Contracorriente

 

Carlos Rosenkrantz está solo en la Corte Suprema. En este caso es por el aislamiento social obligatorio y porque él accedió a permanecer como juez de turno mientras el resto de sus colegas lo cumple desde sus casas. Durante los días de soledad de la semana pasada, Rosenkrantz tomó un planteo de Juan Daniel Amelong, uno de los represores más emblemáticos de la dictadura en Rosario, y lo remitió al tribunal que lo condenó para que evalúe concederle la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia del coronavirus. Todo un gesto del supremo.

 

En la Corte

La acción de mayor relevancia de Rosenkrantz tras su llegada a la Corte en agosto 2016 fue promover una mayoría para aplicar el cómputo del 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad. Lo hizo en el caso de Luis Muiña, represor del Hospital Posadas. Ese mayo de 2017 quedará en la memoria de los supremos y de toda la sociedad argentina. Como Muiña eran decenas los genocidas que querían ser beneficiados con una libertad anticipada. Amelong fue uno de ellos.

Sin embargo, la Corte retrocedió, luego de una impresionante manifestación de repudio en la Plaza de Mayo y una ley interpretativa del Congreso. En diciembre de 2018, emitió un nuevo fallo (Rufino Batalla/Hidalgo Garzón) y con una nueva mayoría sostuvo que no podía aplicarse el 2x1 a delitos de lesa humanidad. El planteo de Amelong quedó dando vueltas en el cuarto piso del máximo tribunal hasta el 26 de diciembre del año pasado. En el último acuerdo del año, los supremos terminaron con las ilusiones de Amelong con una remisión al fallo Hidalgo Garzón – en el que Rosenkrantz había quedado en amplia minoría, sosteniendo que el beneficio era aplicable a los criminales de la última dictadura.

Amelong, insistente, presentó un recurso de reposición para que la Corte reconsiderara su negativa. Durante la feria extraordinaria, pidió que el tribunal se expidiera. Rosenkrantz contestó que estaba dentro de los miles de asuntos que constituyen la agenda de la Corte y que no correspondía abrir feria por eso. Pero en el párrafo siguiente le abrió la puerta a la vuelta a la casa del represor de 68 años. Escribió el llanero solitario:

 

En Rosario

La Corte tiene dos tipos de funciones: las jurisdiccionales y las de superintendencia. Para las primeras, que son básicamente emitir fallos, basta con el juez de feria. Para las segundas, se necesita que haya tres voluntades. Esto es básicamente resultado de la impronta que el resto de sus colegas decidieron darle a la Corte desde que Rosenkrantz ocupa la presidencia. Tanto su antecesor, Ricardo Lorenzetti, como Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda así lo decidieron para ir despojándolo de atribuciones. Lo curioso es que el fin de semana pasado Rosenkrantz elogió esa modalidad en una columna en Clarín en la que polemizaba subrepticiamente con Lorenzetti.

Como la decisión de Amelong es meramente jurisdiccional, Rosenkrantz no consultó ni se lo comunicó al resto de sus colegas. La resolución en la que le pide al TOCF 1 de Rosario que evalúe la domiciliaria de Amelong la firmó el 1 de abril. Lo curioso es que ese mismo tribunal había rechazado un planteo idéntico cuatro días antes.

 

El provocador

Amelong es una cara conocida, quizá la más emblemática, de los juicios por delitos de lesa humanidad en Rosario. Alto, delgado, anda siempre con una vincha y un maletín – que usa para enviar mensajes contra los juicios. Desde febrero de 1976, se integró al Comando del II Cuerpo de Ejército y, desde entonces, fue Daniel o el Teniente Daniel.

Fue figura obligada en tres de los juicios por la causa Guerrieri. Tiene dos condenas a prisión perpetua y una a diez años. También fue juzgado por el secuestro de Raquel Negro y Edgar Tulio “Tucho” Valenzuela y el hijo de ella, Sebastián. Raquel estaba embarazada de mellizos cuando fue secuestrada en Mar del Plata.  Después de un cautiverio de semanas, fue llevada a parir al Hospital Militar de Paraná, donde dio a luz a un varón y a una nena. Sabrina es la única que recuperó su identidad. Al Melli todavía lo buscan. Por ese caso, Amelong también acumuló una sentencia a trece años de prisión.

