Cuando el aborto es un crimen

                                  Todas las fotos son de José Cettour.

 

El 16 de octubre se dieron a conocer los fundamentos de la sentencia en la Megacausa Rafaela por la que se condenó a los responsables de los crímenes dictatoriales contra militantes polítics de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. El objeto del juicio incluía la desaparición forzada de Reinaldo Hattemer. Las condenas recayeron sobre Ricardo Ferreyra, en su condición de jefe de la Comisaría 4ª, centro neurálgico del circuito de represión política en la ciudad de Santa Fe, a 16 años de prisión y unificados en 22 años por condenas impuestas anteriormente; Juan Calixto Perizzotti, como coordinador del Área de defensa 212 con sede en la ciudad de Santa Fe y mandamás del centro de cautiverio Guardia de Infantería Reforzada (GIR), a 14 años de prisión que se unifica en prisión perpetua por condenas anteriores; María Eva Aebi, mano derecha de Perizzotti, a 10 años de prisión que se unifica en 25 años con las penas con las que  antes fue condenada; y Oscar Farina, otro importante colaborador de Perizzotti, a 8 años de prisión. En el caso de Farina es la primera condena que recibe, pero debería ser el antecedente para una sanción mucho más importante ya que en el debate del juicio se expuso prueba sobre su intensa participación en los crímenes genocidas de la dictadura y, en tal sentido, la querella que llevamos adelante como equipo jurídico de H.I.J.O.S. Santa Fe, junto a Lucila Puyol y Valeria Silva, y en representación de les hijes de Silvia Suppo –Marina y Andrés Destéfani—, requerimos que se inicien investigaciones penales a partir de esa prueba. Siguiendo lo planteado en la acusación de nuestra querella y de la fiscalía, la sentencia condena por violaciones cometidas contra Silvia Suppo, como delito autónomo del de tormentos agravados, y por aborto forzado como crimen de lesa humanidad cometido durante el genocidio dictatorial, lo que constituye el primer pronunciamiento judicial al respecto en nuestro país.

 

Silvia Suppo, el testimonio como compromiso de vida.

Silvia Suppo tenía 18 años de edad e iba casarse con Reinaldo Hattemer para luego vivir juntos en la ciudad de Santa Fe, la ciudad donde Reinaldo trabajaba y que dista unos 100 km de la de nacimiento de ambos: Rafaela, la principal ciudad del centro oeste de la provincia de Santa Fe. El 25 de enero de 1977 Reinaldo fue secuestrado en la parroquia rafaelina del Sagrado Corazón, durante la ceremonia matrimonial de su hermano Oscar, y desde entonces permanece desaparecido. Silvia era la madrina de la boda y fue una de las que vio a la patota que se llevaba a Reinaldo. Actuaban a cara descubierta y varios eran policías conocidos de su ciudad: Bravo y Hoffman entre ellos. Italo Amor Falchini ya era jefe de la regional V de la policía provincial y ante los reclamos por Reinaldo, dijo que había sido conducido a Santa Fe con participación de la policía federal. En el legajo policial de Reinaldo se ocupó de asentar que se encontraba a disposición del Área de defensa 212, cuya principal sede era el regimiento ubicado en el centro de la ciudad de Santa Fe, exactamente enfrente del principal hospital público de esa ciudad.

