CUANDO EL QUE NO FUNCIONA ES EL ESTADO

 

En nuestro país el Estado fue un factor clave en la conformación de las grandes unidades de producción (las estancias) y en la generación de tecnologías para el sector, pero nunca avanzó en la promoción de un emprendimiento de este tipo, pese a contar con altas capacidades y con organismos con la potencialidad adecuada para aportar la investigación necesaria. Sin embargo la sociedad toda financió en esta dinámica la apropiación privada de la tierra y del conocimiento producido públicamente.

Ya lo afirmaba Domingo Faustino Sarmiento: “Quieren que el gobierno, quieren que nosotros que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra, a los Luro, a los Duggan y los Leloir y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas”[1]. Y ese estigma sigue vigente como una condena para nosotros y, para ellos, en cambio, como si fuera una merced, un privilegio, un derecho natural, una gracia divina que les da el cielo.

El auge del ciclo agrícola se acompaña en forma creciente por múltiples problemas sociales, ambientales y económicos, e impacta en distorsiones en la estructura social agraria. La desaparición de agricultores familiares y pequeños productores y la consolidación de la polarización social en el medio rural –producto del encarecimiento del paquete tecnológico básico– son algunas de sus consecuencias más visibles, que continúan incrementándose sin límite en el tiempo. Es más, los nuevos ricos rurales son los dueños de las máquinas y equipos que alquilan a terceros  o alquilan campos por contar con ese equipamiento.

El uso de las semillas transgénicas, la trayectoria histórica delineada sugiere una problemática cuya resolución está aún pendiente. La apuesta a la producción pública de conocimiento científico y a la generación de desarrollos tecnológicos propios mantiene un mismo conflicto y desafío: la batalla por su apropiación social.

Ineludiblemente ligado a esta cuestión, el control de los recursos naturales, de su forma de explotación y, sobre todo, de las ganancias derivadas de ellos, permanece como un eslabón clave y pendiente en la Argentina actual, a la que han sabido acompañar con una maraña de mecanismos compensatorios que les permiten extraer todo tipo de rentas que les subsidian y ayudan a perpetuar sus privilegios.

Nadie sabe el costo de producción de la soja, de su harina, de su aceite y así con todos los demás granos, sí sabemos su precio internacional que se fija en referencia en el mercado de Chicago (Estados Unidos). Tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto, qué cantidad de toneladas se exporta, por las serias falencias de control en, por ejemplo, los 68 puertos locales (incluidos el de Buenos Aires y Dock Sud) que dan sobre el Paraná hasta el Río de la Plata, de los cuales 55 son privados y si, sabemos por el caso Vicentin SAIC, que por la hidrovía del Paraná transitan más barcazas con bandera del Paraguay que argentinas y que, en realidad, muchas de ellas, salen de los puertos nacionales vacías, se hacen poner el sello de la Aduana en el hermano país y luego cargan en terminales argentinas para no pagar las debidas retenciones. Otro tanto ocurre con el petróleo, el gas, el oro, el cobre. Basta  recordar cuando el en ese entonces Ministro de Energía de la Nación Juan José  Aranguren, que trabajó durante 30 años en Shell, dijo en el Congreso de la Nación que desconocía el precio del costo de extracción del petróleo. Igual con la distribución de la energía, de las comunicaciones, etc., etc.

Vicentin Paraguay, con sede en Asunción, hasta el año pasado reportaba de 6 a 7 empleados sin que exista allí una planta productiva. Sin embargo, es el segundo exportador de granos de ese país y, aparece comprando la parte de Vicentin SAC Argentina en la firma Renova SA que, asociada con la trasnacional Glencore, es la mayor fábrica de aceite de soja del mundo.

En realidad toda la historia de Vicentin SAIC es un nítido reflejo de lo que afirmamos, creció recibiendo tierras fiscales del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, puertos del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, participó de las privatizaciones en el gobierno nefasto de Carlos Saúl Menem y, finalmente, se benefició de la “pesificación asimétrica” transfiriendo deuda en dólares al Estado argentino, con el gobierno de Eduardo Alberto Duhalde en el año 2002.

