Hacer del ruido política pública
El machismo no se toma cuarentena
Durante marzo, mes en el que desembarcó la pandemia en la Argentina, se contabilizaron 27 muertes por Covid-19, en el mismo lapso 27 mujeres fueron asesinadas por razones de género. Todo indica que el aislamiento genera un escenario propenso a la violencia doméstica, la línea de atención a mujeres en situación de violencia, 144, duplicó los llamados y desde la sociedad civil, en especial desde el movimiento feminista, se presiona para que los Estados den soluciones urgentes. La pandemia no solo aceleró la desigualdad, también puso sobre la mesa los desafíos del Estado y las diferencias políticas.
Como pudimos comprobar durante estos días, los efectos de la crisis se distribuyen de manera desigual. El lunes 30 de marzo, luego de un fin de semana fatal en términos estadísticos (5 mujeres y niñas fueron encontradas asesinadas en tan solo dos días), diversos colectivos feministas convocaron a un ruidazo contra las violencias machistas y en reclamo de medidas adecuadas al contexto. El desafío por estos días es cómo traducir el ruido en políticas públicas de prevención y protección.
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones más afectadas por el virus, las que poseen mayor densidad poblacional y mayores índices de denuncias por violencias de género. Todo parece estar conectado. Las políticas públicas del sector, algunas preexistentes a la creación de los ministerios de las mujeres nacional y provincial, debieron adaptarse a la nueva realidad, al tiempo que se construyen las nuevas carteras prácticamente desde cero. Si la escena de la violencia machista en el país ya era de terror, con la peste y a tan solo 4 meses del cambio de gestión, todo se agravó
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, puso en práctica una serie de medidas para mitigar el impacto del aumento de la violencia y la disminución de recursos para las mujeres. Se fortaleció la atención en la línea 144, se abrió un canal de Whatsapp para denuncias de quienes no pueden hablar por teléfono, se articuló con sindicatos (que pusieron a disposición los hoteles gremiales para alojar a mujeres que necesiten salir de sus hogares), se gestionó con el Ministerio de Desarrollo la incorporación de mujeres en situación de violencia al programa Hacemos futuro, el ingreso de población trans al programa Potenciar Trabajo en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social y se dispuso a través de una resolución de la ministra Gómez Alcorta que las personas en situación de violencia por motivos de género sean exceptuadas de las medidas de aislamiento en casos de fuerza mayor, cuando requieran pedir asistencia o realizar una denuncia. Asimismo, los Foros Federales Participativos fueron interrumpidos, se trataba de instancias presenciales de trabajo para construir el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género y fueron reemplazados por un aplicativo web en el que se pueden plasmar propuestas.
Además, el primero de abril se comenzó a implementar el programa del Barbijo Rojo, una contraseña para que mujeres que no pueden pedir ayuda desde sus casas, lo hagan en la farmacia cercana, solicitando un barbijo rojo. La iniciativa es similar a una aplicada en Río Negro y en España y es el resultado de una articulación con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Apenas lanzada, fue criticada en redes sociales y medios de comunicación por buena parte de los feminismos, en particular porque muchas farmacias no asociadas a COFA no estaban enteradas del dispositivo.
Estas son algunas de las iniciativas que no alcanzan para contener la demanda de respuestas. Una pregunta circula, no es nueva, pocas cosas nuevas hay bajo el sol, —salvo la intensidad con las que las personas vulneradas son expuestas a mayores grados de vulnerabilidad—. La pregunta es si facilitar las denuncias conduce a una solución. ¿Quién toma, analiza y responde esas denuncias? ¿La intervención policial y luego judicial es suficiente? ¿Produce transformaciones en esas vidas vulneradas? Lxs especialistas señalan un bache entre la cantidad de llamadas recibidas en el 144 y las denuncias efectivamente realizadas; si el sistema no da abasto con las pocas que se realizan, ¿qué pasaría si efectivamente se asentaran formalmente todas las denuncias por violencias machistas?
La Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), produjo una guía de medidas urgentes sugeridas a fiscales para actuar durante la pandemia. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra la disposición de que ante el desplazamiento policial hacia el domicilio de la mujer agredida, se pueda recibir la denuncia en el domicilio; la declaración vía electrónica; la exclusión de la residencia común del agresor y que “el imputado deberá fijar un domicilio distinto al de la víctima y, si no puede hacerlo, se deberá proveer de un espacio de vivienda evaluando la situación sanitaria”.
Por otro lado, la Cámara Civil Nacional resolvió la prórroga automática de todos los plazos de vigencia de medidas de protección de mujeres en contextos de violencia doméstica y de género. Esto incluye tanto las medidas de restricción y prohibición de acercamiento como la provisión de botones antipánico y otros dispositivos de prevención. La decisión se tomó luego de que acercaran propuestas análogas la la Comisión de Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa y, por otro lado, de 24 juezas y jueces de Familia de la Ciudad de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, la estrategia de la ministra Estela Díaz incluye, desde el primer día de su mandato, una fuerte inserción territorial. Respecto a la prevención y acompañamiento a mujeres que sufren violencias machistas, se apuesta por el fortalecimiento de redes y nodos locales, articulando con municipios, instituciones y centros comunales. Pero el aislamiento preventivo obligó a generar nuevas estrategias.
El equipo de trabajo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, abrió sus reuniones de trabajo a diversos actores sociales, desde promotoras territoriales y representantes de género en municipios hasta políticas, judiciales, activistas y académicas en encuentros virtuales que denominaron "Diálogos indispensables en tiempos de aislamiento obligatorio".
En el tercer encuentro, el viernes 3, Díaz presentó el escenario como un período excepcional e inédito que las encuentra “construyendo un ministerio sobre tierra arrasada” y dijo que la Organización Mundial de la Salud hace muchos años declaró que la violencia de género es, también, una pandemia. En este encuentro se destacó la necesidad de transformar las políticas públicas, en función de la transformación de la demanda: “hay gritos y hay silencios, en los lugares en que se estaban haciendo denuncias, hoy estas no llegan, porque no podemos transitar, no se llega a los juzgados, fiscalías, comisarías. La líneas telefónicas estallaron”, dijo la Ministra.
Mónica Macha, diputada nacional y presidenta de la flamante Comisión de Mujeres y Diversidades de la cámara baja, participó de uno de los Diálogos y destacó la necesidad de un trabajo artesanal en los territorios, articulado con organizaciones sociales y la importancia de incluir la perspectiva de género en todos los niveles del Estado. La abogada Marisa Herrera retomó el problema del acceso a la Justicia: “si todas esas denuncias llegaran a la justicia ¿después qué?”, se preguntó. Y mencionó la creación de falsas expectativas en la respuesta del Estado, que tienen como consecuencia un empoderamiento de quienes ejercen la violencia.
También en la provincia de Buenos Aires se publicó el lunes 31 en el Boletín Oficial el Decreto 178/2020, que otorga subsidios de oficio para necesidades individuales o de grupo o para atender contingencias de carácter humanitario. Se trata de un Fondo de emergencia para violencia por razones de género para atender las situaciones de extrema gravedad. Estos fondos están destinados a las Mesas Locales de los Municipios y son para cubrir gastos vinculados a necesidades de personas violentadas por razones de género como traslados y movilidad, alojamiento y comida, gastos médicos de urgencia, fotocopias de documentación, etc.
Además, el día martes primero, se conformó un Comité de seguimiento de las situaciones de violencia por motivos de género entre Nación, provincia de Buenos Aires y CABA, en el marco de la emergencia sanitaria. Se reunieron Elizabeth Gómez Alcorta, junto a Estela Díaz, y María Migliore, titular de la cartera de Hábitat y desarrollo de CABA. El objetivo de este nuevo espacio conjunto es aunar las políticas de prevención, seguimiento y tratamiento de la violencia por motivos de género.
El ruidazo del lunes, desde balcones y veredas, en algunos lugares provocó marchas feministas en miniatura que permitieron liberar la tensión de los días de aislamiento y el vendaval de malas noticias, las imágenes de las fuerzas de seguridad abusando de su poder en barrios y sobre transeúntes desprotegidos compite en crueldad con los desalojos, las barriadas (más) empobrecidas, la falta de cuidados para personas mayores y el eco que producen los femicidios diarios. Algunas de las organizaciones feministas que convocaron y activaron el ruidazo, tienen algunas de sus miembras en las filas de los cientos de espacios de género que existen (nuevo o viejos) en los estados municipales, provinciales y en el Estado nacional. Pero la lógica activista resulta ser, en ocasiones, divergente de la operatividad a la hora de construir políticas públicas. Nadie dijo que sería sencillo el ingreso de feministas al Estado, lo esperable para el activismo es que además de mitigar los efectos desiguales de la crisis, las feministas en el gobierno formen parte de las instancias de toma de decisión, para que aquel proyecto de que la perspectiva de género sea transversal a todas las políticas públicas sea realidad, más aún en un escenario crítico que golpea primero, y como siempre a las, les y los más vulnerables, incluidas las mujeres.
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- Fotografía: Rolando Andrade Stracuzzi
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