CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

 

El último lunes de 2019 se cumplió un año de la muerte anunciada de Héctor Timerman, no sólo anunciada sino también acelerada o no evitada a causa de la arbitrariedad de la llamada justicia de Comodoro Py en la causa por la firma del Memorandum con Irán.

Timerman padecía de cáncer y en enero de 2018 debía viajar a Estados Unidos para realizar un tratamiento imprescindible para su salud, pero la prisión preventiva que le aplicaron tanto el juez Bonadío como la Sala II de la Cámara de Apelaciones determinó que su visa de ingreso a Norteamérica no fuera renovada, insumiendo más de dos meses la obtención de un nuevo visado de carácter humanitario. Cuando finalmente pudo ingresar a Estados Unidos, ya era demasiado tarde para efectuar el tratamiento.

Recuerdo en este momento parte del escrito que presentó su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al haber agotado los recursos ante los jueces de nuestro país. Allí sus defensores decían que “la indiferencia y la complicidad de sectores del Poder Judicial argentino han alcanzado incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha omitido siquiera ejercer el mínimo control jurídico sobre los tribunales inferiores, dejando librados a muchos hombres y mujeres a la arbitrariedad de tribunales, jueces y fiscales que se olvidaron del Derecho, de la Justicia y de la humanidad y en un contexto de discriminación política y persecución han derivado en el avance de un proceso infamante que ha tenido ya graves consecuencias, también respecto de la salud, la integridad y la vida de Héctor Timerman. (...) Su salud se debilita día a día. Y se vulnera de forma irremediable su derecho a la vida, a la integridad personal y la dignidad”.

“Escribo estas líneas desde mi casa, donde me ha confinado el tribunal... Soy un preso político. Un juez argentino me acusó de traición y del encubrimiento de funcionarios iraníes acusados de ser los autores intelectuales del ataque terrorista de 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro judío de Buenos Aires, en el que fallecieron 85 personas y 300 resultaron heridas. A veintitrés años del ataque, no hay detenidos y se sabe muy poco de los hechos, excepto que sucedieron”, dijo Timerman.

Señaló que “la investigación sobre el ataque fue tan defectuosa y corrupta que en 2004 se anuló el juicio y se comenzó a investigar al juez que lo presidía. El juez Claudio Bonadío —quien ahora me acusa de traición— dirigió la investigación de aquel encubrimiento, pero lo retiraron del caso en 2005, acusado de ser tendencioso y de haberse coludido para proteger a quienes frustraron la investigación inicial”, manifestando que “la defensa de los derechos humanos ha tenido una importancia crucial en mi vida personal y profesional”. “Considero que mi cargo diplomático en este caso era parte de ese ideal. En cambio, me encuentro inmerso en un proceso kafkiano que agrava el cáncer que padezco y me roba el tiempo que me queda de vida”.

“Evitar que reciba atención médica a tiempo es casi como condenarme a la muerte. La Constitución argentina no contempla la pena de muerte pero, con un juez como este, no tengo garantía de ello”.

Entonces señalé que los jueces también pueden violar los Derechos Humanos, que si bien tal vulneración se registra en las dictaduras, también puede suceder durante el llamado estado de derecho y por conductas de los jueces, los que por ignorancia o bien dolosamente —a través de la violación de principios constitucionales— pueden infligir a un ciudadano tratos inhumanos y degradantes. En Comodoro Py una persona podía llegar al final de su vida cubierto por la sospecha de haber cometido delitos sin haber tenido nunca presunción de inocencia, ni acceso a la Justicia, estigmatizado por un juez de instrucción como traidor a la patria y encubridor,  sin haber tenido un juicio oportuno que pusiera las cosas en su lugar.

Esto sucedió luego de que casi dos años antes otros jueces de mismo fuero, en sus distintas instancias —en febrero de 2015— determinaran que tales hechos no constituían delito alguno sino el mero ejercicio de sus funciones.

Sin embargo esto sucedió en nuestro país y Timerman murió y la causa siguió y está ahora en un Tribunal Oral para el juicio, juicio destinado al fracaso de la pretensión punitiva precisamente por ser inconstitucional, pero esta parte no podrá ser vivida por Timerman quien partió sintiéndose estigmatizado como traidor a la patria y encubridor del atentado que –precisamente— había querido esclarecer.

Por eso coincidí con lo afirmado por la Defensora de Timerman, Graciana Peñafort, para quien  “decir que gran parte del Poder Judicial ha enloquecido sería generoso". “El Poder Judicial, o una buena parte de él, se han olvidado del derecho, de la Constitución Nacional, de la dignidad de las personas y de las garantías que resguardan esa dignidad. Ayudan a su desmemoria un gobierno que nunca tuvo memoria ni noticia de ellas. Y los medios de comunicación, que como sabemos a las garantías constitucionales las puede tapar o hacer tapa. Deciden taparlas... Nadie está a salvo de la arbitrariedad, porque ella es caprichosa por definición. Como el amor. Y como la muerte”.

 

 

* Profesora Consulta Facultad de Derecho (UBA)

 

 

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