Controlar a quienes nos controlan

Contrapoder ciudadano para enfrentar abusos y arbitrariedades de la Policía de la Ciudad

Por Diego Sztulwark

 

Salvo que se descarte concebir la sociedad de un modo positivo, como suma de instituciones, habrá que admitir que lo que llamamos vida política democrática depende menos de la actividad legislativa (la ley regula de un modo enteramente negativo: limita y prohíbe) que de la capacidad social para crear modelos y medios organizados –instituciones, precisamente– en función de satisfacer necesidades. Al punto que es posible establecer la distinción efectiva entre tiranía y democracia, precisamente en que la primera impone el dominio de las leyes por sobre el de la creación de instituciones, dejando abierta la posibilidad de aplicar la ley de modo directo sobre los individuos.

Esta semana una heterogénea red de organizaciones sociales presentaron una iniciativa que va en este sentido: el Mapa de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un sitio en el cual se pueden establecer denuncias online sobre maltratos y abusos policiales. El objetivo de la Red de Cuidados contra la Violencia Policial es constituir una instancia de contrapoder ciudadano, capaz de viabilizar respuestas institucionales contra este tipo de abusos, pero también crear una estadística lo más detallada posible sobre las arbitrariedades policiales en los barrios de la ciudad. Para la Red y las organizaciones que la conforman –el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la organización territorial Red Puentes, organismos de derechos humanos como el CELS y la Asociación contra la Violencia Institucional, y colectivos de investigación y comunicación como la revista Crisis– la iniciativa alienta el conocimiento ciudadano de la fuerza policial de la ciudad que, creada en democracia, permanece completamente opaca por fuera del férreo control político que sobre ella ejerce el gobierno de la Ciudad. De hecho, en el origen de la Red converge la acumulación de denuncias no sólo por casos de gatillo fácil sino también por violencia ejercida contra trabajadoras sexuales, manteros y vendedores ambulantes, y por arbitrariedades en detenciones y en persecución por consumo de drogas. Por lo que la principal función del Mapa es el registro de estos hechos, la denuncia y la visibilización del fenómeno.

 

 

Cuando se pregunta cómo y donde ocurren la mayor parte de los casos de abusos policiales en la Ciudad de Buenos Aires de los últimos años, se confirma que es “en los barrios populares, donde se contabilizan la mayor cantidad de muertos y, entre ellos, el objetivo predilecto de la gorra son los varones jóvenes con escasos recursos económicos”, como se observa con claridad en el Mapa del Gatillo Fácil confeccionado por El Grito del Sur para el Mapa de la policía. El informe se origina en la conmoción causada durante el año pasado cuando se difundió el asesinato policial de Lucas González, y reúne los datos disponibles sobre casos de violencia policial ocurridos en CABA desde 1º de enero de 2017, cuando comenzó a operar formalmente la Policía de la Ciudad. Tal y como explican Ludmila Ferrer y Matías Ferrari, “este mapa geolocaliza con nombre y apellido a aquellas personas contra las que la Policía de la Ciudad disparó sin motivo alguno, para robarles o por mal desempeño a la hora de hacer uso del arma reglamentaria, es decir, cuando no estaba en riesgo la propia vida de los agentes. Y demuestra cómo el Estado porteño ejerce violencia especialmente contra varones jóvenes pobres en los barrios de menores recursos”.

Del informe se desprende que casi todos los casos de gatillo fácil registrados ocurren sobre la población ya mencionada (varones jóvenes de los barrios del sur), que entre los hábitos más reiterados se encuentra el disparo hecho desde un vehículo policial y que los agentes sólo resultan procesados en caso de que la Justicia compruebe que las balas ingresaron en el cuerpo de las víctimas por la cabeza o desde atrás (de no mediar esta comprobación no se llega a juicio oral o bien se justifican los asesinatos como parte de una supuesta “legítima defensa”). Lo que nos permiten comprender con toda claridad los datos es que los abusos y arbitrariedades por parte de los uniformados forman parte de un diseño político del Gobierno de la Ciudad.

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Larreta alega ignorancia

Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del CELS, explicó que el mapa online, que fue presentado en la legislatura a través del fuerte respaldo de la legisladora Ofelia Fernández (quien lo difundió en sus redes sociales), se propone ampliar las estrategias de control ciudadano del accionar policial que practican desde hace años las organizaciones de derechos humanos. Contó también que la iniciativa fue comunicada al secretario de seguridad de la ciudad, quien manifestó su interés. Sin embargo, consultado sobre el asunto, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta dijo desconocer por completo el Mapa de la Policía.

Para Trufó, el Mapa pretende facilitar un instrumento práctico y seguro para la denuncia de víctimas y testigos de violencia policial, pero también sistematizar información útil para elaborar intervenciones de control sobre la violencia institucional. De hecho ofrece, además de un protocolo de denuncia, información pública sobre la estructura de la Policía de la Ciudad, tal como la actual organización de comisarías comunales y vecinales, con datos sobre los comisarios a cargo.

Por su parte, en otra entrevista radial, Mario Santucho, editor de la revista Crisis, explicó que el concepto clave del Mapa de la Policía es el de control ciudadano. Se trata de un control externo a la institución, que pretende ejercer su vigilancia continua a partir de tres tipos de funciones: protocolo para denuncias, datos sobre la conformación de la estructura policial, y una invitación a participar de modo abierto en una investigación permanente sobre los modos del poder policial.

Este último aspecto resulta particularmente importante porque permite producir conocimientos sobre el funcionamiento del control social, la represión del conflicto y la criminalización de modos de habitar la ciudad. Santucho explica que la Red de Cuidados ciudadana es una red en construcción que se propone funcionar de abajo hacia arriba y por tanto requiere para su constitución de la participación de organizaciones populares, periodísticas y aportes institucionales: a ellos se extiende la invitación.

 

Ampliar el control

Nacido como partido de la ciudad, antes de transformarse en la principal fuerza de la oposición, el macrismo ha hecho de la retórica de la seguridad uno de los pilares de su propuesta político cultural. Las reacciones que ha despertado el Mapa de la Policía permiten suponer que la actuación de la Policía de la Ciudad sea el instrumento fundamental de su instalación. El legislador porteño Juan Pablo Arenaza (Juntos por el Cambio), que según información pública responde a Patricia Bullrich, consideró que el Mapa de la Policía es un “proyecto fascista” puesto que a su juicio “se le abren las puertas a los narcos y a las mafias para vengarse de los policías”, y promueve una persecución anónima y estigmatizante a “quienes trabajan cuidándonos”.

Así como el fascismo histórico apuntó a movilizar militarmente a la sociedad sin cuestionar las relaciones de propiedad ni las jerarquías sociales, las derechas más reaccionarias del presente movilizan un imaginario que hace posible las peores prácticas policiales de control de la población. Ahora bien: ¿esta opacidad policial que denuncia la Red de Cuidados ciudadanos ocurre sólo en CABA? A esta pregunta, que alimenta las suspicacias de la oposición política, los organizadores de la Red responden animados por la llegada de las primeras denuncias y por la multiplicación de organizaciones entusiasmadas con la posibilidad de reproducir la experiencia en las provincias, con un desafío aun mayor: ¿por qué no ampliar iniciativas similares a todo el país?

 

 

 

 

 

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