Cooptación jurídica

 

El último martes 13 se realizó, en la Facultad de Derecho de la UBA, el Seminario Internacional sobre desafíos en la persecución penal y juzgamiento del crimen organizado. La organización del evento fue compartida por el Programa internacional de apoyo a la reforma procesal penal argentina y al fortalecimiento de la transición al sistema acusatorio, perteneciente a la Embajada de Estados Unidos. En ese marco, la encargada de dar la bienvenida a los panelistas e inscriptos en el evento académico fue Abigail Dressel, la vicejefa de esa misión diplomática, que se destaca por haber sido la máxima referente –dentro del Departamento de Estado– a cargo de orientar las relaciones con los medios de comunicación internacionales.

Dressel agradeció al decano de la facultad, Leandro Vergara, por “prestarnos ese espacio para llevar adelante esta jornada aquí en la UBA, en la facultad de derecha” (sic). La funcionaria estadounidense señaló luego que el sistema acusatorio que se aplica en la Argentina requiere “tiempo para capacitaciones” y que “Estados Unidos –tal y como venimos haciendo hace varios años junto a nuestros socios– seguirá asistiendo a la Argentina en esta transición”.

 

Marcelo Duffy, de la Asociación de Jueces Federales, en la inauguración del seminario.

 

Las entidades que se sumaron a la iniciativa fueron la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (AFFUN) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que inauguraron el evento con la presencia de sus máximas autoridades: el juez Marcelo Duffy, el fiscal federal de la provincia de Salta, Ricardo Toranzos, y la directora ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce Chauca, quien se desempeña en forma paralela como consultora externa del Departamento de Estado. El CEJA es un organismo intergubernamental relacionado con la Organización de Estados Americanos, OEA. Su titular es María Victoria Rivas, quien se desempeñó previamente como asesora técnica de la Agencia para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID.

El seminario tuvo como trasfondo la legitimación de las instituciones legales estadounidense como referencia obligada de todo proceso judicial regional doméstico, y la invitación a colaborar con las entidades supranacionales ligadas a Washington. Las diferentes ponencias se focalizaron en forma genérica en profundizar las relaciones entre el delito, la corrupción y los poderes públicos, tríada que se resumió en varios pasajes como una correlación entre la política y la legalidad. En la actividad, participaron autoridades de organismos de seguridad estadounidenses, entre ellos Julie Younts y Thomas Pellicane, referentes de la Marshals Services, la agencia encargada de tramitar la incautación de activos que se consideran obtenidos por medio de actividades delictivas.

Una de las actividades a la que los alguaciles (Marshals) se encuentran abocados fue difundida durante el seminario como un ejemplo de la cooperación existente con las agencias estadounidenses: el caso de la aeronave venezolana de EMTRASUR, que se encuentra inmovilizada en el Aeropuerto de Ezeiza desde hace un año, como producto de una sanción unilateral contra la República Bolivariana, decidida por el Departamento de Justicia. La tarea central de la agencia a la que pertenecen Younts y Pellicane consiste en la “identificación y evaluación de activos que provienen del producto del delito (…) para lograr la comercialización de los bienes incautados y decomisados”.

 

 

 

Criminalizar

 

 

La oficina específica que tramita esas tareas de incautación tiene sede en Arlington, Virginia, y en sus dependencias se asienta la División de Confiscación de Activos que se ocupa de incrementar las arcas públicas. En el portal de los Alguaciles se hace explícita la posibilidad de “hacer negocios” con la agencia a través de la compra/venta de los bienes previamente incautados, si los beneficiarios se registran previamente en el “Sistema de Gestión de Premios”.

El seminario postuló, como ejes conceptuales, los siguientes ítems:

• la superioridad del modelo de gestión judicial estadounidense, subrayando su eficiencia, neutralidad e independencia del poder político;
• la disponibilidad del Departamento de Justicia para colaborar con todas las causas de corrupción política que puedan sucederse;
• la necesidad de reconocer las ventajas de la extraterritorialidad impulsada por el Departamento de Justicia;
• la exigencia de tender un manto de sospecha sobre las dirigencias políticas;
• la valorización del mercado como institución prioritaria para la organización social;
• y el empoderamiento de jueces y fiscales como paradigmas de la confrontación contra los populismos.

Durante las tres últimas décadas se profundizó de forma incremental el vínculo de los operadores de la Justicia de América Latina y el Caribe con diferentes agencias estadounidenses. En un artículo de fines de mayo, Aníbal Filippini rastrea en el portal de la Corte Suprema argentina las menciones ligadas a organizaciones y agencias de Washington. El resultado revela que la búsqueda del término “embajada” consigna 39 respuestas, en su inmensa mayoría relativas a la representación diplomática organizadora del seminario de la sede de derecha de la UBA. El relevamiento de Filippini también exhibe que casi la totalidad de los viajes informados en el portal de los cortesanos tiene como destino prioritario la ciudad Washington, que totaliza 157 visitas.

El modelo de interpenetración judicial propuesto por las agencias gubernamentales estadounidenses transita por su tercera etapa. La primera, descripta por Linn Hammergren en su artículo académico Expandiendo el Estado de Derecho: Reforma Judicial en América Latina, se inicia junto al denominado Consenso de Washington. En esa primera etapa se sientan las bases para reconfigurar a los operadores judiciales que transitaron las dictaduras en defensores de las transiciones democráticas. La cobertura de los think-tanks estadounidenses brindó a los jueces y fiscales una resignificación institucional capaz de blindarlos frente a los esquemas políticos que sucedieron a las dictaduras cívico-militares y que amenazaban con cambiar los perfiles de la magistratura.

La segunda etapa se inició en la primera década del presente siglo. Incluyó una política de alianzas académicas con las universidades más prestigiosas y promovió una red formal e informal de cooperación académica, capaz de configurar una desconfianza sistémica en las demandas políticas mayoritarias. Durante este periodo se multiplican las invitaciones a congresos, seminarios, convenciones y jornadas en las que los funcionarios de Washington brindan sustento a quienes se encuentran tramitando causas capaces de socavar los postulados soberanistas de cualquier país de Latinoamérica o el Caribe.

Una evidencia documental de esta etapa quedó explicitada en las filtraciones de los denominados WikiLeaks, consignados por Santiago O’Donnell en su libro Politileaks: “De los más de 2.000 despachos diplomáticos elaborados por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires entre mediados de 2006 y principios de 2010, el período que abarca la filtración de WikiLeaks, de todas las figuras públicas argentinas que se reunieron con el embajador estadounidense durante ese tiempo difícilmente alguno supere en cantidad al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti”.

La tercera etapa, que se aplica en la actualidad, es la directa criminalización de la política ejecutada por los operadores judiciales avalados y formados durante los dos periodos anteriores. Jaume Castan Pinos y Mark Friis Hau describen en su libro Lawfare. Las nuevas trayectorias del Derecho las disposiciones y exigencias de una jurisdicción globalizada estadounidense eufemizada detrás de una superioridad procesal anglosajona. El seminario profundizó en la persecución penal y juzgamiento del crimen organizado, y confirmó que una de sus tareas potenciales más relevante es la lucha contra la indudable corrupción política que asola a Latinoamérica. La proscripción a la actual Vicepresidenta de la Nación –en ese marco– confirma el largo alcance de una operación destinada a impedir la resolución soberana de las cuestiones nacionales.

 

 

 

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