CONTRA TESTAFERROS Y MINERAS

 

La cultura Tiwanaku se expandió en los actuales países de Bolivia, Perú y el norte de Chile y Argentina entre los años 1500 A. C. y 1100 de nuestra era, comprende la cuenca del lago Titicaca como región nuclear, desde donde se distribuye hacia los valles y costa del océano Pacífico por el oeste, la región del Chapare por el este y el oasis de San Pedro de Atacama por el sur. Su capital y principal centro religioso fue la ciudad de Tiwanaku, ubicada en las riberas del río homónimo, pocos kilómetros al sur del lago Titicaca, en el actual departamento boliviano de La Paz.

Despectivamente los españoles y los malos criollos denominaron coya a los distintos pueblos de la región. Los Aymaras fueron un conjunto de pueblos nativos que florecieron hacia el período intermedio tardío, posterior a la caída de la cultura Tiwanaku, cuyas sociedades se ubicaron geográficamente en el Altiplano andino. Se desarrollaron entre los años 1100 y 1480, año en el que fueron conquistados por los Incas. Las naciones desaparecieron por la conquista militar de los incas, pero la población actual, descendiente de esas comunidades, se calcula en dos millones de personas, ubicados en los países de Bolivia, Perú, Chile y Argentina.

Por ende los coyas son grupos étnicos que se fragmentaron en numerosos pueblos, entre los cuales se hallaban en el área altiplánica (Puna) los chichas, atacamas, casabindos, cochinocas, lípez, atapamas y uros; en la quebrada de Humahuaca, los omaguacas, uquías, tilcaras o fiscaras, purmamarcas y tilianes; y en pedemonte andino: los ocloyas, paypayas, gaypetes, osas, yalas y azamata, que también fueron sometidos por los Incas, pero adoptaron su idioma (quechua).

Las demandas por la posesión de las tierras en las que viven los coyas comenzaron a ser visualizadas en los medios nacionales en la década de 1940, cuando en 1946 unos 150 indígenas puneños realizaron una marcha a pie y a caballo hacia Buenos Aires, que se denominó Malón de la Paz. El Presidente Juan Perón los recibió y prometió entregarles las tierras, por lo que creó una partida para la expropiación de los que aparecían en los catastros provinciales como sus titulares, pero la plata nunca apareció.

El 7 de agosto de 2006, 60 años después del primer malón, una marcha de similares reclamos (el Segundo Malón de la Paz) se organizó en Jujuy, para demandar al gobierno provincial que cumpla con la orden judicial de retornar a las comunidades indígenas cerca de 15.000 km² de tierras, reclamando al gobierno de Eduardo Fellner la entrega de títulos de propiedad de tierras que habitan.

Data de marzo de 1992 la Ley Nº 24.071 que aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que exige consultar toda medida que se tome en donde habiten. A su vez, la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas.

Los pueblos indígenas cuentan con frondosa legislación que protege sus derechos y que obliga a los Estados (nacional, provincial y municipal) a consultar y obtener fehacientemente el consentimiento de las comunidades afectadas de toda medida que se tome en sus territorios.

Ese derecho básico, que en la Argentina no se cumple, está escrito en leyes provinciales, en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos a los que el país adhirió.

 

 

El oro blanco

Las naciones collas sobrevivieron (hasta ahora) a todo, porque habitaban y habitan zonas inhóspitas, caso distinto de los pampas que, para extender las fronteras agropecuarias, fueron diezmados en las llamadas campañas del desierto.

Por eso mismo se debe saber que los salares de donde se extrae el litio no son minas sino humedales. La ciencia ha demostrado una y otra vez que los salares son ecosistemas únicos, complejos, por lo que juegan un papel importante en la regulación del clima local y global. Los salares eran parte del océano que al emerger la cordillera del Los Andes, los años fueron secando y quedó la sal. Las comunidades humanas locales, la flora, fauna y microorganismos, dependen de la poca agua de humedales desérticos y salares, la que no es reemplazable por agua desalinizada.

Según un informe de Amigos de la Tierra (ATI) [1], la extracción de litio perjudica inevitablemente el suelo y provoca la contaminación del aire. A medida que aumenta la demanda, los impactos de la minería "afectan cada vez más a las comunidades en las que se lleva a cabo esta dañina extracción, poniendo en peligro su acceso al agua", dice el informe, para terminar aseverando: “La producción de litio mediante estanques de evaporación utiliza mucha agua. Se necesitan aproximadamente 2,2 millones de litros de agua para producir una tonelada de litio”.

La explotación vigente más antigua en nuestro país es la del Salar del Hombre Muerto, que se encuentra ubicada en la provincia de Catamarca a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en Antofagasta y abarca una superficie de casi 600 kilómetros cuadrados.  La multinacional FMC Corporation (Livent Corporation), bajo el nombre de Minera del Altiplano S.A., explota ese mineral y esos salares desde hace décadas. La Comunidad Atacameños del Altiplano denuncia desde hace años su accionar. Existen pruebas contundentes de su impacto ambiental: secó el río Trapiche y ahora avanza sobre el río Los Patos. El cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián, pregunta: "¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio”, remarca.