Tucho y Raquel habían estado detenidos en la Quinta de Funes. Ella quedó allí como rehén y a él lo llevaron a México en un intento de capturar a la cúpula de Montoneros. Él escapó y denunció a sus captores, sabiendo que con esa acción la suerte de su compañera estaba echada. Después de la denuncia de Tucho, los represores levantaron la Quinta de Funes y llevaron a los detenidos a la Escuela Magnasco. A los pocos días, los trasladaron a una casa muy rústica, que estaba ubicada al lado oeste de la autopista Rosario- Santa Fe. La Intermedia se llamaba y era una propiedad que pertenecía a la familia Amelong.

Amelong nunca negó su rol en la dictadura. En 1987, en tiempos en que se discutía la Ley de Obediencia Debida, reconoció su entusiasmo en una carta que le envió al director del Liceo Militar General Belgrano. “Es así como he participado conscientemente de la guerra contra la subversión y puedo hoy sostener, con absoluta convicción, que me siento tranquilo y honrado por haber cumplido con mi deber ejecutando, desde mi puesto de combate, con todas las órdenes y directivas de mi superioridad encaminadas al aniquilamiento y derrota de los enemigos que, disputando al Estado el monopolio de la fuerza, asolaron a toda la sociedad provocando una trágica confrontación”, escribió.

Cuando comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad, Amelong los aprovechó para lanzar diatribas varias. Dijo que había querido irse del Ejército, pero se quedó después de que los grupos armados asesinaran a su padre, un ingeniero de Acindar, en 1975. Declaró haber estado en el Operativo Independencia y que actuó como oficial de inteligencia.

En democracia, se recicló como abogado. Fue pura furia cuando le retiraron la matrícula. Antes del inicio de los juicios, solía pasarse por los tribunales de Rosario e intimidar a los abogados de los organismos de derechos humanos.  En los procesos, reclamaba ser él quien interrogara a los testigos. Era un intento de hacerles revivir el terror de los años 70.

En septiembre de 2013, Horacio Verbitsky declaró como testigo en una de las causas de Rosario. Señaló la instigación eclesiástica y la participación de las empresas Acindar y Techint en la represión en esa zona y dijo que sin tomar esos hechos en cuenta parecería que los militares enloquecieron y  se convirtieron en monstruos sanguinarios que mataron por placer, lo cual no ayuda a intelegir el proceso histórico. Aclaró que eso no disminuye la responsabilidad penal de los verdugos. En la jornada siguiente, Amelong pidió la palabra y dijo que si hubiera sabido lo que declararía el ahora director del Cohete, él mismo lo habría propuesto como testigo.   

La negativa

Amelong tiene 68 años y está preso en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Pidió irse a su casa por el temor de contagiarse de coronavirus. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo listó como persona de riesgo por la edad y por tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, el informe enviado desde la Unidad 34, dice que no requiere tratamiento y que, ante una emergencia, los internos – todos criminales de lesa – serán trasladados al Hospital Militar de Campo de Mayo, que tiene guardia las 24 horas.

El fiscal Adolfo Villate opinó que el lugar de detención no presentaba un riesgo y el juez Germán Sutter Schneiner falló en consonancia. Cuatro días después de ese fallo, el presidente de la Corte volvía a mandar el expediente para que revisara la situación de Amelong.

 

Contracorriente

Desde que se declaró la alerta por la pandemia, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad contabilizó más de 104 pedidos de represores para volver a sus casas. Al menos quince de los condenados lograron el arresto domiciliario. La tendencia hacia el rechazo se fue acentuando en los últimos días, con 40 denegatorias.

Mendoza fue la jurisdicción que más domiciliarias otorgó, con ocho casos. En La Plata, el juez Ernesto Kreplak les concedió el arresto domiciliario a tres procesados por el asesinato de un militante en 1976. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Capital mandó a su casa en Olivos al represor Jorge Alberto Espina (que actuó en Virrey Cevallos). Lo mismo sucedió con María Eva Aebi, una de las pocas mujeres condenadas por delitos de lesa humanidad, que fue beneficiada con el arresto domiciliario por el TOF de Santa Fe. El represor Horacio Losito, condenado a perpetua por la Masacre de Margarita Belén, es otro de los que abandonó la Unidad 34 de Campo de Mayo. Lo mismo que el médico Omar Di Nápoli, que está siendo juzgado por secuestros y violaciones en la zona de Zárate.

En Neuquén, el juez Alejandro Cabral le concedió el arresto domiciliario a Raúl Guglielminetti, ex integrante del Batallón de Inteligencia 601. Guglielminetti, con múltiples condenas, tiene 79 años y está alojado en la Unidad 31 de Ezeiza. El magistrado entiende que debe irse a vivir con su esposa y sus tres nietos.

El fiscal Miguel Palazzani se opuso. Comparó las condiciones de detención de Guglielminetti en la Unidad 31 con las que tendría en su casa de Mercedes. La vivienda, por ejemplo, tiene dos habitaciones para cinco personas y un baño. En Ezeiza, Guglielminetti tiene una celda individual en un pabellón que comparte con otros reclusos de lesa. El pabellón – con capacidad para doce personas – es habitado por cinco internos.

Pese al fallo de Neuquén, Guglielminetti no se irá a la casa, porque esta semana también el TOF 5 rechazó su planteo. El tribunal deberá juzgarlo por el secuestro de 28 empresarios que fueron llevados a Campo de Mayo. La causa se conoce como Chavanne y tenía fecha de inicio para este año. Una de las curiosidades de esa investigación judicial es que es bien conocida por el Presidente Alberto Fernández y por su ministra de Justicia, Marcela Losardo, porque ambos actuaron como abogados querellantes.

 

Los que se quedan

En la última semana, la sala de feria de la Casación – Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone – declaró inadmisibles los recursos de varios represores. Entre ellos, los que operaron en el circuito Atlético-Banco-Olimpo como el policía Eduardo Kalinec o el penitenciario Juan Carlos Avena. Lo mismo sucedió con el represor de Monte Peloni, Raúl Ángel Córdoba.

El juez Adrián Grünberg, del TOF 1, rechazó el pedido de domiciliaria del ex agente de la SIDE Miguel Ángel Furci, condenado por su actuación en el marco del Plan Cóndor y por la apropiación de Mariana Zaffaroni Islas, hija de un matrimonio uruguayo secuestrado y llevado al centro clandestino Automotores Orletti.

Furci está detenido en la Unidad 33 de pre-egreso de Ezeiza. Es un chalet con living, comedor, baño y cocina, que está aislado del predio por un alambrado perimetral. Según la resolución, convive con otros nueve detenidos. El juez también menciona que él mismo fue a recorrer el lugar. Más allá de las condiciones de detención diferenciales de Furci, el juez también evaluó que la esposa no estaría dispuesta a recibirlo en la casa, pese a que el hijo manifestó su conformidad.

El TOF de Tucumán, por su parte, confirmó la revocatoria de prisión domiciliaria a Jorge Lazarte, el represor condenado por el Operativo Independencia y que fue denunciado por la empleada de un bar al que solía escaparse para violar el arresto en su casa. Lazarte invocó temor a contagiarse de coronavirus en la Unidad 34 de Campo de Mayo, pero los jueces entendieron que no existía ese riesgo.

A última hora de la noche del viernes, el TOF 5 le rechazó la domiciliaria al represor de la ESMA Adolfo Donda, que seguirá detenido en Ezeiza. Un día antes, los jueces se habían pronunciado por el rechazo del pedido de Oscar Cionchi. Se espera que en esta semana se expidan sobre los planteos de otros de los integrantes de la patota de la ESMA como Alfredo Astiz o Jorge Tigre Acosta.

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