CRUDO DELITO

 

El juez federal Juan Pablo Augé procesó con prisión preventiva domiciliaria y embargó a los miembros de una banda que robaba petróleo de YPF, lo destilaba y refinaba para luego venderlo en el mercado formal e informal. A partir de una investigación de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, el magistrado consideró probado que los acusados hacían perforaciones en el oleoducto que transporta el petróleo desde Puerto Rosales-Bahía Blanca a la refinería más grande de YPF, ubicada en Ensenada, al límite con La Plata. El petróleo crudo era trasladado luego en camiones hasta destilerías en las que se lo adulteraba mezclándolo con diferentes tipos de combustible para abaratar costos.

Entre esas plantas de refinamiento se encuentra la ubicada en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, sobre la avenida Carlos Pellegrini, aledaña al barrio “El Pueblito”. El transporte se realizó con facturación y remitos apócrifos. La planta de destilación clandestina derramó los desechos en la cuenca Matanza-Riachuelo, lo que dio origen a la investigación a partir de la denuncia radicada en marzo de 2019 en la comisaría segunda de Lanús, que daba cuenta de operaciones vinculadas a la comercialización de combustibles fósiles y contaminación.

 

 

 

La fiscal Incardona señaló que los imputados cumplieron distintas funciones. Para la primera etapa de organización y financiamiento de la operación delictiva mantuvieron reuniones en Bahía Blanca y Villa Ramallo con el fin de planear la operatoria y conseguir dinero. Entre los protagonistas identificó a los ramallenses Gustavo César Degliantoni y su hijo Gustavo Degliantoni, José Luis Olivetto, Néstor Panagópulo y su hermano Carlos Panagópulo, Carlos Laborde y Noelia Esther Sazo.

En lo que fue la intervención de punción del oleoducto, la tarea de localizar el lugar donde realizar las extracciones, reunir al personal y conseguir teléfonos participaron Néstor Panagópulo, Olivetto, Sazo y se sumaron Oscar Durán, José Horacio Gómez y José Luis Defeo, que convocó a personas especializadas para realizar las punciones de oleoductos: Pedro Blanco y Pablo Bello, alias “El Panadero”. Este último a su vez incorporó a David Israel Contreras y a Jonathan Oscar Montiel como personas de su confianza.

El petróleo robado se cargaba en camiones cisterna provistos por Alberto De La Mata y su empresa “Transporte De La Mata S.R.L.”, que camuflaba la actividad ilícita registrando otro tipo de productos como aceite quemado o productos alternativos para calderas. La carga en los camiones se llevó adelante directamente desde el oleoducto y desde piletones realizados con retroexcavadoras para luego trasladar hacia diferentes refinerías: Standard Energy (utilizada por Panagópulo), Petrolera Degab (de Degliantoni), Sualier S.A. (vinculada a Enrique Hugo del Valle y Alejandro Del Valle), y Verasur, en la destilería clandestina ubicada en Remedios de Escalada y Carlos Pellegrini de Valentín Alsina, partido de Lanús, propiedad de Gerardo Rodríguez. La planta seguía funcionando a pesar de la clausura dispuesta por Acumar.

Los procesos de destilación del petróleo crudo se realizaban clandestinamente, sin cuidado del medioambiente. Gerardo Rodríguez y su sobrino Diego Rodríguez, Carlos Scarpelli, Hernán Arce, Miguel Dedeyan y Enrique del Valle tenían a su cargo el ofrecimiento de los servicios y la obtención de clientes. Gerardo Rodríguez se encargaba de los desechos generados. La etapa final era la distribución de los productos elaborados, tales como gasoil, nafta y fuel oil, que se realizaba en camiones cisterna que retiraban combustible en la planta de Valentín Alsina y los repartían en distintas estaciones de servicio.

