Crisis y modelo

 

Proponer la discusión y el debate del modelo de país es fundamental, aún en medio de las crisis o urgencias de la coyuntura, para que las nuevas crisis nos encuentren con herramientas que permitan sobrellevarlas con mayores posibilidades. Esta mención viene a cuento de una más de las recurrentes crisis por las que atraviesa el país, manifestada por una frágil situación económico-financiera. No es la primera ni será la última. Pero da la impresión de que su atención desaloja cualquier otra expresión de debate sobre temas estructurales; tal es la magnitud que tiene esa realidad, también potenciada por los medios. Este reparo es una trampa: la dedicación del gobierno por lo urgente, que es necesaria, no puede evitar que analicemos paralelamente lo que ocurre en el devenir de las medidas dirigidas a solucionarla. Para ello es necesario observar el deslizamiento conceptual que se ha producido en algunas medidas económicas, inclinadas hacia concepciones neoliberales o análogas. Por lo cual no puede sorprendernos que ahora se consoliden en una nueva etapa política del gobierno. Se trata, una vez más, de la ausencia de debate y discusión dentro del Frente y de todo el movimiento nacional sobre el modelo de desarrollo que preconizamos, sobre el rumbo que queremos otorgarle al país. Esa carencia, lo sabemos, termina reafirmando el status quo, lo que se viene dando. Entonces apenas administramos lo heredado.

¿En qué consiste esa tenue y persiste inclinación hacia un modelo de país ajeno al pensamiento nacional? Veamos:

