte en la UTA marplatense, que vive horas de violencia y crisis. Choferes y sus familias reclamaron el pago de salario y aguinaldo atrasados ante la atenta mirada policial con duros cánticos (“Pone la plata, la puta que te parió”). En eso estaban cuando recibieron disparos de una patota de gente armada. Expusieron un video en el reconocen a Adrián Giménez, dirigente de la UTA local. Piden su renuncia inmediata. Un grupo vinculado a esa conducción local irrumpió a los tiros amenazando: “Váyanse porque van a terminar mal”. “Estás loco, Adrián”, se escucha. Según Infogremiales, tras cinco días de bloqueo, Juan Mastromarino —de la UTA disidente que responde a Miguel Bustinduy—se explayó: "En la asamblea resolvimos levantar el bloqueo pero, si el pago de los ajustes salariales no se ven reflejados en sus cuentas, el próximo 25 volvemos a bloquear la salida de las unidades". Para los opositores se trata de un triunfo que los hace ganar terreno en la disputa nacional que mantienen desde hace tiempo con Roberto Fernández. La interna más picante del gremialismo nacional sigue su violento curso. Mientras, continúan las medidas de fuerza en Rosario y San Luis, entre otras filiales de la UTA al borde del estallido, en medio de la exigencia de las patronales de cobro de los subsidios antes que pago de los salarios.

 

 

 

 

Las estafas piramidales o “esquema Ponzi”, telar de la abundancia, etc., fueron tomando diferentes nombres según el contexto histórico, pero la realidad es que en todos los casos llevan a una ganancia para pocos y una pérdida para muchos. Esos muchos son los trabajadores de Metrovías. Como con la estafa de la compra de trenes contaminados de asbesto a España, el presupuesto escatima ingresos para “ahorrar” gastos. Ya se les hizo una costumbre. La concesión del Subte no admite fracturas en la relación laboral. En otros lugares del mundo el manejo irresponsable de la actividad ha costado decenas de vidas humanas. Los fallecidos por Covid en el Metro de Nueva York son más de 140 (datos al 15/06); 18 en Ciudad de México al 29/06, en Sao Paulo son 6 al 22/06. Este es el marco sanitario de la pandemia y la actividad en que carroñeros funcionarios de cuño diverso plantearon una estafa piramidal. La empresa Metrovías, el ente controlador Sbase bajo la órbita de Ciudad y el sindicato minoritario UTA firmaron un acuerdo ilegal e inconsulto para quedarse con fondos de la AFIP, la Anses bolsiqueados a los propios trabajadores. Otro paso de Roberto Fernández hacia el precipicio. Los Metrodelegados, con la piel erizada, contraatacan por todos los medios.

 

Una de cal y dos de arena

“Se efectivizó hoy el pase a planta permanente de 638 trabajadores; se regularizó la situación de 3.724 trabajadores que figuraban con contratos de locación de servicios, y a quienes se pasa a planta temporaria, y se pasó a planta a 1.909 becarios de Salud”. También se concretó la designación de 8.708 trabajadores de la carrera hospitalaria; 3.849 de los cuales eran designaciones que no se habían llevado adelante por problemas burocráticos o desinterés político, la efectivización de 2.894 concursos y la incorporación de 1.966 nuevos trabajadores en la carrera hospitalaria”. Este anuncio del gobernador Axel Kiciloff es un ejemplo concreto de medidas visibles de otra política posible.

 

 

 

 

YPF, empresa controlada por el Estado, lanzó un plan de retiros voluntarios para empleados fuera de convenio que fue rechazado por el Sindicato de Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) que conduce Antonio Cassia: “Es una invitación a aceptar un dinero que no garantiza la subsistencia (se paga en 36 cuotas) y enfrenta a los trabajadores a un futuro de desprotección laboral como ya vivimos anteriormente”. Cassia fue secretario general del gremio en 1992 y sabe de lo que habla: con los retiros durante el menemismo miles de petroleros se quedaron sin el pan y con la torta comida por la inflación.

Se realizó la primera audiencia de conciliación por el cierre de las operaciones de la aerolínea Latam y los gremios exigen que pague una doble indemnización a cada empleado, mientras que la empresa por el momento está ofreciendo un programa de retiros voluntarios por poco más del 100% y amenaza con una chicana legal para declararse en crisis y pagar solo la mitad. Con la presencia de los Sindicatos Aeronáuticos Unidos: APLA (pilotos), APTA (técnicos), APA (personal de tierra) y UPSA (jerárquicos). En otra audiencia estuvo AAA (tripulantes de a bordo). Más allá del tira y afloje por el tema de las indemnizaciones, Latam ratificó su decisión de cerrar de manera definitiva y no temporal su filial en la Argentina, muestra de que lo que le molesta es la actividad gremial. En fuentes gremiales y gubernamentales se inicia una ronda para garantizar las fuentes de trabajo amenazadas.

En la celebración del Día de la Independencia presidida por Alberto Fernández (acompañado por gobernadores, empresarios y un Héctor Daer en soledad) se escuchó un discurso de profundo contenido pacifista. Las imágenes posteriores en el Obelisco con consignas esotéricas cuasi psiquiátricas contra la cuarentena, la política del gobierno y en defensa de la propiedad privada contra el comunismo universal, mostraron un estado de agitación creciente que culminó en el ataque al móvil del canal de noticias C5N y la agresión a otros periodistas que trataron de contener la turba son las dos caras de la realidad.

Sin cobertura mediática a no ser por las redes alternativas, el comportamiento callejero de los que manifestaron públicamente refleja esa realidad. La caravana de Rosario y el acto de Reconquista reflejaron el apoyo a la intervención del gobierno a la empresa y la defensa de los puestos de trabajo. Las consignas lo reflejaban y la actitud pacífica lo refrendó. Del otro lado solo gritos destemplados, insultos, persecución a periodistas, rotura de móviles y amenazas constantes. Esto no se arregla con la desmentida formal del comunicado gatillo.

El armisticio unilateral sin decisiones concretas que lo acompañen ofrece un blanco incomparable frente a una derecha crispada. La adhesión al Presidente Alberto Fernández no es a sus discursos sino sobre todo a sus decisiones. La concreción de sus resoluciones de Estado es la generadora de adhesiones y oposiciones. En una sociedad en crisis como la nuestra no es posible conformar a todos. Los trabajadores que lo votaron y lo apoyan, y sus organizaciones gremiales, sociales y políticas esperan en alerta sus anuncios más que sus explicaciones.

 

 

 

 

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