¿Cuál es la idea?

 

El miércoles 27 de julio nos enteramos que “la AFIP comenzará a notificar a cerca de 2.000 empresas en las que detectaron incumplimientos del Programa ATP”. Recordemos que el Estado nacional destinó, durante 2020, muchos recursos –220.000 millones de pesos– a sostener la actividad económica por esta vía. El ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) apuntaba, concretamente, a promover que las empresas retuvieran a sus trabajadores en plena pandemia, mediante un mecanismo por el cual el Estado se hiciera cargo de una parte importante de la remuneración de sus asalariados. Se ayudó a 135.000 empresas.

Conociendo el paño, las autoridades competentes establecieron algunas cláusulas para evitar las maniobras más groseras que se podían tramar con esos fondos públicos recibidos gratuitamente por el sector privado: se exigió que aquellas empresas que recibieran estos subsidios no pudieran distribuir dividendos, y que tampoco pudieran destinar fondos a la recompra de acciones propias, transitoriamente.

Sin embargo, controles efectuados con fuentes de información provistas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores permitieron determinar otra maniobra ilegal: la utilización de esos fondos otorgados ante una situación dramática para actividades que violaban absolutamente el espíritu de la ayuda. Se detectó “la adquisición de títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior, y la realización de erogaciones a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación” (alguna plaza externa de difícil control). Dicho en lenguaje más conocido: usaron fondos provenientes de ATP para compra y fuga de dólares en plena pandemia, y participaron activamente en la corrida cambiaria promovida por sectores minoritarios con fines desestabilizadores.

Ante la comprobación de estos hechos, las autoridades decidieron la caducidad del beneficio para unas 2.000 empresas. La información señalaba que “las firmas serán notificadas por el organismo para reintegrar los recursos y podrán hacerlo a través de un plan de pagos”. La Resolución General 5035, publicada en el Boletín Oficial, estableció el procedimiento para que las empresas que no cumplieron con las condiciones establecidas por el Comité de Evaluación y Monitoreo de los ATP restituyan los fondos correspondientes al salario complementario.

 

 

Dos conclusiones, una buena y la otra mala.

Primero, la buena: hay gente en el Estado defendiendo el bien común, y no avalando los curros de sectores privados corruptos, acostumbrados a utilizar al Estado bobo para ganar plata de la peor forma. Ojalá que esta actitud pública sea cada vez más firme y más contundente.

La mala: la sanción es prácticamente inexistente, a pesar de que el daño que se le produjo a la sociedad fue grande. Es cierto, no fueron los únicos actores que timbearon en el mercado del dólar blue y del dólar CCL (“contado con liqui”). Pero participaron en una maniobra que tendió a reducir las reservas del Banco Central, impulsó las expectativas inflacionarias y las remarcaciones generalizadas y provocó la caída del salario real en un contexto de penuria general.

Como agravante, este daño que se causó a la mayoría de la sociedad fue hecho usando recursos públicos. Y parece que la única consecuencia que tendrán los que defraudaron la fe pública es, simplemente, restituir los fondos. ¿Cómo hubieran reaccionado estos empresarios frente al caso de un arrebatador de celulares atrapado in fraganti? ¿Hubieran aceptado que todo su castigo consistiera en devolver el celular? ¿Cuántos de ellos no estarían entre quienes consideran que el mini-delincuente merecería la pena de linchamiento?

Es un muy mal mensaje del sector público que esto quede ahí, como han quedado tantas tropelías privadas cometidas contra el interés colectivo. ¿Por qué no establecer un “scoring” que tome nota de este tipo de acciones para que los que delinquen de esta forma no vuelvan a tener ningún tipo de asistencia estatal o no puedan acogerse a algún sistema de subsidio, promoción o ayuda pública?

Triste es recordarlo, pero también necesario: tanto el ministro de Economía como el jefe de Gabinete, cuando fueron interrogados sobre las causas de la corrida desestabilizadora en el segundo semestre de 2020, comentaron que tenía alguna relación con la fuerte emisión provocada por el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que fue directamente a apoyar a 9 millones de compatriotas en situación más que precaria. Desde ya, es imposible pensar que estos precarizados estaban detrás de la maniobra desestabilizadora. Pero ahora aparecen otros actores que efectivamente dejaron sus huellas en los mercados más turbios.

El IFE fue discontinuado, en una concesión del gobierno a la teoría reaccionaria de que la inflación se produce exclusivamente por razones de emisión monetaria. De esa manera se castigó a mucha gente que seguía –y sigue– necesitando ayuda. Los timberos que sí estuvieron en el juego, y con fondos públicos, sólo deben devolver los recursos recibidos.

El episodio habla sobre la dificultad para aplicar políticas públicas razonables y bien orientadas en la Argentina. Echa luz sobre las prácticas corruptas vigentes y naturalizadas en el sector privado, que llevan a tergiversar y vaciar de sentido a las políticas públicas. Y también llama la atención sobre los criterios punitivos clasistas que están vigentes en el Estado cuando se piensa en sanciones por la violación de las normas: dureza con los débiles –de esos están llenas las cárceles– y laxitud comprensiva con los señores delincuentes.

 

 

Ahora 240

No está mal facilitar el crédito, ayudar a que la gente consuma un poquito más en un momento socialmente muy difícil, en el que es imprescindible reactivar. El gobierno continúa promoviendo este tipo de facilidades para dinamizar más el mercado interno con “Ahora 12” e incluso otros créditos más largos.

Dicho esto, tenemos que volver a repasar una característica central del sistema capitalista en su etapa neoliberal, un rasgo fundamental que lo caracteriza tanto en lo económico como en lo político-social.

Desde los años '80 el sistema global se ha caracterizado por retrasar sistemáticamente el ritmo de avance salarial en relación con los incrementos de la productividad del trabajo. Eso ha acrecentado las ganancias empresariales y debilitado la capacidad de compra masiva referida a la cantidad de bienes y servicios ofertados en el mercado. La brecha entre una oferta siempre en expansión y una demanda masiva más lenta, debido a la cada vez más precaria situación de los trabajadores, la ha cubierto el crédito, que es una forma de agregar poder de compra a los asalariados y sectores bajos, y que no proviene de lo que cobran por su trabajo.

El sistema como tal emparchó transitoriamente el desfasaje entre oferta y demanda. Pero, además, descubrió que el endeudamiento masivo es una forma de generar nuevos negocios, vinculados a la actividad financiera. Endeudamiento que no sólo tiene una dimensión económica, abriendo numerosos desequilibrios potenciales, sino que tiene un aspecto sociológico-político notable: los endeudamientos individuales constituyen una forma reforzada de control social por parte de los prestamistas (desde los grandes bancos hasta los usureros de barrio) hacia las amplias capas sociales endeudadas.

Vale recordar esto porque esa era, claramente, la perspectiva del macrismo: endeudar fuertemente a todxs lxs argentinxs, atarlxs a una noria interminable de deudas con bancos y empresas como se hizo exitosamente en Chile hasta el levantamiento popular de 2019.

El macrismo promovía que se endeudaran hasta lxs jubiladxs, hasta lxs perceptorxs de la Asignación Universal por Hijo, además, por supuesto, de los sectores medios o de asalariados en blanco. Deuda para todos, negocios financieros para una minoría concentrada y control social reforzado, que ya se había intentado en la convertibilidad (con las deudas en dólares de millones de argentinxs con los bancos) y que voló por el aire ante el enfurecimiento social generalizado.

En un modelo alternativo al neoliberalismo, insistimos, no está mal llevar alivio en materia crediticia. Pero el camino a recorrer debería apuntar a la mejora del salario real, para que los trabajadores –en el sentido más amplio de la palabra– puedan reposar crecientemente en sus propios recursos para adquirir lo que desean, y menos en la esclavitud financiera eternizada.