El problema se extiende con la veta de litio de la Reserva Olaroz–Cauchari en el extremo oeste de la provincia de Jujuy (en el departamento de Susques, en la Puna de Atacama), tiene incluso mayor potencialidad que la súper explotada Salar del Hombre Muerto, de allí que la Minera Exar S.A. (conformada por Livent Corporation, Ganfeng Lithium, y JEMSE — Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) según dice en su página oficial: “El Proyecto Cauchari—Olaroz se encuentra su etapa final de construcción y se prevé producir en el año 2023. Se contempla una inversión de 979 millones de dólares para establecer una planta de producción de 40.000 toneladas por año (40K TPA) de carbonato de litio 'calidad/grado de batería'. Además se inició la planificación para una segunda etapa de expansión de, al menos, 20.000 toneladas por año (20 KTPA) adicionales".

La otra gran explotación en esa reserva es de Sales de Jujuy SA, una empresa minera que fue fundada en el año 2010 como operadora del proyecto joint venture Olaroz, del cual forman parte la empresa minera australiana Allkem, la comercializadora japonesa Toyota Tsusho Corporation (TTC) y la empresa estatal provincial JEMSE, para explotar litio.

Los dos principales propietarios de acciones de Livent Corporation son BlackRock y Vanguard, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos. Y en el caso de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (Estados Unidos) y HSBC (Reino Unido).

Además, en el centro de la provincia, donde muere la Quebrada de Humahuaca, en diciembre de 2019 se le adjudicaron veinticinco (25) propiedades mineras ubicadas en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, por un total de 28.798,49 hectáreas, a Integra Recursos Naturales SA (José Luis Manzano es su presidente), que eran tierras fiscales administradas por JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), para prospección, exploración, explotación e industrialización de litio, potasio y boro en zonas geológico mineras, en los Departamentos de Tumbaya y Cochinoca, entre otras zonas.

También la empresa presidida por Manzano aparece en enero de 2022 comprando (o asociándose a Glencore S.A. [2]) en la posesión de Compañía Minera Aguilar SA, que es  la mina activa más antigua del país, con 94 años de producción minera continua en la puna jujeña, extrayendo oro, plata, cobre, zinc, plomo, etc.

Sin embargo, la contribución oficial que hacen a la provincia es paupérrima, pagan por regalías en boca de pozo un 3% de lo que declaran extraer, pero se deducen los gastos de flete y embarque, por lo que resulta solo de 1,65% neto (abonan algo más en la provincia de Catamarca y Salta, pero es un porcentaje insignificante contra la tasa del 40% de regalías que deben pagar en el Desierto de Atacama, en la República de Chile). A su vez, en lugar del impuesto inmobiliario abonan una suma fija de solo 1.900 pesos por hectárea (Ley provincial tarifaria de 2023). Y están exentos del impuesto a los ingresos brutos, que es el principal recurso de la provincia.

La llamada “Mesa del Litio” constituida por los gobiernos de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy y, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se reunieron en abril 2023 y acordaron revisar (sine die) las enormes utilidades que la explotación del litio genera, ya que, según datos del año pasado, el mercado internacional pagó 60.000 dólares por la tonelada del mineral que tiene un costo de producción de tan solo 5.000 dólares en nuestro país.

Obviamente que no es el ingreso que le generan al fisco el motivo de las concesiones y explotaciones, sino cuentas paralelas que hacen que exista en esas provincias un sector de pocas familias enriquecidas y una amplia mayoría de pobres, como lo ha demostrado la minería en la Argentina en toda su historia.

Tres provincias de las más pobres del país, donde el índice de pobreza, indigencia, desnutrición, enfermedades provocadas por la miseria es el peor, tienen la desgracia de contar con sales que mediante la utilización de la poca agua que se cuenta en la región desierta, produce salmuera que, se transforma en metal de litio y en carbonato de litio, demandado por la industria electrónica, química y medicinal en los países desarrollados.

Por eso la Asamblea Abierta del tercer malón de la paz de Pueblos Indígenas, "en resguardo del Territorio y en defensa de la Vida", exigen que se garantice la aplicación plena y efectiva del Convenio 169 de la OIT, ratificado por ley federal 24071 y declarar la nulidad de reforma inconstitucional, inconsulta, de despojo, saqueo y restricción de derechos adquiridos como trabajadores y pueblo jujeño, cese de represión y violencia institucional, liberación inmediata a todos los detenidos arbitrariamente, y renuncia del gobernador Gerardo Morales

 

 

 

 

[1] https://www.tierra.org/somos-una-asociacion/

[2]Glencore SA  es considera la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo.  En la Argentina es un importante acopiador y comercializador de granos. Se quedó con la empresa Renova S.A. que es la principal productora de aceite de soja del planeta y que estaba asociada con Vicentin.  Además posee el 50% de la explotación de oro y cobre de Bajo La Alumbrera (Catamarca). BlackRock posee parte importante del paquete accionario de Glencore S.A.

 

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