Córdoba lucha por la memoria

 

El 2020 llegaba a su fin y a la casilla personal del abogado cordobés Claudio Orosz, histórico querellante en juicios de lesa humanidad, llegó un mail de un conocido profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. El catedrático cuenta que, haciendo senderismo con unos amigos por las sierras, fue atando cabos a partir de pistas familiares y dio con un posible lugar donde existirían restos de desaparecidos. Una vez que lo localizaron, sacaron fotos de unos tachos abandonados en un paraje inaccesible de la montaña.

La pesquisa amateur no terminó allí: se entrevistaron con los lugareños y algunos de ellos relataron que habían visto o escuchado cómo esos tachos habían sido arrojados por helicópteros en los años de la dictadura cívico-militar, cuando Luciano Benjamín Menéndez dominaba con mano de hierro y fuego desde el comando del Tercer Cuerpo de Ejército.

–A los desaparecidos Menéndez los hacía rotar de norte a sur para que nunca los pudiéramos encontrar –dice Sonia Torres, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, sobre quien fuera condenado diez veces a cadena perpetua por genocidio.

Sonia aún busca al hijo de Silvina Parodi, su hija secuestrada en 1976. Por ese caso Menéndez también fue sentenciado.

–Los desaparecidos desaparecieron y nadie sabe dónde están. Lo mejor será entonces olvidar –declaraba “Cachorro”, como le pusieron sus superiores cuando entró al Ejército por ser hijo de un militar, a la revista Gente el 25 de febrero de 1982.

Es un tema tan macabro como perenne. Orosz, que además representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recopiló los testimonios del profesor universitario y de inmediato presentó la denuncia en sede federal. En las próximas semanas se espera que la Justicia cordobesa avance con medidas de prueba: la expectativa de los familiares se renueva ante cada nueva conjetura. La cuestión de las fosas comunes en el terrorismo de Estado es un capítulo inconcluso y, en efecto, continúa en franco movimiento a más de cuarenta años del genocidio.

Hace apenas semanas el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobrevoló el predio de Campo de Mayo con un sistema de escaneo láser y un GPS de alta precisión capaces de hallar movimientos tanto en superficie como en profundidad. Por los tres centros de detención ubicados allí pasaron más de 4.000 personas y la mayoría fueron asesinadas con los vuelos de la muerte, pero se intenta dilucidar si hubo también cuerpos enterrados en algún punto de sus 5.000 hectáreas, tal como narraron testigos.

–Buscamos que el EAAF venga a Córdoba y con ese escáner láser y su nueva tecnología nos quiten la duda si esos tachos encontrados contendrían los restos de nuestros desaparecidos –dice Orosz en diálogo con El Cohete a la Luna.

Hasta el momento sólo dos tachos emergieron a la superficie aunque se cree que, como no se realizaron las pericias correspondientes, la fauna silvestre se habría encargado de los huesos. El paso del tiempo en rigor juega en contra de nuevos hallazgos.

“Es inédito en Latinoamérica porque nunca se entró con tanta tecnología en un predio militar para realizar búsquedas de este tipo”, dice Luis Fondebrider, presidente del EAAF, sobre la tecnología LIDAR en vuelo aerotransportado utilizada en Campo de Mayo, que contó con la colaboración del Ministerio de Defensa. Con los resultados en mano se realizarán tareas de proximidad “no invasivas” en los lugares seleccionados, como el uso de geo-radares, sondas electromagnéticas y cámaras multiespectrales. De alcanzar la probabilidad necesaria, se excavará en busca de restos óseos.

Consultado sobre Córdoba, Fondebrider detalló que la técnica de escaneo láser se usará allí tanto como en otros centros clandestinos de detención de Tucumán y Santa Fe. “En La Perla sabemos que no había vuelos de la muerte pero es un área enorme. Estuvimos trabajando hace diez años, pero entonces no contábamos con esta tecnología”, enfatiza Fondebrider sobre las expectativas de encontrar fosas clandestinas en suelo serrano.

 

 

 

 

Para el fiscal federal Facundo Trotta, que actúa en casos de lesa humanidad, la búsqueda de los posibles lugares de enterramientos clandestinos es una deuda pendiente alrededor de los juicios, aunque prefiere ser cauteloso.

“Córdoba fue el lugar donde más golpeó el terrorismo de Estado si se mide en proporción de víctimas en virtud de los habitantes –dice a este medio–. Menéndez dispuso todo un arsenal para llevar a cabo su plan de aniquilación porque la fuerza de los movimientos sindical, estudiantil y político era inconmensurable. El plan que llevaron los franceses en Argelia se implementó de cabo a rabo en la provincia. Todavía seguimos buscando los restos de los desaparecidos, es complicado hallarlos pero estamos obligados a continuar porque la sociedad tiene derecho a saber”.

Son varios los puntos identificados con fosas comunes en la provincia. La CONADEP Córdoba había reconocido en 1984 dos sitios emblemáticos: el cementerio San Vicente y el centro clandestino La Perla. “El último acto en el drama de la desaparición forzada de personas fue el enterramiento clandestino de un elevado número de cuerpos en fosas comunes o individuales, y en la violación de toda normatividad vigente sobre inhumaciones”, rezaba el informe.

En el cementerio los llamados “N.N.” era sepultados en horas de la noche, en fosas comunes, sin ataúdes ni elementos de identificación, o en fosas personales, pero “sin la necesaria previsión de registro que pudiese garantizar su futura individualización”. Se pudo determinar que estaban los cuerpos de siete jóvenes llevados en octubre de 1976 a la morgue desde la localidad de Los Surgentes con indicación de haber fallecido en un “enfrentamiento”, eufemismo para negar los fusilamientos.

En La Perla –el centro clandestino más grande del interior, por el que pasaron cerca de 3.000 detenidos– es paradigmático el testimonio del arriero José Julián Solanille, que trabajó durante largo tiempo en tareas de producción agropecuaria en dicho campo y reveló la existencia de “más de 200 pozos” dentro de su perímetro.

En su declaración judicial asentó la presencia de Menéndez: “Estaba con otro compañero en la Loma del Torito. Habíamos visto la fosa cavada. Unos cuatro metros por cuatro. Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Estaba Menéndez. Él había llegado en un (Ford) Falcon blanco. Yo lo había visto. Sabía que se venía algo grande. Y ahí estaba, con su fusil. No lo vi disparar. Pero él dio la orden. La gente estaba encapuchada o vendada o tenían unos anteojos… Los que no tenían nada, los que podían ver, gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda. Ahí nos rajamos con mi amigo. Estábamos cagados de miedo. Nos habíamos arrastrado hasta arriba de la loma, pero bajamos corriendo. Después se ve que los quemaron. Tiraron explosivos. El humo con ese olor espantoso se vino para mi casa. Era insoportable. Mi mujer y mis hijos se quejaban. Era horrible”.

 

 

 

 

 

 

También contó que días después pasó por el lugar y vio que habían tapado la fosa. Y recordó cuando una perrita que tenía comenzó a llevar a la cucha “huesos chiquitos, cabecitas muy chiquitas”. En La Perla se acreditó, además, el relato del ex gendarme Carlos Beltrán, que asistió a una inhumación colectiva luego de que tres hombres y una mujer embarazada fueran fusilados por personal militar. Los tres hombres habían sido previamente obligados a cavar una fosa de 3 metros por 1,20 y 1,80 profundidad. Todos fueron hechos situados entre 1976 y 1977.

Otro testigo significativo fue el ex teniente primero Ernesto Facundo Urien, que en 1979, con motivo del inminente arribo a Córdoba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había sido uno de los encargados de desenterrar cuerpos en una zona perteneciente al campo de Instrucción de Tercer Cuerpo. Los cuerpos, que evidenciaban no haber sido enterrados ni en cajones ni en bolsas y en algunos casos tenían sus documentos, fueron introducidos en tambores, “en algunos colocando cal viva para luego ser trasladados con destino incierto”.

Ese destino incierto es el que los familiares de las víctimas aún aguardan encontrar. Para los organismos de derechos humanos, en el noroeste cordobés, hacia la frontera con La Rioja, existe un sitio que coincide con otra declaración de un ex represor. En 2004 Guillermo Bruno Laborda presentó una queja por escrito ante el entonces jefe del Ejército, Roberto Bendini, porque no había recibido un ascenso por el trabajo que se le había encomendado en 1979: desenterrar cadáveres con topadoras, meterlos en tachos de metal con cal y trasladarlos en camiones hasta las Salinas de La Rioja con ayuda del Batallón de Ingenieros 141. También obedeciendo órdenes de Menéndez, ocultar los rastros del horror antes que llegara la visita de la CIDH. La causa está abierta y tramita en el juzgado federal de Miguel Hugo Vaca Narvaja bajo el nombre de “enterramientos”.

Por fuera de la Justicia, hace unos años los organismos compraron fotos satelitales en Estados Unidos y dieron con el punto de esos posibles enterramientos, algo que prefieren no revelar hasta tanto se compruebe. Por eso piden la inmediata intervención del EAAF: la napa es muy baja y si algunos tachos vuelven a salir a la superficie es probable que se pierdan en el terreno. No existe custodia del sitio más que la colaboración del Movimiento de Campesinos de Córdoba. “No podemos generar falsas expectativas porque si no es posible que la gente vaya caminando por las sierras de Córdoba, como ocurrió en Chile”, aclara una fuente de H.I.J.O.S. Córdoba.

Otro expediente que espera su reactivación es el conocido como “José de la Quintana”, ex sede del Grupo de Artillería 141 que desde 1975, durante el “Operativo Independencia”, se habría usado como lugar de fusilamientos y enterramientos clandestinos. Hay numerosos testimonios sobre camiones con cadáveres aunque todavía no se hallaron restos. Por último, la querella sumó un último punto: el cuartel donde estuvo preso el propio Menéndez después de sublevarse contra el Presidente de facto Roberto Viola. Hay una denuncia en sede federal de un testigo que señaló algunos puntos de enterramientos en esa zona, pero la causa no avanzó con las pericias indicadas.

Córdoba sigue dando pistas sobre la represión ilegal. Cadáveres que fueron quemados antes de ser arrojados al fondo de las fosas. O pasados por cal, amontonados en tachos, para borrar toda huella. Todavía ocultos en la inmensidad de la sierra, a la espera de ser identificados.

–Son 2.500 familias que siguen buscando los restos de sus familiares –reflexiona el abogado Orosz–. Aunque sabemos que no son cuerpos completos sino sólo huesos. Y por eso nos entusiasma lo del EAAF, como también nos urge batallar contra el tiempo, uno de los principales cómplices de la impunidad.

 

 

 

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