Un colapso anunciado

 

Diciembre quedará en la historia de la Ciudad de Buenos Aires como el mes de máxima entrega de la Costanera porteña al sector corporativo inmobiliario y de desvanecimiento de la planificación urbana, entre la legalización de edificios ilegales (amnistía inmobiliaria) y su fragmentación a través de excepciones inmobiliarias (convenios urbanísticos).

En la sesión del jueves 2 se aprobaron de forma definitiva (en segunda lectura) el mega emprendimiento inmobiliario en el predio conocido como Costa Salguero en la Costanera Norte, el nuevo Puerto Madero que IRSA pretende construir en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur, 10 convenios urbanísticos que autorizan torres en los barrios con el valor del suelo más caro y el régimen para legalizar edificios que exceden en hasta 5.000 metros cuadrados lo permitido por las normas urbanísticas.

 

 

Estos cuatros proyectos constituyen un fraude a la democracia participativa y ambiental. En la audiencia pública por Costa Salguero, el 98% de las personas que participaron rechazaron el proyecto. El mismo porcentaje de rechazo tuvo el Nuevo Puerto Madero. En noviembre se realizó la audiencia pública por los convenios urbanísticos: todas las personas que hablaron (174) rechazaron esta política de someter la planificación al mero interés inmobiliario y a la especulación aprobando leyes con nombre y apellido y adecuando el Código Urbanístico a medida de torres. El 96% se opuso a la amnistía inmobiliaria.

La democracia representativa está totalmente desvirtuada en la Ciudad. Los distintos gobiernos que se sucedieron  no cumplieron el mandato constitucional de transicionar hacia la democracia participativa y ambiental. Al contrario, permitieron que el poder público se concentrara en el jefe de gobierno.

El derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones de gobierno también es un derecho humano reconocido internacionalmente y ratificado en el reciente Tratado Ambiental Regional que se conoce como Acuerdo de Escazú.

En la sesión del jueves 9 de diciembre continuó la navidad inmobiliaria. Se votó el proyecto de Ley 1573-D-21 que crea políticas para la transformación urbana del Área Céntrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno porteño, preocupado por el vaciamiento del área central de la ciudad, va a colaborar con los grandes propietarios para refuncionalizarla con exenciones impositivas y créditos financiados con el dinero que obtendrá de los negocios inmobiliarios de la costanera y de los convenios urbanísticos. Una vez más, la presencia estatal con todos sus recursos normativos y económicos al servicio del sector inmobiliario concentrado para garantizarle millonarios negocios. De paso, también la Legislatura porteña autorizó un endeudamiento por 500 millones de dólares. Al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta parece que no le alcanzarán para gestionar los miles de millones de pesos que deberían ingresar por los negocios inmobiliarios aprobados en estos últimos seis años.

A continuación, un breve repaso de las implicancias de los emprendimientos votados por la coalición de partidos de Vamos Juntos (PRO, Coalición Cívica, UCR-Evolución, Socialismo, Confianza Pública) que, a pesar de las discusiones internas, terminan levantando las manos para los negocios.

 

 

El Parque de las Torres

La aprobación del Proyecto de Ley 2094-J-2020 dio lugar a la ley 6475, que habilita la construcción de una muralla de torres en la Costanera Norte, en el predio conocido como Costa Salguero. Esta propuesta es la que alcanzó el mayor nivel de debate.

El 3 de febrero de 2021 finalizó la audiencia pública por la modificación normativa aplicable al predio Costa Salguero con un resultado de más de 7.000 personas inscriptas y 2.081 que tomaron la palabra. El 98% manifestó su rechazo al proyecto del GCBA y de toda privatización transitoria o definitiva de este predio, y pidió que se respete la Constitución para que la totalidad del predio se transforme en un parque público de acceso libre y gratuito.

Luego de la audiencia pública, el tratamiento del proyecto quedó latente. La concesión del predio vigente desde 1991 venció el 30 de abril de 2021. El 5 de febrero, para evitar que el predio volviera en su totalidad a manos públicas, el GCBA a través de la Resolución 3/SSABI/21 de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles decidió prorrogar a la firma TELEMETRIX S.A. la vigencia del contrato de concesión del terreno de Costa Salguero hasta el 31 de diciembre de 2021. En agosto se publicó la Resolución 45/SSABI/2020 que prorrogó la concesión por segunda vez, hasta el 31 de diciembre de 2022.

En esta segunda votación del proyecto se realizaron pequeñas modificaciones, insustanciales, a fin de argumentar que se tomaron en cuenta las intervenciones en la audiencia pública.

• Se extiende el Camino de Ribera de 30 a 50 metros de ancho.
• Aumenta la superficie de espacio público parquizado del 74 al 77,5%.
• Se reducen las alturas de los edificios de 18/20/26/29 a 12/15/24 metros, supuestamente en cumplimiento del dictamen emitido el 1º de diciembre de 2020 por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y sujeto al Plano de Limitación de Altura Aeronáutica, que no se especifica cuál es.

El principal cuestionamiento a este proyecto es la discusión sobre el destino que debe tener la totalidad del “contorno ribereño”. La Constitución de la Ciudad establece que este debe ser público y de libre acceso y circulación. El GCBA pretende equiparar el “contorno ribereño” al camino de sirga. Este argumento no tiene asidero si se contemplan los distintos planes de la ciudad que consideraron que dicho contorno ribereño está comprendido desde la Autopista Arturo Illia y la ribera del Río de la Plata. Además, el artículo 27 inciso 3 de la Constitución ordena la recuperación de las áreas costeras para garantizar su uso común. Y el artículo 9 inciso 4 del Plan Urbano Ambiental estipula que se deben destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas.

Este proyecto es claramente inconstitucional y, de aprobarse, la discusión continuará en la justicia. Recordemos que el 12 de octubre de 2021 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió ratificar la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 que había autorizado la venta del predio de Costa Salguero para emprendimientos inmobiliarios. El proyecto actual en debate pretende cambiar la zonificación (qué y cuánto se puede construir), lo cual quedará supeditado a lo que resuelva definitivamente la justicia sobre la autorización para la venta del predio. Todo quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia.

 

 

Puerto Madero en la Costanera Sur

La aprobación del Proyecto de Ley 1831-J-2021 dio origen a la ley 6476, que autoriza la construcción de un nuevo Puerto Madero (llamado Costa Urbana) en los predios de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Estos terrenos de 72 hectáreas, regalados por el Congreso Nacional al club de Boca para una ciudad deportiva en 1989, terminarán siendo torres de más de 145 metros de altura sobre uno de los pocos humedales que la Ciudad conserva.

Durante la sesión sucedieron situaciones increíbles. El bloque UCR-Evolución anunció al inicio que no votaría el proyecto de Costa Urbana. Luego de un par de horas de tratamiento de otros proyectos, terminó dando su voto positivo con el argumento de que se habían incorporado los cambios que había solicitado. Los supuestos cambios habían ingresado un día antes a la Legislatura por medio de una adenda al convenio urbanístico entre el GCBA e IRSA.

Los únicos cambios incorporados en el recinto fueron la obligación de que cada 1.000 metros haya baños públicos en el futuro parque y estacionamientos para bicicletas.

Y para que el negocio resultara redondo, al inicio de la pandemia el GCBA licitó servicios de consultoría para la elaboración del proyecto Colector Cloacal Baja Costanera, una mega obra de infraestructura sanitaria destinada a evacuar los efluentes cloacales de 13 suntuosos emprendimientos inmobiliarios proyectados en tierras públicas ribereñas: Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Costa Urbana. Los efluentes cloacales serán volcados prácticamente sin tratamiento (sólo va a contar con un sistema de rejas para interceptar sólidos) al río de la Plata. El costo aproximado de la obra sería de 160 millones de dólares y el peso del financiamiento será transferido al conjunto de la ciudadanía porteña. Mientras, en la capital de las desigualdades, unx de cada siete porteñas y porteños continúa sin acceder formalmente al agua potable y al saneamiento cloacal.

 

 

 

 

Más excepciones, menos planificación

Finalmente, de los 16 convenios urbanísticos que ingresaron en la última tanda a la Legislatura se aprobaron 10 con la sanción de la ley 6477. El Ejecutivo, a principios de este año, lanzó una convocatoria masiva para recibir ofertas de convenios y juntó más de cien propuestas.

Los convenios urbanísticos son excepciones a la planificación de la Ciudad, específicamente al Código Urbanístico. Literalmente, algunos sectores inmobiliarios compran leyes de excepción en la Legislatura, es decir privilegios. Ninguna ciudad del mundo puede planificarse a partir de la acumulación de excepciones y privilegios.

La Ciudad de Buenos Aires está sufriendo las consecuencias de la fragmentación de su planificación a través de la acumulación de excepciones. Carecemos de un Código Ambiental y de un Plan Urbano Ambiental actualizado, el Plan Hidráulico se encuentra completamente desactualizado con relación a los indicadores actuales de la crisis climática, y además no se respeta el Código Urbanístico porque cada negocio inmobiliario que no se adecúa a sus parámetros genera una excepción que se termina votando en la Legislatura.

Los convenios se aprueban sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, tal como lo exigen la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y la democracia participativa y ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú. Mucho menos, cuentan con una evaluación acumulativa y estratégica de lo que implica esta política para la ciudad.

La voracidad inmobiliaria está desbocada. El Ejecutivo porteño ya tiene en carpeta al menos otros 31 nuevos convenios a firmar con desarrolladores inmobiliarios para levantar torres por encima de la altura que permite el Código Urbanístico vigente. El listado abarca futuros emprendimientos repartidos en diez barrios, con epicentro en Palermo, donde se ubican casi la mitad del total.

Estos diez convenios aprobados el 2 de diciembre y los 31 nuevos convenios que salieron a la luz se suman a otros cuatro aprobados en 2020 y a otros seis que ya fueron firmados pero no fueron aprobados en la Legislatura (ver mapa).

 

 

Estamos frente a una violación sistemática y organizada de la norma vigente, una gran feria VIP donde se compran y se venden derechos a edificar. Se aprueban torres de 50, 60 y 70 metros sin otra justificación que la voluntad del proponente.

Las últimas inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires ponen en evidencia no sólo la ausencia de políticas hídricas integrales sino el negacionismo de la crisis climática por parte del poder político. Los emprendimientos inmobiliarios de Costa Salguero y Costa Urbana proyectados en la costanera porteña no sólo van a incrementar la frecuencia de inundaciones sino que van a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para toda la ciudad. Los convenios urbanísticos, aprobados sin ningún tipo de evaluación de impactos, van a destruir la identidad de los barrios y terminar de colapsar la infraestructura de los servicios públicos.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí