Crece el rompecabezas

 

La conversación refleja un trato cordial, de cierta confianza. De un lado, Enrique “Quique” Ardiles, funcionario del Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Del otro, Diego Guastini, financista que fue acribillado a balazos el 28 de octubre de 2019 a metros del municipio de Quilmes.

Ardiles: –Doctor, ¿cómo está?

Guastini: –Bien… ¿y vos?

–Bien, bien, bien, bien. Te llamé hoy porque viste, estuve con la gente de PREFECTURA.

–Sí.

–Y avisale a PALERMO, viste el jugador, que lo van a… quizá lo van a hacer bajar, viste, porque están interesados en tocar por la data de ellos, y le llegó que tienen la causa del PIRU.

–¿Quién tiene la causa del PIRU?

–Provincia, provincia y quieren hablar con él a ver si tiene llegada… a ver quién la tiene, para ver si se pueden intercambiar información, viste.

–Bueno, cuando lo vea le aviso.

–Dale. Yo por ahí el miércoles me doy una vuelta pero si lo ves antes, cualquier cosa que me llame, de última nos cruzamos acá en la cueva y vemos cómo lo podemos manejar para manejar ambas letras, ¿me entendés?

–Bueno, bueno dale, le digo.

–Listo. Dale, y hoy tuve un llamado con la gente de la embajada, en relación a un tema, viste, que después te voy a ampliar.

–Bueno, lo otro sigue más o menos bien. ¿Tocaron timbre?

–Ese es el tema. Ese tema, ese tema. Va bien, va bien parece.

“Palermo” es Adrián Gonzalo Baeta, policía bonaerense que integraba la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes. Baeta, que estaba prófugo desde julio, fue detenido el 6 de enero de este año, en plena feria judicial, y es un eslabón fundamental de “La banda del fiscal”, como se conoce la megacausa del fiscal suspendido de San Isidro, Claudio Scapolán. El funcionario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita con alcances internacionales que operó al menos entre 2012 y 2015 en Quilmes, San Isidro, Morón y San Martín, especialista en el robo de cargamentos de droga secuestrados en procedimientos judiciales y de extorsionar a familiares de narcotraficantes.

La conversación revela la preocupación entre el agente de inteligencia y el financista por una causa relacionada a narcos colombianos. Es una de las tantas horas de escucha que la pesquisa focalizó en el rol de “Palermo” Baeta, clave en materia de protección policial y de contactos en la justicia bonaerense.

En otro tramo, al que El Cohete de la Luna accedió de forma exclusiva, se habla de un operativo al mejor estilo James Bond: contemplan la idea de explotar un buque en altamar para luego hacerse de la droga que quedaría flotando a la deriva. Para ello contarían con el auxilio de Prefectura y de aquellos órganos en los que habrían canalizado una falsa denuncia anónima. Baeta era parte del triángulo. Tiempo después, en el asesinato de Guastini a manos de sicarios, Baeta sería el primero en llegar a la escena del crimen, presentándose como un hombre de confianza y amistad de la víctima.

Guastini: –Hola.

Ardiles: –Me copiaste.

–Sí, sí.

–Sí, aparentemente hay circunstancia hasta con explosivo. ¿Me entendés?

–Ta bien, ta bien.

–Entonces interesó por ese lado, cuando te vea te cuento. Esto viene entretenido igual.

–Bueno, dale, dale, diez puntos.

–Escuchá, si lo hunden en el Océano Pacifico es lo mismo igual.

–Sí, olvídate.

–Bueno dale. Listo el miércoles te veo y te cuento. Igual mañana yo tengo una reunión con Prefectura nuevamente Pero bueno, avisale al jugador PALERMO que por ahí lo vamos a llamar, viste. Yo no, yo desconozco el tema supuestamente.

Un pez gordo caído en desgracia. La novedad de las últimas horas es que la jueza Sandra Arroyo Delgado dio lugar al pedido de procesamiento contra Baeta que el fiscal Fernando Domínguez, titular de la Fiscalía Federal 2 de San Isidro, había realizado después de su detención. Allí se demuestra cómo el policía operó en varios hechos de forma sistemática. Las escuchas son tan solo la punta del ovillo.

La pesquisa se centró fundamentalmente en el rol de Baeta en el caso Anacona –uno de los tantos que componen la megacausa–, conocido también como “Leones Blancos”. De cómo quedó demostrado que el financista Diego Guastini le “pasó el dato” al especialista de la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes, información que no brindó desinteresadamente. No sólo habían planeado el robo de una parte de la cocaína sino también su destino final y su modo de comercialización. Y con el fiscal Scapolán vigilando los movimientos desde su torre de control.

“Se verificó la relación con un financista de la clandestinidad asesinado –Guastini–, y cuyos vínculos y actividades se relacionan con narcotraficantes de distinta índole –clan Loza, Atachahua–, con integrantes o familiares de los servicio de inteligencia, con canales directos en el puerto de Buenos Aires utilizados para el contrabando de estupefacientes y con el consecuente canal de ingreso de las divisas que producía tal actividad por el Aeropuerto de Ezeiza”, dice una parte del dictamen judicial.

En el caso Anacona, en rigor, se comprobó el robo de un cargamento de cocaína que estaba en poder de una organización de narcotraficantes. Baeta y sus amigos se quedaron con una cantidad cercana a los 600 kilos y oficialmente informaron el secuestro de media tonelada. “Palermo” ofició como nexo con los falsos testigos e informantes del procedimiento llevado a cabo el 29 de diciembre de 2013 en las cercanías del peaje de acceso a la autopista Panamericana, Camino del Buen Ayre. Ofició también como nexo con quienes estuvieron a cargo de la comercialización de la droga en la costa atlántica.

El operativo fue nombrado como “Leones Blancos” y había sido un éxito en la prensa, con el propio gobernador Daniel Scioli supervisando los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolán y los agentes bonaerenses. Mientras tanto, el propio “Palermo” había llevado los bolsones a su pelotero para niños, donde los guardó previo a comercializarla. Al lado funcionaba su otra pantalla comercial: una agencia de automóviles.

 

 

El financista Guastini, en efecto, era más que un financista: sus relaciones con la SIDE, la Prefectura y el conocimiento de las redes narcocriminales internacionales le otorgaban un notable status a la hora de negociar. “Así como mejicaneaban en la ruta, también lo hacían en el mar”, explica una fuente de la investigación.

Lo cierto es que los 600 kilos robados a la banda de narcotraficantes terminaron en unas cabañas de Santa Clara del Mar, propiedad de Luis Tourn, conocido como “El Polaco” y amigo de Baeta. Según el expediente judicial, además de sus frondosos antecedentes en otras causas por narcotráfico, Tourn recibió la droga y la comercializó en la costa durante el verano de 2014.

Un modus operandi que “La banda del fiscal” conocía de memoria. “El asalto de un sitio en que se acopió un importante cargamento de droga, instrumentándolo falsamente mediante el armado de un expediente judicial para darle apariencia legal, y lograr así la correspondiente cobertura policial-judicial en la sustracción de una parte del material estupefaciente, minimizando de esta manera cualquier riesgo”, reza otro fragmento de la causa.

De esa forma Baeta y Guastini se repartieron la droga con la cobertura del fiscal Scapolán. Entre ellos hubo relaciones de “negocios”, “robos”, “entregas”. Un suerte de círculo de narcocriminalidad monitoreada por el fiscal y sus secretarios Maxi Jarisch y Gustavo Sanvitale, que el 22 de diciembre fueron liberados por un fallo escandaloso de la Sala I de la Cámara Federal Apelaciones de San Martín. El propio Consejo de Prevención de Violencias (COPREVIOL) lo repudió calificándolo de “suma gravedad institucional”.

Una maquinaria perfectamente aceitada, que usó el aparato estatal con el despliegue de una descomunal asociación ilícita. Allí donde cada rol comprendía su función, donde estaba claro quién ordenaba y quién ejecutaba en engranajes diseñados con minucia y precisión. Hasta cómo se repartía la torta.

“La ideación de falsas denuncias, la postergación de la detención de los responsables de la tenencia ilícita del material estupefaciente, la interceptación de los transportistas al momento en que ingresan en la jurisdicción de San Isidro, la utilización de testigos falsos en el procedimiento de la autopista y la omisión de detener a todos los responsables del delito, demuestran que los funcionarios judiciales, con activa presencia en todos estos hitos, fueron los artífices de la actividad delictiva que tuvo como brazo ejecutor a los funcionarios policiales de la Policía Bonaerense”, se clarifica en un extracto del expediente.

Fiscal, policías y civiles corruptos que actuaron mancomunadamente. Baeta fue detenido hace unas semanas en el complejo de departamentos Villa Los Remeros, en el Rincón de Milberg, en Tigre. Un barrio cerrado, con seguridad privada y cámaras las 24 horas. Allí hay 160 departamentos administrado por un fideicomiso, sin escritura. Se cree que durante años el policía gozó de la protección de sus murallas. Y que habría usado algunos de esos departamentos tal como operó con su pelotero infantil.

 

 

 

–Era un tipo pesado, manejaba influencias. Amenazaba de muerte a sus subordinados y más de una vez baleó su casa para intimidarlos. Y se enriqueció sin pudor gozando de años de absoluta impunidad. Se construyó mansiones, como una que se hizo en Elizalde con pileta y parque –declaró un arrepentido en sede judicial.

Ahora la jueza Arroyo Salgado ordenó su prisión preventiva y le trabó un embargo millonario. También hizo lugar a la detención de otro ex agente, Alejandro Giancarelli, imputado por el fiscal Domínguez por colaborar en una negociación por la no detención de narcos.

La banda del fiscal Scapolán sufre duros reveses. De a poco van saliendo a la luz las piezas clave del complejo rompecabezas que involucra entre otras a la Federal, la Bonaerense, la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval Argentina, el Poder Judicial y hasta la política. Nada aislado, nada de manzanas podridas que contaminaron un cajón: todo sumamente organizado y sistemático al servicio del tráfico de drogas, negocio sumamente rentable y poderoso.

Una matriz ilícita donde tanto el jefe como los organizadores sabían qué pasaría, cuándo, dónde y de qué modo operarían; con qué instrumentos –jurídicos y materiales: informantes, llamados anónimos, prórrogas de jurisdicción–; y quiénes y en qué roles participarían –policías, abogados–, dependiendo del tamaño de los “procedimientos”. El teniente Adrián “Palermo” Baeta por ahora se abstuvo de declarar. ¿Dará información como arrepentido?

“No sólo extorsionando, sino también siendo parte activa en el tráfico ilegal de estupefacientes, apropiándose, acopiando, vendiendo, suministrando, trasladando, distribuyendo, administrando. La organización se constituyó derechamente en actor central en la actividad narcocriminal. Y todo ello se acreditó con prueba sólida: documental (juicios, causas que corren por cuerda, constancias documentales en registros de la más variada gama), testimonial (de policías, de abogados, de víctimas), declaraciones de arrepentidos (cuyo valor central reside en que conocen el funcionamiento de la organización desde el centro mismo de sus entrañas), filmaciones, prueba de informes. En fin, prueba directa de la más variada clase, que para más resultó absolutamente corroborada por multiplicidad de indicios de variadísima gama que no hacen sino incrementar exponencialmente la cantidad abrumadora de prueba existente en la causa”, concluye el extenso expediente, donde “Palermo” Baeta poseía extraordinaria jerarquía en sus sincronizados movimientos: el maldito policía que, encargado de perseguir el tráfico de drogas, usó las herramientas institucionales para su propio beneficio y privilegio.

Una alta fuente de la investigación dijo a este medio que si bien todavía no existe ningún político directamente involucrado, es imposible que el narcotráfico hubiera operado en las fuerzas de seguridad sin el amparo de la política.

Según su visión, es una estructura que se impuso en los últimos tiempos en todo el país: el narco excede a la Bonaerense, a la mera fuerza local. Se expande en múltiples instituciones, que a la vez tienen un dominio sobre su territorio: gente de Prefectura se encarga de supervisar las operaciones marítimas, gente de la Justicia de proteger a los narcos y, al mismo tiempo, cada uno participa activamente del enriquecimiento ilícito.

La alta fuente de la investigación se permitió una mirada en profundidad, a modo de conclusión.

“Lo de la banda de Scapolán es paradigmático, pero basta ver lo que ocurre en Salta, Corrientes, Rosario. Con escenas de sicariato, además. El resguardo de la política es evidente. ¿Por qué no se le está dando un peso institucional a estas investigaciones como ocurre con el lawfare, por poner un ejemplo? Es una matriz de funcionamiento que viene creciendo hace diez años, de manera federal. Y si no hay castigo judicial ni pronunciamiento político, lo seguirá haciendo en las sombras, que es su mejor hábitat. Son unas sombras muy públicas por otro lado, porque está a la vista de todos, el tráfico de drogas opera de día y de noche, las pruebas son más que evidentes. Distinto es no querer mirar, porque tal vez se guardan las apariencias”.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí