Crímenes de poder

 

Las violaciones fueron muy frecuentes, y están llegando tarde a los juicios, dijo Rita Segato cuando estaba terminando su declaración testimonial en una audiencia del proceso por crímenes de lesa humanidad en la zona de Zárate. La antropóloga declaró el miércoles en calidad de experta en el juicio que se lleva adelante contra tres represores –incluido un médico– por secuestros, torturas y violaciones cometidas contra 20 personas en los días posteriores al golpe.

Segato fue convocada como testigo por el fiscal Pablo Parenti, que interviene en el proceso. Desde 1993, estudia violaciones y agresiones sexuales y contra la vida de las mujeres en distintos contextos. Lo hizo convocada por la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia, cuando escuchó durante meses a presos condenados por agresiones sexuales, o en Guatemala y El Salvador. También analizó los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Todos son casos en los que la violencia sexual es empuñada como un arma, explicó al comenzar la audiencia.

Habló de una discontinuidad en la historia de las guerras. Mientras fueron entre Estados, el daño sobre el cuerpo de las mujeres fue muy grande pero colateral. Pero todo cambió en las últimas décadas. “La violencia contra el cuerpo de las mujeres se transforma en una manera de vencer en la guerra. Se vuelve más claro lo que ya existía a lo largo de la historia: la afinidad simbólica entre el cuerpo de la mujer y el territorio”, dijo.

“En las guerras anteriores, la toma del territorio incluía la anexión del cuerpo de mujeres. En las guerras contemporáneas, después de Yugoslavia (es impreciso en qué momento empieza a suceder), es la destrucción, la indefensión absoluta de ese territorio, que es expresada en el acceso carnal”.

 

 

Un crimen de poder

Desde que escuchó a los presos por violación en la cárcel de Brasilia, Segato entendió que las violaciones no tienen que ver con el deseo varonil desatado. “Es un crimen de retroalimentación de la potencia, del poder, en sus varias formas. La más accesible al sentido común es la potencia sexual, pero, en realidad, la potencia sexual se sustituye por otra serie de potencias: física, bélica, política, económica, intelectual y moral”, explicó.

El sujeto violador es un moralizador por excelencia, agregó la antropóloga. En el cuerpo de la víctima encuentra el tributo que alimenta la posición potente del violador. “En nuestro mundo hay dos sujetos que son objeto de sospecha por el ojo público: la mujer y los no-blancos. O sea, la no blancura y la corporalidad femenina son motivo de sospecha en el ojo público. Yo he recibido el testimonio de un violador que decía: No, yo a las mujeres evangélicas nunca las violaría. ¿Por qué? Son morales. Tiene que haber una vulnerabilidad moral para que ese cuerpo sea objeto de la violación pedagógica en la mirada del violador”.

En sus primeros trabajos, Segato describía al agresor sexual como un miembro de un grupo de pares, de una cofradía o de un club de hombres. “Más recientemente fui entendiendo que se trata de una estructura corporativa, o sea, de la corporación masculina. Es un crimen corporativo, que va dirigido a los otros miembros de la corporación. ¿Por qué? Eso es lo que alimenta el deseo de la realización, de la extracción de lo que llamo ese tributo de la posición femenina”, dijo.

“Es un crimen que refuerza las alianzas corporativas y la titulación del violador para permanecer como miembro de una corporación de poder, que es la corporación masculina o todas sus réplicas, como la corporación policial o militar”.

 

 

Los casos

En el juicio en el que fue convocada a declarar, los represores sentados en el banquillo son tres: el multicondenado Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares, el capitán de navío retirado Jorge Bernardo y el médico naval Omar Edgardo Di Nápoli. A Riveros y a Bernardo se les imputan los delitos sexuales cometidos contra hombres y mujeres dentro de distintos espacios que funcionaron como centros clandestinos en la zona de Zárate, un área donde el Ejército y la Armada se repartían la responsabilidad.

Di Nápoli llega por primera vez a juicio después de que lo identificara una de sus víctimas, hace unos pocos años. Lo había escuchado mientras la auscultaba después de las torturas y les decía a los torturadores que podían seguir con el martirio. Volvió a escuchar esa voz hueca en 1987 cuando había ido al Hospital de Zárate para hacerse un control con una obstetra. Se desesperó al sentir una voz que le traía los recuerdos de lo peor. Preguntó a unas enfermeras cómo se llamaba. “Di Nápoli”, le dijeron. Volvió a verlo en septiembre de 2015, cuando llamó a una emergencia para que atendieran a su nieto. Lo reconoció y llamó a uno de los abogados. Así fue cómo lo identificaron.

La mayoría de las víctimas de esta causa, como Lidia, eran delegados obreros. Pasaron por distintas comisarías de la zona norte, por el Arsenal Naval de Zárate –cuyo segundo jefe era Bernardo—, por el barco ARA Murature, por casas y chalets en manos de los grupos de tareas e incluso el club Dálmine. Los llevaron a Campo de Mayo y siguieron su cautiverio en otros centros clandestinos. En la causa, se denunciaron siete casos de abusos y violaciones: cinco contra mujeres y dos contra varones.

Segato habló del peso a la hora de narrar lo padecido para quienes fueron víctimas de agresiones sexuales, tanto mujeres como hombres. “Los hombres no relatan. Hay una gran dificultad por parte de los hombres para denunciar y describir sus violaciones, porque, en el hombre cuando su masculinidad es vulnerada, toda su dignidad humana se compromete”.

 

Proxenetismo concentracionario

Parenti le preguntó a Segato cómo lo que había estudiado en otros contextos podía pensarse en el contexto concentracionario de la última dictadura. “Ahí vemos un grado mayor de indefensión porque hay una entrega del cuerpo por parte de un superior a sus subordinados. Hay una entrega del cuerpo a alguien para que haga con ese cuerpo lo que desee”, contestó.

“La entrega, donde se incluye la entrega para una violación, es la entrega más absoluta de un organismo humano”, dijo la autora de Las estructuras elementales de la violencia. Lo definió como un proxenetismo concentracionario, que se diferencia de las formas convencionales por el tipo de lucro: “Es un lucro de poder”.

¿Cuál podía ser entonces el efecto de esas violaciones en los centros clandestinos?, le preguntó la abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta.

“La violación sexual de la víctima es una violación a aquellos sujetos masculinos que, en un imaginario arcaico, deberían ser capaces de protegerla”, explicó. “Ya sea frente o al lado o por la propia imaginación de lo que puede estar pasando su pareja, es una derrota”, agregó.

“Las guerras hoy son feminizadas porque es una forma barata y efectiva de rendir a los hombres a través de sus mujeres”.

 

Sacar a la luz

Los crímenes por medios sexuales deben salir de la intimidad de las personas, reclamó, para dejar de ser un “crimen menor”. Para ello, puso como ejemplo el juicio que en Guatemala confirmó que las violaciones fueron un crimen de Estado sexual.

En el país, los delitos sexuales empezaron a considerarse como delitos autónomos por parte de los tribunales en 2010. Pero sigue habiendo una gran mora en reconocerlos, condenar a los responsables y reparar a las víctimas. Según estadísticas de la Procuración, sólo el 12 por ciento de las sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios los contempló como tales. Los números indican que 94 fueron las personas condenadas por estas agresiones y 96 los casos de víctimas investigados.

“La mujer violada se siente culpable de su violación, y que el Estado asuma su responsabilidad es una forma de inocentar a la víctima – y la víctima lo necesita.”

 

 

 

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