1. La concepción, equivocada, de que el federalismo implica la independencia de los gobiernos provinciales para tomar decisiones que en ocasiones puedan afectar la soberanía nacional. Fortalecer el federalismo nunca puede suponer el desbaratamiento de la integridad nacional y de sus intereses. Esta última está en el centro del espíritu y la letra que surge de la Constitución Nacional. Sin embargo, ante un debilitamiento de las instituciones –en su capacidad de gestión principalmente pero también de planificación y de ordenamiento–, determinadas provincias ejecutan decisiones que conspiran contra el mantenimiento de la unidad nacional. Esas manifestaciones contienen a veces intentos separatistas –por suerte pocos–, alentados por ciertos dirigentes provinciales alejados de sus respectivos pueblos. El neoliberalismo siempre ha alentado estas incursiones antinacionales, ya que favorecen sus objetivos políticos. Es en ese contexto que se percibe un tratamiento de las riquezas provenientes de los recursos naturales como una suerte de remate para ver quién es más eficiente en ponerlas a disposición de las multinacionales de cada sector específico de la economía. Ante la crisis económica de la macro, se observa la continuidad de acciones aisladas de algunas provincias que promueven la explotación de los recursos naturales argentinos, avanzando en concesiones, contrataciones diversas y planes de inversión con multinacionales de mediano y largo plazo, que no son parte de un proyecto nacional.
2. Un ejemplo concreto es el de Río Negro ante los avances del grupo Lewis, que ha secuestrado el uso de las fuerzas policiales para custodiar sus enclaves en la cordillera y en la pista de aterrizaje de insólita magnitud que maneja el mismo grupo inglés. Pero esto es menor respecto de las tierras a ceder allí a los primos australianos (625.000 hectáreas) con el pretexto del hidrógeno verde, una moda que usa nuestros territorios para producir energía para la exportación porque su precio es muy caro para su uso local, sin dejar regalías ni recaudos de beneficios argentinos por esa producción.
3. También Jujuy, junto con Salta y Catamarca, no han podido constituir respecto de la explotación de los salares siquiera una empresa conjunta de Estados provinciales para la producción de carbonato de litio y el valor agregado hasta la producción de baterías. El individualismo de cada una en la explotación del oro blanco expresa con claridad la inercia nacional frente al producto estratégico de esta época. Las iniciativas de Y-Tec junto con el CONICET merecen ser destacadas para ir creando un embrión de aprovechamiento de este mineral. Pero no alcanzan. Hoy las multinacionales de la minería aliadas con alguna automotriz dominan el único mercado desregulado del litio en la región: el argentino. Y vienen por él. Las citadas provincias suponen que tienen todo el poder y la libertad para negociar con ese empresariado internacional, sin tomar nota de que son parte de un país, de una nación.
4. Neuquén puja por consolidar su posición de ser la sede de Vaca Muerta, que supone para esa jurisdicción la capacidad de vetar cualquier disposición nacional que no atienda sus objetivos. No es una oposición en defensa de los intereses de la Argentina sino de los provinciales, puesto que los proyectos nacionales respecto a la explotación de esas riquezas no se asientan en un modelo industrialista nacional sino que, por el contrario, desarrolla todas las medidas e inversiones en dirección específica a la obtención de divisas vía la exportación de sus combustibles, con la posibilidad –secundaria– de dejar algunos beneficios en el valor agregado nacional o en los precios para el consumo local y no al revés, como indica la defensa de los intereses del país. Consideramos esencial la explotación adecuada de los yacimientos no convencionales y las obras de infraestructura necesarias para su consumo local, evitando la importación, especialmente de gas. Pero ese debiera ser el objetivo central de una concepción de desarrollo nacional, en tanto la exportación de los excedentes para la obtención de divisas en una planificación que compatibilice ambos objetivos debiera ser perfectamente posible.
5. Las provincias mineras –Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y otras cordilleranas en menor medida– están lanzadas a concertar inversiones de multinacionales sobre el soporte de la ley menemista del 3% de regalías (contra el 12 % naturalizado para todos los recursos naturales) y otros beneficios de todo orden. Es cierto que sus exportaciones a declaración jurada aportan divisas. Pero últimamente hubo que extremar auditorías por las falsas declaraciones, como la de la empresa Livent (de litio) en Catamarca. Nada mejor que fomentar la industria minera, esperando que su desarrollo se base en el mínimo respeto y consideración por el país, circunstancia que está sometida a las jurisdicciones provinciales. No existe una política minera nacional que fomente el valor agregado de las diversas producciones mineras, con el consiguiente crecimiento de la industria y de los empleos nacionales.
6. Las provincias del litoral, con Santa Fe a la cabeza pero también con la participación de las otras ribereñas del Paraná, hacen la vista gorda al fenomenal despliegue de contrabando, precios de transferencia, subfacturación de exportaciones y otras tropelías, respecto de las mayores riquezas agrarias que produce el país. La llamada Hidrovía y la administración de los puertos ocupados por las transnacionales no terminan de ser controlados adecuadamente. Por lo cual se cuelan por esa vía millonarias sumas de divisas, que son producto de nuestra riqueza nacional, del esfuerzo de los productores del agro argentino.
7. En Chubut, un ex funcionario nacional acordó alentar la continuidad del contrato de concesión de Futaleufú, favorable a Aluar, en detrimento de los intereses provinciales. La empresa “nacional” Aluar ha constituido su riqueza a costa de aquella concesión eléctrica y a expensas del desarrollo provincial. Es de esperar que las fuerzas provinciales sepan defender su patrimonio natural.
8. En todo el país la ejecución de parques eólicos y solares, mayormente por parte empresas internacionales, se convierte en una salida importante de divisas, ya que sus componentes principales son importados y su valor de generación es superior a la media nacional respecto de otras variantes. Su instalación en es alentada en las distintas jurisdicciones del país en base a normativas nacionales y locales que les conceden beneficios de todo orden. Este modelo de producción energética se realiza sin contemplar la obligación de otorgar regalías en los territorios provinciales por el uso del suelo, el recurso natural más importante del planeta junto con el agua, en muchos casos sin dejar valor agregado local y siendo considerados como “okupas” por la población de algunas provincias. En esas instalaciones la industria y la tecnología nacional son escasas, pero igual son permitidas por la campaña hacia una transición global a las formas de producción de energía, sin contemplar el proceso particular de nuestro país. Las autoridades provinciales promueven a menudo estas ocupaciones territoriales y en otras las toleran, carentes de apoyo nacional frente a la normativa existente. La ausencia de planificación energética permite esta generación de industria importada y de multinacionales ocupando el territorio.

En todos estos ejemplos, a los que pueden sumarse varios más, se advierten dos circunstancias comunes: por una parte la idea sobre la propiedad de los recursos naturales y, por otra, la avidez internacional por los recursos argentinos, expresada sin ocultamiento ni medias tintas. Ambas explican en gran medida este deslizamiento de algunas dirigencias provinciales y de ciertas complicidades nacionales.

Respecto del primer tema hemos manifestado en varias oportunidades que el dominio de los recursos naturales, en tanto propiedad, derecho real, no está expresa y particularmente definido en la Constitución Nacional, a pesar de haber sido establecido en anteriores textos constitucionales actualmente derogados. El vigente registra dos artículos respecto de esta cuestión: el primero en la parte principal de la reforma, conteniendo las nuevas disposiciones constitucionales, en particular el artículo 41, que otorga al Congreso Nacional la facultad de legislar sobre los presupuestos mínimos de protección de los recursos naturales. Se ha interpretado esta cláusula constitucional como una delegación expresa de las provincias a la Nación a estos efectos. Esa protección incluye el cuidado de los recursos para las generaciones futuras y para que su explotación sea efectuada con racionalidad. La suma de esas condicionalidades otorga a la Nación una suerte de facultad de legislación general sobre los esos recursos. Por otro lado, el artículo 124 otorga a las provincias el dominio originario de los recursos en su territorio. Este “dominio originario” no es el dominio público del derecho administrativo y tampoco es la propiedad de los derechos reales. Originado en el derecho minero, ha sido interpretado por la doctrina como el “dominio eminente” del Estado sobre el territorio, un concepto vinculado con la soberanía. Interpretados ambos según la hermenéutica constitucional y teniendo presente el artículo 75 inciso 22 –que consagra la vigencia constitucional de los tratados internacionales que enumera más los que apruebe en adelante el Congreso Nacional–, implica la facultad de las provincias de administrar los recursos naturales en sus territorios de acuerdo con la legislación nacional. No implica la propiedad.

Esta aclaración, desvirtuada a menudo por la costumbre y por cierta intencionalidad de interpretaciones constitucionales sesgadas, permite relativizar los derechos esgrimidos a veces por algunas provincias sobre los recursos, y encuadrar esta cuestión dentro de las ideas liminares de la Constitución Nacional, consagrada históricamente como prenda de la unidad nacional.

Con relación a las expectativas internacionales sobre los recursos argentinos, sólo queda decir que nuestro país siempre ha sido solidario con las necesidades de los pueblos, especialmente los de la América Latina pero en general con todos los del mundo. Y debe estar dispuesta a colaborar con ellos en la medida que se respeten sus derechos soberanos, como indican los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que aquellos países que soliciten el acceso a nuestros recursos lo hagan de acuerdo a negociaciones compatibles con las necesidades nacionales y del pueblo argentino. De acuerdo con lo expresado anteriormente, la exportación de recursos naturales argentinos, previa la posible y deseable industrialización local en su caso, no puede concretarse en desmedro de las necesidades de su población.

Una política nacional al respecto sin resguardar estos principios puede generar conflictos locales de magnitud, lo cual impone el debate previo del modelo argentino de explotación de sus recursos naturales y de exportación de sus excedentes. Ello hace necesario un acuerdo conjunto de nación y provincias sobre este tema crucial para el destino de nuestra economía. Sus crisis actuales no debieran impedir el debate de esta cuestión central de nuestro futuro, evitando así el destino de una Argentina Factoría.

 

 

 

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