CRIMEN CONTRA LA DEMOCRACIA

 

Los cambios en la distribución del ingreso durante el gobierno de Cambiemos fueron devastadores. Los datos duros del retroceso del nivel de los salarios, de la participación de los trabajadores en el ingreso, del nivel de desempleo y el derrumbe del salario mínimo, son elocuentes respecto a que la política económica establecida por el tercer ciclo neoliberal no sólo endeudó al país y lo ató al FMI como nunca antes, condicionando la soberanía nacional, sino que se abocó a abultar los excedentes de los propietarios de medios de producción, a costa de los ingresos de las mayorías populares.

 

 

Números del dolor

El informe N°8 de CIFRA sobre la situación del mercado de trabajo de julio de 2021, elaborado por Cecilia Garriga y Mariana González, da cuenta de esa dinámica. Revela que la caída del ingreso laboral medio entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de este año fue del 22.2%, correspondiendo al 2020 un descenso del 1.4% y el resto a los últimos dos años del gobierno de Macri y su entorno de CEOs. Como se ve, la pandemia que debió afrontar el Frente de Todos se desató no sólo en una situación macroeconómica colapsada sino también durante el curso de una catástrofe social. Pero además se observa que en tiempos de la peste no se revirtió la tendencia. CIFRA muestra que si se descompone a los asalariados en tres estratos, el 40% inferior perdió el 27% de sus ingresos, el 40% de ingresos intermedios los disminuyó en un 23,7%, mientras que el 20% con mayores retribuciones soportó una caída del 19%. Esto muestra que el descenso de los salarios de los que menos ganan fue dramático. La tendencia regresiva relativa se mantuvo inclusive durante el primer año del coronavirus.

Cecilia Garriga y Mariana González muestran la evolución del salario real promedio del trabajo registrado desde 2015. Tomando un valor de 100 para 2015, ese salario cayó en 2019 a 87,5, en el primer trimestre de 2020 se recuperó a 91,5 y durante la pandemia retrocedió nuevamente para ubicarse en 87,3 en el primer trimestre de 2021.

Como consecuencia de la caída de los puestos de trabajo y la reducción de los salarios, la participación de las remuneraciones en el ingreso cayó durante el gobierno de Cambiemos y la tendencia no se modificó en el año de la pandemia ya que se redujo del 49,8% al 46,1%. Desde 2015 hay una continua transferencia de ingresos de los asalariados al capital. En 2016 esa participación había sido del 51,8% y descendió al 46,1 en 2019.

Respecto del impacto de la pandemia en la sociedad que dejó el liberalismo neo, el sector de trabajadores menos afectado en pérdida de empleos fue el de los formalizados, mientras los cuentapropistas tuvieron un fuerte descenso de ocupaciones al promediar 2020 pero recuperaron su nivel perdido con posterioridad. En cambio, CIFRA muestra que los trabajadores informales vieron reducido sus puestos de trabajo en un 11,9%, siendo los más castigados por la peste.

En relación al año en curso, el Centro de Economía Política (CEPA) afirma, en su informe de coyuntura de junio de 2021, que en el primer semestre la inflación alcanzó el 25,3%, enterrando la meta presupuestaria del 29% para todo el año. Ese Centro informa que el valor anualizado de la tasa inflacionaria alcanza al 50,2%, advirtiendo que las herramientas utilizadas por el Estado están siendo insuficientes para controlar el alza de los precios. A su vez, CEPA calcula que  la Canasta Básica Alimentaria sufrió un incremento mayor que el índice de precios al consumidor, alcanzado el 57,6% y la Canasta Básica Total, también supero aquél índice al ubicarse en el 51,8%. Estas diferencias indican que los sectores populares afrontan una suba de precios mayor que los sectores medios y altos.

Respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil, Garriga y González subrayan que lleva cinco años consecutivos de caída, habiendo alcanzado en 2020 una pérdida del 33%. El Consejo del Salario Mínimo fijó un aumento del 35% escalonado que terminará de cumplirse en febrero de 2022. Es evidente que ese ajuste estará muy lejos de concretar la recuperación de lo perdido.

 

 

 

La distribución del ingreso

La transformación regresiva de la economía argentina llevada a cabo por el gobierno neoliberal de PRO-UCR-CC, provocó una redistribución regresiva del ingreso. En el marco de transferencias de los salarios al capital, también empeoraron los sueldos menores frente a los mayores y los percibidos por los trabajadores informales frente a los ganados por los formalizados. El cumplimiento del acceso al Salario Mínimo Vital y Móvil, garantizado por la Constitución y cuyo progreso constituye un derecho humano prescripto por el Pacto de derechos económicos y sociales, evidenció –por el contrario— un retroceso. Los niveles de empleo también fueron castigados. La liberalización de la economía produjo un descalabro de su organización  y el empobrecimiento de las mayorías populares. Durante la pandemia, el nuevo gobierno del Frente de Todos no ha podido garantizar su objetivo de que los salarios le ganen a la inflación, lo que ha determinado continuidades en la polarización del ingreso y la riqueza. Una de las cuestiones fundamentales a revisar es el énfasis en las preocupaciones obsesivas atinentes al equilibrio fiscal, porque las políticas que lo procuran no favorecen ni la expansión de una economía sin pleno empleo, ni la disposición para un aumento generoso del gasto social que colabore en la mitigación del empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares.

¿Por qué el gobierno nacional y popular no ha podido administrar la puja distributiva y recomponer la distribución del ingreso encaminándola hacia una primera meta, que es recuperar el nivel de participación de los salarios similar al año 2015? Lo primero que corresponde discutir es si la distribución del ingreso es un resultado endógeno del proceso económico, sobre el cual el gobierno actúa indirectamente, o su determinación es exógena a ese proceso, hipótesis en la cual la distribución del ingreso ocurre como resultado de una decisión del poder. La corriente apologética de la sociedad de mercado, expresada en la corriente ortodoxa que promueve las teorías marginalistas y neoclásicas, pregonan el primer dispositivo conceptual. En cambio las corrientes heterodoxas más radicales y la economía crítica postulan el segundo.

Los economistas ortodoxos del mainstream, que habitan tanto en las filas de la rebautizada Alianza Juntos, como en el grupo antipolítico y autoritario que se autodesigna libertario, ofendiendo una tradición política de centurias, sostienen que la distribución del ingreso es un resultado del libre juego mercantil, que sin intromisión estatal asignaría a cada factor de producción una retribución igual a su productividad marginal. Para ellos esa distribución es la única posible si se pretende no perturbar la armónica marcha de la economía. Aclararemos esos conceptos, pero la cuestión principal es que consideran la distribución del ingreso un tema técnico y no social.

La categoría factor es un fetiche. Una cosificación de las clases sociales. La ganancia, en lugar de ser expresada como una apropiación del capitalista, lo es como un atributo del capital; los salarios en lugar de ser la paga a los trabajadores son un resultado de la función del trabajo, y la renta en vez de entenderse como una percepción del terrateniente resulta un merecimiento de la tierra. Es un velo para ocultar las diferencias sociales que justifican la puja distributiva. La productividad marginal de los factores pretende cuantificar el plus agregado al beneficio final por la última unidad adicionada de cada uno de ellos.

El tema es que, de partida, la riqueza es una conjunción de la naturaleza y el trabajo del hombre sobre ella. En cambio el capital es propiedad, o sea un título que expresa una relación social entre quien la posee y quién no. Muta de la forma dinero a la de bienes de producción o a la de stock producido para la venta, o a cualquier reserva especulativa de valor. Imposible entonces calcular la productividad marginal del capital, imposibilidad que revela que el paradigma de la distribución endógena del ingreso regulada por el mercado, es sólo una apologética encubridora de relaciones sociales sin una sustentación teórica consistente.

Lo dicho resulta muy útil para entender el repetido slogan empresarial que promueve la norma de que los aumentos del salario se asocien al incremento de la productividad. ¿Qué significa esto? Que los salarios nunca deben mejorar a costa de la ganancia. Ese pregón sólo admite que lo hagan conservando la distribución del ingreso preexistente. Esa consigna es un lema para el ataque a una redistribución del ingreso progresiva.

Ahora bien, si no es el mercado el que determina la distribución del ingreso, esta se determinaría fuera del proceso tecno-productivo; efectivamente se define en la sociedad, es un resultado de la puja distributiva. Pero en un marco democrático esa puja distributiva tiene un actor fundamental en el Estado. El gobierno tiene la potestad de la representación popular para guiar un Proyecto con un objetivo de distribución del ingreso y de la riqueza. Por lo tanto, si un gobierno se propone que los salarios crezcan por encima de la inflación, deberá utilizar los elementos de consenso y coerción para que se cumpla la voluntad popular que expresa. Cuenta con el funcionamiento de instituciones de la sociedad civil, como las paritarias, pero también con la posibilidad de subir los salarios por decreto y de recurrir a los controles de precios, y a la intervención en las cadenas productivas para garantizar que no se produzcan prácticas abusivas de los más poderosos. Este es el paradigma de distribución del ingreso que supone que a esta la define el voto y la participación popular, y no la imposición del mercado. Un sistema democrático puede funcionar construyendo una sociedad con mercados, pero no puede ser una sociedad de mercado. La sociedad es democrática o de mercado. La democracia no es una metodología que designa administradores, sino una forma de ejercicio del poder por la voluntad del pueblo.

 

 

Cuestión de Poder

Cuando se observan los guarismos de la primer parte de esta nota, se ve que la Alianza de nombre mutante Cambiemos-Juntos por el Cambio-Juntos hizo una política para empobrecer a las mayorías populares y concentrar ingresos y riqueza en el vértice de los más ricos. ¿Cuál fue su patrón económico-social? La sociedad de mercado neoliberal.

El gobierno del Frente de Todos predica una sociedad más humanista y con objetivos de igualdad. Sin embargo, le está siendo muy difícil actuar sobre la puja distributiva para que los salarios y otros ingresos populares crezcan por encima del avance de los precios. Aquí se ve como la concentración del poder económico, la oligopolización de la oferta, el predominio de dos, tres o cuatro conglomerados en los sectores fundamentales de la economía, constituyen una lógica de decisiones que recortan el poder de los gobiernos elegidos por los pueblos. Cuando en un contexto de este carácter una fuerza política autónoma de ese poder asume el gobierno, necesariamente comienza una disputa entre democracia y mercado. En las condiciones actuales de la Argentina esa disputa está expuesta sin demasiadas mediaciones. Es cierto que aconteció, y acontece, la pandemia como condicionante para el empeoramiento de las condiciones de vida. Pero, también, los números muestran que el gran capital mejoró su participación en el ingreso durante la peste.

El gobierno popular deberá actuar firmemente para dominar y dirigir la puja distributiva en pos de cumplir con sus objetivos. No es democrático que las rentas diferenciales del complejo agroindustrial capturadas por mejoras en los precios internacionales de sus productos no sean socializadas por medio de retenciones. Tampoco es democrático que empresas que han sido asistidas por los ATP durante la peste, ahora se nieguen a disciplinarse a la política de precios del gobierno nacional.

El país tiene un régimen republicano que otorga el poder a la decisión ciudadana. El desafío del poder concentrado al ejercicio democrático de gobernar la economía por parte de las autoridades electas resulta un incumplimiento del orden legal vigente. Si eso deviene en imposibilitar la reversión del sustantivo crecimiento de la pobreza y la indigencia, y en la obturación de mejorar los salarios reales y cumplir con los derechos económicos y sociales garantizados por la Constitución y los pactos incorporados a ella, estaríamos frente a un crimen contra la democracia.

La presión permanente por reducir la presencia del Estado en la economía y el ejercicio del lobby del empresariado concentrado para bajar el presupuesto de gasto público, constituye una conducta destinada a debilitar el poder estatal. El camino debe ser el inverso, porque con la concentración actual de poder económico y su articulación con la financiarización, resulta imprescindible la reconstrucción de un sector productivo y empresarial estatal, además del efectivo ejercicio de la política económica por el gobierno del pueblo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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