Credibilidad cero
El abogado de CFK cuestionó el desempeño de la Corte en el juicio por Vialidad
La Corte Suprema de Justicia rechazó la semana pasada todos los planteos de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que habían sido presentados por su defensa hace más de tres años, antes del inicio del juicio. Así, está garantizada la continuidad del proceso que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, cuyos alegatos están previstos para mediados de julio.
Las resoluciones fueron firmadas por los cuatro jueces de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La defensa de CFK, a cargo de Carlos Beraldi, planteó que el TOF 2 no había hecho lugar a numerosas medidas de prueba. En el escrito en el que rechazó el recurso de la Vicepresidenta, la Corte sostuvo que “los agravios en cuestión se tornan hipotéticos y conjeturales y su tratamiento, por prematuro, improcedente”. Los jueces del máximo tribunal dijeron que no se configuró “una situación excepcional por medio de la cual se hubiera suprimido el derecho de la encausada [CFK] de ofrecer y producir prueba de descargo, requisito esencial de la defensa en juicio y fundamento de la validez del proceso”.
En un guiño al TOF 2, los jueces de la Corte señalaron que “el tribunal de juicio, en ejercicio de la competencia que le atribuye la ley procesal, accedió a realizar numerosas medidas probatorias solicitadas por la recurrente”. Indicaron además que tampoco se hizo lugar a “numerosa prueba requerida” tanto por el fiscal Diego Luciani como por la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Oficina Anticorrupción (OA).
Entre la prueba que había pedido la defensa de CFK –y que el TOF 2 se negó a realizar– se encuentra un peritaje contable sobre la evolución patrimonial de cincuenta contratistas del Estado, a partir de sus declaraciones impositivas bajo secreto fiscal para compararla con la situación de los co-imputados en la causa. Además, había solicitado los currículum vitae de todos los ministros, secretarios y subsecretarios que designaron los expresidentes democráticos. El tribunal las rechazó por considerarlas “superabundantes o impertinentes”.
La defensa de la Vicepresidenta enfatizó que el tribunal oral fijó la audiencia de debate del juicio sin haberse concluido la etapa de instrucción suplementaria. Y alegó que eso implicó que se haya “pergeñado una verdadera simulación de juicio”.
“No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte. Ninguna norma de la Constitución Nacional, ni de las leyes pertinentes, autorizan a concluir que la competencia del Tribunal tiene ese alcance”, manifestaron los cuatro jueces de la Corte en la resolución.
En relación a la “gravedad institucional”, los jueces de la Corte dijeron que dicha figura “no se relaciona con la influencia, popularidad o importancia de las personas que son parte del pleito. Por ello, el hecho de que se trate de la situación procesal de la actual Vicepresidenta de la Nación no es suficiente para concluir, sin más, en que lo decidido reviste gravedad institucional”.
Las obras
El juicio, que comenzó en mayo de 2019, tiene 13 imputados: Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Claudio Fatala. Los acusadores señalan que hubo sobreprecios y cuestionan la “redeterminación” indefinida de precios, algo que numerosos testigos desacreditaron. Se juzga la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública por la adjudicación de 51 obras viales al Grupo Austral, que perteneció a Lázaro Báez.
Uno de los argumentos de la defensa de CFK fue que en el juicio habría “cosa juzgada”, dado que 49 de las 51 obras que son investigadas en esta causa “ya fueron analizadas en distintos procesos penales que tramitaron en la provincia de Santa Cruz […] las cuales fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado de un sobreseimiento”.
En sus recursos, la Corte indicó que no se había logrado demostrar que las decisiones recurridas “fueran definitivas, pusieran fin al pleito o generasen un agravio” irreparable para la acusada en el proceso, únicos casos en los que el tribunal podría intervenir.
Los jueces de la Corte dijeron que “no se ha explicado de qué modo una resolución cuya consecuencia es la mera remisión de los planteos de la apelante para su tratamiento en sede civil y comercial federal revela ‘una (…) flagrante violación de los derechos (…) capaz de quebrar (…) la buena marcha de las instituciones del sistema republicano (…) en la cual (…) los actores judiciales, lejos de velar por la vigencia de nuestra Constitución, se han plegado, con un inocultable interés político, a una desenfrenada e inédita embestida política, mediática y judicial’”.
En declaraciones televisivas de la semana pasada, Beraldi sostuvo que los rechazos que firmó la Corte provienen de un tribunal que “carece de credibilidad”. “Los diarios le están diciendo al fiscal qué tiene que decir. Estos jueces y fiscales no tienen autoridad. Desde la mayoría automática del menemismo, la Corte no estuvo tan deteriorada”, manifestó. El abogado recordó que hace más de tres años hizo los planteos que acaban de ser respondidos y que en ese momento la Corte pidió el expediente al TOF 2; los medios hegemónicos se enteraron y lo publicaron y, como consecuencia de eso, al día siguiente “devolvieron el expediente”. Beraldi agregó que “empezó el juicio y toda la prueba demolió la acusación, aunque nos limitaron el 80% de la prueba y pusieron un perito de parte que es enemigo de la familia Kirchner. Sin embargo, el resultado del juicio ha sido hasta ahora categórico. El juicio está siendo ampliamente satisfactorio para el interés de la defensa y de la ciudadanía en general”.
Renuncia de la Oficina Anticorrupción
A mediados de junio, la Oficina Anticorrupción renunció a la querella en este juicio. “El titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido”, sostuvo la comunicación oficial al TOF 2, que lleva la firma del abogado Sergio Aleo.
También la semana pasada, el juzgado federal 7 procesó al ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel –impulsor de la causa Vialidad–, en el expediente que investiga la operatoria con contratos vencidos de las concesiones de peajes de siete corredores viales.
La causa se inició por una denuncia de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Ana María Graciela Aleña, en 2019. El juzgado determinó que los contratos de concesión fueron prorrogados por fuera de lo estipulado, debido a que la extensión por decreto dispuesta por Vialidad contradecía a la ley de obra pública.
“Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP. Otra vez apelaremos con pruebas y testigos. Continuaremos dando la batalla por la verdad esperando que se haga justicia. No somos todo lo mismo”, manifestó vía Twitter el actual intendente de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, que acompañó el posteo con una foto de CFK sentada ante el TOF 2.
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