Luego de varios meses de denunciar y reclamar por la desaparición de Reinaldo, Silvia fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 a la vez que se atacaba de la misma forma a varios militantes rafaelinos más: Hugo Suppo, su hermano; Jorge Destéfani; Rubén Carignano; Ricardo Díaz y Graciela Rabellino. Al igual que ellos, Silvia fue conducida a la jefatura de la policía provincial de Rafaela y luego a Santa Fe. Se encontraban cautivos en la comisaría 4ta., comandada por el comisario Ricardo Ferreyra, cuando fueron buscados por una patota para llevarles a una de las casitas, en las afueras de Santa Fe, centro de torturas y abusos sexuales contra ls militantes perseguids por la dictadura. Allí, mientras se encontraba con los ojos vendados y esposada a una parrilla de camastro, Silvia Suppo fue violada por tres integrantes de la patota. Tiempo después y encontrándose bajo el dominio del comisario Perizzotti como una de las muchas militantes cautivas en la GIR, ubicada en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, se advirtió que cursaba un embarazo forzado como consecuencia de las violaciones, y para su recuperación. Perizzotti le anunció que había que reparar ese error, refiriéndose al embarazo, no a las violaciones, por lo que organizó un aborto forzado. Silvia fue metida en el piso de un auto y conducida por el personal que operaba con Perizzotti, entre ells, sus dos principales colaboradores, María Eva Aebi y Oscar Farina. Le sacaron la venda de los ojos y las esposas para ingresarla en un consultorio médico ubicado dentro de una casa familiar. Aebi y Farina se presentaron como sus familiares. Un médico que Silvia recordaba con parecido físico a Martínez de Hoz, llevó adelante el aborto forzado. Luego la condujeron a la casita de las violaciones, para su recuperación. Aebi visitaba regularmente a la patota que la tenía cautiva, con quienes compartía comida y risas, ocupándose también de controlar la evolución de Silvia. Días después volvería a la GIR, donde tanto ella como su amiga Graciela Rabellino fueron amenazadas por Perizzotti para que nunca cuenten lo acontecido. Si así aceptaban comportarse, decía Perizzotti, entonces, no serían trasladadas a Devoto, como la mayoría de las demás cautivas. Recién en diciembre de 1978 le fue concedida una libertad vigilada. Silvia y otres de sus compañers con libertad vigilada tenían que presentarse ante una dependencia de la policía provincial en Rafaela, para controlar su libertad. Además sufrían el hostigamiento callejero y laboral por parte de los personajes que participaron en su secuestro y otros agentes de la inteligencia dictatorial, como Oviedo, hasta hoy en funciones en la Municipalidad de Rafaela y  Felipe Miglietto, brazo duro rafaelino del brutal Eleodoro “Lolo” Hauque, primero sargento del Ejército, cargo del que se retiró, y luego encumbrado protagonista de la inteligencia militar de la capital santafesina, reincorporado  como personal civil de inteligencia (PCI).

La convivencia de ls militantes rafaelins sobrevivientes del genocidio dictatorial con ls genocidas ejecutores, que continuaron hostigándoles como práctica regular, se ha dado hasta el día de hoy. Porque ninguna restricción de libertad sobre estos criminales fue adoptada por los jueces federales de Santa Fe a pesar de las duras y detalladas denuncias y testimonios que brindó Silvia Suppo en sucesivas y significativas instancias: para los llamados juicios por la verdad, en la época en que los tribunales no reconocían la nulidad  de las leyes de impunidad; para impulsar la denuncia por jurisdicción universal ante el juez Baltasar Garzón en España; como denuncia en el juzgado federal de Santa Fe, para que se consideren nulas las leyes de impunidad y se impulse una investigación penal sobre la desaparición de Reinaldo y los otros crímenes contra ls militantes rafaelins; como testimonio de instrucción en la causa judicial que se inició por sus denuncias; y como testigo en el primer juicio oral por los crímenes genocidas de la dictadura, la llamada causa “Brusa”.

En esta última instancia, testimonió con claridad y detalle sobre las violaciones padecidas bajo el control de Ricardo Ferreyra y sobre el aborto forzado que le impusieron Perizzotti, Aebi y Farina, como miembros de la patota de represión criminal. Con igual precisión se había expresado para una entrevista que le hizo el programa de televisión abierta “Entrelíneas”. Todos los acusados en la causa “Brusa” fueron condenados el 22 de diciembre de 2009, incluyendo a Perizzotti y Aebi, además del ex juez federal de Santa Fe, Víctor H. Brusa. Pasados sólo tres meses, el 29 de marzo de 2010, Silvia Suppo fue atacada en el local de su comercio y asesinada de nueve puñaladas. Muchas pruebas se destruyeron de inmediato con acciones de la policía provincial, respaldada por los magistrados del fuero provincial. Muy elocuente resultó el homicidio de Silvia sobre la impunidad brindada por los magistrados del poder judicial de Santa Fe a los genocidas que operaban en Rafaela, que hostigaban a Silvia y Jorge Destéfani, y que ells habían denunciado con contundencia.

 

La primera vez

La continuidad de los juicios, asegurada por la persistente e histórica tarea del movimiento de derechos humanos de nuestro país, suma más logros para establecer los alcances del genocidio dictatorial y asestar duros golpes a la impunidad de sus responsables. Así, esta nueva sentencia obtenida en la Megacausa Rafaela adoptó el planteo de nuestra querella, coincidente con el de la fiscalía, para que se sancione a Perizzotti, Farina y Aebi no sólo por tormentos agravados, sino también por aborto forzado como crimen de lesa humanidad. Es la primera sentencia que así se pronuncia y constituye una novedad favorable para que se conozcan mejor y se logren condenas para otros casos conocidos en nuestro país donde las militantes embarazadas sufrieron un aborto forzado por los cruentos ataques de las patotas genocidas.