 

 

Conversaciones que desnudan

Panagópulo fue quien actuó como enlace con los demás y en las diferentes etapas de la operación. Su rol surgió con claridad de las escuchas telefónicas. En una comunicación con Defeo, a quien llamó “Pepito”, hablando sobre una extracción ilícita de petróleo que tenía lugar en las inmediaciones de Coronel Dorrego el 25 de enero, le informó que habían encontrado las vías del ferrocarril por lo que recién terminarían el trabajo al día siguiente. Dos días después, en otra comunicación telefónica con Daniela Posadas, explicó que “la mano ya está, la gente ya sabe todo, el tema que son cañerías nuevas que no saben (sic) los caudales, las presiones, por eso fueron con cautela. Todo esto que pasó es lo correcto, de ir de menos a más. Porque si te pasaste reventás todo lo que instalaste, es un quilombo y te fuiste”. En las comunicaciones interceptadas también aparece De La Mata, quien proporcionó los camiones para el traslado. Preocupado, lo llamó a Panagópulo, quien le explicó que “ayer recién pudimos, el otro día cargamos uno por la mitad porque (había) muy poco caudal, muy poca presión, tuvimos que abrir y agrandar todo, así que recién ayer estuvo todo en condiciones normales”.

El 29 de enero Panagópulo mantuvo otra comunicación con Daniela Posadas, con quien tiene una relación amorosa, donde mencionó la necesidad de obtener una nueva suma de dinero en virtud de las demoras surgidas en la “operatoria”. Manifestó que tuvo que solicitar dinero a “Gustavito, el de Ramallo”. Y ante el reclamo de Posadas para que le enviara dinero, respondió que “la plata ya está acá en Bahía Blanca… Mañana cuando termine empiezo a mandar plata”. “Viejo boludo, está allá en lo de los padre e hijo”, continuó, en referencia a los Degliantoni. “Y me llama recién y me dice, ‘¿che, la casa era entrando, una reja un portón?’. Sí –le digo–, tiene unas columnas blancas, un portón. Y me dice ‘no hay ningún portón’. Bueno, pará que lo llamo. Así que hablando con el viejo y con el otro por Telegram. ¡Junior salí a buscarlo al viejo, porque decirle al otro que se mueva por algún lado, está lelo ya el viejo!”. Posadas consultó: “Queda ahí en Ramallo?” Panagópulo respondió: “Claro, claro, y Junior lo citó a la casa”.

 

 

 

 

En otra comunicación con Carlos María Laborde, el 22 de mayo, Panagópulo comentó los conflictos que tuvo con José Luis Olivetto, quien le señaló que no debía requerir dinero a “el príncipe” porque era él quien se encargaba de esa tarea. Panagópulo mencionó haber requerido a “el príncipe” un préstamo de 200.000 pesos y recibió como respuesta que él le había pedido lo mismo. “El príncipe” o “junior” es Gustavo Degliantoni, según aparece registrado en el celular de Panagópulo, secuestrado en un allanamiento. Así figuraba para diferenciarlo de su padre, Gustavo Cesar Degliantoni. Otra prueba de la participación de ambos surge de una conversación telefónica donde Panagópulo se comunica con una tal Tamara, le dice que está viendo de abrir una cuenta en la empresa donde trabaja esta última y que mientras completa una serie de requisitos podría comprar con la petrolera Degab, de Degliantoni. La respuesta de Tamara fue que Degab está dada de alta. “Bueno, entonces te decía, la idea es comprar a través de la cuenta de Degab, que ellos te transfieran y les vas facturando a ellos”, le expresó Panagópulo. También tuvo una comunicación con Daniela Posadas, a quien le comunicó que “el Junior” ya le había confirmado un viaje para el día siguiente. También José Luis Olivetto hizo mención a los Degliantoni durante la comunicación que mantuvo el 2 de julio con una persona a quien identificó como “Narigón”, que le expresó que tenía “un productito de Cutral Co, como el que te cargué a vos, eso es jamón del medio”. Le manifestó que tenía para sacar de otros dos yacimientos pero que estaba todo facturado. Olivetto le respondió que por la factura no habría problema, que la cosa era arreglar el precio, y le dijo que tenía para hacer buen negocio.

–¿Aquí en el ‘mano suelta’ de Ramallo? –preguntó el “Narigón”

–No, no.

–Ese le llevás y le tenés que dar plata encima. Eso sí, comés lindos asados, chupás lindo.

–Te saca a pasear en lancha.

–Sí, sí, pero viste cómo es.

–Sí, medio... no es muy mano suelta el hombre. No te deja mucho margen.

 

 

 

 

 

Línea de conducta

Degliantoni es dueño de la guardería náutica Boating Ramallo, que cuenta con un predio de 43 hectáreas sobre el río Paraná y el arroyo Las Hermanas. Incluye un albergue de 1.000 camas náuticas, un complejo de bar, restaurant y salón de eventos para 500 personas, con estación de servicio. Y tiene proyectado un salón de venta de cascos para lanchas, motores y motos de agua. En ese predio Degliantoni pensaba realizar una urbanización y para eso diagramaba un loteo para viviendas, ofreciendo amarra propia. Todo en una zona no apta. Pero poco le importaba al empresario que realizó tala de bosques nativos protegidos por ley en ese predio y alambró la boca del arroyo que desemboca al Paraná para adueñárselo.

 

 

 

La guardería náutica de Degliantoni.

 

 

 

 

Para esa misma guardería, en agosto de este año, un camión de su firma que transportaba 113 palmeras fue detenido por Gendarmería Gualeguaychú, que encontró documentación apócrifa vinculada al semirremolque. Se notificó al Juzgado Federal y se inició una causa penal por falsificación de documento público. Otro de sus hijos –que no está involucrado en el robo de petróleo– se acercó para intentar recuperar el transporte y le ofreció 70.000 pesos al gendarme para que se los repartiera con sus compañeros. Ante el intento de soborno se inició una causa penal, se secuestró el semirremolque con las palmeras, el celular del joven Degliantoni y 100.000 pesos que se encontraban en su automóvil. Gustavo César Degliantoni también fue noticia el año pasado en Junín, cuando estacionó en plena ciudad su helicóptero matrícula LVFKJ, Robinson R66, con capacidad para cinco pasajeros, diseñado y fabricado en los Estados Unidos. Un comando de patrullas labró un acta y la envió a la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina encargada de las regulaciones de aviación.

 

 

 

 

 

 

Luego de concluir su primera presidencia en Chile, Sebastián Piñera vino a la Argentina en 2014 a visitar a Mauricio Macri, por entonces intendente porteño. Piñera también se hizo un tiempo para visitar Villa Ramallo e ir a la casa de su amigo Gustavo César Degliantoni, quien comentó que la amistad surgió por la pasión por volar que los une. Degliantoni ostentó siempre su poder económico y sus traslados constantes en helicóptero. Su accionar recordaba a Tony el gordo, el personaje de Los Simpson.

 

 

 

 

 

 

En 2002 Degliantoni se presentó ante el Concejo Deliberante de Ramallo solicitando un cambio de zonificación con el fin de obtener la habilitación municipal de la empresa Degab, petrolera y destilería ubicada en su casa quinta Los Orcones, en el acceso Maiztegui de Villa Ramallo, a metros de la toma (tanque) de agua para la población. Desde el Concejo se solicitó a la Secretaría de Política Ambiental bonaerense un estudio de diagnóstico y factibilidad respecto de la incidencia en el medio ambiente del procesamiento de petróleo crudo y su obtención de distintos combustibles en la zona urbana. La respuesta tras el estudio de impacto ambiental fue la denegación del pedido. Se le derogó la habilitación municipal para que operara en el lugar. Pero su emprendimiento recibió el apoyo del entonces intendente Ariel Santalla, que con la aprobación del Concejo Deliberante le otorgó un terreno en el Parque Industrial Comirsa a un precio simbólico de un dólar el metro cuadrado, para que trasladara su infraestructura y operara desde allí. Degliantoni tomó la generosa oferta pero siguió trabajando en las antiguas instalaciones de su casa quinta sin la habilitación correspondiente. Un accidente que pudo terminar en tragedia dejó en evidencia su operar clandestino cuando el 7 de octubre de 2008 los bomberos de Ramallo debieron acudir a la quinta de calle Maiztegui ante el incendio total de dos camiones tanque de transporte de combustibles. La quinta que se encontraba funcionando comercialmente en forma ilegal como destilería no podía ocultarse al calor de las llamas. Tiempo después, ya operando en el parque industrial Comirsa (Ramallo-San Nicolás), la empresa Degab fue noticia el 26 de marzo de 2014 por una explosión en su planta que produjo la muerte de un joven trabajador. Bomberos de San Nicolás y Ramallo respondieron al llamado de auxilio. La explosión en una planta de derivados de petróleo, en el sector Pymes II del parque, produjo también la desfragmentación de una pieza metálica de grandes dimensiones, voladura de techos y caída de mampostería. En el lugar el instructor judicial y los peritos iniciaron las tareas de investigación pertinentes. La víctima fatal de la negligencia empresaria de Degliantoni fue Bruno Jeremías Weiss, de 29 años, domiciliado en el barrio Güemes de San Nicolás.

 

 

Organización, financiación y muerte

Si bien el juez Augé dejó en claro que existieron determinados roles para el robo de petróleo, el papel de cada miembro de la banda podría variar de un hecho al otro. El juez dictó prisión preventiva y embargo para las 22 personas que actuaron. Néstor Hugo Panagópulo operó como jefe de la organización, enlazando todas las etapas. Gustavo César Degliantoni y su hijo Gustavo, junto a Carlos Panagópulo, José Horacio Gómez y Carlos Laborde financiaron el robo de la operación. Laborde aportó logística y fue uno de los principales comercializadores de lo robado. José Luis Defeo se ocupó de la planificación de la sustracción de petróleo, de proveer cisternas para su carga y choferes para los camiones. José Luis Olivetto organizó y coordinó las punciones. Noelia Ester Sazo se encargó de proveer celulares no nominados y vehículos. Oscar Durán oficiaba de nexo entre Sazo y Olivetto. Alberto De La Mata aportaba la logística para el transporte del crudo y Pedro Blanco era uno de los choferes contratados. Pablo Bello era el encargado de reclutar la mano de obra y herramientas para las punciones. David Israel Contreras y Jonathan Oscar Montiel fueron contratados como mano de obra calificada. Carlos Scarpelli y Hernán Arce operaban de nexo entre las operaciones de punción de los oleoductos y la destilación en la planta de Valentín Alsina, que tenía como encargado a Gerardo Rodríguez y como principal colaborador a su sobrino Diego Rodríguez. Enrique Hugo Del Valle y Alejandro Del Valle eran principales adquirentes del producto sustraído y al igual que Miguel Dedeyan utilizaban la planta operada por Rodríguez para efectuar el secado.

La extracción de petróleo se inició a fines de enero último a la vera de la ruta provincial 72, a la altura del kilómetro 28 de Coronel Dorrego, donde fabricaron e instalaron una conexión clandestina con caños de gas epoxi. Esa cañería se proyectaba por varios metros hacia el alambrado perimetral de un campo en cercanías del paraje FraPal, donde por las noches los camiones cisterna cargaban el petróleo crudo. Fue allí donde estalló el peligro del robo seguido de muerte. En la madrugada del 2 de febrero se envió al lugar a dos empleados para que carguen el camión cisterna con el petróleo. Edgardo Vargas Báez realizaba la carga cuando se produjo una descarga estática y se generó un incendio que –combinado con el hidrocarburo contenido en el tanque– ocasionó una explosión, provocándole una lesión fatal que días después derivaría en su muerte por quemaduras con combustible en más de la mitad de su cuerpo.

Augé procesó a los 22 imputados por asociación ilícita y robo agravado. A Panagópulo, los Degliantoni, De la Mata, Defeo, Olivetto, Laborde y Sazo los responsabilizó además por el delito de estrago agravado y los embargó en 30 millones de pesos a cada uno. “A través del mecanismo implementado para robar el petróleo, los imputados crearon una fuente de peligro y aceptaron el riesgo creado”, destacó. Al resto de los actores les fijó embargos de entre uno y diez millones de pesos. El juez entendió que por los amplios recursos económicos de todos ellos otorgarles la libertad implicaría riesgo de fuga aunque les otorgó la prisión domiciliaria con la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica tan como solicitó la fiscal Incardona.

 

 

 

 

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