Cruzada anti derechos en la ONU

 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió cinco recomendaciones muy importantes durante su último período de sesiones en Ginebra, la segunda sesión anual que trabajó temas de la agenda pendiente de ampliación de derechos de las mujeres. Las recomendaciones toman como eje la igualdad de remuneración por igual trabajo y los esfuerzos pendientes para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Así como también advierten sobre las consecuencias del matrimonio infantil. Los dictámenes requirieron una ardua negociación de los países latinoamericanos y europeos con el grupo de países islámicos que se opone históricamente a esa agenda. La objeción anti-derechos incluyó 33 enmiendas. Las enmiendas finalmente no fueron aprobadas, pero para conseguir ese consenso de los 47 Estados, el Consejo debió acudir a una fórmula de aprobación sin voto que licúa la fuerza de las resoluciones en los territorios más beligerantes.

El Consejo se reunió entre el 24 de junio y el 12 de julio en Ginebra. Otro de los resultados importantes fue la extensión del mandato por tres años del Relator sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de genero. Esa continuidad estaba en duda, por la posición de los países más conservadores. En ese caso no hubo enmiendas ni objeciones. Ninguno de los frentes pudo eludir la votación que finalmente resultó concluyente: 27 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones. Los votos positivos fueron del bloque progresista de los países latinoamericanos, el Caribe y los europeos. Se sumaron Australia, Fiji, Sudáfrica, Túnez, Ruanda y Filipinas. Se abstuvieron Angola, Burkina Faso, India, Senegal y Togo. Camerún no estuvo en la Sala. Y se opusieron Bahrain, Bangladesh, China, Egipto, Eritrea, Irak, Nigeria, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita y Somalia.

A criterio de las expertas argentinas, las resoluciones del Consejo no son nuevas pero pese a todo son importantes porque especifican y enmarcan derechos ya reconocidos en los tratados internacionales. También reconocen que la pronunciación en Ginebra es importante porque pone sobre la agenda de Naciones Unidas los reclamos del movimiento de mujeres en la calle. Para las expertas, no es una sorpresa la postura del llamado bloque de países islámicos. Siempre se pronunciaron contra la comunidad LGTTBI, rechazan la sexualidad entre personas de igual sexo y lo que resulte parecido a matrimonio igualitario y derechos sexuales como la Educación Sexual integral. Esa suerte de alianza hoy está liderada por Arabia Saudita, Egipto, Pakistan, Bahrein, Quatar, Emiratos Árabes y Afganistan. También por Nigeria, Eritrea, Irak, Somalia, Túnez, Filipinas, Senegal, Camerún y Rusia. Pero este año también Brasil y Chile aparecieron como objetores de derechos en otros campos.

La oposición a tres de las cinco resoluciones fueron tan duras que abrieron una encarnizada lucha diplomática. El resultado final fue producto del trabajo de consenso realizado por la mayoría de países europeos y latinoamericanos para consolidar standards internacionales de derechos humanos. La agenda otorgó prioridad a cuestiones de protección contra violencia doméstica, discriminaciones y alertó sobre las “consecuencias del matrimonio infantil, precoz y forzado”. Antes de la votación todos los sondeos preveían que las objeciones no iban a avanzar. Pero la evaluación fue difícil porque cada proyecto tuvo a un país, o un grupo de países, como objetores y en total presentaron 33 enmiendas. Las enmiendas deben votarse antes de aprobar cada resolución para saber si el proyecto final debe ser modificado. En este caso, ninguna de las enmiendas prosperó. Luego el Consejo continúo con el procedimiento para adoptar los proyectos sin modificaciones. Pero en ese momento se entendió que la votación iba a quedar licuada: los miembros del bloque conservador se adelantaron a la votación para separarse en voz alta y uno a uno, de los artículos que molestaban. Ese procedimiento se denomina “explicación de voto antes del voto”. Y permite que las posiciones verbales queden registradas en las actas. Eso es lo que ocurrió.

Más tarde, el presidente del Consejo preguntó si algún Estado se oponía a votar las resoluciones. Nadie lo hizo. En realidad, no hacía falta. Los estados latinoamericanos y europeos buscaron consensuar posiciones entre los 47 integrantes del Consejo para robustecer los acuerdos y no ganar con un voto dividido. Los países que se oponían y podían perder, tampoco quisieron aparecer como voces derrotadas. En ese contexto de voces divergentes pero dispuestas a un acuerdo, el Presidente propuso que las resoluciones cuestionadas queden adoptadas a través de la definición del llamado acuerdo “sin voto”. Nadie se opuso a la decisión.

Históricamente, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos registran resoluciones de dos categorías: votadas o adoptadas sin voto. Una resolución sin voto significa que se adopta por consenso. Y es lo que ocurrió. Pero eso esconde una trampa. El consenso en tres de las cinco resoluciones es una ficción. Los países que cuestionan los derechos y se disociaron de las resoluciones, podrán invocar los argumentos que plantearon en el Consejo para negarse a cumplirlos cuando aparezcan reclamos por no aplicar la totalidad de los mandatos en sus territorios. No quedaron obligados y pueden ampararse, así, en los respectivos discursos “antes del voto”, esquivando además un conflicto frontal sin perder espacios diplomáticos.

Esta práctica sin voto o con votos de consenso no es nueva. Aparece en casos espinosos. Y en este momento, existen riesgos de que esta línea comience a ocurrir de manera sistemática. Hubo casos nuevos como el Brasil de Jair Bolsonaro, que intentó discutir uno de los aspectos de la resolución por la discriminación contra la mujer y las niñas, un ámbito en el que buscó engancharse al tinglado de relevantes países musulmanes. También ocurrió con el Chile de Sebastián Piñera en otra resolución alejada de los temas de las mujeres, pero sobre el apoyo a los migrantes.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU finalmente adoptó sin votación un quinto proyecto: “igualdad de remuneración por trabajo igual” entre hombres y mujeres. Hay que subrayar que esta resolución se adoptó sin votos pero no fue objeto de enmiendas. La recomendación promueve “empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad”, en el contexto inamovible de “la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. Tuvo el patrocinio de un conjunto de Estados europeos y latinoamericanos, Japón, Corea del Sur, Fiji, Thailandia, Sudáfrica, Gambia y Botswana, y el silencio de China, Rusia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y de los países árabes e islámicos, menos Turquía.

 

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