La sentencia también condenó a Ferreyra por violaciones contra Silvia Suppo, sumándose a aquellos pronunciamientos judiciales de los últimos años que expresan un trascendente logro del movimiento de mujeres y el feminismo como impulsores clave para que dejen de invisibilizarse los ataques sexuales implementados por la dictadura cívico-militar-eclesiástica y patriarcal, especialmente contra las mujeres o también contra los hombres para “feminizarlos” según la asqueante y retrógrada concepción de la vida social de esa dictadura. Lucila Puyol, militante de H.I.J.O.S. y del movimiento de mujeres de Santa Fe, ya había cumplido una tarea decisiva como querellante en la causa por los crímenes cometidos por la patota de Reconquista (norte de la Provincia de Santa Fe) y en la que se condenó a los responsables de los inenarrables ataques sexuales contra Luisa y Griselda Pratto. Ahora también fue protagonista de este proceso judicial en que se obtuvo la reclamada condena por las violaciones y, de manera pionera, por el aborto forzado que padeció Silvia Suppo.

Como experta ofrecida por nuestra querella prestó testimonio Susana Chiarotti, quien señaló con claridad que el cuerpo de Silvia sufrió tres duros ataques patriarcales por los genocidas: las violaciones, el embarazo y el aborto forzados. Sus conceptos y aportes fueron adoptados en los fundamentos de la sentencia por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. No hubo excesos en los ataques sexuales ni en este aborto forzado. Así lo sostuvo Perizzotti ante Silvia cuando le anunció el aborto que habían organizado para reparar el error del embarazo, fruto de las violaciones que no habían sido erradas, según el jefe de la patota de la GIR. El hijo de Perizzotti, Emilio, no repudia el accionar de su padre que utilizó el aborto como un espantoso crimen impuesto a Silvia, pero durante este año se lo pudo ver como un activo militante católico contra el derecho de las mujeres al aborto voluntario liderando la organización anti-derechos “Grávida”. Como lo resaltó Lucila Puyol en su intervención durante el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley para la legalización del aborto voluntario, seguro y gratuito, no defienden ninguna vida. Han despreciado la vida de las mujeres militantes durante la dictadura y desprecian la vida de las mujeres hasta la actualidad porque prefieren la imposición de su fundamentalismo religioso a reconocer el derecho de las mujeres de decidir de manera segura sobre su cuerpo, su vida y su libertad.

 

Un acto de justicia por Silvia 

La condena a alguns de ls principales responsables de los crímenes cometidos contra Silvia Suppo es un logro que le debemos a la valentía de Silvia, quien siempre causó admiración por la fuerza y firmeza con la que repudiaba estos ataques sexuales aún cuando era muy joven y se vivía en la impunidad de la dictadura genocida o durante la democracia maniatada de las leyes de punto final y obediencia de vida. Siempre fue consciente del peligro que la acechaba por dar testimonio de estas atrocidades y aún así lo brindaba como compromiso con una mejor vida para tods en democracia sin ningún tipo de impunidad. Esa valentía de Silvia y de su gran compañero de vida, Jorge Destéfani, tiene que estar entre las razones del coraje con que sus hijs, Marina y Andrés, decidieron otorgar el más fuerte impulso a las causas que ella había iniciado con sus denuncias luego de que su mamá fuera asesinada de manera alevosa y gracias a la desprotección en que la colocaron las autoridades del Poder Judicial federal de Santa Fe. Ningún beneficio de impunidad deben obtener quienes hayan organizado el asesinato de Silvia, fue la decisión temprana de Marina y Andrés ante el crimen del 29 de marzo de 2010. 41 años después de los ataques contra aquella valiente joven, quienes se creyeron perpetuamente indesafiables han recibido la condena reclamada por Silvia Suppo en sus denuncias. Compromiso, persistencia y coraje, conformaron las acciones decisivas de esta historia que logró esta trascendente sentencia de condena contra la impunidad.

 

 

Abogado de la querella de Marina y Andres Destefani 
por el equipo jurídico de H.I.J.O.S. Santa Fe

 

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