 

 

Con rumbo electoral

Nos vamos adentrando progresivamente en tiempos electorales, en un contexto completamente inusual, muy afectado por la crisis económica y el cansancio por una pandemia que no termina. A esto se agrega la complejidad de un sistema político basado en una derecha tan fracasada como agresiva, que ataca a un gobierno que no termina de aclarar ante la opinión pública cuáles son sus ejes estructurantes básicos, sus grandes prioridades, más allá de la obviedad de vacunar y buscar la reactivación económica. Y no es que el gobierno carezca de planes interesantes, con capacidad de entusiasmar. Volvamos al 10 de diciembre de 2019.

Tanto en el área de Desarrollo Productivo como de Desarrollo Social hay planes para promover una expansión económica importante, que no recorra sólo los caminos habituales, sino que introduzca transformaciones productivas dinámicas. También para la generación masiva de puestos de trabajo en diversas áreas necesarias para el país.

¿Por qué no se exhiben esos planes? ¿Por qué no se proclama con orgullo que este gobierno no piensa dejar a nadie afuera, y que quiere transformar para bien el país? ¿Por qué no se formula una propuesta lo suficientemente atractiva, positiva, concreta? ¿Por qué los buenos proyectos existentes no se traducen desde formulaciones más o menos tecnocráticas a grandes ideas movilizadoras, visualizables por las mayorías? ¿Por qué no se ofrece una imagen de un futuro deseable y posible si continúan las actuales autoridades?

La derecha local, sin propuestas convincentes, con caras repetidas del fracaso reciente, y sin haber estructurado con la habilidad que caracterizó a Jaime Durán Barba una oferta electoral “renovada”, va a apelar a su poder mediático y a lo más crudo de lo antipopular para sostener su piso electoral. Lo hará con la firmeza y convicción que la caracteriza, a pesar de lo paupérrimo de sus propuestas y protagonistas.

Sin embargo, el gobierno no parece dispuesto, por ahora, a desplegar todas las buenas razones que lo asisten para reclamar el voto popular. Incluso sus méritos en cuanto a la vacunación masiva serán puestos en duda por una derecha que no tiene límites éticos cuando de injuriar se trata.

El Poder Ejecutivo aún parece muy dependiente de la mirada de una derecha ultraindividualista, antipopular y agresiva. No termina de quedar clara cuál es su propia línea roja en materia económica, social y de principios. Esta preocupación no es una divagación politológica, sino que encierra una pregunta sobre la disposición gubernamental a la acción, y en definitiva a la búsqueda de la victoria.

Es claro que uno de los temas económicos cruciales, en la arena electoral, será el tema de los precios. El gobierno no ha sabido o no ha podido poner bajo control la situación, y hoy los sindicatos logran, luego de la reapertura de las paritarias, empatar con los fuertes saltos sufridos en el último año. Es decir, mejora ínfima del salario real, salvo en sectores muy puntuales. Los formadores de precios, en los próximos meses, tienen un doble incentivo para seguir encareciendo la canasta de consumo de las mayorías:

• Ganar más plata a costa de todo el resto de la sociedad: consumidores, otras ramas productivas que pierden consumidores, el Estado que alimenta a millones de personas.
• Socavar políticamente al gobierno, ya que militan en la derecha fracasada, con el cuento de que por culpa de la emisión monetaria suben los precios.

¿Qué hará el gobierno frente a posibles nuevas movidas inflacionarias? ¿Las enfrentará? ¿Con qué discurso?

Mientras la derecha agita a la opinión pública con cualquier tipo de disparate, culpando de todo al gobierno y empujando para que las cosas estén cada vez peor, la aspiración del gobierno no puede ser “aquietar la economía”, ni tampoco aquietar a la sociedad.

No es la despolitización, la negación de las diferencias, ni la admisión del veto constante de las minorías lo que fortalece a los gobiernos populares.

Si el gobierno piensa dejar un país mucho mejor que el que recibió, y está decidido a hacerlo, ¿por qué no lo dice?

¿Por qué no sale a ganar? Es una pregunta, y un deseo.

 

 

 

 

 

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