Lo relatado es la apropiación gratuita (y la más de las veces ilícita) de las rentas de los recursos naturales (agua, tierra, aire, etc.). ¿Qué es la soja, sino tierra y agua del país, cuánta mano de obra demanda la producción de una tonelada de soja? Es renta que se apropian, que no se contabiliza y por ende no se paga. Y no es compensada por la baja recaudación del impuesto a la propiedad rural o, como derecho de exportación que amenguan vía triangulaciones y, el caso de Vicentin lo demuestra  (y obviamente no es el único), con su filiales en Paraguay y Uruguay.

Por supuesto para perfeccionar ese mecanismo rentístico y de fuga, de doble contabilidad, de evasión y elusión de impuestos, deben contar con el sector financiero, que hace coincidir sus declaraciones juradas con las Letras de Cambio o Carta de Créditos de los bancos, por lo que se suma la renta financiera garantizada y asegurada por la fuerte cartelización del sector.

En los primeros once meses de 2020 el 91% de las operaciones declaradas de exportación de productos agro industriales se realizaron por nueve empresas, seis extranjeras, de las cuales cinco de ellas se hacen llamar por su primera letra ABCD: ADM; Bunge Ceval; Cargill; COFCO; Louis Dreyfus, más Glencore como Renova SA y/o como Oleaginosa Moreno SA. [3]  Y las otras tres nacionales: Aceitera General Deheza; ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas); y Molinos Agro de Pérez Companc

Todas ellas forman parte de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) . Pese a haber obtenido una cosecha récord y con los precios más altos de los últimos años (en el mercado de Chicago la tonelada de soja cerró el mes de noviembre a 440 dólares y los 900 litros de aceite de soja a 920 dólares,) el total de la liquidación de exportaciones en los once meses del año fue de 18.583.581.963 dólares, que fue un 15,67% menos que lo ingresado en el año 2019 en igual lapso.

Debe reconocerse que si bien no cumplieron con lo acordado de liquidar las exportaciones en tiempo y forma, en parte sí lo hicieron y esa es la causa principal por la que entró a descender el precio de los dólares paralelos. Y eso demuestra el poder omnímodo que tienen, están sentados en un sector estratégico de la economía argentina y el Estado depende de que liquiden sus ventas.

 

 

Funcionarios que no funcionan

Recién a partir del 1° de diciembre de 2020 mediante la Resolución 132/2020 del BCRA, se exige a los operadores de granos que para mantener la inscripción en el registro de exportadores tendrán que cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas.

Por otra parte, la renta financiera se explica porque son diez bancos privados los principales agentes de comercialización externa: el banco chino ICBC; pero también tienen destacada labor el Banco Galicia y el Banco Macro, entre los nacionales (muy desdibujado el Banco Supervielle) y entre los extranjeros el Banco Santander-Río; el Banco BBVA; el Banco HSBC; el Citi; el Banco Patagonia (que en un 80% pertenece al banco Do Brasil)  y, el BNP Paribas. Como además son principales colocadores de fondos en las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA), todo ello les ha permitido ganar mucha plata mientras el país sufre la caída del Producto Bruto Interno más grande desde que se tiene registro.

El Estado nacional incurrió en fuertes gastos para enfrentar al virus Covid-19 y asistir como pudo a la población, de manera tal que cierra 2020 con un déficit fiscal de unos dos billones de pesos, sin posibilidad de mayores ingresos por la estructura tributaria ligada esencialmente al nivel de actividad, que se encuentra en una severa recesión por la propia pandemia. Así, ingresa en un círculo vicioso: financia su déficit fiscal principalmente con emisión [4], luego saca esos pesos del mercado con endeudamiento (Las LELIQs del BCRA, que financian el déficit fiscal, por lo que paga una tasa del 37% anual) y devalúa en un 45,8% (el tipo de cambio vendedor pasó de $ 59,60 el primer día hábil de enero a $ 86,50 el lunes 30 de noviembre 2020) para licuar dicha deuda.

El verdadero problema es que hay que cambiar el modelo rentístico, donde solo se premian las estrategias especulativas y evasoras ante el fisco, por uno productivo. La pregunta es: ¿cómo puede cambiarse un sistema que insiste tan efectivamente en reproducirse y mantenerse por sí mismo?  O si se quiere, ¿por qué razón esa minoría que gana fortunas de la renta que el grueso de la población no percibe (ni la ve e ignora que existe) van a cambiar por “motu proprio”?

Es más, se rinde honores y hasta se entierra con la bandera argentina a uno de los grandes operadores de esa apropiación de renta. Trabajé hace muchos años en Macro Compañía Financiera SA, que era dirigida por tres economistas ligados directamente, uno al partido militar (incluso fue el ministro de Economía cuando se lo nombró a Felipe Cavallo Presidente del BCRA en 1982), otro al Partido Justicialista y, otro al radicalismo.  Este último fue el Secretario de Hacienda y Jefe de la negociación de la deuda externa en la gestión de Juan V. Sourrouille y aceptó legitimar cambiando títulos de deuda firmados por nadie (los funcionarios de la dictadura militar) y de esa manera transfirió deuda de los Macri, de los Bulgheroni, de los Rocca, de los Pérez Companc, de los Blaquier, etc. al Estado argentino, es decir a los ciudadanos de a pie que pagamos la deuda. Como escribió un siglo antes Sarmiento: “Quieren que el gobierno, quieren que nosotros que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna…”.

En la Argentina los empresarios no se molestan en innovar, en diseñar nuevas máquinas y productos, en generar mayor producción y mayor empleo, tienen mercados cautivos de los que extraen grandes beneficios. (La renta como diferencia entre el costo y el precio final.) Pensemos en el mercado que se quiera, siempre es una minoría que termina acordando entre ellos y fijan las reglas de juego. Si el Estado observa sin hacer nada o muy poco, es el que no funciona. Hay casi nueve millones de personas que esperan recibir el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque no les alcanza para llevar un plato de comida a la mesa, en un país que elabora alimentos para 300 millones de personas. Se pagan altas tasas de interés y se devalúa nuestra moneda, ello seguro que impacta sobre los precios y deteriora el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones.

El camino debe ser exactamente al revés, castigar severamente las actividades monopólicas y cuasi monopólicas, detraer con impuestos parte de esa renta y con ello pagar el déficit fiscal de 2 billones de pesos este año y luego tomar medidas que impulsen la producción y el trabajo.

El Estado debe tener empresas testigo y exigir la participación de los bancos oficiales nacionales y de provincia en el comercio exterior. Todo en el marco de la Emergencia Cambiaria, restituyendo el Decreto 2.581 de abril de 1964 y anulando el Decreto 893/2017 que derogó dicha emergencia.

 

 

 

 

[1] Periódico “El Censor” del 9 de enero de 1886

[2] También del petróleo, del gas, del oro, del cobre, basta  recordar que cuando el, en ese entonces Ministro de Energía de la Nación, Juan José  Aranguren, que trabajó durante 30 años en Shell, dijo en el Congreso de la Nación que desconocía el precio del costo de extracción del petróleo. Igual con la distribución de la energía, de las comunicaciones, etc. etc.

[3] Los miembros fundadores (ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company y Glencore Agriculture) con el fin de modernizar las operaciones comerciales globales conforman el proyecto Covantis, que cuenta con un sitio web, www.covantis.io, para conectar la agroindustria a través de una plataforma digital.

[4] También coloca títulos de deuda en pesos pero ajustados por la inflación (BONCER) o por el valor del dólar (Dólar linked).

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