Control social verdeoliva

 

Ante la creciente reacción social por sus políticas de exclusión, el gobierno de la Alianza Cambiemos plantea la asignación de tareas de seguridad interior a las Fuerzas Armadas. Pero hasta ahora la suma de incompetencia y de debilidad política le ha impedido concretar ese propósito en resoluciones, leyes o decretos, con el riesgo de que termine por avanzar mediante hechos consumados, como ha hecho en otros terrenos.

Desde que asumió la presidencia, Maurizio Macrì plantea el empleo de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo y el narcotráfico. Pero sin número suficiente en ninguna de las cámaras del Congreso, no está en condiciones de superar las prohibiciones de tres leyes surgidas del más importante consenso multipartidario de la democracia postdictatorial: la de Defensa Nacional, de 1988, la de Seguridad Interior, de 1992, y la de Inteligencia Nacional, de 2001, promulgadas por tres presidentes distintos: Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

Un documento elaborado por el Grupo Convergencia XXI, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostiene que “involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”. El jueves 7 de junio el documento fue presentado por los expertos que lo elaboraron en la Cámara de Diputados de la Nación, con la asistencia de representantes del Frente Renovador, Libres del Sur, Movimiento Evita, Peronismo para la Victoria, Nuevo Encuentro y FpV, y se acordó reclamar información al jefe del gabinete de ministros y a los ministros de seguridad y defensa, dada la confusión reinante sobre un tema tan delicado. Rut Diamint, experta en política internacional, defensa y seguridad, planteó el riesgo de que se desestime la legislación existente quitándole al Congreso la posibilidad de discutir cuáles son las funciones de Defensa y la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas que están entrenadas para cierto tipo de misiones con un tipo de armamento específico para la Defensa y no para trabajar en temas de seguridad pública en interacción con los ciudadanos. Utilizar a las Fuerzas Armadas no contribuye a mejorar el entrenamiento de las fuerzas policiales, favorece que los militares vuelvan a hacer tareas de inteligencia y que en todos los países en los que se ha implementado “no ha mejorado la seguridad pública y fueron abusados los derechos de los ciudadanos”.

Juan Gabriel Tokatlian, especialista en temas de política internacional y políticas de drogas, aclaró que “nadie dice que el narcotráfico y el terrorismo no sean problemas, pero se expresan de manera muy distinta en cada país y región. Y la Argentina no ha vivido ni vive en estos dos temas algo que reclame un cambio en temas de defensa y seguridad. Si vamos por donde nos quiere llevar el gobierno vamos a terminar convirtiendo a nuestras Fuerzas Armadas en combatientes del crimen, redefiniendo la política de defensa”. También advirtió, igual que otros participantes sobre la tentación de crear un  enemigo interno al que aplicar la fuerza militar, ya que el presidente parece creer que son fuerzas ociosas, como dijo en el encuentro Nilda Garré.

Ernesto López aportó datos concretos sobre la situación del Ejército, extraídos del Libro Blanco de la Defensa 2015, que tornan ilusorio su empleo en las tareas que se sugieren. De acuerdo con esa información oficial, en 2014 había 6.188 oficiales, 22.768 suboficiales y 17.319 soldados voluntarios. Esto es 2,8 soldados por cada oficial, una proporción absurda que no existe en ningún Ejército del mundo, de modo que la estructura formal no guarda relación con la realidad. Excluyendo el Estado Mayor General, los hospitales militares, el Colegio Militar y otras unidades no combatientes o de apoyo, el Ejército afirma tener cuatro grandes unidades de combate

: las Divisiones 1, 2 y 3 y la Fuerza de Despliegue Rápido. Cada una de estas tiene un comando y se despliega en brigadas. En total hay cuatro comandos de División y once brigadas, a las que se agregan dos unidades autónomas de menor nivel: una Agrupación de Artillería Antiaérea y una Agrupación de Fuerzas Especiales. Este esquema contiene 141 unidades, entre regimientos, batallones, grupos de artillería, compañías autonomizadas, bases, destacamentos, etc. Esto implica un promedio de 122,82 efectivos de combate por cada unidad menor a brigada, más los cuatro comandos de división y los once de brigada. En esas condiciones, una división no es una división, una brigada no es una brigada, un regimiento no es un regimiento y un batallón no es un batallón, sino su sombra. Muchos caciques y pocos indios, concluyó López.

Ante el obstáculo que plantean las tres leyes, el ex ministro de Alfonsín, De la Rúa y del senador Eduardo Duhalde durante su interinato a cargo del Poder Ejecutivo, Horacio Jaunarena, propuso derogar el decreto reglamentario de la ley de Defensa, firmado en 2006 por Néstor Kirchner y su ministra Nilda Garré, ya que para eso basta la firma del actual presidente Macrì. Ese decreto 727/06 especifica que las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir ante una agresión externa, definida de acuerdo con la resolución 3314 de las Naciones Unidas como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, y entre las siete situaciones que enumera no contempla a actores no estatales. Si pasaron 18 años antes de que se reglamentara la ley de Defensa, ello se debió a que Jaunarena no estaba de acuerdo con la tajante separación que establece entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior. Así lo confesó el propio Jaunarena durante una conferencia que dictó en 2002. Acompañado por el entonces jefe del Ejército Roberto Brinzoni, ambos plantearon la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que vivían 10 millones de pobres.

El primero que recitó aquí el discurso de las nuevas amenazas elaborado por el Comando Sur, fue Ricardo López Murphy en 2000: ellas serían la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles”, dijo en cuanto De la Rúa le encomendó el ministerio de Defensa. Pero ni siquiera su partido lo acompañó y en 2001 se sancionó la ley de Inteligencia Nacional que reiteró la diferenciación de roles militares y policiales. López Murphy y De la Rúa también plantearon asignar a las Fuerzas Armadas la custodia de instalaciones estratégicas como las usinas nucleares y liberar así a efectivos de Gendarmería para tareas policiales, una idea que reaparece ahora. Garré señaló que esto sería una irresponsabilidad, dado que las Fuerzas Armadas no tienen la capacitación imprescindible para actuar en caso de fugas o filtraciones de material radioactivo, como ha ocurrido en otros lugares del mundo.

Pese a los reiterados anuncios de voceros oficiosos y comentarios ocasionales de altos funcionarios, el decreto modificatorio no fue firmado. Esto se debe a que la ley de seguridad interior restringe en forma taxativa el empleo de las Fuerzas Armadas fuera de su misión primaria. Sólo pueden actuar en seguridad interior:

- dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada;

- prestando apoyo logístico, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa (como ocurrió entre 2007 y 2017 en la frontera norte por decisión de la ex presidente CFK, criticada por los organismos de derechos humanos pero en el borde de sus incumbencias legales).

- con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial. Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”.

En aquella declaración de 2002, Jaunarena consideró anacrónica la distinción entre defensa y seguridad. “Pedirle a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarle que se ejercite”. Esta es una lectura sesgada de la ley, que no trata del médico que debe operar, sino de los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si se incendia el hospital.

La iniciativa más reciente, que no fue anunciada por ningún miembro del gobierno sino por sus lenguaraces periodísticos consiste en traspasar 5.000 hombres del Ejército a la Gendarmería. Pero su aplicación quedó en suspenso por el malestar que produjo dentro del Ejército y las otras Fuerzas Armadas que lo ven como un solapado intento de llevar a la práctica una idea que adelantó el secretario de asuntos estratégicos de la jefatura de gabinete, Fulvio Pompeo. Coordinador de las políticas de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores en la presidencia, Pompeo propuso convertir a las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional al estilo panameño. El traspaso de personal tampoco es original: lo propuso en 2004 el entonces jefe del Comando Sur, general James T. Hill, durante un debate que mantuvo conmigo en un programa de la televisión estadounidense, del que también participó el viceministro del Pentágono para la región, Roger Pardo Maurer.  “Si usted tiene unas Fuerzas Armadas de 100.000 hombres y sólo 15.000 polícías pero la mayor amenaza es el crimen urbano, ¿necesita 100.000 militares o 75.000 policías? Como no puede mantener a ambos yo sugiero tomar algunos de esos militares y reentrenarlos para ser policías. Si la clave es la pobreza, como yo creo, los gobiernos no pueden continuar teniendo las Fuerzas Armadas y la policía actuales. Necesitan más policía”. Ya hubo una experiencia, con el reclutamiento de militares para la nueva policía porteña. La ley exigió una revisión de sus antecedentes de modo de impedir que la integraran quienes tuvieran antecedentes en la violación de los derechos humanos. Ese riesgo no existe, dado que los reclutas buscados tienen entre 20 y 30 años, de modo que ni habían nacido cuando concluyó la dictadura. Pero sí existe una diferencia de capacitación y entrenamiento que no se corrige con unos pocos meses de enseñanza teórico-práctica. No es lo mismo hacer cumplir la ley que abatir por la espalda a un enemigo, como ha ocurrido más de una vez con policías porteños.

En la retórica presidencial más que el delito urbano está presente el enemigo interno, en este caso las comunidades mapuche que reivindican tierras ancestrales en el Comahue y la Patagonia, donde existen importantes yacimientos hidrocarburíferos. También esto tiene antecedentes internacionales que es útil conocer. En la edición de abril de 2016, la revista Harper’s publicó una entrevista del periodista Dan Baum al principal asesor de Richard Nixon cuando instalaron la nefasta “guerra contra las drogas”. Richard Haldeman fue condenado por Watergate y luego desapareció. Baum lo encontró en 1994 en una empresa de ingeniería en Atlanta. Sin vueltas Haldeman le dijo que los enemigos de Nixon eran “la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”, concluyó. Tanto como lo saben Macrì, Oscar Aguad (quien guarda un silencio sepulcral, como si estuviera sumergido también él en el fondo del mar) y Patricia Bullrich, quien aprovecha mejor que cualquiera de sus colegas cada oportunidad que tiene de exhibir su pavoroso desconocimiento de todo lo que le concierne, incluyendo sus propios actos. Hace pocos días dijo que existía una norma que permitía identificar aeronaves del narcotráfico y forzarlas a aterrizar, pero no abatirlas. El primer decreto que firmó junto con Macrì, de emergencia en seguridad, autorizó exactamente esa forma alevosa de aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por la mera sospecha.

 

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