Contra las cuerdas

 

No son tiempos fáciles para el escurridizo y hasta ahora intocable Claudio Scapolán, suspendido fiscal de San Isidro. Si bien en los pasillos judiciales no niegan el amplio abanico político que lo sigue protegiendo, en las últimas horas el fiscal se encuentra trabajando a contrarreloj con sus abogados para afinar una nueva estrategia de inocencia que le permita sobrevolar el jury en su contra, que ya tiene fecha y lugar de comienzo. Será en el anexo del Senado bonaerense en La Plata, el 28 de marzo, y con un ingrediente muy singular: una lista de medio centenar de testigos –muchos de ellos, calificados–, algo poco frecuente para este tipo de juicios.

Su estrategia, sin embargo, se intuye marcadamente desfavorable. Entre los convocados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, se encuentran el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez –quien comanda la pesquisa judicial en su contra–, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado –apartada de la causa, debido a una recusación–, los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín –que el año pasado revocaron su procesamiento–, policías exonerados, narcos víctimas de procedimientos armados y testigos de identidad reservada. Toda una estela de personajes que se halla más en la órbita de la caza de un gangster que de un funcionario judicial.

La decisión del jurado fue casi unánime: sólo votó en disidencia la legisladora Sofía Vannelli (Frente de Todos), referente actual del massismo. Según quienes investigaron la trayectoria de Scapolán, ese dato no es casual: tanto él como su antiguo jefe, el ex fiscal general Julio Novo, fueron alfiles mimados desde la intendencia de Tigre en tiempos de Sergio Massa.

Sin esperar un escenario propicio para la caída del fiscal, la noticia del arranque del jury cayó por sorpresa en las huestes judiciales. Es sabido que desde mitad de año pasado, Scapolán gozaba de impunidad luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara su procesamiento por el delito de asociación ilícita y por el robo de estupefacientes para su venta. Todos los caminos conducían a un lógico proceso y, sin embargo, se dictó la falta de mérito y solamente se lo imputó por falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de deberes. Además, como si fuera poco, se le redujo el embargo de 2.000 millones de pesos a apenas un millón.

Fue tan escandaloso el fallo de la Cámara Federal de San Martín, firmado por los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, que aquella vez circuló la hipótesis de una supuesta “operación” en la que participaron el ex presidente de Boca y amigo personal de Mauricio Macri, Daniel Angelici, el diputado Sergio Massa y hasta Daniel Scioli. La presunta vinculación de Scapolán con Massa no es nueva y se remonta al robo en el domicilio del por entonces intendente de Tigre en 2013. Luego, el episodio fue alimentado por una suspicacia. Malena Galmarini presenció la audiencia en la que fue destituido Washington Palacios, el fiscal de Pilar que acusó a Scapolán de fraguar el acta del robo al domicilio de Massa y, de ese modo, cambiar notablemente el monto del dinero que le habían sustraído. Desde ese momento, se rumorea que Scapolán es protegido por el massismo, en una clásica devolución de favores.

En sus virtudes como operador judicial, el empresario del juego Angelici tendría, además, llegada directa a los jueces Salas y Fernández. Salas, en efecto, suele festejar sus cumpleaños en la quinta que tiene en Parque Leloir el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, a quien se atribuye el control de la Cámara Federal de San Martín: no casualmente lo sitúan como su jefe político. Y Scioli fue otro invitado a la quinta de Rodríguez en mayo del año pasado. Scapolán continúa con blindaje político de alto peso. Pero la novedad es que el procurador Julio Conte Grand ahora le soltó la mano. “Parece que le llegó la hora, al menos en tierra de colegas”, precisó una fuente del expediente judicial.

 

 

 

 

 

 

El jurado de enjuiciamiento rechazó categóricamente el planteo de nulidad planteado por la defensa y, a la vez, consideró verosímil la carga probatoria contra el que fuera responsable de la Fiscalía de Delitos Complejos de San Isidro. De ese modo, avanzó en el paso que faltaba y lo acorraló enfáticamente.

En diciembre del año pasado, el jurado –presidido por la jueza Ana María Bourimborde– dio el primer movimiento al suspender a Scapolán y, en rigor, había iniciado el camino hacia su juicio político. Desde entonces, el fiscal quedó automáticamente con un embargo de un 40 por ciento de su sueldo y, además, perdió la oportunidad de renunciar a su puesto para detener su posible destitución.

La expectativa del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez es que el progreso del jury de enjuiciamiento se expanda como un aura bendita en la extensa investigación que lidera desde 2015. El jury, aunque demorado, no puede disimular la certeza de tener frente a sí misma la oportunidad de sancionar una infamia, la de Scapolán, sistematizada por años. Scapolán está acusado por los más graves cargos que a un funcionario judicial de su estirpe pueda tocarle en vida: la de capitanear una mega-banda desde el riñón del Estado que armaba causas relacionadas al narcotráfico. Para el fiscal Domínguez, no hay dudas: Scapolán fue el jefe de una estructura mafiosa y extorsiva de narcocriminalidad, novedosa por sus alcances, con redes de ilegalidad que tocan nervios del sistema institucional.

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015, pero existe una serie de muertes alrededor del caso que extienden los límites hasta el presente. Casi como un guión para Netflix: la de un fiscal narco que marca la relación entre dealers, territorio, consumidores y Estado. De hecho, el caso Scapolán, tal vez el más paradigmático de los últimos tiempos, revela en su parate judicial actual cómo el aparato político sigue protegiendo a un fiscal que cayó en picada cuando se descubrieron sus gravísimos delitos como funcionario de Estado, al ser sindicado como jefe de una asociación ilícita.

En la causa hay más de cincuenta personas procesadas: seis tienen jerarquía policial. Además están los secretarios de Scapolán. Cinco personas que habrían integrado la banda siguen prófugas. Hoy el fiscal Domínguez pidió el juicio contra 32 personas (ya se sorteó el Tribunal Federal 1 de San Martín y se espera una próxima fecha), quienes cuentan con procesamiento firme. Pero sin el cabecilla del grupo, todo quedaría en un limbo difícil de revertirse.

En términos judiciales, 2023 recién comienza. Scapolán terminó el 2022 en estado triunfal, pero si ahora no pasa el jury, es posible que su castillo se desmorone rápidamente en un año electoral, acotó la alta fuente del expediente judicial.

La otra novedad del caso es una presentación realizada en los últimos días por la Comisión Provincial por la Memoria, que actúa como querella institucional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí, con firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, se elevó una queja por recurso extraordinario después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimara la solicitud de revisar la falta de mérito a Scapolán por extorsión y narcotráfico.

En rigor de verdad, son un total de diez delitos comprobados en la investigación del fiscal Domínguez: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“¿No reviste gravedad institucional que policías y funcionarios judiciales encargados de la prevención y represión del delito comercialicen estupefacientes que roban de distintos procedimientos, realicen allanamientos ilegales y violentos, sustraigan pertenencias, planten drogas, falsifiquen actas judiciales, entre otras prácticas? Nos encontramos frente a un caso de gravedad institucional significativa, y eso es indudable”, reza un fragmento del escrito.

Doctor Claudio Scapolán: de protegido e impune a estar contra las cuerdas.

 

 

 

 

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