Covid-19 y dependencia científica

 

La pandemia del virus SARS-CoV-2 responsable del Covid-19 pone en evidencia la necesidad de que cada país cuente con datos, análisis e investigaciones científicas confiables, producidas desde distintas áreas del conocimiento, y que circulen con rapidez por los espacios de toma de decisiones, para contextualizar las políticas.

Pero esta necesidad de autonomía en el proceso de publicación y distribución de las investigaciones científicas cristaliza el efecto nocivo de los incentivos simbólicos y económicos por parte de los Estados para que esas investigaciones se publiquen en inglés, en revistas con alto “factor de impacto”, gestionadas, editadas y distribuidas por las grandes cadenas comerciales de la industria científica.

Estas empresas multinacionales no financian las investigaciones, ni pagan regalías a quienes participan de la cadena productiva, sino todo lo contrario: cobran importantes sumas por la edición y publicación de un artículo (que llegan a superar los U$S 3.000 dólares) para luego cobrar el acceso a ese contenido. Por lo tanto, los Estados financian las investigaciones, destinan fondos para pagar los cánones de publicación y compran el acceso a la programación completa de cada una de estas compañías. Las cifras publicadas en algunas investigaciones sobre las estimaciones de los montos gastados por los países industrializados muestran que Alemania, por ejemplo, en 2013 habría gastado $ 140 millones de euros en cargos de procesamiento editorial de artículos o article processing charges (APC) y más de $ 200 millones de euros por el acceso a ese contenido, es decir, 340 millones de euros solo en el proceso de edición y distribución de investigaciones que ya fueron financiadas previamente por el Estado alemán.

¿Y por qué sería nocivo que desde el Estado argentino se incentive y se financie ese modelo de publicación? En primer lugar, porque al comercializar la distribución, estas grandes cadenas restringen el acceso a las investigaciones. Utilizando una metáfora futbolera, la disputa internacional en el terreno de la comercialización del acceso a los contenidos científicos es similar a la disputa entre el fútbol codificado y el modelo de Fútbol para todos, que sería el equivalente al movimiento de acceso abierto a la información científica, que cuenta con gran apoyo a nivel internacional. Pero el gran problema del modelo de negocios de las cadenas de distribución de contenidos científicos es que concentra y monopoliza mucho más el mercado: es como si en vez de pagar una cuota mensual a un proveedor local para poder ver los partidos nacionales, tuviéramos que pagar más de U$S 30 dólares (que es lo que sale descargar un solo artículo científico) a una distribuidora internacional para poder ver un solo partido, y que los clubes no recibieran un peso en calidad de regalías. Los clubes nacionales se desfinanciarían mientras la distribuidora internacional aumentaría significativamente sus ganancias. (Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.)

Este modelo de comercialización del acceso ha sido muy criticado por los medios de comunicación y la comunidad científica, incluso de los países más industrializados. Hace casi diez años ya que George Monbiot ironizaba en el periódico inglés The Guardian: “¿Quiénes son los capitalistas más despiadados del mundo occidental? ¿De quiénes son las prácticas monopólicas que hacen que Walmart parezca la tienda de la esquina y que Rupert Murdoch sea un socialista? Y proseguía: “Si bien hay muchos candidatos, mi voto no va para los bancos, las compañías petroleras, ni los seguros de salud, sino para las editoriales científicas”.

Frente a la necesidad actual de circulación de información científica sin restricciones, el 31 de enero, al día siguiente de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al Covid-19 como emergencia de salud pública de interés internacional, Wellcome, uno de los grandes fondos de financiamiento de las investigaciones en salud, que mantiene un fuerte compromiso por el acceso libre a la información científica, publicó un llamamiento público a la comunidad científica, a las revistas y a los patrocinadores “para garantizar que los resultados de investigaciones y los datos relevantes sobre esta epidemia se compartan rápida y abiertamente”. Y continuaba: “Específicamente, nos comprometemos a trabajar juntos para ayudar a garantizar que todas las publicaciones de investigación revisadas por pares relevantes para la epidemia tengan acceso abierto inmediato, o estén disponibles gratuitamente al menos durante la duración de la epidemia”.

A pesar de este llamamiento internacional, algunas grandes editoriales científicas seguían comercializando el acceso a investigaciones de gran relevancia para la toma de decisiones. La multinacional Sage, por ejemplo, abrió el acceso al material publicado sobre Covid-19 el 12 de febrero, pero otras grandes multinacionales seguían comercializándolo. Ante la gravedad de la situación, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, una de las entidades públicas estadounidenses más combativas por el libre acceso a la información científica, reunió a los organismos nacionales de ciencia y tecnología de una docena de países, y el 13 de marzo de 2020, cuando la pandemia ya había alcanzado a 122 países, anunciaron la “Public Health Emergency COVID-19 Initiative” en la que instaban específicamente a las editoriales científicas a que aceptaran voluntariamente la petición de dar acceso inmediato a las publicaciones relacionadas con el Covid-19 para que estén disponibles gratuitamente a través de la base de datos PubMed Central (PMC) y otros repositorios públicos que pudieran colaborar con la emergencia de salud pública. Recién el 16 de marzo Elsevier liberó el acceso exclusivamente al contenido sobre el Covid-19 y Wellcome difundió el listado de más de 30 editoriales científicas que se comprometían a liberar el contenido relacionado con el nuevo virus.

Si bien la comercialización del acceso a las investigaciones es una de las grandes batallas que se están librando al interior del campo científico, que el Estado incentive y financie este modelo de publicación es nocivo y perjudicial para el propio país por una razón más compleja: porque comienza a moldear los intereses de investigación, a relegar y desvalorizar los problemas nacionales, los temas innovadores o poco trabajados, para alistarse dentro de áreas que ya están altamente pobladas, para asegurar una alta citación. De este modo, la agenda de investigación se alinea con otros intereses. Un destacado doctor en Química de nuestro país afirmó públicamente que “las revistas de América Latina tienen bajo impacto porque reciben artículos de segunda, tercera o cuarta selección. Lo que no pudimos publicar en Nature tratamos de publicarlo en Elsevier, y lo que no, intentamos publicarlo en la Argentina”. Estas afirmaciones, plagadas de ideología y ausentes de un análisis profundo acerca de los procesos de estratificación mundial de ciencia, suelen escucharse en “charlas de café” que reproducen y retroalimentan el sentido común de una argentinidad que pareciera haberse quedado anclada en las “zonceras argentinas” de Arturo Jauretche, o peor aún, en la dicotomía “civilización y barbarie” de mediados del siglo XIX. Lo grave es que se traducen en normativas. En los hospitales públicos de nuestro país, las y los profesionales que se postulen para concursar un cargo reciben más puntaje por publicar su investigación en una mala revista de la industria editorial científica que por publicar en una buena revista editada en la Argentina.

La propia definición de la OMS sobre enfermedades “desatendidas” o “postergadas” (como el dengue, la rabia, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, entre otras), es un claro ejemplo de esta distorsión. Si bien se trata de enfermedades que “reducen de manera permanente el potencial humano, manteniendo a más de mil millones de personas sumidas en la pobreza, y suponen por tanto una enorme carga económica para los países endémicos”, tal como menciona la OMS “reciben poca atención y se ven postergadas en las prioridades de la salud pública porque los afectados carecen de influencia política”. “No causan brotes que capten la atención del público y los medios de comunicación. No viajan de un país a otro, ni afectan a los países ricos”. En síntesis, no forman parte de la agenda de investigación de los países industrializados y, por ende, no son investigaciones de interés para la industria editorial científica, por lo que el padecimiento de las personas afectadas termina siendo relegado e invisibilizado por los propios países afectados.

¿Y por qué el propio sistema de evaluación de la producción científica está incentivando que la comunidad científica mire hacia afuera? El matemático Oscar Varsavsky, en su libro Ciencia, política y cientificismo, publicado en 1969, ya cuestionaba esa “dependencia cultural que la mayoría acepta con orgullo, creyendo incluso que así está por encima de ‘mezquinos nacionalismos’”. Pasaron más de 50 años de las palabras de Varsavsky y el escenario no solo no ha cambiado, sino que ha recrudecido. La dependencia científica hacia el modelo de publicación y distribución comercializado por la industria editorial llevó a modificar las agendas nacionales de investigación y a desfinanciar el sistema de publicación y distribución de la producción científica a través de las revistas editadas en el país.

Pero este no es un problema que se circunscriba a  la Argentina o a los países de América Latina. Según la doctora Jie Xu, de la Universidad de Wuhan, el gobierno chino viene realizando grandes esfuerzos por revertir los incentivos para publicar en revistas editadas por la industria editorial científica, dado que han provocado el aumento de la producción de artículos de dudosa calidad, convertido a las y los investigadores en esclavos de las métricas de citación y propiciado la mala conducta de investigación. La crisis generada por el Covid-19 dentro del sistema chino de investigación puso el eje en generar políticas científicas que se sustenten en las necesidades reales del país, y en privilegiar la publicación en revistas científicas chinas, antes que en revistas de la industria editorial.

El gran salto tecnológico que se produjo en la edición científica a nivel internacional en la última década, no se vio reflejado en la Argentina. La falta de financiamiento y de incentivos provocó una gran disminución del número de revistas con capacidad de dialogar con el escenario internacional. Por ejemplo, en el área de ciencias de la salud, de las 588 revistas argentinas registradas en el directorio de revistas Latindex, solo 7 han sido aceptadas en PubMed, la biblioteca electrónica más relevante dentro del campo de ciencias de la salud. Y esto no significa que el resto de las revistas publiquen artículos “de cuarta”, como expresaría el sentido común. Se trata de un proceso complejo, similar a la apertura de las importaciones: se desfinancia la industria local, se pierden capacidades y experticias que sí existían en décadas anteriores y se produce una gran desvalorización de la producción nacional.

Apostar a fortalecer canales propios de circulación de la ciencia que estimulen la investigación de los problemas nacionales y aseguren, a su vez, la inserción en el diálogo internacional es aún una deuda pendiente. La crisis actual debería funcionar como un catalizador para un cambio necesario, que requeriría de al menos dos apuestas: por un lado, para las áreas que ya cuenten con revistas científicas, mejorar los desarrollos de sistemas integrados de publicación electrónica con capacidad de dialogar de forma automatizada con sistemas de validación de datos y de distribución de contenidos, de manera de agilizar la circulación de las investigaciones; y por otro, para aquellas áreas que cuenten con pocas revistas de escasa circulación, diseñar un sistema de publicación que integre esas áreas en una sola plataforma de publicación.

Ante la crisis generada por la pandemia, la autonomía cobró una renovada importancia, no solo en las prácticas científicas, sino en diversos niveles de la economía y de la industria. Pero para comenzar a revertir la dependencia necesitamos no solo generar estructuras ágiles que den respuesta a las necesidades actuales, sino tener en cuenta que, como decía Varsavsky, la dependencia es “cultural”, por lo que la gran batalla se da en el plano simbólico de las representaciones, en la deconstrucción de un relato contaminado de frases construidas en realidades que no nos pertenecen.

 

 

 

Docente-investigadora del Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús

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