CRÍOS DE STROESSNER

 

La Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay, un órgano mixto de militares y policías creado en 2013 para perseguir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), asesinó el 2 de septiembre a dos niñas de once años, ciudadanas argentinas: Lilian Mariana y María Carmen Villalba. Los efectivos militares tomaron por asalto el campamento del grupo revolucionario (no “grupo criminal”) ubicado en Yby Yaú (Concepción) y ajusticiaron a las dos menores, que habían viajado para visitar a sus familias y conocer a su padre.

Las autoridades paraguayas las presentaron como integrantes del EPP y el propio Presidente Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, lejos de mostrarse preocupado encomió lo que denominó “un operativo exitoso en contra del EPP”. “Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”, apuntó en Twitter.

 

 

 

Paraguay es el primer país del Cono Sur en el que hubo un golpe de Estado en 2012. Luego del interregno de Federico Franco, la hegemonía política fue retomada por el Partido Colorado. La democracia se reconstituyó sobre la base de la violencia que significa un golpe a un gobierno popular y reformista. El Presidente Abdo Benítez debería preguntarse seriamente y escrutar con su gobierno la razón por la cual en Paraguay existe un ejército revolucionario en pleno siglo XXI, cuando no hay organizaciones similares en el resto del Cono Sur. La existencia del EPP habla de la violencia sistemática de un Estado sobre el campo popular urbano, campesino e indígena, y de la ineficacia, cuando no inexistencia, del Estado de derecho real en Paraguay.

Un ejército revolucionario se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, de la violación sistemática de derechos humanos, a través de la violencia y la negación de la vida de sectores populares. Cuando a esos sectores le niega el derecho a un pedazo de tierra, a un pedazo de vida digna, cuando le niega el derecho a la educación y a la salud, el ejercicio de los derechos humanos fundamentales que hacen a la vida. El Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de minorías concentradas: en términos de clase, capitales y negocios.

En este sentido, no es posible decir que el EPP es una organización criminal. Se trata de una organización revolucionaria marxista-leninista-francista que lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, relegado, denigrado, desaparecido del suelo paraguayo. Ese sector son las grandes mayorías populares, campesinas, urbanas, indígenas. Paraguay es el país más desigual del Cono Sur: el 90 por ciento del territorio cultivable está en manos de 12.000 grandes propietarios. Y el 10 por ciento restante se reparte entre 280.000 productores pequeños y medianos. Además, la frontera de la soja avanza de manera brutal. Eso quiere decir que hay una profunda presión sobre la tierra. El movimiento campesino se ve obligado a resistir a la violencia del Estado y al despojo de tierra por parte de los agroexportadores. De hecho, en la lengua nacional paraguaya existe una frasecita problemática, menos en términos gramaticales que sociales: es “campesinado sin tierra”. Problemática porque el campesinado vive de la tierra, vive con la tierra y esa frasecita en realidad quiere decir “campesinado sin vida”. Denuncia el poder mortífero sobre un enorme conglomerado social que puebla el país vecino. En Paraguay en los últimos años fueron desaparecidos más de 200 militantes sociales campesinos. En su capital, Asunción, donde las desigualdades deberían ser más matizadas, conviven sectores sociales que andan con Mercedes Benz y niñxs descalzxs que venden en los semáforos. Ni el gobierno de Horacio Cartes ni el de Abdo Benítez empezaron siquiera a matizar esas profundas desigualdades. Todo eso explica en parte la presencia de una organización revolucionaria que opera en el territorio nacional desde 2006, cuando se manifestó con un ataque a la comisaría de Huguá Ñandú.

Si hay una organización criminal es el propio Estado paraguayo conducido por el Partido Colorado, que es capaz de generar un evento luctuoso de magnitud asesinando a dos menores. Ese hecho es criminal porque muestra una hebra de continuidad con las prácticas más aberrantes de la dictadura stronista y presenta todas las características de un ajusticiamiento que debía ser ocultado. De hecho, los cadáveres fueron enterrados inmediatamente, el mismo día del enfrentamiento y sin autopsia. Eso sólo puede explicarse como forma de ocultamiento de pruebas, de evidencias. Las dos niñas son sobrinas de la presa política Carmen Villalba, a quien las fuerzas represivas ya le asesinaron un hijo de doce años.

Las fuerzas políticas y militantes democráticas del Paraguay y del resto de Latinoamérica deben exigirle al gobierno una profunda investigación sobre este crimen de Estado. Deben participar veedores internacionales para aclarar los hechos. Y esa investigación debe dar con los responsables directos de esta violación aberrante a los derechos humanos, de esta violación a la vida de la niñez y a la vida popular. De no esclarecerse los hechos, no es posible hablar de Estado de derecho vigente en Paraguay.

 

 

 

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